21/2/08

El Instituto Madrileño del Menor bloquea los abortos de las menores a su cargo desde agosto

La nueva directora no ha autorizado ninguna interrupción de embarazo desde que llegó al cargo, según informa la Cadena SER.

Una niña tuvo que recurrir a los tribunales para poder abortar
El Instituto Madrileño del Menor y de la Familia no ha aprobado desde agosto ni una sola petición de aborto de las menores a su cargo, a pesar de que las niñas afectadas cumplen todos los requisitos legales para interrumpir sus embarazos. Según informa la cadena SER, el bloqueo de los abortos se produce desde la llegada a la cúpula del organismo de una nueva gerente, LA diputada del PP en la Asamblea de Madrid Paloma Martín, que no ha firmado ninguna autorización. Se han producido una docena de casos y muchos de ellos se encuentran ya fuera de plazo.
Una de las menor afectadas, embarazada de 16 semanas, se ha visto obligada a recurrir a los tribunales para poder interrumpir su embarazo. La joven había superado todos los trámites establecidos por el estricto protocolo del Gobierno de Esperanza Aguirre para estos casos, incluidos los informes médicos y psiquiátricos que recomendaban la interrupción del embarazo. Sin embargo, el Instituto Madrileño del Menor y de la Familia se negaba a permitirle el aborto y, tras la intervención de la justicia, ha logrado abortar.
Así, el pasado viernes, el juzgado 27 de primera instancia exigió a la Comunidad que le remitiese todo el expediente de la joven, que reside en el centro de menores de Madrid Las Acacias, en un plazo de cinco días. Y ayer mismo, la comisión de tutela autorizó la interrupción de ese embarazo que está ya en estado avanzado.
Al menos una decena de casos
Pero no es el único caso. Según fuentes consultadas por la cadena, desde que la nueva gerente del Instituto del Menor tomó posesión en agosto no ha firmado ni una sola autorización para interrumpir embarazos y se han producido cerca de una decena de casos. Son menores que querían abortar y que tenían el estudio psiquiátrico favorable, pero cuyo expediente se dejaba morir en un cajón. Al final, algunas de estas menores se han fugado y en otros casos fue la madre la que adoptó la decisión, a pesar de no tener la tutela. En otro caso, se produjo un aborto espontáneo y otros ya están fuera de plazo.
Otra niña de 15 años ha recurrido a la Fiscalía de Menores. También ha presentado en el Instituto del Menor toda la documentación necesaria, incluido un informe psiquiátrico en el que alerta incluso de riesgo de suicidio, pero, de momento, tampoco ha obtenido respuesta. Altamira González, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ha recordado al Gobierno de Madrid que, como "padre y madre" de estas niñas, está obligada "a actuar en su beneficio del menor y no de una ideología". La Consejería de la Familia, de la que depende el Instituto, no se ha pronunciado sobre el escándalo.

Cuidadores de discapacitados piden mejoras salariales

Madrid está lleno de rincones, de mundos semiocultos. Un local en los bajos de una zona residencial en Moratalaz, un centro en una nave de un polígono industrial de Móstoles... Sitios a los que acuden cada día personas que nunca lograron recuperarse de un accidente de moto, o de coche, o de un atropello, o de un ictus... Ayer, hartos de ser casi invisibles, centenares de cuidadores de discapacitados abandonaron sus rincones y sus puestos de trabajo. Y se plantaron delante de la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para ser vistos y escuchados.
Llevaban pancartas: "Dignidad por un salario justo". Llevaban batas blancas con carteles pegados: "Cuidadora: 534 euros al mes por 40 horas semanales". Eran unos 500 según los policías que acordonaban la zona. Más del 50%, según la patronal (y el 80% según los sindicatos), de los 6.000 trabajadores que cuidan a la mayor parte de los discapacitados intelectuales de la región (17.969, según la Consejería de Asuntos Sociales), fueron a la huelga ayer en los más de 100 centros concertados con entidades privadas para cubrir este servicio.
En huelga
"Tenemos 1.575 plazas gestionadas directamente por la Comunidad y 17.969 concertadas", explicaba la directora general de Servicios Sociales, Carmen Pérez Anchuela. "Pero de los 4.902 trabajadores que tenemos registrados sólo 778 han ido a la huelga".
La atención a los discapacitados intelectuales es otro de los servicios sociales que se gestiona a través de entidades privadas. Son todos esos locales, centros, naves en los que recalan, como con un zumbido silencioso, todas esas personas que tantas veces quedan perdidas en las estadísticas en el apartado de heridos, o que padecen alguna lesión incurable con la que tienen que vivir, ellos y sus familias.
El resultado de esos conciertos con esos centros, muchas veces creados originariamente por los propios padres de los usuarios, es que el Gobierno regional se desentiende por completo de las condiciones laborales de los trabajadores: "Son las entidades las que negocian eso de acuerdo con un convenio", argumentan. Sin embargo, la rotación laboral y la precariedad del sector (no llegan a mileuristas la mayoría) sacó ayer a esos trabajadores a la calle "para que, por lo menos, se nos vea, se nos valore y la consejera [Gádor Ongil] se siente a negociar", decía la educadora Ana Moriñigo, de 37 años.

«No podemos cambiar la ley cada año»

El juez Calatayud discrepa de la propuesta del PP por innecesaria

Al magistrado Emilio Calatayud, titular del Juzgado de Menores 1 de Granada, le subleva la poca paciencia que tienen los políticos -de uno y otro signo: no hace diferencias- con la Ley del Menor. El jurista ya ha perdido la cuenta de las reformas que ha sufrido dicha norma en los últimos años. La última es de febrero de 2007, pero el PP ya ha anunciado que la modificará si Mariano Rajoy se convierte en el próximo presidente del Gobierno de España. «No podemos cambiar la ley cada año. Hay que esperar un tiempo prudencial para ver cómo funciona y luego es cuando se pueden adoptar decisiones», reclama Calatayud un mayor sosiego legislativo.
Pero es que, además de su malestar por la volatilidad y los constantes retoques de la Ley del Menor, el juez cree que la propuesta popular de rebajar la edad penal de 14 a 12 años es innecesaria. «Yo no soy partidario de la rebaja. Quien tiene que trabajar con los niños infractores de menos de 14 años son los servicios sociales y de protección. Tampoco se trata de un problema grave. Los casos de delincuentes menores de 14 años son muy escasos. No tiene sentido modificar la ley para eso», opina el magistrado, que también recuerda que esa posibilidad ya existía en 1992, «pero se quitó: y me imagino que sería porque no funcionó».
Visitar un correccional
Para Calatayud, antes de nada, lo que deben hacer los políticos es leerse la ley. «Tengo la impresión de que proponen cosas que ya están contempladas. Por ejemplo, se apuesta porque los menores acusados por delitos de especial gravedad pasen del correccional a prisión cuando cumplan los 18 años, que es algo que ya se está haciendo. Esa posibilidad figura en la ley desde que se reformó hace ahora poco más de un año», recordó el juez.
El magistrado tampoco comparte el mensaje de fondo que hay detrás de esas propuestas. «Se da a entender que los centros de reforma son una especie de colegios, que es un castigo blando. No es así. Yo siempre que tengo oportunidad les digo a los políticos que visiten un correccional y después opinen. Estar allí no es como pasar unas vacaciones. Ni mucho menos», concluyó el juez.

