29/10/07

EMPLEO ASTURIAS

Monitores para Los Oscos (Residentes en la zona)
CAMPA SL precisa educadores sociales, pedagogos/as, psicologos/as para impartir talleres en la zona de los Oscos: autoestima, habilidades sociales, musicoterapia. Buscan profesionales que residan en la zona.
Las personas interesadas pueden enviar su CV a susana@etlcampa.net o por correo postal:
Calle San Agustín, 5-3 - 33202 Gijón/Xixón.
Tienen previsto comenzar en el mes de noviembre.
Tfno: 655 935 517
FORMADORES GLOBOFLEXIA, MAQUILLAJE Y ANIMACION A LA LECTURA
Convoca: Huber y Ana Animación , S.L.
Destinatarios: Profesionales con experiencia en éstas áreas
Resumen: Se buscan formadores para cursos de maquillaje, globoflexia y animación a la lectura.Requisitos: Experiencia suficiente para impartir éstos cursos
Plazo final: 02-nov-2007
Información: Enviar CV actualizado al correo electrónico o bien por correo postal a C/ Espronceda nº 19 - bajo. CP. 33208 - Gijón.
FORMADOR/A EN OVIEDO
Convoca: Cepal SL
Destinatarios: Con experiencia en impartición de cursos y en NNEE y diversidad
Resumen: Se necesita urgentemente un formador/a para impartir un curso de "Atención a la Diversidad: Alumnos con NNEE" en el CT Puente Pelayo de Oviedo
Plazo final: 29-oct-2007
Información: Curso:Lunes y Martes del 30 de octubre al 26 de noviembre de 17:30 a 20:00 horas.
Interesados/as enviar CV por correo electrónico o preguntar por Elena Osuna. Tlf: 913559799

Los educadores sociales y la atención a menores

Artículo publicado en el Diario Vasco por ANA BLÁZQUEZ Y J. LUIS ELORZA, 2007-06-01

Hay una cierta tendencia en Gipuzkoa en vanagloriarse por la calidad de nuestros servicios sociales, especialmente en instituciones como Diputación y Kutxa. La verdad es que tiene su fundamento histórico esta actitud, porque son muchas las instituciones que a lo largo de los años han trabajado para mejorar las condiciones de vida de muchos de los colectivos excluidos en Gipuzkoa. Pero lo que ha sido beneficencia en la historia, muy ligada a la Iglesia y que ha cumplido su papel, en la Gipuzkoa moderna y rica del siglo XXI, ha tenido que convertirse en servicios sociales modernos y profesionalizados. Y desde esta perspectiva, los servicios sociales en Gipuzkoa, por lo menos los dedicados a la atención a menores, tienen poco de que vanagloriarse.
El colectivo sobre el que recae la atención a los menores que necesitan protección en Gipuzkoa son los educadores sociales. Hoy, los menores que dependen de la Diputación se podrían dividir en dos grandes grupos, menores autóctonos y menores extranjeros. Los menores autóctonos son personas que por diversas circunstancias han quedado bajo la tutela de la Diputación. Si son pequeños se intenta que entren en los programas de acogimiento familiar (familias de acogida, no confundir con adopción). Si ya no es posible el acogimiento familiar, se integran en un piso residencial. Estos pisos están bajo la responsabilidad de la Diputación, en concreto del Departamento para la Política Social. Diputación encarga mediante convenio a una Asociación o empresa dedicada al trabajo con menores la gestión de este piso. Esta asociación o empresa contrata educadores sociales y demás personal que son los que realmente trabajan y conviven a diario con los menores 7 días a la semana, 24 horas al día.
Los menores extranjeros que llegan a Gipuzkoa pasan también a estar bajo la tutela de la Diputación, departamento para los Derechos Humanos… Su itinerario comienza por el CAU (Centro de Acogida de Urgencia) y se supone que después de un período de aclimatación y valoración por parte de los educadores sociales que trabajan y conviven con ellos y los técnicos de diputación, pasarían a un piso residencial. La realidad hoy es que hay más menores que pisos habilitados para acogerles y que bastantes de ellos están siendo atendidos en hoteles y pensiones. Trabajar con menores extranjeros en pensiones es muy difícil y pedagógicamente nefasto. No hay manera de establecer unas pautas de convivencia, de hábitos de vida diarios, de higiene, de alimentación, de integración en el entorno…
Los educadores sociales somos los profesionales que trabajamos a diario con estos menores y no tan menores, sean autóctonos o emigrantes. Nuestro trabajo tiene un gran componente vocacional pero las condiciones laborales son bastante penosas. Nuestro trabajo es equiparable cuando menos al de un maestro, con un grado de responsabilidad y de riesgo superior. Pero si un maestro en un centro privado (en un centro público cobran más) según el convenio 2005 cobra un salario bruto anual de 26.636 Euros, un educador social según el convenio 2005 de Intervención Social de Bizkaia (el único que existe) cobra 17.500 Euros brutos al año. Como se puede observar, la diferencia es bastante escandalosa. Y ya no hablamos del resto de condiciones laborales: calendario laboral, vacaciones, riesgos laborales, etc… Pero no queremos que este escrito sea solamente un alegato de las malas condiciones laborales de los educadores sociales. Si lo hacemos público es también para llamar la atención de la sociedad Guipuzcoana sobre el hecho de que estas malas condiciones inciden directamente en la mala calidad de la atención a los menores. Y esto sí nos parece un problema grave. Si algo necesitan estos menores es un entorno de estabilidad a su alrededor y hoy se encuentran con que sus educadores cambian con demasiada frecuencia por las malas condiciones laborales. No todo es negativo en el sector, hay centros de acogida de urgencia, pisos residenciales y pisos de emancipación que funcionan francamente bien. Pero incluso en el caso de estos últimos hay una lista de espera de 30 personas.
Nos negamos a aceptar que la atención a menores solo suscite la atención de la prensa cuando surge algún escándalo y se exageran los elementos más morbosos del tema. Somos educadores sociales y estamos dispuestos a comprometernos en la mejora de la calidad del servicio de atención a los menores en Gipuzkoa. Pero nos parece imprescindible que para lograr estabilizar el sector hay que mejorar considerablemente las condiciones laborales del mismo. Por eso estamos colaborando con el sindicato comisiones obreras (CC.OO.), por ser el sindicato que está liderando el proceso para la firma del primer Convenio de Intervención Social de Gipuzkoa. Consideramos que la firma de este convenio será un instrumento enormemente positivo para todo el sector de intervención social.
Gipuzkoa durante mucho tiempo era reconocida por la calidad de sus servicios sociales. La presión de la inmigración y la falta de reflejos para saber anticiparse a los problemas ha hecho que especialmente la calidad de la atención a los menores en Gipuzkoa esté hoy cuando menos cuestionada. Tenemos potencial y calidad humana suficiente para situarnos de nuevo en vanguardia. Los educadores sociales estamos dispuestos pero para ello, la sociedad Guipuzcoana deberá aportar más medios para una profesionalización digna del sector. Que así sea.

