30/3/08

Padres en el banquillo

Los jueces comienzan a castigar a progenitores que, por dejadez, desgaste... faltan a su obligación de educar a sus hijos y delegan toda la responsabilidad en los centros escolares
La agresión se produjo en un cambio de clase. No hubo acoso previo. El chico 'débil', «el típico niño bueno, más bien cortado», contestó a algo que le dijo su agresor. Éste ya había tenido otros altercados en el colegio y esta vez fue expulsado por reaccionar al comentario con un puñetazo; le partió dos dientes al muchacho. «Es un chico normal, de un barrio cualquiera. Vivía con su madre y era algo mayor que su compañero, porque repetía curso», relata Rosario Camino. La letrada que ha defendido durante el proceso al menor agredido evita dar detalles.
Sucedió el 17 de noviembre de 2003, casi cinco años atrás, en el instituto sevillano de Castalla, que hoy ha cerrado sus aulas y luce reconvertido en centro de profesores. El fallo judicial emitido por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla que ha trasladado al presente los hechos considera la del chaval una «conducta violenta y excesiva» y regaña a la madre del mismo -condenada a pagar 14.000 euros en concepto de daños morales y gastos de ortodoncia- con una «severidad» que incluso ha cogido de sorpresa a la abogada Camino.
«Laxitud» y «tolerancia»
Dice el juez que la «laxitud» y «tolerancia» con la que abordó la educación del muchacho acabaron marcando su conducta. El rapapolvo se expresa de esta manera: «Las tareas educativas correctoras ejercidas por los padres no han fructificado, bien por la laxitud a la hora de inculcarlas o bien por la tolerancia en corregir sus manifestaciones violentas». Con ánimo de defenderse, durante la vista oral, la mujer aludió a la responsabilidad de vigilancia de los profesores en el aula.
Pero la sentencia viene a decir que la agresividad de un menor no sólo le compete a él mismo o al centro escolar al que acuda, sino que tratar de paliarla o evitarla es responsabilidad directa de sus progenitores. Y vuelve a poner en el centro de todas las atenciones un debate latente que aparece y desaparece como el Guadiana. Por dejadez, irresponsabilidad o desgaste, ¿hay padres que faltan a su obligación de procurar la educación de sus hijos? ¿Delegan en exceso esa responsabilidad en los centros de enseñanza?
Hay quienes, como Valentín Martínez-Otero, doctor en Psicología y Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid, lo tienen claro: «La familia es la escuela de la vida y los padres, educadores naturales. En el hogar el niño viene al mundo, crece, madura, se hace humano, recibe lo que necesita para la forja de la personalidad y es querido por lo que verdaderamente es.
Las relaciones estrictamente personales que se establecen entre padres e hijos constituyen la fuente principal de la que emanan los aprendizajes emocionales, sociales y morales. La escuela, por su parte, debe colaborar con la familia, sin usurpar sus funciones».
Emilio Calatayud, juez granadino famoso por sus sentencias llamativas a menores conflictivos, recuerda su infancia, transcurrida en un colegio con fama de correccional, muy distinta a la de los jóvenes de hoy en día, y aquí reside, cree, el meollo de la cuestión. «Estamos ante chavales que lo tienen todo. Yo creo que hay que recuperar los principios de autoridad, paterna y de la escuela, pero sobre todo de los padres. No hemos sabido poner límites a nuestros hijos, es la ley del péndulo, nos hemos pasado de un extremo al otro. La próxima generación estará más preparada para educar con cierta autoridad y, al mismo tiempo, con flexibilidad».
Lecciones que aprender hay para todos. Una de las más olvidadas la dicta el artículo 155 del Código Civil, que habla de que los hijos tienen el deber de obedecer y respetar a sus padres, y de contribuir con las cargas familiares. Otra, la que dice que los padres son responsables «civilmente y de forma solidaria» de las consecuencias -también las económicas- que deriven de los actos de sus hijos. Calatayud ha sentado en varias ocasiones en el banquillo a chavales que grababan palizas a otros chicos en sus teléfonos móviles.
El año pasado empezó a sentar a sus padres con ellos. Era el modo de «advertirles» de que deben ser «conscientes del peligro que existe cuando regalan a sus hijos una tecnología innecesaria y susceptible de ser usada de forma delictiva». «¿Les educaron para que dieran el tratamiento correcto a este teléfono?», les plantea.
Es evidente que no. «Es importante que los padres sepan que las actuaciones de sus hijos no son impunes, que su hijo no va a pagar, pero que ellos como tutores legales sí», explica. Rodrigo, profesor y padre de un chaval de 13 años, no se ha visto en una de éstas, aunque admite sentirse «desorientado» por momentos, como tantos progenitores. «La verdad, he tenido suerte. Mi hijo jamás me ha dado un problema. Ahora empieza a descubrir la vida, las chicas... Y ha bajado su rendimiento escolar. Le he prohibido todo menos respirar. Los resultados están siendo fulminantes para bien. ¿He hecho bien? ¿He hecho mal? ¿Condicionará eso su futuro? ¿De qué manera? No sé. Es tan difícil acertar... ¿Cuál es el éxito que esperamos de nuestros hijos? ¿Tenemos todos el listón de la exigencia a la misma altura?», se pregunta día sí día también.
Como maestro, Rodrigo observa que «existen muchas familias que no socializan a sus hijos, con lo que es muy difícil educarlos en la escuela. Vinimos a ser maestros, no a ser controladores de malas conductas, que es a lo que se reduce nuestra labor muchas veces», lamenta.
«Pocas facilidades»
«Nuestra sociedad no proporciona muchas facilidades para que los padres eduquen a sus hijos. Los padres de hoy conviven con factores que dificultan su función educativa, como la falta de tiempo, la adecuación de horarios, la capacidad profesional que exige un continuo reciclaje y el incremento del número de separaciones, que trasluce que cada vez más parejas no se llevan bien», resuelve Javier Urra, presidente de la Red Europea de Defensores del Menor.
Durante tres años trabajó con jóvenes conflictivos en el centro piloto nacional de reforma de Cuenca y desde entonces desarrolla su labor en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y en los Juzgados de Menores de Madrid, donde aún no se acostumbra a escuchar testimonios como éste, que un joven de 15 años dirigía a su profesor, director a su vez de un centro educativo: «Usted está aquí porque mis padres le pagan». O el de padres que tienden a justificar y amparar los comportamientos de sus hijos, como éste de una madre con un hijo acusado de agredir sexualmente a una joven: «¿No se le está dando demasiada trascendencia a todo?». También ha oído decir a algún que otro joven que, de mayor no quiere ser padre porque «¿es tan difícil!». El susto se le mete en el cuerpo cuando se enfrenta a «niños tirano», «especímenes de déspota» que se las apañan para hacer sentir culpables a los padres mediante comparaciones con otros niños o constantes quejas de no ser queridos lo suficiente. Un problema que va en progresión. Las fiscalías de menores de España recogieron el año pasado 8.000 denuncias de padres a hijos por hechos tipificados como delitos o faltas.
Esta semana salía a la luz la desesperación de una familia: unos abuelos onubenses piden a la Junta de Andalucía ayuda para educar a su nieto, de diez años, que les roba, insulta y agrede. No controlan al chico y temen que vaya por el camino equivocado. «El niño sin disciplinar resulta ser una bestia áspera, astuta y la más insolente de todas». Lo dijo Platón. Es algo que no han cambiado los tiempos.
Publicado en www.ideal.es