Educación para combatir los delitos

Experiencias andaluzas tiran por tierra la propuesta del PP para endurecer la ley penal contra el menor
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva experiencia profesional en Granada, en la que se apuesta por la reeducación de los infractores infantiles en lugar de la represión de los mismos. El programa ha sido subvencionado por el Servicio de Apoyo a la Familia de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Esta actividad es pionera en Andalucía y tiene un propósito claro: reeducar a los menores de forma que no tengan que vérselas con un juez.
La propuesta de la Junta de Andalucía pone en entredicho las medidas anunciadas por Rajoy recientemente de rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años para menores reincidentes. Según los populares, la solución para este problema está en el aumento de las penas. Sin embargo, desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social se apuesta por la reeducación, una solución más lógica que se ha pedido desde las distintas asociaciones relacionadas con los menores.
Supervisión de los menores
En Granada, la encargada de llevar a cabo el programa de la Junta es la Asociación Imeris, una entidad con gran experiencia en la rehabilitación de delincuentes juveniles. Actualmente se encarga de la supervisión en el cumplimiento de las medidas que los juzgados de Menores de Granada imponen a los adolescentes de más de 14 años.
Pocos casos
Pese al alarmismo desatado por el PP cuando anunció esta medida, en España los casos de delitos muy graves cometidos por niños que aún no cuentan con edad penal para ser juzgado son muy escasos. Así lo confirma Arturo Canalda, Defensor del Menor de Madrid, que manifiesta que esos casos "se pueden contar con los dedos de una mano".
Los casos de Granada
Los expertos de Imeris han empezado a trabajar con apenas veinte chicos, la mayoría de los cuales son sospechosos de participar en robos con violencia: la infracción más grave de la que se ha tenido conocimiento. Por el momento no hay resultados cuantificables para este programa, ya que lleva poco tiempo en marcha, pero sí hay un dato esclarecedor. La edad más baja que se han encontrado es la de 12 ó 13 años. Se espera que los expertos de la Asociación sean capaces de atender a más de medio centenar de niños a lo largo del año. La participación en el programa es voluntaria, previo consentimiento del menor o de la familia.
En cifras
De los expedientes abiertos por la Fiscalía de Menores, unos 300 en 2006 y 2007 según recoge el periódico granadino Ideal, el 90% de los casos fueron gamberradas propias de niños que han sido denunciadas a las autoridades: timbrazos a un vecino, una pelea en un colegio, un graffiti en la pared… por lo que las cifras son mucho menores de lo que en un principio podría pensarse. Reflexión sobre sus actos
Las pautas y el tratamiento que se oferta a estos menores no es muy distinto del que reciben los delincuentes de más de 14 años. Se pretende que los niños reflexionen sobre la conducta y sean conscientes del daño causado por sí mismo. Los castigos impuestos a los menores que cometen delitos están orientados a la educación, y estas medidas suelen ser suficientes para evitar la reincidencia, por lo que nada hace cuestionar que con los más pequeños pueda suceder algo contrario. Los encierros en correccionales tan sólo son aplicados a los casos más graves.
Medidas socioeducativas
Los expertos reunidos en el I Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de Menores, celebrado en Madrid, lanzan propuestas que parecen ir acorde a la medida de la Junta. Casi todos coinciden en que los medios de comunicación crean una alarma social que poco tiene que ver con la realidad. Y afirman que los castigos penales a los menores no tienen efectos positivos ni son necesarios, sino que es más importante la mejora de las medidas socio-educativas y su aplicación en la sociedad.
Publicado en El Plural / Notic. Andalucía