CONGRESO INTERNACIONAL Fenómenos de Delincuencia Juvenil:

Del 6 al 7 de noviembre de 2007, la Dirección General de Reforma Juvenil de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha decidido organizar con el apoyo del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil un Congreso Internacional "Fenómenos de Delincuencia Juvenil: Nuevas formas penales".
Tanto a nivel europeo como internacional, los fenómenos contemporáneos de delincuencia juvenil han sido últimamente un nuevo centro de atención y preocupación desde la perspectiva y el ámbito de la criminología.
La excesiva mediatización de las conductas de menores ha tenido como consecuencia la distorsión de nuestra comprensión de la naturaleza, del ámbito y la distribución de la delincuencia y del crimen Juvenil. Las reformas legislativas y políticas actuales en muchos países europeos se centran en la justicia juvenil. Por un lado, la amplificación común de la delincuencia juvenil y por otro la respuesta oficial a este fenómeno, suele producir una visión social negativa de los menores.
Comunicar y trabajar sobre las problemáticas vinculadas a la comisión de infracciones por juveniles, supone el desarrollo de investigaciones específicas sobre las evoluciones recientes de la delincuencia. Especialmente cuando se experimenta un creciente desarrollo de nuevas formas de delincuencia juvenil (incluyendo: bullying, racismo y xenofobia; uso de nuevas tecnologías para la comisión de delitos, vandalismo urbano, bandas organizadas), junto con el fomento de políticas y prácticas comprometidas con estas cuestiones.
Este evento internacional reunirá a profesionales, expertos académicos e investigadores y políticos procedentes de distintos países con el fin de desarrollar y comunicar estrategias transversales como respuesta a la delincuencia juvenil, así como, soluciones prácticas que permitirán desarrollar respuestas eficaces a estos fenómenos, respetando siempre los derechos del menor en este ámbito.
El Congreso Internacional "Fenómenos de Delincuencia Juvenil: Nuevas Formas Penales" se concibe como un espacio de reflexión y análisis de las cuestiones claves en la justicia juvenil comparativa europea.
Se desarrollará el Congreso Internacional según dos ejes:
I. Identificación de los modelos recientes en Delincuencia Juvenil: origen, análisis y tendencias comparativas.
II. Políticas y Mecanismos de Intervención: Nuevas iniciativas y Respuestas a la Delincuencia Juvenil.
Descargar programa provisional

III CONGRESO MUNDIAL Sobre Derechos de la niñez y adolescencia Barcelona - España 14 - 19 de noviembre de 2007

El III Congreso Mundial sobre Derechos de la niñez tendrá lugar en Barcelona (España), los días 14 al 19 de Noviembre de 2007.
MÁS INFORMACIÓN

28/10/07

Educadores sociales, vocación de servicio

DIARIO ABC
Ejercen en el ámbito socioeducativo, especializados en dinamizar personas, grupos y colectivos. Su área de actuación es muy amplia. Trata desde la infancia y la adolescencia hasta la tercera edad, pasando por drogodependencia, marginación, discapacidad o salud mental...
Pero para Alberto Fernández-Sanmamed, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales, una definición de este tipo, por muy exacta que resulte, no hace justicia a la profesión: «Somos la voz de colectivos que no pueden hacerse oír; para ser educador social hay que tener vocación de servicio, ganas de trabajar por los demás y derrochar ilusión».
Calcula Sanmamed que ahora mismo en España trabajan unos 35.000 educadores sociales, con mayoría de mujeres «en las facultades el 80% son estudiantes femeninos», y con un enorme futuro: «Con la Ley de Dependencia por desarrollarse y si las instituciones entienden la importancia de la prevención también en nuestro área, en España se podría llegar a necesitar sin problemas a más de cien mil educadores sociales».
Pero antes hay que hacer frente a los tres grandes retos de la profesión: «Conseguir —explica Sanmamed— la normalización profesional; continuar ofreciendo un trabajo de mucha calidad y, por último, abrir nuevos campos, como por ejemplo el de las personas mayores, que deben dejar de ser recluidas en guetos porque pueden seguir aprendiendo, pero, sobre todo, porque tienen mucho que enseñar».

El defensor del pueblo andaluz revela "déficits" en la red de centros de reforma

Más de 600 menores cumplen medidas de internamiento en centros de reforma andaluces y, al igual que en el caso de los adultos, la reinserción a la sociedad se postula como objetivo fundamental en la acción de las administraciones públicas y del Poder Judicial. La ley reguladora de la responsabilidad Penal del Menor les otorga el derecho -y a la vez obliga a la Administración- a cumplir la medida dictada por los jueces en el centro más cercano a su domicilio, con el fin de que no pierdan los vínculos con sus familiares, amistades y vecinos que le permitirán una mejor integración una vez cumplida la pena. Así al menos entiende el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la voluntad del legislador al otorgar el derecho de estar cerca de casa a los menores infractores, una tesitura que no se cumple como sería deseable en el caso de los menores infractores de Sevilla, Málaga o Huelva por el "déficit" de plazas.
En una resolución hecha pública ayer por la institución, Chamizo llama la atención sobre el "desajuste" de medios en relación a la demanda, "que impide a muchos menores hacer efectivo su derecho ya que, ante la saturación de peticiones referidas a determinadas provincias, la Junta se ve obligada a designar el internamiento en centros alejados del domicilio familiar", una decisión que para el Defensor no es "ni coyuntural ni excepcional, sino con una incidencia porcentualmente significativa". El también Defensor del Menor andaluz aboga en su escrito por "armonizar" los recursos y plantea aumentar las plazas en las provincias deficitarias para hacer efectivo este derecho, actuación aún más necesaria teniendo en cuenta la "previsible evolución de medidas dictadas por los juzgados de menores". El Defensor avisa que, de no llevarse a cabo este "redimensionamiento" del sistema, la Junta incurriría en una "actitud pasiva contraria a los postulados de la ley".
La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta mantiene que en todo momento cuenta con la capacidad de plazas necesaria para responder a las demandas de los juzgados de menores, como muestra que en la actualidad hay 782 plazas para 650 menores, pero no especifica la procedencia y destino de los internados.
El Defensor aprovecha también en su resolución, que formará parte de la Memoria Anual de 2007, para pedir un centro para Huelva -ya comprometido por la Junta- y una línea de ayudas económicas para facilitar las visitas a los centros a las familias con menos recursos, a la manera de los gastos de traslado para el acceso a la prestación sanitaria o para los centros educativos.

Los fiscales alertan del incremento de ataques sexuales en centros de menores

LEÓN

Adolescentes extranjeros que llegan a España no acompañados lideran buena parte de los abusos
Avelino Fierro, fiscal de Menores de la Audiencia Provincial de León, desveló ayer que entre los nuevos problemas de delincuencia juvenil a los que se enfrenta España actualmente figura la tendencia creciente a que se produzcan ataques sexuales en los centros de menores por parte de adolescentes extranjeros que llegan al país no acompañados y que tratan de abusar de las internas. La proliferación de las bandas de delincuencia compuestas por niños de entre 8 y 11 años también ha experimentado un importante ascenso.
Fierro resumió la segunda jornada del Curso de Derecho Penal Juvenil, que desde el pasado lunes se celebra en el Hostal de San Marcos y concluirá hoy.
«Vemos que los menores extranjeros no acompañados que llegan a los centros, están creando problemas innumerables. Se están extendiendo los casos de intentos de abusos sexuales contra las internas menores de edad sin protección y los de destrozos en los centros, circunstancia que nos está provocando un gran problema. Estamos a la espera de elaborar un protocolo para determinar la edad a partir de la que podemos intervenir. Lo tendremos que hacer con las instituciones sanitarias, con una entidad pública de protección y con la Junta de Castilla y León, que es quien tiene los centros de acogida, pero no tenemos una buena respuesta jurídica para estos casos, y tenemos que recurrir a la contención policial. En Levante también tienen unos problemas tremendos con bandas de entre 8 y 11 años. La edad penal en la que nosotros podemos intervenir es de 14 a 18 años y los fiscales ya hemos solicitado varias veces que se reduzca a los 12 años, pero de momento, es otra de las asignaturas pendientes del legislador, y ya van cuatro reformas sin que se nos haga caso».
Determinadas actividades delictivas han crecido de forma especial. El acoso escolar se registra actualmente «como un delito contra la integridad moral» y aunque se entiende que es un problema delicado «hay otros como las agresiones de menores contra sus ascendientes, está subiendo en unas cifras espectaculares, en torno al 65%. Tratamos de que las medidas sean más educativas que correctoras, los sacamos de esas familias y los llevamos a grupos de convivencia».

