Asturias cuenta con 91 menores ilegales, la mayoría de origen magrebí

El Principado anuncia nuevos protocolos de actuación y la creación de dos unidades de acogida en Oviedo y Gijón

Ciento un menores extranjeros no acompañados ingresaron en centros de primera acogida en Asturias durante el año 2006; en lo que llevamos de año, los ingresos han sido 79. En la actualidad el Principado tiene 91 menores en situación de ilegalidad, la mayoría de origen magrebí y de edades que oscilan entre los 14 y los 15 años, aunque hay un grupo numeroso a punto de cumplir los 18. La Consejería de Bienestar Social presentó ayer las medidas que ha puesto en marcha para tratar de afrontar un problema que, en algunas comunidades autónomas españolas, se viene padeciendo desde el año 1999, según expuso la directora de Atención Social a la Infancia, Eva Sánchez.

Devolver al menor a su lugar de origen o a la comunidad autónoma que tiene su tutela es la primera medida, que se apoya, tal y como recordó la viceconsejera Teresa Ordiz, en «la aplicación rigurosa de la ley». Entre tanto, con el objetivo de resolver una situación que, en palabras de Teresa Ordiz, «nos ha tensionado» y «ha producido desajustes, saturando los recursos propios», la Consejería pondrá en marcha dos nuevas unidades de acogida. La próxima semana se abrirá la primera de ellas, en Gijón, con cinco plazas destinadas a menores de 17 años, y en noviembre se inaugurará otra en Oviedo, con una mayor capacidad. «No serán las únicas; se irán ampliando progresivamente», declaró la viceconsejera.

Las características sociales y culturales de los menores -originarios de Marruecos en su mayoría, aunque también hay subsaharianos- exigen, en opinión de Eva Sánchez, «dispositivos diferentes a los que se emplean para los nacionales y personal especializado, que, por ejemplo, hable árabe». La directora de la Infancia anunció la próxima firma de un protocolo entre la Delegación del Gobierno, la fiscalía y las consejerías de Justicia y Bienestar Social.

Anunció, asimismo, un estudio puntual y personal de cada uno de los menores; algunos de ellos tienen problemas de salud mental, y otros, graves adicciones a sustancias tóxicas. Tanto Teresa Ordiz como Eva Sánchez rechazaron la idea de que ingresar a estos menores en unidades especiales suponga crear un gueto. «No todos los menores ilegales estarán en estas unidades; hay muchos otros que ya están integrados en centros, se les enseña español y se les orienta hacia algún curso de Formación Profesional», afirmó.