17/2/08

No todo vale con los niños

Frente a la propuesta del PP de rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años, los expertos piden más medidas educativas - ¿Qué se hace con un menor de 11 años detenido 69 veces por delitos leves?
¿Delinquen cada vez más jóvenes en España? ¿Hay un gran número de menores de 12 años perpetrando asesinatos y violaciones? ¿Hace falta reformar la ley porque no funciona? ¿Se puede hacer algo fuera del sistema penal con los menores de 14 años que cometen delitos?
El tema ha saltado al debate electoral después de que Mariano Rajoy anunciara esta semana dos medidas que llevará a la práctica si el Partido Popular gana las próximas elecciones: la primera, que la edad penal se baje de los 14 a los 12 años para los casos de delitos graves; la segunda, que todos los menores que cumplan una medida en un centro de reforma pasen a una cárcel de adultos al cumplir los 18 años. El comité español de UNICEF ha manifestado "inquietud y preocupación" ante la propuesta.
Los datos desmienten la necesidad de rebajar la edad penal: los menores de 14 años que cometen delitos graves "se pueden contar con los dedos de una mano", dice el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda (nombrado por el PP, que gobierna en Madrid). Los datos del Ministerio del Interior lo corroboran: por lo general hay apenas un homicidio o asesinato cada año. Y un gran número de expertos internacionales reunidos esta semana en Madrid en el I Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de Menores, organizado por el Gobierno regional, han coincidido en dos puntos básicos. Primero, que la gran alarma social que causan los casos que saltan a los medios de comunicación no se corresponde con la realidad. Y segundo, que imponer a estos chicos un castigo penal no tiene efectos positivos ni es necesario. La propuesta de la mayoría de los académicos y juristas ha sido pedir la mejora de las medidas socio-educativas y su aplicación.
"Mariano Rajoy ha recogido con su iniciativa las lágrimas de la madre de Sandra Palo [la chica de 22 años, discapacitada, que fue brutalmente raptada, violada, atropellada repetidas veces y asesinada por tres menores de edad que tenían más de 14 años]", señaló el martes Alfredo Prada, vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia, tras la inauguración del Congreso. En la clausura, al día siguiente, las palabras del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez podrían servir para responder a Prada: "Desde la perspectiva de la víctima, la exigencia del ojo por ojo es perfectamente comprensible. Pero el ojo por ojo conduce socialmente al caos y degrada la calidad humana de los ciudadanos". Y añadió que ninguna pena que se imponga a los delincuentes "puede calmar la desazón de los agredidos", por lo que las soluciones a los problemas de los menores infractores deberían plantearse con "serenidad, honestidad y, sobre todo, con responsabilidad". Así que, ¿qué es lo que el Estado, de forma responsable, debe hacer con estos menores?
Una psicóloga de los servicios sociales de Madrid plantea un caso reciente. Tres niñas cometieron un robo planeado en casa de los padres de una amiga. Dos tenían 13 años. Otra, 14. Esta última era penalmente responsable y se arriesgaba a ser internada en un centro, aunque finalmente se le impuso una medida de libertad vigilada. A las otras dos no les ocurrió nada. No eran responsables. Entraron en el sistema de protección de menores y los servicios sociales intentaron trabajar con ellas y sus familias. Pero sin éxito. Las chicas tenían claro que la ley no las obligaba a nada, y que no tenían por qué asistir a las citas con la psicóloga. Fue imposible implicar a las familias y realizar una intervención social. Y cada vez son más habituales las bandas de niños de 10, 11 y 12 años -casi siempre dirigidos por adultos- que amparados por su falta de responsabilidad penal roban teléfonos móviles por la calle y asaltan los cajeros automáticos de los bancos. En ocasiones la policía ha llegado a detener hasta 69 veces a un mismo menor.
Es evidente que hay que dar una respuesta a estos casos, sobre todo para intentar evitar que a los 15 años estos chicos sean unos delincuentes profesionales. Pero, si se rebajara la edad penal a los 12 años, la misma polémica podría plantearse después con chicos de 9, 10 u 11 años. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a bajar el límite de la responsabilidad penal? ¿Es consciente un chaval de 12 años de lo que supone su delito? Y, sobre todo, ¿quién dice que la respuesta penal sea la única posible ni la mejor? ¿Por qué no se exige al Estado y a sus instituciones que pongan en marcha, seriamente, sistemas de protección social y educativos?
"El derecho penal no puede solucionarlo todo", señaló la francesa Jocelyne Castaignéde, profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Pau. En Francia no hay edad penal mínima sino que es el juez, en cada caso concreto, el que debe analizar la capacidad de discernimiento del menor. Es una fórmula poco habitual en Europa, porque en casi todos los países se ha optado por el criterio de la edad, aunque ésta varíe: 10 años en Inglaterra y Gales, 12 en Holanda, 14 en España, Alemania, Austria e Italia, 15 en Suiza y 16 en Bélgica y Luxemburgo. Cada alusión de los ponentes en el Congreso a la necesidad de establecer políticas educativas y preventivas, y no penales, iba seguida por aplausos y ovaciones de los asistentes, que llenaban el Palacio de Congresos.
Pero, ¿en qué se concretan estas posibles medidas "educativas y sociales"? ¿Qué se puede hacer fuera del ámbito del derecho penal cuando un menor de 14 años comete un delito? "Pues muchas cosas", responde el vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex fiscal de menores Félix Pantoja. "A través del fiscal y con la autorización del juzgado de familia se pueden imponer medidas de carácter obligatorio e incluso restringir derechos del menor como su libertad". Recuerda el caso de un chico con un grave problema de drogas que cometía de forma habitual pequeños delitos y que estaba bajo la tutela de una comunidad autónoma. Desde la fiscalía se pidió al juez que autorizara que no le dejaran salir del centro en el que vivía durante un tiempo, para poder trabajar con él. Y así se hizo.
"El sistema de protección tiene instrumentos suficientes para que se puedan adoptar este tipo de medidas", continúa Pantoja. "Pero en la práctica todo falla: los fiscales no suelen actuar, los sistemas de tutela dejan mucho que desear con los adolescentes y preadolescentes, los educadores tienen pocos recursos, hay pocos medios... y tampoco tiene sentido sustituirlo por la intervención penal porque muchas veces tiene las mismas carencias. Eso sí, permite de forma más rápida encerrar a los chavales, y parece que así nos quedamos más tranquilos". Dos psicólogas de los servicios sociales madrileños también piden un mayor apoyo y ayuda por parte de los fiscales de menores. "Sin ellos estamos perdidas", señala una de ellas. "Porque los menores, y sus familias, saben que nosotros no tenemos forma de obligarles a colaborar en nada".
Cuando la tutela la tiene la comunidad autónoma, es más fácil intervenir con los chicos y pedir medidas judiciales que cuando están con sus padres. Por no hablar de cuando es la propia familia la que les incita a cometer delitos. Si la situación es grave, se puede declarar judicialmente la situación de riesgo o desamparo del menor y quitar la tutela a los padres. Pero no siempre es fácil, y jueces y fiscales suelen ser reticentes a separar a un niño de la familia. Así que, en estos casos, la sensación de impunidad crece. El Defensor del Menor, Arturo Canalda está de acuerdo con que se baje la edad penal, pero sólo "para casos excepcionales". E insiste en que lo esencial es establecer medidas socioeducativas que se puedan imponer de forma "obligatoria y coactiva". "Incluso con sanciones económicas para los padres que no quieran colaborar", dice. Aunque para eso harían falta reformas legales.
Finlandia ha optado implantar un verdadero sistema de protección de menores. Una vez cometido un delito, y entendiendo que el menor está poniendo en peligro su futuro, se puede intervenir de muchas formas: con asistencia financiera, orientación psicológica o terapéutica, o imponiéndole determinadas tareas. Es posible, incluso ingresarlo en una casa de acogida o residencial. Este sistema se aplica a los menores de 15 años -límite de la edad penal en ese país-, pero cada vez más también a los chicos de 15 a 17. El número de menores en las cárceles de Finlandia ha pasado de 761 en 1975 a 65 en 2006, según datos ofrecidos por el director del Instituto Nacional de Investigaciones para las Políticas Legales de ese país, Tapio Lappi-Sepälä. Allí se ha optado por evitar los internamientos y desarrollar la actuación socioeducativa.
Aparte de la propuesta de la edad penal, Mariano Rajoy también ha dicho esta semana que llevará a las cárceles de adultos todos los menores internos en centros de reforma cuando cumplan los 18 años. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, de 2000, fue reformada el año pasado para permitir esta posibilidad. Según la nueva redacción de la norma, ahora el juez "podrá ordenar" que el interno pase a prisión al alcanzar la mayoría de edad. Por lo tanto, se estudia cada caso concreto. El PP propone que se haga de forma automática. Dado que el objetivo de la Ley del Menor es la reeducación, no parece muy lógico que después de unos años de tratamiento específico se les traslade a una cárcel con adultos. "Es necesario examinar cada caso para ver si es necesario o contraproducente llevarlo a la cárcel", opina Canalda.
Los políticos sacan a la calle el debate sobre la delincuencia juvenil con mucha apelación al miedo pero pocos datos. Populismo para ganar votos. "Después del 11-S y del 11-M, los ciudadanos quieren seguridad total. Hemos cambiado a Rousseau por el Leviatán de Hobbes", señala Bernat Castany, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. "Pero lo que hay que hacer es educar a estos jóvenes en responsabilidad".
Publicado por MÓNICA C. BELAZA 17/02/2008 www.elpais.com

Historias de integración

La Casa Juvenil Miraflores de Noreña para menores con problemas de adaptación celebró una charla con motivo de su 70 aniversario
El pasado 23 de diciembre se cumplieron setenta años exactos desde que un grupo de jóvenes puso sus pies por primera vez en el interior del Palacio de Miraflores, en Noreña, para ingresar como alumnos. Desde entonces han pasado siete décadas en las que el centro juvenil ha atravesado diferentes estadios, marcados todos por las vicisitudes del país y la región, hasta llegar a hoy día, momento en el que la institución, que cuenta con 15 alumnos, todos ellos con dificultades de adaptación y edades entre 12 y 18 años, se encuentra perfectamente integrada en la vida cotidiana de la villa condal.
El equipo docente, que con motivo de la fecha citada participó en un encuentro en el que se dieron cita antiguos educadores y alumnos, sigue celebrando el setenta aniversario de la casa juvenil, organizando diferentes actos, como el que tuvo lugar el jueves pasado en la Casa de Cultura de Noreña y al que acudieron todos los alumnos actuales.
En la charla-coloquio, presidida por el director del centro, Faustino de la Peña, participó la directora general del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, Eva Sánchez, y Jorge Fernández del Valle, profesor en la Facultad de Psicología y antiguo educador de la Casa Juvenil Miraflores.
Fernández del Valle hizo un repaso en su intervención de la historia general de los centros de acogida de menores a lo largo del siglo XX. El director, por su parte, habló de una historia más cercana para los presentes, la del propio Palacio, en el que, antes de ocuparse de dirigirlo, pasó más de veinte años como educador. Faustino de la Peña contó a los alumnos la evolución que ha experimentado la institución, con unos primeros años en los que las penurias y los problemas estaban al orden del día. No en vano la casa comenzó su andadura en plena guerra civil española.
El director recordó las distintas épocas que ha atravesado el centro juvenil, muchas de ellas complicadas al ser difícil el contexto histórico y socio-político en el que se actuaba, y los diferentes modelos educativos que la administración ha ido instaurando a lo largo de los años.
En la actualidad, los alumnos menores de 16 años con los que cuenta la Casa Juvenil Miraflores están todos escolarizados en centros educativos de la zona, mientras que los que superan esa edad se encuentran en situación pre-laboral o laboral, según su director.
Las dependencias del centro cuentan con diferentes secciones, como un invernadero, un taller o una huerta, en las que los alumnos realizan actividades a diario. Del mismo modo participan en una amplia variedad de deportes. De la Peña afirma que la mayoría de ellos forma parte de clubs deportivos de Noreña o de concejos cercanos.
La institución dispone de una plantilla de veinte educadores, afirma su director, entre los que trabajan a diario y los fines de semana. De la Peña habla satisfecho del apoyo que les brindan los habitantes de Noreña, desde los miembros del equipo municipal hasta los vecinos y asociaciones de la zona. Un apoyo que sirve para que los alumnos se sientan integrados en el quehacer de su comunidad.
Publicado en El Comercio Digital