El acoso escolar en las aulas españolas afecta a tres de cada cien menores

El acoso escolar en las aulas españolas afecta a tres de cada cien menores de entre 12 y 16 años, una cifra "alta" pero que se mantiene constante en los dos últimos años. Además, ocho de cada diez estudiantes entre los 8 y los 16 años ha presenciado algún acto de violencia en la escuela.
Así lo aseguró el director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia en las jornadas ´Menores y situaciones de riesgo, desamparo, violencia y adicciones´ que se celebran desde hasta mañana, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Valencia, donde también intervinieron la fiscal de Menores del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Teresa Gisbert, y el catedrático de la Universitat de València (UV) Vicente Garrido.
Sanmartín señaló que, en general, la violencia cometida por menores en los últimos diez años ha descendido un cinco por ciento de media aunque "ha crecido en edades cercanas a los 18 años y ha bajado en los menores de 14 años" y "aumentan las conductas impropias de hijos hacia padres".

19/10/07

5º CONGRESO ESTATAL

Comunicaciones seleccionadas
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EJE II







EJE III






¿En qué manos estamos dejando los recursos sociales?

Artículo de Trabajadores y trabajadoras de Enseñanza e Intervención Social de CNT, publicado en la web.
¿En qué manos estamos dejando los recursos sociales?
Lunes 8 de octubre de 2007, CNT Gipuzkoa
Los que venimos de una formación vinculada a la intervención social, nos alarma el trato y la demanda que se hace de los puestos de trabajo vinculados con nuestra profesión. La precariedad que debemos de soportar cuando salimos de nuestros estudios con el fin de ir construyendo un currículum, que nos permita acceder a un puesto de trabajo digno y en unas condiciones razonables, está llegando a unos límites que se superan día a día. Entre otros factores, destacamos el derivado de la mentalidad de gestión de algunas empresas que se lucran del sector de la intervención social y, la falta de implicación por parte de la administración, que exija unos mínimos.
Un hecho curioso, es el que pudimos observar en junio de este año, en un portal relacionado con la búsqueda de empleo. En él, podíamos leer una oferta de trabajo de la empresa CLECE, en la cual se demandaba un puesto para Cuidador-Educador, en la categoría de Educación y Formación, y subcategoría de Educación Social. Hasta aquí nada extraño, incluso para aquellos compañeros y compañeras que pudiéramos estar buscando trabajo, nos podría interesar.
Lo extraño viene cuando lees la descripción de la oferta y los requisitos mínimos, con la intención de conocer mejor las condiciones. Cual fue la sorpresa al ver que, lo que más destaca, es la Formación en contención física, pasiva y defensa personal y, en un plano secundario, se “valoran” las habilidades sociales.
¡Increíble! Tomamos una decisión inmediata y llegamos a la conclusión de que esta oferta no nos interesa. Pero lo que es más importante, ¿los usuarios y usuarias del recurso donde se dirige la oferta, les interesa este tipo de “Cuidador-Educador”? O mejor dicho, ¿no se habrán equivocado a la hora de rellenar el nombre del puesto vacante (Vigilante de seguridad) y de la categoría (Seguridad)
?Aún siendo esto sólo una anécdota encontrada en Internet, nos puede dar una idea, de como además de las malas condiciones laborales, la concepción y el diseño de los métodos y fines que ponen en práctica algunas empresas del sector, nos lleva a una precariedad laboral y a una precariedad en los servicios.
TENEMOS MUCHO QUE CAMBIAR... MUCHO QUE REIVINDICAR... EN EL SECTOR DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
Trabajadores y trabajadoras de Enseñanza e Intervención Social de CNT

La Policía decide crear una sección especial para combatir la delincuencia juvenil

MADRID
Inimputables. Roban bolsos, desvalijan cajeros y tiran de navaja sin pestañear. Son delincuentes, algunos con más de 200 detenciones a los 14 años. Es uno de los problemas más graves para quienes luchan contra la criminalidad de los menores, que año tras año sigue aumentando, y lo que es peor en los asuntos más graves, como los delitos contra las personas y contra el patrimonio (los robos con violencia e intimidación están a la cabeza). El año pasado se abrieron 110.236 diligencias (frente a las 105.262 de 2005) y se detuvo a 94.945 chicos de entre 14 y 17 años, según los datos aportados por la Fiscalía General del Estado (ver tabla) que constata el «incremento generalizado de la delincuencia juvenil».
«No cabe duda de que cada vez son más peligrosos y calcan los patrones de la delincuencia adulta; es decir, se especializan, cuando no ingresan directamente en bandas de «mayores»», dice el Grupo de Menores (Grume) de Madrid.
La Policía, ante la escalada de delitos y su gravedad, tiene previsto crear una sección específica de delincuencia juvenil enmarcada en la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial, según han confirmado a ABC fuentes policiales. El proyecto, que figura en los objetivos anuales, lleva aplazándose al menos dos años y en principio está concebido como un servicio central operativo, aunque las estadísticas y el control tendrían también un papel importante.
Pero si los menores de 14 a 17 años traen de cabeza a los agentes, los aprendices que ni siquiera llegan a esa edad no les van a la zaga. Los casi niños saben que no les puede ocurrir nada (no tienen responsabilidad penal) y sus padres también. Los cajeros automáticos y grupos de menores rumanos han formado un binomio criminal durante la primavera y el verano en Madrid, en un distrito sí y otro también. «Llegaban tres o cuatro, esperaban a que una persona mayor o una mujer sacara el dinero, le empujaban, le robaban y se largaban», explica un agente. Suelen distraer a la víctima, pero si la maña falla no dudan en recurrir a la fuerza, empujones o golpes e incluso a la navaja.

Dos reformatorios piden al juez que prohíba a las chicas internas cartearse con presos adultos

GRANADA

La Fiscalía y el tribunal apoyan la medida, pero recalcan que su aplicación debe ser individualizada Las menores encerradas se escriben con reclusos adolescentes y mayores de edad sin conocerlos
Las 'amistades peligrosas' entran en los correccionales ocultas en el zurrón del cartero. Por extraño que pueda parecer en estos tiempos de desmedido culto a la cibertecnología, Internet, el 'messenger' o los teléfonos móviles no han tenido nada que ver. Ha sido el correo de toda la vida, el que se basa en el papel y el lápiz, el que ha abierto una brecha en dos centros de internamiento y reeducación de delincuentes juveniles e infantiles. Y por la grieta se han 'fugado' las palabras de las chicas encerradas y han entrado los mensajes de respuesta: en los remites, las direcciones de otros correccionales e «incluso» de alguna penitenciaría para adultos. Conclusión: las inquilinas de los centros en cuestión -que no están situados en la provincia de Granada, pero acoge a a un buen número de muchachas granadinas- han adquirido el hábito de cartearse con adolescentes que se encuentran en las mismas circunstancias que ellas y hasta con presidiarios mayores de edad, que es más inquietante.

13/10/07

SEVERA CRITICA DE LA FISCALIA A LA FALTA DE DISCIPLINA EN EL CENTRO DE MENORES ZAMBRANA

En una noticia aparecida el Diario de Valladolid - El Mundo, el día 8 de octubre, se hace referencia a la desconfianza de la Fiscalía de Valladolid, en su aportación a la memoria anual de este órgano a nivel nacional: “una severa crítica contra el Centro de Menores Zambrana, dependiente de la Junta de Castilla y León”.