Expulsados: vidas truncadas por la política de Sarkozy

Muchos jóvenes marroquíes son devueltos a su país, donde ya no tienen familia ni un techo
Sentada en un oscuro café del Bulevar de París, en Tánger, cuesta imaginarla plantando cara a tres fornidos policías franceses. Los mismos que la metieron a la fuerza en un barco en el puerto de Sète y la ataron a la litera de un camarote donde pasó más de diez horas encerrada. Samira Bobouch, 23 años, menuda, apenas un metro cincuenta de estatura. Con su camiseta azul y rodeada del habitual paisaje de bigotes y fumadores sin complejos, parece frágil. Sus ojos, inmensos y miopes -los agentes no le dejaron coger sus gafas- se llenan de lágrimas cuando cuenta su historia.
Una vida de muchacha normal truncada por una promesa electoral. La que el ahora presidente francés hizo siendo aún candidato para seducir a los votantes de extrema derecha. O más bien por una política de caza al emigrante encargada a quien se considera el cancerbero de Sarkozy, su ministro de Inmigración, Integración e Identidad Nacional, Brice Hortefeux. Sus deberes eran claros, debía expulsar a 25.000 sin papeles en 2007. Samira es una de los marroquíes que han sido, según el eufemismo que utiliza el Gobierno francés, éloignés, alejados.
Voluntaria en un centro para autistas en Marsella, donde vivía con su familia, Samira había llegado al país legalmente a los 15 años. Pero los 35 años de trabajo como obrero agrícola de su padre en Francia no le dieron derecho a un permiso de residencia.
Cárceles para inmigrantes
"En Marsella la policía nos daba caza a los árabes y a los negros", recuerda. El pasado 19 de noviembre en un control de tráfico, la policía la detiene; ya no volverá a su casa. De la comisaría la llevan al centro de retención para inmigrantes de Canet, donde queda confinada."
Me dijeron que a otros inmigrantes los habían drogado para que no se resistieran a la expulsión y que sólo comiera el pan que nos daban".
El 4 de diciembre, la policía traslada a Samira al aeropuerto de Marignane con la intención de que suba a un avión con destino a Casablanca. Pero ella se resiste con uñas y dientes. Su familia, sus antiguos profesores y los militantes de la Red de Educación sin Fronteras (RESF), una asociación que desde 2004 denuncia las expulsiones, le ayudan a frustrar este primer intento montando una manifestación en la terminal. Faltaban sólo dos días para que compareciera de nuevo ante un juez que quizás la hubiese liberado. El alcalde de su ayuntamiento había depositado en la Prefectura (Gobierno Civil) de Marsella un pre contrato de trabajo con su nombre.
Samira no llegó a presentarse ante el tribunal. Un día antes, el 5 de diciembre, tres policías de paisano se presentan en el centro y la conminan a seguirles. "Antes de salir, me registraron y me confiscaron el móvil para evitar que avisara a la RESF, pero yo tenía otros dos móviles que ellos me habían dado y pude dar la voz de alarma desde el cuarto de baño", explica.
El aviso llegó tarde. Los policías la sacaron a escondidas por la puerta de atrás y la obligaron a montar en un coche con el que la llevaron al puerto de Sète. Allí, Samira se resiste de nuevo y pide auxilio a voz en grito a los pasajeros del barco; "nadie me ayudó y yo pensé, a qué país (Marruecos) me mandan, si toda esta gente no ha movido un dedo para socorrerme".
Finalmente, uno de los policías se exaspera y la mete en el barco vociferando "Fuera de aquí, no te queremos, vuelve a tu casa". Después, "diez horas atada" mientras su móvil, que ya le habían devuelto, no paraba de sonar. Con lo puesto y unos pocos euros en el bolsillo, Samira llega a un país que ya no conoce: Marruecos.
Una red de apoyo
No esperaba encontrar a nadie, pero allí la esperaba su ángel de la guarda: Boubker Jamlichi. Este militante sabe lo que es sufrir una injusticia en carne propia, no en vano pasó seis años en los calabozos de Hasán II. Junto con Lucile Daumas, una francesa afincada en Marruecos, y otros militantes ha montado una antena marroquí de la red de Educación sin Fronteras.
Apenas una docena de personas que intentan ayudar a los jóvenes que, expulsados por Francia, llegan a un país en el que muchas veces no tienen ya familia ni un techo donde guarecerse. Otra veces, parte de la familia sigue en Marruecos, pero, como en el caso de Samira, circunstancias personales o bien la larga estancia en Francia han roto estos lazos. La madre de la muchacha la tuvo unos días en su casa y después le dijo que tenía que marcharse.
La RESF hace lo que puede; muchas veces acogen en sus propias casas a los jóvenes. Pero no siempre se puede, Jamlichi se lamenta de que muchas veces no van a recibir a los expulsados pues "les resulta imposible dejarlos en medio de la calle".
De vuelta a su país, los problemas de los expulsados no han hecho sino empezar. Nada más llegar, la policía marroquí los traslada a la comisaría donde se les acusa de emigración irregular. Sin embargo, la mayoría de ellos salieron de Marruecos legalmente cuando eran menores. Ésta no es una historia de pateras ni escondites en los bajos de un camión, sino de personas para las que la mayoría de edad representa el salto a la marginalidad que supone no tener papeles.
Jamlichi, Lucile y el resto de militantes de la RESF acompañan a los recién llegados y, casi siempre, consiguen su liberación inmediata. En los casos en los que no están presentes, los muchachos pueden llegar a pasar a disposición judicial. En Marruecos, la primera tentativa de emigración ilegal se castiga con un mes de cárcel con la pena en suspenso.
"La desgracia de estos adolescentes", deplora Jamlichi, "es que todos les abandonan; su país de adopción les abandona y el de origen también". "Ante esta situación imposible, es el Estado marroquí quien debería hacerse cargo de ellos. En lugar de ello, reciben como un amigo a Sarkozy, el responsable de una política criminal de persecución a los emigrantes". Precisamente en Tánger, la ciudad a la que llegan muchos expulsados, el presidente francés presentó el 23 de octubre su Unión Mediterránea. En su discurso, loó la "indefectible amistas franco-marroquí" y la "solidaridad" que debe presidir las relaciones entre Francia y sus socios del sur.
Samira no sabe nada de tan bellos propósitos. Sólo reconoce que, dentro de su desgracia, ha tenido suerte. Desde que llegó a Marruecos, no ha dormido al raso. Jamlichi se apiadó de ella y la alojó con su familia en su casa; después consiguió que un benefactor dueño de un hotel le diera alojamiento gratuito durante un mes.
Ahora vive con unas jóvenes que le permiten que duerma en un sofá de su piso de un barrio popular. Pero "es duro vivir de la caridad". No encuentra trabajo y sufre por una mentalidad ajena a sus costumbres ya francesas. El haberse integrado tan bien en el país que ahora la ha expulsado, le impide aclimatarse a su lugar de origen. Samira no estaba acostumbrada a no poder salir de casa en cuanto cae la noche a riesgo de ser tomada por una prostituta. "Quiero volver a mi casa", solloza.
Antiguo campo de concentración
No es la única. También Jihad Errais, otro marroquí aun más joven, 19 años, está "desesperado" por retomar su vida. Jihad era un alumno ejemplar que acababa de obtener una plaza en la mejor escuela de hostelería de París. Sin papeles -también le denegaron la residencia-, y asustado por las expulsiones intentó viajar a España y se metió en la boca del lobo.
La policía española lo detuvo en la La Jonquera, no muy lejos de Perpignan, y lo entregó a sus colegas franceses. Esposado "como un criminal", fue confinado en el centro de retención de Rivesaltes. Sus instalaciones se alzan en el mismo lugar donde antaño se encontraba un campo de concentración nazi. Allí murieron o esperaron la deportación a campos de exterminio como Auschwitz muchos judíos, gitanos y republicanos españoles. Una placa conmemora aún su recuerdo.Jihad no se resistió. Le amenazaron con meterle en la cárcel si lo hacía. También pasó encerrado en un camarote todo el viaje a Marruecos. Ahora está en Tineghir, al sur, donde su padre vende verduras en el zoco. Él era la esperanza de su familia, que lo mandó con su tío a Francia para que estudiara.La escuela de hostelería de Sucy en Brie le ha guardado su plaza. En Marruecos, no existe una formación similar. Jihad ha abandonado, qué remedio, sus estudios. "Yo nunca he hecho mal a nadie", explica en un francés de inequívoco acento parisino. "¿Por qué? Te dejan en medio del desierto y te dicen ‘apáñatelas'. No entiendo por qué me han hecho esto. Yo me he esforzado siempre por integrarme y, cuando lo consigo, me expulsan". Cuando no está en su pueblo, Jihad vive en una habitación en Rabat -una "ratonera" dice Lucile Daumas- sin ventanas, agua corriente ni cuarto de baño.
"Violencia tremenda"
"La hipocresía de esta política tiene su máxima ironía en que Sarkozy dice que fomentará la inmigración legal contratando en origen a trabajadores marroquíes del sector hostelero, y a Jihad, que iba a estudiar hotelería, le expulsan", denuncia.
Esta activista no sabe ya qué hacer para ayudar a estos chicos. En cada barco que atraca en Tánger; en cada avión que llega a Casablanca, "vienen cuatro o cinco". La red no tiene medios para todos. Lucile deplora la "tremenda violencia" que se ejerce hacia estos jóvenes y no se muerde la lengua para señalar también con el dedo a los consulados marroquíes en Francia, "cómplices" pues "expiden salvoconductos sin los que estos muchachos, que no tienen pasaporte, no podrían ser expulsados".
Hay historias aun peores que los de Samira y Jihad. La RESF ha denunciado casos como el de un adolescente que intentó suicidarse tres veces antes de ser expulsado. La semana pasada, Lucile recibió una llamada de uno de estos chicos. Nadie había acudido a recibirlo, pero no tenía dinero y no le dio tiempo a decirle dónde estaba. Una segunda llamada se cortó también, justo después de que el chico le implorara "No tengo a donde ir, ayúdame". Lucile devolvió la llamada angustiada. El número era de un móvil de un hombre que había prestado su teléfono al muchacho. Desde entonces, silencio. La pista de este adolescente, como la de tantos otros, se ha perdido en las calles de alguna medina de Marruecos.
Publicado en Publico.es