El viaje de ida y vuelta de Jamal

Llegó al centro de acogida de Loiu hace siete años y ahora trabaja allí como educador. «Los chavales me respetan porque he vivido lo mismo que ellos»
«En Marruecos, la única conversación entre los jóvenes es Europa. Dicen 'quiero un coche', 'quiero una novia' y cada uno elige un país». Jamal Anejdam, el séptimo de nueve hermanos, vivía en Fez y quería comprarse una moto. En su familia «no faltaba para comer, pero no podíamos permitirnos lujos», recuerda. Tenía quince años cuando se lanzó «a la aventura» oculto entre las ruedas de un autobús. Le descubrieron tres veces en la aduana de Tánger y acabó metiéndose en la caja de climatización de un autocar. Así logró cruzar el Estrecho. Llevaba un buzo de mecánico «y ropa buena debajo, para no parecer un inmigrante ilegal».
Aquel viaje le llevó a Barcelona y desde allí, por referencias, al centro de menores de Loiu, donde aterrizó en 2001. Ahora trabaja allí. Además de las normas que se pueden leer en las paredes -'Hago caso a los educadores', 'No me peleo con mis amigos', 'Limpio el módulo', 'Participo en las actividades'- Jamal entiende las reglas no escritas. «Los chavales me respetan mucho porque he vivido lo mismo que ellos», dice. Les habla en su idioma -árabe o bereber- y con la mirada.
Escapada a Berlín
Es el único educador de los centros forales que ha pasado por esta experiencia, aunque su historia se resiste a encajar en un molde. Tiene algo de trotamundos y mucho de superviviente, y es probable que acabe dedicándose a la política. El suyo es un viaje de ida y vuelta. Va con frecuencia a su país y da charlas a los chicos que sueñan con Europa. Les habla de los riesgos del viaje «para que sepan lo que se van a encontrar. Hace dos años cuatro chavales murieron por drogas. Otros acaban en la cárcel y eso no se cuenta en Marruecos, no quieren conocerlo. Es tan difícil llegar que lo ven como una aventura, no como un proyecto migratorio».
Él también tuvo su baño de realidad. Llegó al centro de Loiu en su etapa más conflictiva y varias veces pensó en el regreso, «pero era una vergüenza volver con las manos vacías». Empezó a trabajar en Mercabilbao mientras hacía un curso de electricidad y aprendía castellano. Después de dos años y medio, pasó a un piso de acogida, hizo más cursos y encontró empleo en una empresa de carpintería metálica donde le hacían «la vida imposible. En toda la obra ponían 'moro de mierda'». Al cabo de unos meses, decidió poner distancia rumbo a Berlín.
Se fue con un amigo argentino que, como él, tocaba en la calle y en algunas fiestas. «Mi sitio estaba enfrente del Palacio foral». En Berlín se ganaba la vida con la música, al igual que en Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. Durante dos años, «iba y venía. Viajaba por viajar, pero los problemas los llevaba conmigo». Acabó volviendo a Vizcaya, «donde había dejado amigos», y se dedicó a hacer cursos, todos los que pudo. En una de sus carpetas guarda certificados de su participación en cursos de monitor de tiempo libre y educador social, y en programas sobre inmigración.
Alcalde «en 2030»
En otra carpeta va almacenando sus proyectos. Ha presentado en Caja Madrid un plan para la integración de jóvenes inmigrantes en Euskadi. También quiere promover el «turismo social» de jóvenes vascos «para que convivan con nuestras familias. Que no sólo conozcan en país, sino que lo sientan». Cree que esa es la manera de acortar distancias. Por mucho que se avance en los centros de acogida, «el problema está en la calle, en las miradas. Cuando salgo de mi círculo de amigos noto que me miran con desconfianza, y eso duele mucho. A las chicas a veces no les dices que eres de Marruecos para que no piensen mal. Dices otra cosa, Brasil o Egipto».
Jamal «es autodidacta», resume el director del centro de Loiu, Carlos Sagardoy. «Siempre se ha buscado los recursos, las asociaciones, los contactos. Ha pasado momentos malos, de decir 'esto no es lo que me había imaginado', pero tiene iniciativa y se interesa por los chicos. Quizá es un poco impaciente, quiere conseguir las cosas enseguida», afirma.
Juntos han logrado una subvención para comprar instrumentos musicales, dentro de un proyecto de actividades de ocio. Teclado, batería... los chicos «no tienen que aprender, todos tienen ritmo». Su fuerte es la percusión y él se luce con la darbuka. Ha formado un grupo de música árabe, 'Dakamarrakhia', que guarda las chilabas en el centro de Loiu. A los chavales les lleva a actuaciones, a fiestas interculturales o de excursión. «Me suelen preguntar '¿hay alguna salida? El otro día acabamos en Oviedo».
Con sus ahorros no sólo se ha comprado la moto, una 'Gimera'. También tiene un 'Opel Corsa' -«todo de segunda mano»- y una furgoneta, ahora averiada, que lleva en sus viajes a Marruecos. La llena de cosas que recoge entre la gente que conoce -ropa, comida, juguetes, herramientas- y que reparte por los montes del Atlas, «la zona más abandonada del país. El año pasado murieron 30 niños por una ola de frío».
Aunque en Marruecos tiene una familia numerosa a la que visita a menudo, en Vizcaya ha encontrado un «padre», Carlos y una «madre», María. Es su vecina y todos los días le prepara la comida, «con muchas especias». En la casa donde vive, Jamal tiene un telescopio en su habitación y una ikurriña en el balcón de la sala. «Me la dio María». A sus 21 años, le gustaría aprender euskera y estudiar Ciencias Políticas, quizá para ser «el alcalde de Bilbao en 2030». Este podría ser el lema de su campaña: «Los inmigrantes no vamos por la vida siempre pidiendo, podemos dar mucho más de lo que la gente cree».
Publicado en El Correo Digital 17.02.08 - TERESA ABAJO

7/2/08

DE COMO PEGAR A LOS NIÑOS (por su bien)