Según recoge el documento, el Ministerio Público vallisoletano “se muestra muy crítico con la ejecución de las medidas de internamiento debido a la indisciplina existente en el Centro”.La observación se encuentra en el capítulo séptimo de la Memoria General de la Fiscalía del Estado que recopila información proveniente de cada una de las provincias. Dicho capítulo recoge las dificultades de los fiscales a la hora de aplicar su trabajo con menores.
En concreto, las críticas de la Fiscalía contra el Centro de Internamiento de Menores Zambrana aparecen en un apartado dedicado a los obstáculos en la fase de ejecución de la sanción impuesta.La fiscalía de Valladolid desconfía de la efectividad del Centro Zambrana a la hora de aplicar sanciones en internamiento del menor en régimen semiabierto y abierto (…).
Sin embargo no es inusual que este tipo de medidas sean incumplidas con cierta frecuencia. El sindicato UGT, mayoritario en la junta de personal de este centro ubicado en Las Delicias, reconoce que hasta una media de diez menores, de manera simultánea, pueden abstenerse de volver al Centro.
Noticia extraida del Diario de Valladolid El Mundo del 8-10-2007
NOTA:
La gestión del CENTRO ZAMBRANA es pública, pero existe una subcontrata para los Equipos Educativos, parte del Equipo Técnico, y parte de los Maestros de Taller, están a cargo de la Fundación Grupo Norte.
La problemática de los trabjadores es grave, ya que hay que añadir a la continua lucha con una “Fundación” como la perteneciente al poderoso GRUPO NORTE, la complicación de estar bajo las órdenes directas de “jefes” que no son sus jefes. Dándose casos en los que determinados funcionarios y personal laboral de la administración, sin jerarquía laboral sobre ellos, pretenden ejerce un dominio absolutista sobre los trabajadores y trabajadoras de la fundación, bajo la continua amenaza del despido.

COMUNIDAD VALENCIANA Un centro ofrece terapias para reinsertar a los Latin Kings

Diez jóvenes acuden con sus padres a las reuniones
Diez jóvenes acuden con sus padres a las reuniones Terapias para rehabilitar a miembros de los Latin Kings. Esta es la propuesta que ofrece actualmente un centro de valencia, dependiente de la orden de los Dominicos, para devolver a la normalidad a estos jóvenes afectados por una baja autoestima y falta de comunicación con sus padres.
Se trata del centro Oikos, que cuenta con una plantilla de psicólogos, pedagogos, mediadores y abogados, que atiende también a parejas en crisis, personas con depresión o progenitores que encuentran dificultades para educar a sus hijos.
La mayoría de los jóvenes proceden de Iberoamérica y, en menor medida, de Europa del Este y España. Entre ellos hay adolescentes desde los 12 años y jóvenes, la mayor parte chicos, aunque también hay alguna chica”, según la directora del centro, Inocencia Rincón.
El objetivo de las terapias, a las que asisten padres e hijos en sesiones individuales y conjuntas, es que los chavales abandonen ese tipo de grupos. Igualmente, el programa profundiza en las causas de la integración en esas bandas y trata de dar pautas para que los jóvenes no reincidan, añadió.
Las terapias del centro, ubicado en la calle Horno del Hospital, pueden durar de seis meses a dos años y pretenden que la familia establezca un nexo de comunicación.

Asturias cuenta con 91 menores ilegales, la mayoría de origen magrebí

El Principado anuncia nuevos protocolos de actuación y la creación de dos unidades de acogida en Oviedo y Gijón

Ciento un menores extranjeros no acompañados ingresaron en centros de primera acogida en Asturias durante el año 2006; en lo que llevamos de año, los ingresos han sido 79. En la actualidad el Principado tiene 91 menores en situación de ilegalidad, la mayoría de origen magrebí y de edades que oscilan entre los 14 y los 15 años, aunque hay un grupo numeroso a punto de cumplir los 18. La Consejería de Bienestar Social presentó ayer las medidas que ha puesto en marcha para tratar de afrontar un problema que, en algunas comunidades autónomas españolas, se viene padeciendo desde el año 1999, según expuso la directora de Atención Social a la Infancia, Eva Sánchez.
Devolver al menor a su lugar de origen o a la comunidad autónoma que tiene su tutela es la primera medida, que se apoya, tal y como recordó la viceconsejera Teresa Ordiz, en «la aplicación rigurosa de la ley». Entre tanto, con el objetivo de resolver una situación que, en palabras de Teresa Ordiz, «nos ha tensionado» y «ha producido desajustes, saturando los recursos propios», la Consejería pondrá en marcha dos nuevas unidades de acogida. La próxima semana se abrirá la primera de ellas, en Gijón, con cinco plazas destinadas a menores de 17 años, y en noviembre se inaugurará otra en Oviedo, con una mayor capacidad. «No serán las únicas; se irán ampliando progresivamente», declaró la viceconsejera.
Las características sociales y culturales de los menores -originarios de Marruecos en su mayoría, aunque también hay subsaharianos- exigen, en opinión de Eva Sánchez, «dispositivos diferentes a los que se emplean para los nacionales y personal especializado, que, por ejemplo, hable árabe». La directora de la Infancia anunció la próxima firma de un protocolo entre la Delegación del Gobierno, la fiscalía y las consejerías de Justicia y Bienestar Social.
Anunció, asimismo, un estudio puntual y personal de cada uno de los menores; algunos de ellos tienen problemas de salud mental, y otros, graves adicciones a sustancias tóxicas. Tanto Teresa Ordiz como Eva Sánchez rechazaron la idea de que ingresar a estos menores en unidades especiales suponga crear un gueto. «No todos los menores ilegales estarán en estas unidades; hay muchos otros que ya están integrados en centros, se les enseña español y se les orienta hacia algún curso de Formación Profesional», afirmó.

El Principado no tiene constancia de más abusos por parte del agresor sexual de un menor en un centro de acogida

El hombre, que trabajaba como voluntario, ingresó el jueves en la prisión de Villabona
La Consejería de Bienestar Social confirmó ayer que un voluntario que colabora en uno de los centros de acogida del Principado fue detenido como presunto autor de agresiones sexuales a uno de los menores que viven allí. Su arresto tuvo lugar después de que, el pasado día 2, la consejería informara de los hechos a la Fiscalía de Menores y presentara la correspondiente denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía. El pasado viernes, el detenido prestó declaración ante el titular del juzgado número 3, que decretó su ingreso en la prisión de Villabona. La consejería afirmó que no tiene constancia de que agrediera a más chavales acogidos.
Por su parte, el menor que sufrió los abusos fue trasladado sólo un día después, el 3 de octubre, a otro centro como medida de protección. Allí recibe ayuda psicológica porque, como aseguraron fuentes de la Administración regional, «nuestro objetivo es apoyarle todo lo que podamos para que pueda llevar una vida normal».
Probablemente, la suya dejó de serlo cuando se cruzó con el voluntario ahora detenido como presunto autor de abusos sexuales. Pero nadie sabía nada hasta que, el pasado 1 de octubre, un educador del centro informó de la posibilidad de que el niño hubiera sufrido abusos sexuales. Un día después, la Consejería de Bienestar Social, de la que depende el servicio, puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos, que también denunció ante la Policía Nacional.
Asimismo, y como una de las primeras medidas, llevaron al menor a que le viera un pediatra de la red de Atención Primaria, que a su vez le derivó a un especialista del Hospital Central de Asturias (HUCA). El facultativo, un médico forense del juzgado, alertó de que «podía haber un caso de abusos sexuales». El 3 de octubre, el niño dejó el centro y pasó a otro. Allí recibió apoyo de un psicólogo, que también le reconoció y le entrevistó. Finalmente, su conclusión es la misma que la del doctor.
Por otro lado, el director del centro fue destituido por no cumplir adecuadamente con el bienestar y seguridad del menor.