"Vine escondido en el hueco de la rueda trasera de un camión"

ENTREVISTA: ANAS Marroquí, 16 años Centro de Tolosa
Inquieto y algo preguntón, este es un resumen de su relato a este periódico: "Estuve varios días esperando en el puerto de Tánger. Sabía que tenía que tener paciencia hasta que llegara uno de los barcos de EuroFerrys. Llegó uno, y cuando el conductor de un camión se bajó a realizar el papeleo, me metí en el hueco de la rueda de repuesto. No me preguntes cómo lo hice. Estuve horas arodillado. Me jodí el torso entero. Cuando hace frío, todavía me duele la espalda. Aún tenía que pasar el control. Llegaron los aduaneros alumbrando con linternas los bajos del camión. 'Sal de ahí, ya te hemos visto', decían para engañarme. Pero no me vieron".
"El barco llegó a Algeciras. De ahí me mandaron a un centro en Granada. Me fui a los pocos días. Ahora me arrepiento, no me trataban mal. De ahí tiré a Barcelona. Aquello era una prisión. Me preguntaban quién era mi padre, mi madre, mi abuelo, siempre estaban interrogándome. Y los chicos eran muy crueles. Rociaban la cama con champú o te ponían dentífrico en la almohada, y cuando me acostaba terminaba todo pringado. A veces te ponían una manta encima y te daban de hostias. Por eso vine a aquí. ¿Que cómo sé a qué centro ir? Por lo que te dicen los demás. Te pueden estar mintiendo, así que tú y tu suerte. Aquí, en Tolosa, no se está mal. ¿Qué tal son los centros de Bilbao?".