Como quiera que nuestra sociedad resista a la demagogia política, permitiendo el castigo físico de los niños a manos de sus padres, se me antoja deficiente que la autoridad no haya regulado tan delicado derecho sin establecer siquiera la cabal obligación que comporta el seguir un método al ejecutar el mismo, pues no es de recibo que suceda que haya niños que reciban buenos cachetes mientras otros, desdichados, deban conformarse con una torta mal dada
Y es que no son pocos los psicólogos y pedagogos que en privado reconocen al castigo físico, entre las necesidades a cubrir por los padres en la infancia, dados los beneficios psico-somáticos, cívico-morales y espirituales que de su correcta aplicación se siguen para el educando: Aunque no lo parezca el niño reclama de continuo una especial atención a este respecto, de ahí que no pare e insista hasta que se le castigue y reprenda. El niño pide a gritos que se le pegue, pues de las collejas recibidas, a falta de un buen entendimiento lógico-lingüístico, es de donde colige su escala de valores y aprende a conducirse en la vida que no otra cosa es educar. La abundante casuística demuestra que los niños malcriados entre continuos mimos y caricias, son los primeros en apasionarse por los juegos de guerra, y en adquirir patrones violentos fuera de casa, buscando en la calle, lo que les falta en el hogar entregándose con desenfreno al atractivo gamberrismo urbano, al jerárquico pandillaje, o a la moda del activismo antisistema, pues como dice el refrán, “En casa de cristal, se arrojan piedras...” por consiguiente, los paternales cachetes dados con cariño, amor y psico-pedagogía, previenen éstas tendencias. La correcta aplicación de las distintas técnicas ayudan al niño a comprender su propio cuerpo, los azotes en el culo, las tortas en la cara, pellizcos en el brazo... Técnicas que ponen a prueba, potencian y estimulan su sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y su circulación sanguínea. Por si fuera poco, pegar al propio hijo, afianza como ningún otro acto la filiación y el parentesco, pues si bien cualquiera puede curarlo, alimentarlo e instruirlo, nadie salvo los padres, pueden pegarle, y eso el niño lo agradece en su fuero interno, aunque sus lágrimas y berridos aparenten lo contrario. Cuando el niño recibe un buen tortazo, íntimamente traduce el gesto en ¡¡Éste es mi papá!! Otra cosa es, si quien le pega es el fontanero, el cura, o el profesor. Entonces, ¡¡el niño se puede traumatizar!!.
Así las cosas, urge que el Ministerio del Interior o Instituciones Penitenciarias conformen un protocolo que explique a los padres inexpertos, cómo deben pegar a los niños por su bien. A mi juicio, éste manual habría de versar sobre el dónde, cuándo y cómo se ha de aplicar los distintos castigos físicos, dando cuenta con todo lujo de detalles de las distintas técnicas según sea la fuerza, el impulso, posición, localización y cuantos datos incidan para que se pueda distinguir no ya entre un azote y un puñetazo o patada, sino también la enriquecedora diversidad que tercia entre el sopapo, la torta, el cachete y la bofetada. Si me lo permiten, les resumo en una gráfica, donde (x) es la edad e (y) el número de golpes e intensidad, el posible contenido de ésta guía práctica para pegar a los niños por su bien:
En una primera fase, que va desde recién nacido hasta los 3 añitos, se observa que en los 12 primeros meses del bebé, el castigo físico brilla por su ausencia dada su ineficacia en un cuerpo que no está capacitado para comprenderlo, con todo, una acción verbal contundente acompañada de un zarandeo, podría ser un buen comienzo. Una vez cumplido éste período de gracia, pueden empezársele a dar sus primeros azotitos, que entre el pañal y la impresión de la palmadita que le dieron al nacer, apenas sirven para asustar, pero por algo se ha de empezar. De los 18 meses a los tres años, es un buen momento para incrementar la intensidad y frecuencia de los azotes, e introducir los típicos y saludables pellizcos.
La segunda fase, se inicia con los tres años y se prolonga hasta los seis, etapa ideal para tirarles de las patillas, cogerles por la oreja y... por qué no, darles a conocer el guatazo, la colleja y el soplamocos. Este trienio debe ser aprovechado por los padres para castigar a menudo a sus hijos, pues aunque el cuerpo de los mismos ya está configurado para recibir golpes de intensidad, por suerte su cerebro todavía en formación, carece de las sinapsis suficientes como para grabar las escenas en la memoria y evitarle como a los animales, el sufrimiento, al igual que ellos, los golpes solo les provoca dolor, el suficiente para corregirlos y disciplinarlos, ayudarles a adquirir buenos hábitos y a rehuir las malas costumbres. En buena lógica la abundancia del castigo físico entre los 3 y los 6 años, redundará en su reducción en fases posteriores, cosa que el niño agradecerá.
Si todo ha ido bien, en una tercera fase, entre los 6 y los 11 años, la intensidad y frecuencia del castigo físico habría de estabilizarse. Para compensar este estancamiento en la ascensión de los correctivos, es bueno aumentar la variedad de los mismos. Es entonces cuando deben aparecer las buenas tortas, los estupendos cachetes, las soberbias bofetadas, e introducir su combinación, como sucede al cruzar la cara, donde se empieza con una torta y se termina con un sopapo. Esta pluralidad de elementos, hace que el castigo físico no sea tedioso y aburrido para el niño, impidiendo con ello que decaiga su atención. La lección, si es divertida, mejor será aprendida.
Por último, tenemos la cuarta fase que va de los 11 años en adelante. En este periodo, el castigo físico hacia el propio hijo cae en declive y en franca decadencia en relación inversamente proporcional al crecimiento de la masa muscular del educando, que le capacita para emitir respuestas coherentes en el contexto dado. Es hacia los 14 años cuando los psicólogos y pedagogos recuerdan a los padres el famoso complejo de Edipo, y aconsejan que a los jóvenes se les eduque en el diálogo, el amor al prójimo, en pacifismo, el antimilitarismo y la no violencia.
Esta gráfica, a mi entender describe el sombrero o bombín con el que la respetable sociedad cubre el castigo físico de respeto durante la infancia, pero claro, que donde yo percibo un bombín, el Principito de Saint-Exupèry seguro que ve una boa que se ha tragado un elefante. Pero eso ocurre porque de pequeño nadie le dio dos tortazos bien dados.