Detenido por abusar de un niño en un centro de acogida de Oviedo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un voluntario de una asociación de carácter social, acusado de abusar sexualmente de un menor de diez años que vivía en un centro de acogida de Oviedo.
Fuentes de la policía confirmaron que el detenido prestó declaración el jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, que decretó su ingreso en la cárcel de Villabona.
El centro donde residía el menor depende del Principado, que decretó el lunes la destitución del director por no cumplir con la seguridad y bienestar del menor, según fuentes de la Consejería de Bienestar Social.
El 2 de octubre se interpuso una denuncia por los abusos cometidos contra el menor en la comisaría de la Policía Nacional de Oviedo. Un forense realizó ese mismo día un reconocimiento médico al niño. Según la consejería, en los dos días siguientes el menor fue examinado por psicólogos del Gobierno regional en el nuevo centro de acogida en el que vive.

12/10/07

Emancipados a la fuerza

Cristina vive desde los nueve años en un centro de protección de menores de Sevilla. “Mis padres tenían problemas y mis hermanas y yo tuvimos que ir a una residencia”, cuenta con una sonrisa forzada. Prefiere no dar más detalles. Ahora, con 18 años, esta chica morena, menuda y muy tímida, tiene que aprender a buscarse la vida. Ya es mayor de edad y en noviembre tuvo que abandonar el centro que fue su hogar.
Como ella, miles de jóvenes dejan de estar bajo la tutela de sus comunidades autónomas al cumplir 18 años. Ya son adultos y deben enfrentarse al mundo real. Con una salvedad, no tienen el colchón familiar que cualquier chico posee. En 2006, más de 2.500 jóvenes de los 33.000 menores que estaban bajo la tutela de las comunidades abandonaron el sistema de protección para volar en solitario. Pero no todos lo hacen solos, la mayoría de las regiones tienen programas de ayuda a la emancipación para acompañarles en el camino. Proyectos de búsqueda de empleo, becas de estudios y residencias o pisos tutelados que serán el primer destino de muchos de ellos.
Cristina vive ahora en uno de estos pisos. Por las tardes asiste a un curso de panadería. Como la mayoría de los jóvenes ex tutelados, ha decidido no seguir estudios superiores. “Casi todos quieren conseguir un trabajo cuanto antes y hacerse su propia vida”, sostiene Carmen Belinchón,
directora general de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía. El año pasado, de los 553 jóvenes que salieron del sistema de protección a la infancia andaluz al cumplir 18 años, sólo cuatro decidieron seguir estudios superiores, según Belinchón.
Libertad y Amal son las compañeras de piso de Cristina. La primera es uno de esos cuatro casos. “Me gusta estudiar cosas de ciencias. El año que viene haré un módulo superior de radiología. Acabo de pasar las pruebas de acceso”, cuenta orgullosa mientras enseña, como una auténtica anfitriona, las habitaciones de su casa. Grande, luminoso y equipado con muebles de Ikea, más parece un apartamento de estudiantes que un piso tutelado. Pero lo es. Y es, para las tres, su primer destino tras el sistema de protección de infancia.
“Cuando llegué pensaba que iba a ser peor, que me iba a costar mucho acostumbrarme, pero estoy muy contenta”, dice Libertad, que lleva desde los cinco años en centros de menores. “Tengo a mis padres, nos llevamos bien, podía haber vuelto a mi casa pero para estar malamente, preferí venir aquí”, dice encogiéndose de hombros. Las tres chicas son ahora una pequeña familia. En el piso han aprendido a cocinar, a hacer la compra, a organizar la casa y las tareas…
“Son jóvenes que, hasta ahora, han vivido muy protegidos. Aquí les enseñamos las cosas más básicas, hacer la compra, limpiar la casa, y les tutelamos hasta que hacen su proyecto de vida”, dice Pilar Laguna, una de las educadoras de Forja XXI, la Fundación que gestiona el piso. Además de Pilar, que va todos los días a casa de Libertad, Amal y Cristina, estas jóvenes cuentan con la compañía de una monitora que duerme todas las noches con ellas.
Programas como el andaluz +18, en el que participan las tres chicas, existen en casi todas las comunidades. “Se trata de que el salto entre los centros y la vida real no sea tan duro. Que tengan un apoyo económico y emocional”, sostiene Belinchón. Pero no todos los jóvenes ex tutelados recurren a estos programas. En 2006, de los más de 2.500 jóvenes que cumplieron 18 años bajo la tutela de las comunidades, sólo la mitad se acogieron a estos proyectos. “Algunos vuelven a sus casas o ya tienen trabajo y prefieren buscarse la vida por su cuenta”, dice Belinchón. En comunidades como Madrid o Castilla – La Mancha ya están en marcha apartamentos tutelados para iniciar la emancipación a los 16 años.
También existen ONG con proyectos para asistir a estos jóvenes. La Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) agrupa a 34 de ellas que trabajan en Cataluña, Galicia, Aragón, Castilla – La Mancha y Baleares. “Se quiere dar una atención personalizada a los jóvenes para que lleguen a ser autónomos”, dice Sandra Monfort, de FEPA. Y reclaman más recursos. “Hay comunidades como Galicia que apenas tienen programas de emancipación y otras como Baleares en los que son inexistentes”, se queja.
Amal, Libertad y Cristina sí tuvieron acceso a estas ayudas y decidieron solicitarlas. La media de estancia en los pisos tutelados es de alrededor de un año, y las dos últimas llevan ya más de ocho meses. Sin embargo, no están preocupadas, ya tienen claro lo que van a hacer después. “Queremos vivir juntas”, dicen a la par. Se han hecho muy buenas amigas. Amal, la tercera ocupante del piso es marroquí pero, por el acento, parece sevillana de toda la vida. Llegó a España hace tres años. “Quería venir y mi madre me dejó con unos conocidos que también eran marroquíes. Luego se volvió”, dice. La familia con la que vivía no la trataba bien, y la niña fue cambiando de manos hasta que, finalmente, ingresó en un centro de protección de menores. “En esta casa estoy muy contenta”, dice. Además, ya tiene permiso de trabajo y de residencia. Será la veterana del piso cuando Cristina y Libertad empiecen otra vida en común. Sin tutelas.

Trabajadores del centro de inmigrantes de Tolosa denuncian un nuevo motín

Un menor asestó un navajazo a otro en otro altercado

La convivencia en el centro de acogida de menores inmigrantes de Tolosa «sigue siendo insostenible». Los trabajadores del servicio han denunciado un nuevo «motín» ocurrido el sábado en la villa Sevendenea, que terminó con un educador y un vigilante heridos leves, y un interno «mayor de edad detenido». Los problemas no terminaron ahí. Ayer por la tarde, un menor huyó tras asestar un navajazo a otro interno y otro joven ingresó en el centro después de haber sido detenido por intento de robo en una vivienda de Tolosa. Hace apenas diez días, otros tres vigilantes resultaron heridos en otro altercado dentro del edificio «provocado por los menores», que se encuentran bajo tutela de la Diputación.
Según señalaron trabajadores del centro, el enésimo «motín» comenzó alrededor de las once de la noche del sábado. En ese momento, en las dependencias se encontraban 17 menores, tres educadores y tres vigilantes. «Llegó la hora de la cena y, sin razón aparente alguna, se lanzaron contra los vigilantes», afirma uno de los trabajadores. El motín se desató. «Uno de los menores sacó un spray de gas lacrimógeno y lo utilizó contra uno de los educadores, que tuvo que ser atendido por irritación en los ojos en el Hospital Donostia». El trabajador volvió a requerir asistencia médica ayer, después de que «sufriera una crisis nerviosa por lo acontecido el fin de semana en el centro».
Durante el altercado, uno de los vigilantes resultó herido leve «con un tobillo hinchado». Asimismo, los trabajadores denunciaron que los menores introdujeron «barras de hierro, tijeras y piedras para usarlas contra los vigilantes del centro. Llevan unos días en que a la hora de la cena se ponen muy agresivos».
La Ertzaintza acudió al centro de acogida y «detuvo al interno que empleó el spray contra uno de los educadores. Este joven es ya mayor de edad». Pero los problemas no terminaron allí.
Por la mañana, la Ertzaintza trasladó al centro a otro menor después de que fuera detenido por intento de robo en una vivienda de Tolosa. Se da la circunstancia de que, la madrugada del sábado al domingo, la Policía Autónoma realizó otras dos detenciones a menores bajo la acusación del mismo delito, pero a los trabajadores del centro no les consta que sean internos.El fin de semana finalizó con otro suceso en Sevendenea. Según relató uno de los trabajadores, a las 17.30 horas de la tarde de ayer, «un menor asestó un navajazo a otro, hiriéndole en un brazo». El agresor huyó «por la N – I y la Ertzaintza lo busca desde entonces».
Junto a la «inseguridad» que viven «a diario», los trabajadores llevan tiempo denunciando la «saturación de internos en el centro» y el «deplorable estado de las instalaciones, sucias y en mal estado». Buscan una solución a la «falta de recursos» para desarrollar un programa educativo adecuado a estos jóvenes.