"Nos tienen en la calle de nueve de la mañana a nueve de la noche"

ENTREVISTA: ABDELSSAMAD Y HUSSEIN 17 años Centro Zabaltzen, Vitoria
Al igual que sus demás compañeros del único centro de acogida alavés, Abdelssamad tiene que pasar todo el día fuera. "Nos tienen en la calle de nueve de la mañana a nueve de la noche. No nos explican por qué, nos dicen que es así y ya está", relata. De lunes a viernes, se entretiene en uno de los talleres ocupacionales aprendiendo el oficio de carpintero. En vacaciones y fines de semana, tiene que buscarse la vida. "Si nos tienen así todo el tiempo, dando paseos, al final voy a terminar esnifando pegamento, disolvente o lo que sea", se queja.
Uno de sus compañeros del centro, Hussein, que llegó en un cayuco a Canarias hace apenas un mes, deambula por las calles de Vitoria durante doce horas al día, hasta que le asignen algún taller ocupacional. No habla castellano y asegura que le obligan a comer fuera del centro todos los días. "Voy a buscar la comida a un comedor social de por aquí. Ayer me dieron una lata de sardinas, media baguete, un litro de leche y algo de postre". Por esa extraña regla que no termina de entender, cuando llueve se sienta debajo de un puente a comer lo que le den.
Ambos sueñan con ser enviados a un piso de acogida, donde sus condiciones mejoran y sienten que controlan algo más sus vidas. Es impaciente, al igual que casi todos, pero lo que más le molesta es la incógnita del futuro.

Sus nuevas vidas tendrán que esperar

Los menores extranjeros acogidos en los centros de las diputaciones relatan la angustia de no saber cuándo tendrán sus permisos, el hacinamiento y la falta de formación
Para Mohamed, la vida siempre estuvo en otra parte. Unos 14 kilómetros, los que separan Marruecos de España, eran el único obstáculo entre ese país en que los días se parecen unos a otros y el sueño europeo. Dos días y medio duró su travesía en patera. "El viaje fue tranquilo" relata. ¿Qué se come en esa precario estructura de madera y esperanzas? "Sardinas y garbanzos", explica riéndose. Su viaje fue más corto que el de K., un joven angoleño que se coló de polizón el primer barco que pudo para escapar de su país, donde la esperanza de vida no llega a los 40 años. Pocas cosas le quedaban allí: "Mis padres murieron, sólo queda mi hermana". Hasta tres semanas tardó en arribar al puerto de Pasajes. "No sabía ni a qué país había llegado", dice.
Todos cometieron auténticas locuras para llegar a España. Los menores extranjeros acogidos en los centros tutelados por las diputaciones se planteaban así la disyuntiva: "Me la juego, o me quedo en Marruecos", o en Angola, o en Senegal, o en Argelia, o en cualquier país africano incapaz de dar salidas a su propia juventud. "Vine aquí para cambiar de vida. Quiero un coche, un trabajo, ¡quiero vivir!", clama uno de ellos con sus voraces ojos abiertos en circulo. Casi todos pasan por varios centros peninsulares antes de recalar en los de Euskadi, que tienen buena fama en el boca a oreja que les sirve de guía.
Al entrar en uno de estos centros, los jóvenes viven inmersos en la aflicción de haber hecho ya lo más difícil, llegar aquí, sin poder hacer nada más que esperar. No saben cuánto tiempo más tendrán que compartir una ducha entre 32, o dormir en el suelo. Ni cuándo les entregarán ese deseado rectángulo plastificado, el permiso de residencia, que certifica que no volverán al infierno del que escaparon. Las condiciones en las que son atendidos destacan por su falta de coherencia, de coordinación, y varían mucho según cada provincia. "Están muy angustiados, nadie les explica exactamente qué va a pasarles. Y como están nerviosos, estallan por todo. El incendio del centro de Arcentales empezó por una pelea por tabaco", señala un educador vizcaíno. El incidente se saldó con dos menores y un vigilante herido. En 2006, otro de los centros de Vizcaya, el de Amorebieta, sufrió un estallido parecido. El albergue de Segura, en Guipúzcoa, ha registrado dos incendios en menos de tres meses este año, con cuatro menores detenidos. Las denuncias de los mismos trabajadores sobre las condiciones de hacinamiento también se repiten en varias provincias.
Todos quieren trabajar para empezar a enviar dinero a sus familias, pero muchos se gastan el poco dinero que tienen en un telefono móvil con MP3 o un jersey de marca. Mencionan un sector en crisis, la construcción, como futura salida laboral.
Vizcaya dispone teóricamente de 328 plazas. En el centro de Artxanda, todos son mayores de 16 años. La mayoría de los más de 60 chavales que viven en él aseguran que no reciben clases de ningún tipo, aunque la Diputación de Vizcaya dice lo contrario. "¿Cómo quieren que me integre si no me enseñan ni el idioma?", demanda uno de ellos. Algunos llevan en el centro más de un año y medio y temen cumplir los 18 años y verse en la calle sin tener sus permisos de residencia. En las habitaciones parece haber tantas camas como metros cuadrados. Los colchones apenas tienen unos centimetros de espesor.
Encerrados en El Vivero, un bello lugar del monte Artxanda gestionado por la Diputación, cuentan el paso de los días, cuyo tedio ensordece: "Suena la primera campana a las nueve, desayunamos, esperamos, si tenemos tabaco fumamos. Tenemos que barrer la habitación, si no nos quitan seis euros de la paga semanal. A la 13.30, a comer. A las 9, a cenar", relatan entre todos. Uno de ellos, Yassine, lleva esperando más de un año para ser operado de una dolencia que le hacer cojear cuando camina.
El sábado se gastan gran parte del dinero que reciben en llamar a sus familias -"mi madre es lo único que me queda en ese país de mierda", dice Mustafá-.
"El objetivo de la Diputación es acabar con el efecto llamada a Bilbao. Me lo han admitido varios funcionarios", asegura Aniceto Prieto, presidente del comité de trabajadores de los centros. "Quieren que estos chavales digan que están mal cuando llaman a sus casas y compañeros", añade Prieto, del sindicato LAB. "En el centro de Arcentales, no hay alcantarillado, sólo un pozo séptico. Están a una hora a pie del núcleo urbano más cercano. ¿Cómo se van a integrar si los tienen alejados de todo? Muchas personas se han ofrecido a llevarles por las tardes a algún centro de iniciación profesional, pero no les dejan", asevera Prieto.
En el Centro de menores Zabaltzen de Vitoria, instalado en la sede de la Cruz Roja, K. prefiere no dar su nombre completo. "Nos han dicho que no hablemos con los periodistas", explica. Viene del África subsahariana, de uno de esos países que acumulan más años de guerra que de paz en las últimas decadas. No se queja demasiado. "Hago lo que me digan mis educadores". Lleva todo el día por ahí, dando vueltas, matando el tiempo como puede. Relata que hay unos 32 chicos actualmente en este centro habilitado para 12 personas. Varios siguen durmiendo en esterillas en el suelo, a la espera de que la Diputación termine un nuevo centro en Álava (existen unas 40 plazas oficialmente), anunciado para el próximo verano.
En Guipúzcoa (más de 140 plazas), el centro de menores de Tolosa tiene todas las ventanas cubiertas por una tupida celosía metálica que no permite ver qué sucede dentro. Bilal, de 17 años, viene a visitar a un amigo a este su antiguo centro. "Estaba en el de Segura, el que se quemó. Desde entonces estoy en un albergue, esperando a que me manden a un piso de acogida". Arriesgó su vida cruzando el Estrecho tres veces, las tres lo devolvieron. A la cuarta, se quedó. "Necesito clases de castellano", recalca, "está bien aprender un oficio, pero si no hablo el idioma no voy a ningún lado".
Otro chico, también llamado Bilal, menciona los nombres de las ciudades en las que estuvo como si fuesen medallas. Es incapaz de esperar a que el semáforo esté en verde para cruzar la calle. Se maravilla ante la música que suena a través de unos altavoces en la estación de Cercanías. "Eso en Marruecos es imposible, alguien se los hubiera robado a los tres minutos", comenta.
"Deben sentir que tendrán sus papeles", dice un educador
Rashid (es un nombre ficticio) conoce bien a los menores acogidos. Es magrebí, como muchos de ellos y, al igual que los demás educadores que provienen de los mismos países de los que escapan los chavales, hace de nexo entre ellos y su nueva vida. Sabe cuándo darles una amistosa patada en el culo que equivale a un abrazo paternal y también cuándo reñirles.
"¿Sigues esnifando disolvente, desgraciado¿ ¿No sabes lo que le hace eso a su cuerpo? ¿Has dejado de ir al taller? ¿Por qué?", reprocha a uno de los chicos que estuvo a su cargo meses atrás. Ahora está en un albergue, a la espera de ser trasladado a un piso de acogida. "El disolvente me tranquiliza, y de paso me divierto un poco", replica el chaval, con las pupilas dilatadas y la lengua insolente. "Sé que hago mal, pero de todos modos me van a echar a la calle haga lo que haga cuando cumpla los 18".
"Estos chicos están perdidos, son adolescentes. Los hay que vienen muy maduros, que ahorran cada céntimo que les dan para enviárselo a sus familias. Otros vienen aquí como balas perdidas y se dan al hachís y a las drogas. Y después hay una amplia mayoría que está aquí sin saber muy bien qué hacer, que puede caer tanto de un lado como del otro".
El educador enfatiza esta cuestión: "Tienen que palpar sus permisos de residencia, tienen que sentir que están dentro de un proceso y que, si hacen bien las cosas, se terminarán quedando. Le tienen mucho miedo a volver", resalta. "¿Si nos pagan bien? A los que no tenemos los diplomas, no demasiado. Pero esto es algo vocacional: con tal de salvar a uno de estos, me doy por satisfecho".
pulicado en www.elpais.com por KARIM ASRY - Bilbao - 30/03/2008