Los educadores critican la precariedad del centro de menores de Vitoria

Los educadores y monitores que atienden el centro de menores extranjeros no acompañados Zabaltzen, en Vitoria, criticaron ayer públicamente las condiciones de hacinamiento en las que residen los jóvenes allí acogidos.
Las instalaciones, habilitadas en el edificio de la Cruz Roja de la capital alavesa y provisionales desde junio de 2003, no cumplen los mínimos de una residencia digna, según el comunicado que hicieron público los profesionales: sólo cuentan con una ducha, tres lavabos, tres tazas de váter y 12 camas (el resto son esterillas) para los 27 menores que alberga, aunque está diseñado para acoger sólo a 12, y que en su mayor parte han de realizar toda su vida fuera del centro, incluida la comida, ante la ausencia de medios.
La diputada de Asuntos Sociales, la peneuvista Covadonga Solaguren, sostuvo ayer que la resolución de estos problemas es una de las prioridades de su departamento desde que accedió al cargo en julio pasado. Representantes de su departamento se reunieron ayer mismo con los monitores, después de que estos difundiesen sus quejas. En la cita se resolvieron algunos problemas, como la escasez de plantilla, formada por nueve personas que se encargan del centro los siete días de la semana.
La provisionalidad de Zabaltzen, que cumple una función de protección de estos jóvenes inmigrantes, no de reforma, se debe a la dificultad que ha tenido la Diputación de Álava para construir un edificio de nueva planta. Primero, en 2005 en Nanclares de la Oca, y un año después, en Castillo Sopeña, en el municipio de Ribera Alta, el rechazo vecinal paralizó los proyectos. Mientras tanto, la sede provisional cumplía mal que bien su servicio de atención.
Los nueve monitores que atienden el centro se han hartado de esta situación. “Es imprescindible su reubicación en un espacio que reúna las condiciones de habitabilidad y de posibilidad de intervención educativa”, apunta uno de los educadores, Diego de Cristóbal.
Las tareas que se realizan en el centro atienden en principio la inserción legal de estos menores de entre 16 y 18 años (en la actualidad, en su mayor parte de procedencia subsahariana). “De este modo, nos preocupamos de su formación laboral y de su educación sanitaria, así como de labores de incorporación a la nueva sociedad a la que han llegado”, resumía ayer De Cristóbal. “Estamos muy contentos con los chavales, por eso queremos ser la voz de ellos, porque también son conscientes de la situación en la que se encuentran”, añadió.
Publicado en El País, T. G. CRESPO, 2008-02-06
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Las redes que utilizan a menores serán acusadas en su país de asociación ilícita

La Policía rumana y la española trabajan codo con codo para combatir la delincuencia «importada» por los grupos criminales de aquel país. Fuentes de la Embajada de Rumanía en España confirmaron a ABC que su Policía está intentado que, a través de los informes de sus colegas españoles, la Fiscalía rumana pueda acusar de asociación ilícita a quienes integran estos grupos. Incluso, en los últimos días ha habido reuniones entre representantes del Ministerio del Interior y la Jefatura Superior de Policía de Madrid -cuya demarcación es la más afectada por este tipo de delincuencia- para ultimar el protocolo de actuación.
El caso más grave es el de aquellos que obligan o incentivan a grupos de menores -muchos de ellos, sus propios hijos- a salir cada mañana a la calle para delinquir o mendigar. «Existen ocho grupos de menores vigilados en Madrid, con unos siete u ocho integrantes por cada uno», precisaron las fuentes consultadas por este periódico. Se ha llegado incluso a detectar a niños de siete años dedicados a robos al descuido y al pie de cajeros automáticos.
Normalmente, son gitanos -el 70 por ciento de los rumanos delincuentes detectados son de esa etnia-, de la zona de Tandarei, al sur del país. Estas redes utilizan a menores de catorce años, aprovechando que, según la legislación vigente, son inimputables. Cuando son detenidos, se les ingresa en centros de menores, pero, a los dos días, están de nuevo en la calle, y vuelta a empezar.
La polémica Cañada Real Galiana, situada a las afueras de Madrid, es uno de los puntos donde residen. En la Embajada calculan que la colonia de gitanos rumanos en ese asentamiento es de un centenar, pero, probablemente, sean bastantes más.
Aumento de la delincuencia
Sin duda, lo que más preocupa es la creciente delincuencia de los menores de edad. Hay ejemplos, como el de Stan G., de 12 años, acusado del robo de 300 euros a las puertas de un banco. Su «modus operandi» obedece, normalmente, a la pura picaresca. Se apostan junto a una persona que esté sacando dinero de un cajero automático. Se acerca un grupo de niños con una carpeta en la mano, simulando que recogen firmas para una organización, por ejemplo, de sordos. Y, en el momento en que el cliente del banco ya ha marcado su número secreto, aprovechan la confusión para pedir 300 euros al cajero, que se los llevan rápidamente.
«Son muy listos. Pasan en España los meses que transcurren desde el inicio de la primavera hasta que termina el verano -indican fuentes policiales-. Cuando acaba la temporada turística, en septiembre u octubre, regresan a Rumanía, hasta el año siguiente».
Sobre los «patriarcas» de estos grupos, la mayoría son sus propios padres. «En algunos casos suman hasta siete u ocho condenas». En España, por nuestro ordenamiento jurídico, es muy difícil que puedan ser condenados por asociación ilícita, pero sin embargo en Rumanía esa posibilidad es mucho más factible. De ahí que se quiera aprovechar al máximo esa posibilidad.
En cuanto al número de rumanos llegados a España tras la entrada de ese país en la Unión Europea, la Embajada calcula que no han sido más de 4.000, por lo que en ningún caso se puede afirmar que se haya producido la avalancha pronosticada por algunos.
Publicado en www.abc.es 4/02/08

El fundador de Global Infantil no acude a declarar sobre los abusos

El presidente de la ONG Global Infantil, Gil Lossada, no acudió ayer a su cita ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska para declarar por los delitos de los que se le acusan: maltrato y abuso sexual de algunos niños en el orfanato que dirige en Addis Abeba (Etiopía).
Gil Lossada, que aún se encuentra en Etiopía, asegura que no ha recibido ninguna comunicación de la Audiencia Nacional que le requiriera en Madrid, informa Europa Press.
El próximo paso del juez será determinar a qué se debe la ausencia del presidente y si es necesario dictar o no orden de busca y captura. Lossada fue denunciado en septiembre de 2007 por dos ex trabajadores de la organización, Tomás Jover y Petra García, que sí se presentaron ayer ante el juez para ratificar su declaración. Ambos expresaron su preocupación porque Lossada tenga a su cargo a los menores en Addis Abeba.
Según fuentes jurídicas, las medidas cautelares contra el presidente de Global Infantil deberían ser tomadas por las autoridades etíopes, las únicas que tienen competencias para entrar en el orfanato y apartar a Lossada de su cargo.
Publicado en ELPAIS.com 05/02/2008