"Algunos prefieren dormir en la calle"

Diario de noticias de Gipuzkoa, 2007-09-30
NO se encuentran a gusto en la casa. Tampoco se sienten tranquilos allí. Esa es la principal conclusión a la que se llega después de hablar con los chavales alojados en el Centro de Acogida Urgente de Menores de Tolosa. “La casa es muy vieja y está sucia. Algunas ventanas están cerradas con chapas. Y no hay camas para todos”. Este periódico ha podido conocer de primera mano el testimonio de una decena de jóvenes acogidos en la casa Sevendenea, que denuncian las condiciones en las que viven allí. Su testimonio constata el ambiente enrarecido y problemático que encierran las paredes de este polémico lugar.
El pasado miércoles fueron los trabajadores del centro quienes definieron como “insostenible” el ambiente que se respira en Sevendenea. Además de hablar del estado “decadente” de las instalaciones y la “falta de seguridad”, afirmaron que las instalaciones no están “preparadas” y que no existen recursos para acoger a la veintena de menores que se encuentran allí habitualmente. Sin olvidar los cotidianos “motines” que, según indican, tienen lugar en la casa. “Se está convirtiendo en una especie de centro de castigo”, concluyen los empleados. Cuando, en realidad, se trata de un lugar de acogida urgente.
La versión de los chavales inmigrantes que viven allí coincide en lo que se refiere a la decadencia del lugar. Sin embargo, se defienden de la acusación de estar armando bronca todo el día. “Sí, de vez en cuando hacemos trastadas”, confiesan. “Pero los guardias y los educadores no nos tratan bien”. Según relatan, los maltratos, la falta de respeto y las “visitas injustificadas” de los ertzainas a la casa son una realidad en el centro de menores de Tolosa.
menores acogidos
La mayoría, entre 16 y 18 años
“Hemos venido porque queremos trabajar. La vida en nuestro país (Marruecos) es difícil y queremos ayudar a nuestras familias”, comienza a narrar uno de los chavales. Hay quien apenas se defiende en castellano. Según comentan, entre los acogidos – donde la mayoría tiene entre 16 y 18 años – hay quien vivía en la calle en su lugar de origen. Ahora, conocen casos en los que un menor se ha ido del centro porque “no puede aguantar” y prefiere dormir “fuera de las casas de acogida”.
Y es que el panorama que describen los jóvenes inmigrantes no es demasiado halagüeño. En las habitaciones no hay armarios. Sólo literas. “Algunos duermen en colchones tirados en el suelo. Nuestra ropa la guardamos en bolsas”, indican. Si a eso se le añade la ausencia de salón de estar, ya que “sólo hay habitaciones”, al “aburrimiento” es seguro. “Pasamos el rato sentados en las escaleras de entrada”, explica uno.
Muchos afrontan esta situación más de los tres meses que, en teoría, un joven debe pasar en un centro de acogida urgente. “Algunos llevan más de un año allí”, agregan. En estos momentos se encuentran en el ramadán. Aseguran que el centro respeta las costumbres que procuran cumplir durante esta época. A las 5.00 horas se despiertan a desayunar.
La relación con el personal de seguridad – en los últimos días hay permanentemente cuatro guardas en la casa – , por su parte, es muy conflictiva. Mientras los trabajadores acusan a los chavales “de no respetar las normas” y proferir “insultos, vejaciones y amenazas”, los menores acogidos hablan de que el personal siempre está “nervioso”. “A veces nos dicen que no hablemos en nuestro idioma. Nos riñen por hacer bromas y nos provocan. Incluso han llegado a golpearnos sin razón”, relatan. Tampoco les gusta el control al que les somenten – cada vez que entran son cacheados – .
talleres profesionales “Nos dicen que no hay plazas”
Con los educadores tampoco hay buen feeling. “No nos hacen caso cuando les pedimos algo. Muchas veces tienen trabajo y nos ignoran. Si necesitamos comprar pantalones, por ejemplo, no nos dan nada”, apunta. También se quejan de que se niegan a llevarles al médico si se encuentran “enfermos” y a ayudarles “a poner denuncias cuando los vigilantes nos hacen algo”.
En cuanto a los talleres profesionales – calderería, carpintería, electricidad, etc. – a los que están obligados a acudir mientras estén en el centro, los menores acogidos explican que muchas veces les obligan a ir cuando no aprenden lo que quieren. “Nos dicen que no hay plazas en aquello que nos gusta”, agregan.
Algunos de ellos confiesan consumir disolvente, aunque aseguran que antes de llegar aquí no lo hacían. “Es para olvidar. Con estos problemas y viviendo en esa casa cualquiera lo haría”, se excusan. También niegan que existan amenazas entre ellos y se despiden con la sonrisa típica de un chaval que está en plena pubertad.

Cuatro menores marroquís piden ayuda a la justicia

LA VOZ DE ASTURIAS
Los adolescentes del Materno reclaman su traslado a otros centros de acogida LA ESTANCIA SUPERA LOS 45 DIAS LEGALES.
Al menos cuatro de los menores marroquís alojados en el Centro Materno Infantil solicitarán el amparo de la justicia para evitar que su estancia en la unidad de primera acogida se prolongue indefinidamente. Es la primera vez en la historia de la protección a la infancia en la comunidad autónoma que adolescentes extranjeros acogidos por la Administración del Principado deben acudir ante la justicia para hacer valer sus derechos.
Este periódico pudo conocer ayer que los jóvenes tienen previsto presentar un escrito ante los jueces reclamando que se cumpla el artículo 37 de la ley de protección al menor. La norma establece que los adolescentes atendidos por los servicios sociales del Principado no deben permanecer más de 45 días en la unidad de primera acogida. La realidad, sin embargo, es muy diferente. LA VOZ daba a conocer ayer que uno de estos chicos lleva en este centro más de seis meses.
Los al menos cuatro adolescentes --el número puede crecer-- que tienen previsto presentar un recurso de amparo están entre los que más tiempo llevan en la unidad de primera acogida. La Corriente Sindical de Izquierdas ha denunciado reiteradamente los problemas de estos chicos. Se da la circunstancia además de que la situación es especialmente difícil para los menores de nacionalidad marroquí. De hecho, los españoles y subsaharianos tienden a permanecer menos tiempo que los magrebís en las instalaciones del Materno Infantil.
La unidad de primera acogida, de carácter regional, fue diseñada como un recurso temporal para favorecer la protección de los menores como paso previo a su traslado a centros de la red social con programas educativos específicos. La llegada de adolescentes inmigrantes no acompañados, fundamentalmente magrebís, ha superado la capacidad de respuesta de la Administración sanitaria y del Centro Materno Infantil. El Gobierno del Principado, que reconoce el problema, asegura que está tratando de buscar soluciones para evitar los largos periodos de ingreso de los chicos en la unidad de primera acogida. La Consejería de Bienestar Social admite que es un fenómeno de difícil solución.