24/3/08

Siete de cada diez menores internados en centros de Andalucía no reincide al recuperar la libertad

DATOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 23/03/08
El 70 por ciento de los menores internados en los diferentes centros de Andalucía, siete de cada diez, sujetos a medidas de privación de libertad, no vuelve a cometer infracciones, mientras que el 57 por ciento de los menores sujetos a medidas de medio abierto tampoco reincide.Fuentes de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta informaron de que en la actualidad hay un total de 665 menores en los 16 centros de internamientos de la Comunidad autónoma, donde existen 782 plazas disponibles.
En este sentido, dentro de los recursos de internamiento, el 12 por ciento de los menores internos está ejerciendo una actividad laboral y casi un 18 por ciento participa en programas formativos prelaborales con el objetivo de buscar una salida laboral al cumplir las correspondientes penas. Por su parte, en lo que respecta a medio abierto, las mismas fuentes precisaron que el 27,71 por ciento de estos jóvenes se encuentra trabajando en Red de Empresas Andaluzas Solidarias.
Sobre este tema, la consejera de Justicia y Administración Pública en funciones, María José López, aseguró el pasado mes de noviembre en un congreso internacional celebrado en Sevilla sobre el fenómeno de la delincuencia juvenil que los jóvenes atendidos desde la Dirección General de Reforma Juvenil están en un proceso de autonomía laboral y de realización personal y que esa es su "mayor satisfacción". Las medidas de medio abierto "garantizan con efectividad la reeducación y la recuperación de los menores infractores", apuntó entonces López, quien dijo que por parte de todos los operadores jurídicos, de las organizaciones sociales y de otras administraciones públicas "existe una concienciación y una firme creencia en las grandes posibilidades de reinserción de esta población".

La «abuela acogedora»