3/2/08

Faisal quiere quedarse

Amnistía Internacional denuncia que las distintas administraciones expulsan a los menores inmigrantes bajo el pretexto de la reagrupación familiar
La historia de Faisal es triste. Así, sin más, de principio a fin. Y, sin embargo, no parece que las cosas vayan a cambiar. "Tengo miedo", dice con un hilillo de voz a través del teléfono. La administración, al fin y al cabo su tutor legal, no ha resuelto su situación y el jueves pasado cumplió dieciocho años. Así que el fantasma de la expulsión a Marruecos es ahora más real que nunca.
Según datos de Fiscalía de Extranjería, a lo largo de 2006 se iniciaron los trámites para abrir un expediente de repatriación a 1.300 menores. En 111 casos se llegó hasta el final. Distintas organizaciones de derechos humanos denuncian que la Administración española está haciendo expulsiones de menores no acompañados disfrazadas de reagrupaciones familiares. "Muchas veces se intentan agotar los plazos para que lleguen a los dieciocho años (sin papeles). Hay graves incumplimientos de la Ley de Extranjería", afirma Virginia Álvarez de Amnistía Internacional (AI).
Mala suerte
Faisal nació en Larache, Marruecos, pero creció en el Sáhara Occidental. Su padre era militar hasta que a los cuarenta y cinco años, como es costumbre en el ejército marroquí, lo jubilaron. De ahí, intentó seguir la tradición familiar y hacerse pescador en Larache. Imposible. Las cosas ya no estaban fáciles, así que optó por coger el petate, entregar hijos y esposa a su familia y largarse. Más a menos así estaba la situación cuando Faisal, con dieciséis años, decidió emigrar. Uno más entre todos aquellos niños que en Tánger o en la frontera ceutí esperan su oportunidad. La suya llegó. Y de los bajos de un camión pasó a Ceuta, de allí a Algeciras y, por fin, llegó a Barcelona.
Durante tres meses estuvo vagando por las calles de la ciudad condal. Primero durmió en los bancos, después en una casa en ruinas. Un día no pudo más, se armó de valor y pidió ayuda. Ingresó en un centro de la Generalitat. Ya tenía un tutor, la administración catalana, pero como el padre natural, éste también salió algo rana.
De un centro a otro
"Faisal no es una anécdota. Entre abril y mayo de 2007 el 50% de los niños se fueron del centro Can Mas", afirma Vicenç Galea, del colectivo DRARI por los derechos de los niños. Galea explica que "al niño, todo el mundo le dice a todas horas que será expulsado. Le dicen ‘sólo trabajamos para repatriarte'. Sólo reciben este mensaje". Y de ahí, el terror y la huida.
Cuando el rumor de la expulsión empezó a circular por Can Mas, Faisal, junto a otros compañeros, empezó a correr. Tomaron la Ruta del Norte, como la llaman ellos, es decir, Euskadi, Asturias, Cantabria y Galicia. A Faisal le tocó Asturias y allí empieza una carrera a contrarreloj.
"Este niño está condenado desde el principio", afirma Luisma Rodríguez, del Colectivo Social y Justicia, quien, indignado y algo cansado, ha luchado hasta el último momento para que alguien, Asturias o Catalunya, inicie la tramitación del permiso de residencia para Faisal. Pero han llegado tarde. Ya tiene dieciocho años.
Faisal ha sido un estorbo para ambas comunidades autónomas. El tutor legal siempre ha sido Catalunya, que habría cedido sin problemas la tutela a Asturias, pero ésta nunca la ha querido. "No podemos dar la imagen de que esto es un paraíso", afirma un portavoz de la Consejería de Bienestar Social del Principado. Catalunya siempre ha apostado por la reagrupación familiar y Faisal siempre se ha negado. "¿Qué voy a hacer en Marruecos? Quiero ser soldador ", dice en un español muy precario. "Y quedarme en Asturias, Catalunya no".
Lo cierto es que Faisal lo tiene muy complicado. Ahora mismo es un inmigrante. No un menor. Si la Policía lo encuentra por la calle, le puede abrir un expediente de expulsión. Eso sí, Asturias le ofrecerá que deje el centro de menores y que pase a un piso, pero nada de papeles. Nadie ha dicho que la Administración funcione con lógica.

SOS Racismo : Asturias maltrata a los menores inmigrantes

La Asociación SOS Racismu que responsabilizó directamente a la Consejería de Bienestar Social de discriminar al de menores extranjeros. Carmen Prado y Ana Taboada, presidenta y abogada de la asociación, manifestaron que los menores marroquís permanecen más tiempo que compañeros de otras nacionalidades en la unidad de primera acogida y sufren más trabas legales para obtener su documentación.
SOS Racismu ha presentado un informe al Defensor del Pueblo, ya admitido a trámite, que da cuenta de la la "violación de los derechos fundamentales" de los menores extranjeros no acompañados que residen en los centros de acogida de Asturias. Esta asociación, defensora de los derechos humanos, acusa directamente a la Consejería de Bienestar Social, y más en concreto al Instituto de Atención a la Infancia, de no dar la protección adecuada a los menores.
La denuncia formulada consta de varios puntos:
1. SOS Racismo acusa a Bienestar Social de incumplir el deber de documentar a los menores recogido en el artículo 92.5 del reglamento de extranjería. La ley obliga a las autoridades a que, transcurridos nueves meses desde la entrada del menor en los servicios de protección, se les otorgue la autorización de residencia con carácter retroactivo. Sos Racismo asegura que algunos menores llegan a la mayoría de edad sin que el Principado haya comenzado ni siquiera los trámites.
2. Además hay menores que se les tutela muy tarde, en algunos casos se tarde más de cuatro meses, contraviniendo lo dispuesto para casos de desamparo urgente en la Ley de protección del menor y el art. 172 del C Civil.
3. Asimismo, denuncia que la Administración vulnera el derecho del menor a ser oído y a tener información sobre su caso hasta el punto de considerar que el Gobierno de Asturias pudiera estar incurriendo en "maltrato institucional". Este colectivo de defensa de los derechos humanos acusa además al Instituto de Infancia de promover las reagrupaciones familiares --repatriaciones-- sin respetar las garantías previstas en la legislación internacional y estatal. Así, SOS Racismo asegura que no se ha tenido en cuenta la opinión del menor, casi siempre contraria a la vuelta al país, y se le ha dejado no con su familia sino en ciudades alejadas de su lugar de origen, a veces incluso en las comisarías de policía de Marruecos.
4. Actuaciones Discriminatorias y Segregacionistas:
- Los menores permanecen demasiado tiempo, mas de los 45 días, en la Unidad de Primera Acogida. lo que viola la Ley ( hasta 9 meses).
- No se aborda su situación de manera global y realista.
- Los recursos son insuficientes e inapropiados.
- Los menores marroquíes son discriminados en el tiempo de espera para ir a un Centro.
- Se segrega a los inmigrantes en Centros específicos (guetos). Contrario a la Ley.
- Derivación a Centros Concertados mas precarios.
- No son asesorados por un Letrado en la defensa de sus intereses.
5. Agresiones, acoso, ataques , calumnias y lesiones a menores inmigrantes y daños y amenazas a Centros de residencia( y personal) por grupos xenófobos de ideología fascista ( en algunos caso ligados a DN)
6. Abusos por parte de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con los MINAs.

La mitad de los jóvenes serían pobres si se independizaran

Un estudio pone de manifiesto el riesgo de exclusión social de muchos españoles entre 26 y 35 años. De 0 a 16 años, uno de cada cuatro vive en situación de pobreza moderada.
Casi la mitad de los jóvenes españoles de 26 a 35 años que viven con sus padres serían pobres si se emanciparan, lo que supondría multiplicar por cuatro la tasa de pobreza existente en la actualidad en esta franja de edad.
Los datos se desprenden del informe de la inclusión social en España 2008, de la Obra Social Caixa de Catalunya, en el que, por primera vez, se analiza la evolución de la capacidad adquisitiva teniendo en cuenta los diferentes ciclos de vida de la población.
Entre los jóvenes emancipados que se encuentran en dicha franja de edad, el riesgo de pobreza es sólo de un 12,5%. Sin embargo, se estima que si los jóvenes que aún permanecen en casa de sus padres se emanciparan, un 45% de ellos pasarían a engrosar las estadísticas de personas que viven en dicha situación. Aún más grave sería si decidieran vivir en pareja, con un hijo y con sólo un sueldo de uno de los dos miembros. Ese caso dispararía los niveles de pobreza hasta un 81%.
Las cifras revelan una situación hipotética. España tiene una de las tasas de pobreza juvenil más bajas de Europa, lo que se explica por el hecho de que no abandonan el hogar familiar hasta edades muy tardías. Cuatro de cada diez personas entre 26 y 35 años aún viven con sus padres. En la mayoría de países de Europa, sobre todo los nórdicos, como Suecia o Finlandia, la pobreza se concentra precisamente en las edades de emancipación de los jóvenes; es decir, hasta los 35 años.
Menores en la pobreza
En España, donde una de cada diez personas vive en situación de pobreza, la exclusión social se concentra en los dos extremos del ciclo vital, los menores de 16 años y los mayores de 65. Los primeros sufren una tasa de pobreza moderada del 24%, lo que les convierte en uno de los colectivos con mayor riesgo. Este tipo de pobreza, aquella que sufren las familias que cobran el 60% de la media de ingresos (6.347 euros anuales), afecta también al 31% de los mayores de 65 años.
En los casos de pobreza severa, que se da cuando los hogares disponen sólo de unos 3.000 euros anuales, son también los más jóvenes los principales afectados, con un 5,4%, frente a un 1,9% de los ancianos.
Peor en la familia «tradicional»
Las familias en las que el padre tiene un empleo y la madre se dedica al trabajo del hogar, llamadas «tradicionales» en el estudio de Caixa Catalunya, tienen un mayor índice de pobreza que las familias monoparentales. Mientras que en el primer caso la falta de recursos alcanza al 34%, en las familias formadas por madre trabajadora e hijos a cargo la cifra desciende hasta el 28%. Además, el 26% de los hogares con hijos de 6 a 15 años son pobres. El 12% de los niños de esta edad viven en familias con menos de 4.200 euros al año.