Bienestar Social incumple la ley del menor en el Materno Infantil

Los menores superan ampliamente los 45 días alojados en primera acogida.Uno de los adolescentes reside en el centro desde hace más de 6 meses.
Los menores desamparados cuya tutela asuma la Administración del Principado de Asturias recibirán una atención inmediata en los centros o unidades de primera acogida y observación dispuestos al efecto". "Durante su estancia en los mismos, que en todo caso no podrá superar los 45 días, se analizará su problemática a fin de determinar la medida de protección más adecuada". Ambos preceptos forman parte del artículo 37 de la ley de protección del menor promulgada por el Parlamento asturiano en enero de 1995. La norma, sin embargo, se incumple sistemáticamente en Asturias.
Este periódico ha tenido acceso a los datos de permanencia de los menores en la unidad de primera acogida. La llegada de adolescentes inmigrantes procedentes del extranjero, fundamentalmente del Magreb, ha pillado a la Administración a contrapié y sin desarrollar alternativas de alojamiento y atención para estos menores. La unidad de primera acogida del Centro Materno Infantil, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, contaba el pasado domingo con 12 adolescentes que llevaban residiendo en el centro más de los 45 días que obliga la ley. Uno de los adolescentes sobrepasaba los 180 días alojado en la unidad, otros siete superaban los 120; y cuatro más excedían de los 50 días. La situación cambió ligeramente durante el lunes con la salida de dos menores. Según las cifras a las que ha tenido acceso el periódico, que tienden a fluctuar en el tiempo, aproximadamente más del 60% de los chicos alojados en la unidad de primera acogida permanecen allí más de los 45 días que exige la ley.
Las consecuencias son claras. La unidad está pensada para favorecer el proceso de transición de estos menores desde su llegada a Asturias en situación de desamparo hasta su alojamiento en un centro, con un programa personalizado que permita favorecer su formación e inserción laboral. La Corriente Sindical de Izquierdas, la fuerza social más activa en la denuncia de la situación de estos chicos, apunta que los menores están "deprimidos y desmotivados" y su proceso educativo y socializador "puesto en peligro". CSI subraya además que los educadores están "abandonados" por la Administración y "desolados" por la situación de los menores.
Esta fuerza sindical no duda además en señalar a responsables. Su dedo apunta directamente a Gloria Fernández y Laura González, ex directora del Instituto de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, y exconsejera de Bienestar Socia, pero también a sus sucesoras, Eva Sánchez y Pilar Rodríguez. La Corriente Sindical de Izquierdas añade además que el incumplimiento de la legalidad vigente se está llevando a cabo sin que la fiscalía del menor y la procuraduría general del Principado hayan tomado cartas en el asunto para evitarlo.
Esta fuerza social señala además que en los últimos meses han salido varios menores de la unidad de primera acogida, sobre todo, españoles y senegaleses. CSI entiende que existe un trato discriminatorio hacia los jóvenes marroquís acogidos en el centro que, pese a llevar más tiempo, no pasan a otros alojamientos alternativos.
La Administración asturiana confía en poder resolver la larga duración de los menores en la unidad de primera acogida a partir de mediados de este mes. Se espera que Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar Social, anuncie en su comparecencia en la Junta General diversas medidas para evitar la sobreocupación de la unidad. El Gobierno regional, según comunicaciones no oficiales a los educadores del centro, tiene previsto que la nueva sede que se prepara en el Fundoma no sea propiamente una unidad de primera acogida, sino exclusivamente un centro para menores extranjeros no acompañados.
NOTICIA PUBLICADA EN LA VOZ DE ASTURIAS 10/10/2007

La Diputación impulsa la figura del mediador intercultural para atender a menores inmigrantes

EUSKADI
Un educador de origen marroquí hace ya esta labor en el centro de Tolosa Facilita la relación con los internos
El reto de la atención a los menores inmigrantes no acompañados en Gipuzkoa incorpora un nuevo recurso para lograr la integración de estos jóvenes y evitar que caigan en la delincuencia o protagonicen altercados. La Diputación de Gipuzkoa, que tiene la tutela de estos menores, ha introducido la figura de un mediador intercultural que acompañe a los residentes del centro de acogida de urgencia de Tolosa, que será rehabilitado en breve.
Según fuentes del Departamento de Política Social, en la actualidad un «educador de origen marroquí trabaja ya en el centro de Tolosa realizando, de forma progresiva, cada vez más ta-reas como mediador intercultural». Al hablar el mismo idioma, la figura facilita la comunicación con los menores inmigrantes -la mayoría de origen magrebí-, lo que ayuda en el proceso educativo de los internos.
Hogares Nuevo Futuro, la asociación a la que pertenecen los educadores sociales que gestionan los centro de acogida de urgencia de Tolosa y Urnieta, quiere ir más allá. En este aspecto, trabaja en «un proyecto» para concretar «los objetivos, las condiciones y las necesidades concretas» del perfil del mediador, asegura Iñigo Ochoa de Alda, asesor de Nuevo Futuro y profesor de Psicología de la UPV .
Según señala Ochoa de Alda, en otras ciudades de España ya «existen programas con perfiles de este tipo. Lo que ocurre es que a veces esta figura queda difuminada y es más un compañero de los menores o un educador más autoritario que los propios educadores. El reto es poder crear antes de fin de año una figura realmente mediadora, que no pertenezca al equipo educativo ni que sea un menor más».
El «proyecto interno» en el que trabaja Nuevo Futuro piensa en un perfil de mediador intercultural de origen marroquí que ayude a los educadores a mediar con los menores inmigrantes, tanto en centros de acogida de urgencia como en residencias. «Alguien que sepa cuáles son sus necesidades culturales, de idioma, sus dificultades con el consumo, la comida»... Entre sus funciones, destacaría el contacto con las familias de origen. jmvelasco@diariovasco.com

Apuntan a una imprudencia como causa del incendio del centro de menores de Tegueste

Las puertas de emergencia de los módulos afectados estaban cerradas con llave. La investigación descarta el cortocircuito como origen del fuego y lo achaca a un descuido por parte de un interno.
El incendio del centro de menores inmigrantes del municipio de Tegueste, acaecido en la madrugada el pasado martes, podría haber sido originado por la imprudencia de uno de los menores internos, según ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas al centro siniestrado. La policía, que indaga sobre las causas que originaron el incendio, ha localizado dos focos del mismo. La hipótesis sobre el cortocircuito parece haber dejado de tener validez tras las primeras indagaciones de los agentes de la unidad científica.
Fuentes de los trabajadores han denunciado que, en el momento en que se produjo el incendio, las puertas de emergencia de los módulos estaban cerradas con llave, por lo que la evacuación se produjo con dificultades. De igual forma, han manifestado la inexistencia de extintores en las cercanías de la habitaciones localizadas en el piso superior. “Estos dispositivos están en la cocina y en el despacho de dirección”, matizaron. Por otra parte, se han quejado de la falta de previsión de la ONG Mundo Nuevo.
Las mismas fuentes han asegurado que fueron cinco las personas afectadas y que uno de los menores, de nacionalidad marroquí, aún se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), debido a que varios cristales que se desprendieron de una ventana al intentar escapar, cortaron varios tendones de su mano. Este hecho obligó a intervenirlo quirúrgicamente. Según las últimas informaciones, el menor podría perder parte de la movilidad de la mano afectada.
En estos momentos, los dos módulos afectados por el fuego se encuentran cerrados. Estos inconvenientes han obligado a parte de los menores a instalarse dos noches en los pasillos y en el cuarto de la televisión que se han habilitado temporalmente. Treinta de los inmigrantes de menor edad han sido realojados ayer en un centro de Icod, del que se ha apresurado su apertura.
Dos trabajadores y un menor arriesgan su vida para evacuar a los afectados
El presidente de la empresa que gestiona el centro de Tegueste agradeció ayer personalmente, al igual que lo hizo la Dirección General del Menor, la entrega mostrada por los trabajadores del centro, Nelson Mesa Rodríguez y Yanira Sacramento Martín, dos de los técnicos educativos más veteranos de la empresa. Estos dos educadores arriesgaron su vida para evacuar a los menores inmigrantes que se encontraban en la habitación que había sido pasto de las llamas, así como a sus otros compañeros de módulo.
Por otra parte, y en una muestra más de agradecimiento a la labor desinteresada, en la mañana de ayer se conocía la noticia de que uno de los menores que colaboró activamente en la seguridad y evacuación de los otros internos, ha sido requerido por la dirección del centro para agradecerle su labor otorgándole un puesto de trabajo como educador en ese mismo hogar de acogida. Al menor en cuestión, sólo le restaban pocos días para cumplir la mayoría de edad, acontecimiento que le obligaría a abandonar el centro sin un contrato laboral y augurándole un futuro incierto. En los días posteriores comenzará a recibir formación sobre labores de educación en centros de este tipo. La noticia ha sido acogida con gran emoción por parte de los menores y por los trabajadores de Mundo Nuevo que ven un gesto solidario por parte de la alta directiva encargada de la gestión tutelar de los menores inmigrantes arribados a Canarias.
Fecha de Publicación: 11/10/2007 - 13:20:28
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2/10/07