Inma, de 17 años, y María, de 14, son las niñas de sus ojos. Son sus nietas. La primera biológica; la segunda no, pero ambas se han criado como hermanas -lo son de madre- en casa de Isabel Hidalgo, una mujer con una vitalidad desbordante, que ronda los sesenta, pero que aparenta, por lo menos, quince menos. Ella se «inventó» una asociación, la de Abuelas Acogedoras de Madrid, que acaba de constituirse legalmente con el nombre de Infancia que Crece en Familia (Increfam).
Isabel se siente una verdadera «abuela acogedora». Ha vivido episodios muy duros y ha visto cómo la vida de su hijo mayor, el padre de Inma, se desmoronaba a cuenta de las drogas. Se armó de valor y decidió plantar cara a esa situación. Su hijo y su pareja tuvieron a Inma, pero no se podían hacer cargo de ella. Ahí estuvo Isabel. La niña ha vivido con los abuelos tan feliz, entre su familia, lejos de un centro de tutela. Como esta situación se dan muchas en Madrid y de lo que trata Increfam es de que los abuelos que se hacen cargo de sus nietos pierdan el miedo a legalizar la situación porque temen que, al saberse, la Administración pueda quitárselos.
«Lo nuestro -dice Isabel Hidalgo- es el acogimiento del menor hasta que la situación de los padres se arregla. A veces no es fácil, porque están en un tratamiento de desintoxicación largo, en prisión o, incluso, hay casos en que fallecen. Los abuelos nos hacemos cargo de los nietos, pero lo principal es legalizar la situación, porque donde mejor están los menores es con su familia».
Nuestra «abuela acogedora» lleva muchos años en el movimiento asociativo y, en especial, el dirigido al mundo de la drogadicción. Porque lo sufrió en carne propia, en la de su hijo. Ha sido directiva de la UNAD (una asociación de ámbito nacional para ayudar al drogodependiente) y, también, ha trabajado en Instituciones Penitenciarias, lo que la ha llevado a pisar cárceles y ver, desde primera línea, presos por culpa de la adicción. «En casa, con las crías, hemos tenido temporadas de pasarlo muy mal. Nacieron y decidimos que había que protegerlas. Que no hubiera ni traumas ni dramas. Que crecieran felices. Lo que ocurre es que el salto generacional es doble. Si de padres a hijos ya hay problemas, imagina lo que es de abuelos a nietos», explica.
«Eso de las noches sin dormir cuando son bebés; llevarlos luego al colegio, sus primeros amores de adolescencia, la fijación de un horario para recogerse... Yo, que soy de las que pasó por aquello de: ¡A las diez en casa!».
«Controlo internet»
Pero a Isabel nunca se le han caído los anillos. Se ha puesto a la última en todo lo que se refiere a jóvenes: en moda, en gustos y en música, incluso ha asistido a cursos de informática. «Yo creía que el ratón es lo que corre delante del gato, pero no, qué va. Es otra cosa. Así controlo, incluso, todo internet y sé dónde se meten las niñas y yo veo si los contenidos son los apropiados», comenta.
El objetivo de Isabel Hidalgo es que su asociación crezca. Hay abuelos, tíos y otros parientes que tienen a menores con ellos. «Que se animen y nos llamen porque queremos ser fuertes y asesorarles. Muchos abuelos necesitan una «guía» para que no se sientan desorientados en la educación de los nietos». Vive en Carabanchel. Allí, en su casa, está de momento la sede de la asociación. «Ahora estoy en la fase de llamar a todas las puertas y a todos los corazones». Seguro que le abrirán. No hay duda.
Publicado en ABC POR MARÍA ISABEL SERRANO. MADRID.

23/3/08

Condenada una madre por la agresión de su hijo a un compañero de clase

Los jueces la culpan de una excesiva tolerancia en la educación del niño
Pasar de educar correctamente a un niño puede salir caro. La Audiencia de Sevilla ha condenado a una mujer a pagar 14.000 euros por una agresión de su hijo en el instituto. El tribunal considera que la excesiva tolerancia de la madre a la hora de educarlo motivaron el comportamiento del adolescente.
En una sentencia hecha pública ayer por la agencia Efe, los jueces condenan a I. R. G. a pagar el tratamiento para reconstruir los dos dientes que su hijo de 14 años rompió a otro, además de causarle otras lesiones, en una agresión dentro de su aula en el instituto Castalla de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) el 17 de noviembre de 2003.
En el juicio, la madre intentó desviar la responsabilidad hacia el centro educativo por no hacer labores suficientes de vigilancia de los alumnos, pero la sentencia responde que, al tratarse de "adolescentes que cursan estudios secundarios, no es precisa una labor de control y vigilancia tan rígidos". En cambio, "la brutalidad e intensidad" de la agresión evidencian "una falta de inculcación o asimilación de educación y moderación de costumbres en el agresor para la convivencia en valores", señala la sentencia.
Esta "conducta violenta", prosigue la sentencia, significa que las tareas educativas ejercidas por los padres "no han fructificado, bien por la laxitud a la hora de inculcarlas o bien por la tolerancia en corregir sus manifestaciones violentas". La indemnización que deberá pagar la madre corresponde a 11.000 euros por el tratamiento odontológico y de reconstrucción de la mandíbula y otros 3.000 euros por los daños morales durante los 21 días que la víctima estuvo sin poder ir a clase. La audiencia confirma un primer fallo judicial que hablaba de una "incorrecta educación".
Publicado en www.elpais.com