Uno de cada siete niños sufre maltrato físico y más de 19.000 están tutelados

El abandono de seis bebés en lo que va de año, dos murieron y cuatro lograron sobrevivir, es la cara más dramática de los malos tratos a los menores en España, donde uno de cada siete niños sufren agresiones físicas y al menos 19.000 permanecen bajo tutela de la administración
En los últimos días, han sido encontrados dos recién nacidos abandonados en la basura, uno con vida en Alicante, y otro que tuvo peor suerte, en Granada, ya que fue hallado sin vida en un contenedor por un operario del servicio municipal de recogida de basuras.
El 2 de enero, se descubrió a un bebé con vida envuelto en una manta en la carretera de Ronda a Almería, y dos días después otro muerto, en Almendralejo (Badajoz), después de que su madre diera a luz sola.
En Humanes (Guadalajara), el 5 de enero se localizó otro bebé con vida en el patio de una vivienda y el 26 de ese mes las Monjas del convento de María Inmaculada, en Murcia, descubrieron un bebé.
Uno de cada siete niños sufre maltrato físico.
En España, uno de cada 7 niños sufre algún tipo de maltrato físico. Las alertas llegan, sobre todo, desde los hospitales, centros de salud, colegios y matronas, estas últimas detectan negligencias por parte de la madre, sobre todo si son muy jóvenes, como descuido en los controles que hay que hacer al neonato.
Según los datos facilitados a EFE por 13 comunidades autónomas, hay más de 19.000 niños bajo la tutela de la administración, gracias a que se ha podido conocer sus casos, ya que la mayoría de estas situaciones nunca llegan a notificarse y se producen 'intramuros' del domicilio familiar.'Lo que sabemos del maltrato, lo que vemos, es sólo la punta del iceberg, porque la mayoría de los casos, aunque se saben, no se notifican', explica a EFE el presidente de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, Jesús García Pérez, que agrupa todas las organizaciones de lucha contra esta lacra.
¿Qué falla?. ¿Por qué nunca se conocerán?.
Según Jesús García, también pediatra del Hospital Niño Jesús de Madrid, 'hay demasiados mitos que hay que vencer, como que el maltrato no puede darse en la familia, porque es donde hay amor, o que sólo maltratan los padres que lo han recibido en su infancia'.El maltrato a niños se produce precisamente en la familia, 'ahí es donde está el maltratador, que pueden ser los padres, abuelos o primos' y lo importante es hacerlo visible.
El perfil del padre maltratador coincide con el de una persona con baja autoestima, en muchos casos con problemas de drogadicción, paro y a veces con antecedentes de maltrato.
Alertar, no alarmar.
Al igual que se ha hecho con los accidentes de tráfico o con los casos de violencia doméstica, el maltrato a menores necesita de una amonestación social.'Hay que poner en marcha campañas de sensibilización sobre el maltrato, para que se hagan públicas estas agresiones, pero también hay que incidir en el tema de la educación y sobre todo estar con los niños', explica el especialista, quien se muestra partidario de educar 'en el esfuerzo y no en la permisividad'.
Junto a las conocidas formas de maltrato, el físico, el emocional (reiterados insultos), la negligencia o los abusos sexuales, surgen otros como el institucional y el que se genera 'por las nuevas adiciones sociales'. Entre ellos, se sitúa el que se crea cuando padres vegetarianos no contribuyen al desarrollo adecuado de su hijo, los grupos 'antivacunas' o 'antiescuela' o el que desemboca en los niños 'del botellón cibernético'.
Estos últimos son niños que están solos casi todo el día y que abusan de la cibernética, del ordenador y de los videojuegos, porque 'tienen padres horizontales', que cuando se van de casa los niños están en la cama y que cuando vuelven también'.
Cuando se sospecha, se notifica a las autoridades.
En muchas CCAA ya existen hojas de detección del maltrato que se rellenan en casos de sospecha y se remiten a las consejerías para su seguimiento.
Cataluña es la comunidad con un mayor número de niños tutelados, más de 7.300 de entre 0 a 17 años, de ellos, cerca de un 5% por presuntos abusos sexuales y el resto por abandono y otros tipos de maltrato.En Madrid, hay 4.500 niños tutelados y en la Comunidad Valenciana 2.880.
El Gobierno de Canarias ha detectado casi 4.000 situaciones de riesgo y tutela a 1.500 menores. Según un estudio realizado en esta comunidad, el 73 por ciento de los casos de maltrato infantil son por negligencia, el 17 por ciento por maltrato emocional, el 7 por ciento por maltrato físico y el 3 por ciento por abuso sexual.
Muchas de las alertas de maltrato llegan en Andalucía a través de un teléfono gratuito de notificación de situaciones de maltrato infantil, que recibió el pasado año 1.721 llamadas, de ellas 634 eran denuncias de malos tratos a 967 menores. En esta comunidad, hay 1.162 niños tutelados.
En Castilla y León, se tramitaron 1.640 expedientes, de los cuales 957 acabaron con la tutela de los menores al tratarse de situaciones graves de desprotección.
El número de menores bajo protección de la Comunidad de Aragón, a 31 de diciembre de 2006, era de 971, y asumió la tutela de 368 niños por situaciones de desamparo.
En Asturias, hay 645 expedientes abiertos por desprotección infantil y 145 niños tutelados por el Principado.
En Extremadura, la Junta asumió en 2007 la tutela de 127 menores, un año en el que se registraron 274 casos de maltrato a infantil, la mayoría por negligencias o de naturaleza emocional.
Otras comunidades que han facilitado los datos son: La Rioja, donde 60 menores son tutelados por esta región, que tramitó 88 expedientes; Cantabria, con 11 expedientes abiertos por abuso sexual, abandono y malos tratos, de los que asumió la tutela en 10 y Navarra, que asumió la tutela de 38 menores, frente a los 43 de 2006.
En 2007, Castilla-La Mancha asumió la tutela de 319 menores, que se encontraban en un situación de desprotección por distintos motivos (agresión sexual, abandono, negligencias...).
Respecto al País Vasco, en Guipúzcoa y Álava se abrieron 149 expedientes por maltrato o desprotección infantil, la mayoría por abandono, en los que se asumió la tutela de 81 menores.