El TSJ de Cantabria denuncia la expulsión de menores sin garantías

Es la primera vez que frena una repatriación por violar derechos fundamentales
Los inmigrantes menores de edad viven atrapados dentro de una paradoja. Son menores y, por tanto, precisan de la tutela de la Administración, pero es la propia Administración la que se encarga de expulsarlos sin que, por su condición de menores, tengan todas las garantías que protegen a un adulto.
Esta situación de indefensión ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo y por el Consejo General de la Abogacía Española.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a la que ha tenido acceso Público, reconoce por primera vez en España que existen derechos fundamentales que se vulneran en el intento de repatriación de un menor.
La sentencia falla en contra de la Delegación del Gobierno de Cantabria, en su intento de devolver a Marruecos al menor Y.Z., argumentando que se ha vulnerado su derecho a la integridad moral, consagrado en el Artículo 15 de la Constitución Española.
Integridad moral del menor
De forma novedosa, la Sala vincula además el caso con Marruecos, principal lugar de origen de los menores expuestos a la repatriación.
La Sala entiende que se ha producido una "infracción palmaria" de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España La resolución señala que "resulta obvio que acordar la repatriación de un menor que llegó a España poniendo en peligro su vida (escondido en la parte inferior de un camión), sin cerciorarse de que será acogido, familiar u oficialmente, supone un riesgo potencial relevante para la referida integridad moral del menor".
La sentencia sustenta la negativa a que un menor sea devuelto a su país en la vulneración de sus derechos fundamentales. Es la primera vez que un Tribunal Superior de Justicia resuelve de esta manera.
La Sala entiende que se ha producido una "infracción palmaria" de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, ya que "el interés superior del menor exige que, antes de resolver sobre la repatriación, la Administración disponga de los datos familiares y oficiales del país de origen para determinar si se dan las condiciones necesarias para la efectiva reagrupación familiar de un menor o la adecuada tutela por los servicios de protección de menores en el país de origen", algo que, en el caso que afecta al menor Y.Z. "no se ha hecho". Cantabria es la única comunidad que ha firmado un convenio con el Consejo General de la Abogacía para garantizar la asistencia jurídica de los inmigrantes menores de edad en los procedimientos de repatriación.

La ley de dependencia

La Voz de Galicia 1/10/2007
El curso de especialista en intervención y atención a personas con dependencia que imparte desde el viernes la Universidad de Vigo ha contribuido a ampliar la oferta académica del campus de Ourense que, con este proyecto, se inicia en la organización de acciones formativas dirigidas a desempleados.

El curso, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación, va dirigido fundamentalmente a los titulados que, siguiendo el camino que marca la nueva ley de dependencia, pueden llegar al destino de la inserción laboral. Las de trabajador social y educador social son dos de las profesiones clave en la atención a la dependencia como explica el director del curso, Miguel Ángel Vázquez, que además de profesor de la Universidad de Vigo es presidente de la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía.
En su opinión, los alumnos de Trabajo Social y Educación Social son los que más van a notar, desde la perspectiva laboral, el efecto de la aplicación de la ley de dependencia.
En realidad, a nueve meses de su entrada en vigor, ya se han producido las primeras reacciones en el mercado del empleo relacionado con las titulaciones sociales, como explica Vázquez: «Aínda que non teño datos concretos sobre a situación dos titulados o que si podo decir é que a lei de dependencia supuxo, de decembro ata aquí, en nove meses, practicamente a absorción de todos os titulados en Traballo Social que había na nosa comunidade. De feito, nalgunhas comunidades, como Castilla la Mancha e Andalucía, teñen problemas: non hai titulados para incorporarse ós equipos de atención á dependencia».
Con esta realidad constatada, señala otras posibilidades en relación a la atención a la dependencia, de gran relevancia en una provincia envejecida como Ourense: «A nosa comunidade, no emprego de educadores sociais, ven sendo pioneira no ámbito da xerontoloxía. En Galicia prácticamente en todos os centros de maiores hai incorporados educadores sociais.
Agora o Consorcio Galego de Servicios Sociais, que vai abrir vinte centros de día, incorpora técnicos en Educación Social para traballar todo o que ten que ver ca animación e a educación. Galicia é a primeira comunidade autónoma que o fai».

Se presenta el Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales

28-09-2007 - Diariocrítico/Agencias
La ciudad de Toledo acoge la presentación del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES), en el marco del V Congreso Estatal de los Educadores Sociales, que aglutina a los diez colegios autonómicos existentes en España y que nace con el objetivo de convertirse en referente nacional de la profesión y con un espíritu de crecimiento y colaboración.
Toledo acogió el viernes la presentación del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales. Al acto asistieron representantes de todos los colegios profesionales del Estado, la directoral general de Menores y Familia del Gobierno de las Islas Baleares, Francisca Vanrell; el decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Universitaria de Valencia, Ramón López; el director general de Inclusión Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Cristóbal Vergara; un técnico de Infancia y Familia de la Federación Española de Municipios y Provincias, Joaquín Corcobado.

El educador y la educadora social en un mundo globalizado

XVII congreso mundial, Copenhague, 4-7 Mayo 2009
Con el título: "El educador y la educadora social en un mundo globalizado" se celebrará en Copenhague el XVII congreso mundial de la Asociación Internacioanal de Educadores Sociales "Aieji" , del 4 al 7 de mayo 2009.
Información: http://www.aieji.net/spanish/pages/CongresoMundial2009.asp

Formación en Colegios Profesionales de Educadores Sociales

Los Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales están programando formación para este cuarto trimestre del año.

Convenio para la Intervención Social en la Comunidad de Madrid

El viernes 14 de septiembre de 2007, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica el Primer Convenio para la Intervención Social en la Comunidad de Madrid, firmado por las patronales AEISM y AESAP, además de los sindicatos UGT y CCOO.
El I Convenio Marco Estatal de Acción e Intervención Social publicado en el BOE el pasado 19 de junio, considera como Convenio a aplicar en la Comunidad de Madrid el negociado, firmado y hoy publicado para este ámbito territorial.
En este Convenio se establecen las condiciones mínimas para los trabajadores del Sector de la Intervención Social en la Comunidad de Madrid.