Los grupos violentos ponen en alerta a las autoridades

En España hay entre 10.000 y 11.000 neonazis, cifra que supera a los ‘skinheads’ de Alemania
“Las Waffen-SS”. “Esvástica, la cruz gamada”. “Heil!”. “Odio y orgullo”. Son algunos de los temas que comparten en Internet los usuarios del foro del Volksfront (su traducción literal, Frente Popular). Esta agrupación neonazi nació en EEUU a mediados de los años noventa y en poco tiempo ha arraigado con fuerza en España. Eva Braun, Iberian Blood, Riefenstahl y Hate Combat son algunos de los miembros de su comunidad virtual. Entre sus principales objetivos: la defensa de “la raza blanca en el mundo”.
Hammerskin Nation y Blood and Honour (Sangre y Honor) son otras dos facciones neonazis implantadas en España. Lealtad, disciplina, honor y valor forman parte de su vocabulario habitual. Su discurso suele ser ramplón, simple y visceral. Sus víctimas, personas indefensas.
Skinheads, nacionalsocialistas, okupas, punks o latin kings son los principales grupos urbanos violentos de nuestro país. Tanto la Policía como los expertos en este fenómeno coinciden en que son un peligro potencial y latente.
Aunque parezca que están dormidos, basta que se prenda la mecha para que su rabia salga a escena. Y actúan con más frecuencia de la que pudiera parecer a simple vista. A finales de febrero, una concentración de unos 80 miembros del partido de extrema derecha Nación y Revolución en la plaza de Tirso de Molina, en el centro de Madrid, fue reventada por grupos antisistema.
Batalla campal en Lavapiés
En cuestión de minutos, una batalla campal se adueñó de esta zona del barrio de Lavapiés. La bronca se saldó con varios detenidos, coches, contenedores y cajeros automáticos quemados, barricadas y numerosas cargas policiales. Los servicios de emergencia también tuvieron que atender a distintos heridos, uno de ellos de cierta gravedad. Sólo en Madrid, la Brigada Provincial de Información tiene fichados a 500 miembros de grupos antisistema (anarquistas, okupas, rash, sharp y redskins, fundamentalmente).
Según fuentes policiales, en España hay entre 10.000 y 11.000 neonazis, que se vertebran en torno a 70 grupos. La cifra supera a Alemania, donde se contabilizan 10.450 cabezas rapadas. Su discurso se basa en la xenofobia, el odio a los inmigrantes, la supremacía de la raza blanca y aria, la homofobia, la islamofobia…
Desde el pasado mes de septiembre a esta parte, hay una “reactivación de la agitación xenófoba”, según Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia. El pasado día 8, la Policía se incautó de 15 cuchillos y puños americanos durante un concierto nazi en Valladolid.
Apenas una semana después, el día 15, la agrupación neonazi Volksfront promovió otro concierto en Zaragoza (una ciudad de encuentros habituales entre nazis españoles y europeos) donde participaron grupos musicales procedentes de Italia, Alemania y Eslovaquia. El lema de la fiesta: “Ni armas, ni peleas, ni drogas...”. Toda una paradoja.
A falta de estadística oficial, el Informe Raxen, patrocinado por Movimiento contra la Intolerancia, alerta de 4.000 agresiones anuales por racismo y xenofobia en España. “El nuevo Gobierno está obligado a erradicar esta violencia y a apoyar a las víctimas. Esta es una asignatura pendiente de la democracia”, señala un párrafo del documento.
El informe recalca que Valencia, Madrid y Barcelona, por este orden, son las tres ciudades con mayor presencia de ataques xenófobos.
Bandas latinas emergentes
Aunque el grupo emergente que mayores quebraderos de cabeza da a las autoridades en los últimos tiempos son las bandas latinas. “Son los más violentos”, asegura un agente especializado en estos grupos: Latin King, Ñetas, Maras, DDP (Dominican Don’t Play)…
Sus integrantes son, en su mayoría, ciudadanos sudamericanos, aunque a veces hay también algún español. Son jóvenes, en muchos casos menores de edad. Y, por lo general, proceden de familias desestructuradas. “El grupo suple sus carencias sociales. En él desarrollan una identidad propia y son personas de difícil reinserción”, narran fuentes policiales. Los ataques suelen ser entre bandas rivales, pero a veces la provocación se desborda. Es lo que sucedió en Alcorcón, en enero de 2007, cuando una reyerta multitudinaria entre más de 50 jóvenes acabó con tres heridos, uno de ellos grave.
Hace sólo unos días, la Policía detuvo en Alicante y Elche a 12 personas de nacionalidad ecuatoriana acusadas de pertenecer a dos bandas de Ñetas. Los investigadores comprobaron que el grupo estaba perfectamente estructurado y jerarquizado, y que incluso amenazaba a quienes pretendían abandonar la banda.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció esta semana en una entrevista concedida a RNE que todos estos grupos urbanos violentos “preocupan” a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Una de las soluciones que apuntan los expertos pasaría por la creación de una fiscalía especializada en grupos violentos, algo que ya existe en algunos países como Alemania.
Acceder hasta ellos es complicado, porque son muy cerrados. No se fían de los desconocidos y resulta difícil conocer sus movimientos, adelantarse a sus planes de acción… Aunque hay quien les conoce bien. David Madrid es uno de ellos. Este agente estuvo año y medio infiltrado en los Ultras Sur. Plasmó su experiencia en dos libros: Insider, un policía que se coló en las gradas ultras y, en colaboración con otro compañero, Tribus Urbanas. Ritos, símbolos y costumbres, en las librerías desde hace pocas semanas.
Poder y fuerza
“El sentimiento de poder es algo que engancha”, asegura este policía. Él fue, durante un tiempo, un ultra más y sabe de lo que habla. “Actúan con violencia por su afán de protagonismo. Es su manera de darse a conocer, a pesar de que ése no es el camino”, asevera.
La Policía es consciente del peligro y no baja la alerta. Por eso, dispone de una unidad para combatir a los ultras. Además, desde hace seis meses, la escuela del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ofrece unas clases de formación a los agentes interesados en la lucha contra los grupos urbanos violentos. Estos cursos son pioneros en España y las aulas se llenan de centenares de jóvenes policías interesados en el tema, que aprenden cómo reaccionar ante estas bandas en situaciones límite.
“Son verdaderos grupúsculos criminales bien estructurados, con un líder y un discurso que les vertebra. Tienen una estrategia de lucha y agitación, unos objetivos comunes y predeterminados, una lógica organizativa”, reflexiona Esteban Ibarra. Y recuerda que “ni son tribus urbanas ni simples pandillas de chavales”. Una percepción que comparte la Policía: “No son meros delincuentes. Son algo más”.
Publicado en Publico.es

El Principado registra un aumento de los casos de menores abandonados

Bienestar Social tramitó 655 expedientes por desprotección infantil en el 2007.
Asturias registró durante el último año un aumento del número de menores en situación de abandono. El dato figura en la memoria del Instituto de Infancia de 2007 todavía por publicar. La Consejería de Bienestar Social indicó ayer que durante el último año se abrieron hasta 655 expedientes por desprotección infantil en Asturias. La cifra es casi un calco de la del ejercicio anterior. Entonces, el número de tramitaciones ascendió a las 653.
El amplísimo número de expedientes abiertos en el Principado obedece a dos razones. Primera, la capacidad de detección de Asturias, una de las comunidades con más equipos de protección de la infancia. Y segundo y novedad durante los últimos años, el aumento en la llegada de menores extranjeros no acompañados, la mayoría de ellos adolescentes procedentes de Marruecos. Sólo así cabe entender que durante 2007 se registraran hasta 141 actuaciones del Instituto de Infancia de menores en situación de abandono frente a las 127 de 2006. De hecho, la Consejería de Bienestar Social se plantea ya la opción de abrir un nuevo centro para la acogida de estos adolescentes que, de salir adelante, se sumará a las dos unidades existentes. Actualmente, los menores extranjeros no acompañados se alojan en el Centro Materno Infantil y en la Fundación Orfanato Minero.
NIÑOS TIRANO
Los 655 casos recogidos en la memoria de Infancia bajo la denominación de desprotección de menores revelan otros cambios de interés que, obviamente, deberían permanecer en el tiempo para poder confirmar nuevas tendencias. Los aspectos más destacados comparando 2006-2007 apuntan también hacia un aumento de los llamados niños tirano . La consejería prefiere encabezar este perfil con la denominación, mucha más técnica, de dificultad de control de la conducta . La comparativa de los dos ejercicios destaca un aumento de los 35 casos de 2006 a los 48 de 2007. El caso extremo de la niña rebelde de Gijón puso de relieve una realidad creciente. Otro aspecto igualmente destacado es el incremento de los expedientes abiertos por situaciones de necesidad familiar. Dificultades económicas de los padres o enfermedades prolongadas en el tiempo obligan en ocasiones a intervenir a los servicios de protección. El número de casos pasó de los 131 en 2006 a los 155 en 2007. En el extremo opuesto, quizá, la nota más relevante es la caída en los expedientes abiertos por negligencias de los progenitores en el cuidado de sus hijos. La reducción es aquí muy considerable al pasar de 239 a 112 entre los años 2006 y 2007.
El Instituto de Infancia dio a conocer también las diferencias por áreas sanitarias. La comparativa no ofrece demasiadas sorpresas. Lógicamente, las zonas más pobladas son las que acumulan mayor número de expedientes. Oviedo registró más de un 32% de los casos frente a Cangas del Narcea que apenas contabilizó el 0,35%. Quizá el único aspecto digno de mención es que Avilés --un área no demasiado poblada-- sumó igual porcentaje --un 24%-- que Gijón, una zona con mayor densidad demográfica. También resulta curioso que Arriondas se llevara más del 11% de los casos de desprotección cuando Mieres y Langreo no superan ninguno de ellos un 4%.

20/3/08

El voluntariado sigue en auge pese a los escándalos en ONG

El número de colaboradores aumenta un 10% en 2007
A Unamuno se le atribuye la sentencia de que el único egoísmo aceptable es el de propiciar el bienestar de los demás para sentirse mejor uno mismo. Esa podría ser la máxima de cada vez más personas que dedican tiempo y esfuerzo a algún tipo de voluntariado, un fenómeno que no deja de crecer en España y al que se incorpora con fuerza el sector de los jubilados. A pesar de los casos de corrupción registrados el año pasado en Intervida y Anesvad, tanto el número de voluntarios como el de socios cotizantes de las ONG no ha dejado de aumentar.
Según la Plataforma del Voluntariado, alrededor de 1.100.000 voluntarios trabajan en el campo de la acción social, que reúne al 85% de los voluntarios españoles. El profesor Antonio Gutiérrez, catedrático de Servicios Sociales de la UNED, va más lejos y sitúa la cifra total en el 12% de la población española (más de cinco millones de personas) y aventura que si se tradujera en horas pagadas constituiría un 4% del Producto Interior Bruto (PIB). "El número de voluntarios en las organizaciones de desarrollo pertenecientes a la Coordinadora ha crecido en el último año alrededor de un 10%, aunque la cifra exacta probablemente sea superior", estima Mercedes Barbeito, miembro de la junta de Gobierno de la Coordinadora de ONG de Desarrollo (Congde), que integra a más de 400 ONG (entre las que no figuraban Anesvad ni Intervida).
No sólo los voluntarios. También aumentan los socios y donantes, los que aportan su dinero a las ONG, y ello a pesar de los escándalos recientes. "Las noticias sobre corrupción tienen el efecto colateral positivo de animar a las personas a informarse mejor sobre la organización a la que van a dar su dinero", asegura Barbeito. Miguel Angel Blanco, coordinador de Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP), apunta que "en las organizaciones medianas apenas nos ha afectado, pero sí notamos que ahora hay que dar más explicaciones. Cuesta más que alguien se asocie".
"A la hora de meterse en apadrinamientos la gente se lo piensa un poco más. La figura del apadrinamiento ha quedado desprestigiada", asegura Blanco. "La tendencia del voluntariado es claramente al alza", asegura Carmen Laviña, presidenta de la Plataforma del Voluntariado, que apunta a la incorporación reciente de nuevos perfiles: si antes el voluntario tipo era mujer universitaria de 25 a 35 años, ahora empiezan a incorporarse muchos jóvenes y jubilados.
Este sector de la sociedad, en opinión del director del departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla, Eduardo Bericat, es uno de los que más crecerán en el futuro. "Son personas expulsadas de los mercados de trabajo cuando aún tienen expectativas de vivir 25 años más, y algunas de ellas muy cualificadas", explica Bericat.
El auge del voluntariado se produce en tiempos de una menor participación política si se compara con lo que ocurría hace treinta años. "En la política de partidos las medidas se diluyen en el enfrentamiento", argumenta el sociólogo Rafael Prieto, de la Universidad Complutense de Madrid. "Hay interés por provocar transformaciones en una sociedad que se considera injusta. El voluntariado permite la satisfacción de ver resultados concretos", añade Prieto.
La satisfacción personal como motivación ha sido estudiada también por el profesor Bericat, que asegura que la autorealización personal es una "retribución emocional" que compensa el trabajo realizado. "Las personas que realizan un voluntariado están más satisfechas con su vida, tienen un tono vital más positivo", afirma Bericat.

Esperanza Aguirre abre la puerta a la privatización de la escuela pública

El Gobierno madrileño, en manos del PP, abrió ayer la puerta para la privatización de los colegios públicos. Poco después de que el Ayuntamiento de El Álamo aprobara sacar a concurso uno de los dos centros escolares de la localidad, la consejera de Educación, Lucía Figar, subrayó que los ayuntamientos están en su derecho de elegir qué hacer con los colegios públicos, porque son de su propiedad y corren con sus gastos de mantenimiento. Aseguró que la Comunidad de Madrid garantizará siempre el concierto educativo (subvención pública) a cualquier alcalde que quiera crear un centro concertado "si hay demanda insatisfecha de las familias".
El primer paso ya está dado. Y con concierto garantizado. En Miércoles Santo y con el salón de plenos vacío. El Ayuntamiento de El Álamo (7.265 habitantes), gobernado por el PP, certificó en la mañana de ayer la defunción del colegio público Miguel Ángel Blanco y su resurrección como centro concertado de gestión privada. Bastaron para ello los siete votos de los concejales populares, que se quedaron solos en la aprobación del pliego de condiciones que permitirá privatizar el colegio mediante concurso público. El centro, construido ya en su primera fase con 1,8 millones del presupuesto regional, cuenta con 66 niños de infantil matriculados en este curso, pese a que el centro nunca llegó a abrir.
Siete votos a favor y ninguno en contra, ya que los cuatro ediles socialistas en la oposición decidieron abandonar la sesión. Lo hicieron para protestar minutos después de que el alcalde, Jesús Arribas, que había amagado con expulsar en más de una ocasión a los asistentes por sus constantes interrupciones y manifestaciones a favor y en contra de la privatización, ordenara a la Policía Municipal desalojar a la treintena de personas que había en el salón y entre las que se encontraban diputados regionales del PSOE e IU y el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, así como periodistas y vecinos.
Para consumar la privatización del centro, el Consistorio dio luz verde al pliego del concurso para la cesión tanto del edificio escolar ya construido por la Comunidad, como del solar sobre el que se asienta (de 9.775 metros cuadrados), y de una segunda parcela anexa, de cerca de 7.000 metros. Todo ello para la puesta en marcha de un colegio concertado que será gestionado por una empresa durante 50 años.
El pliego de condiciones prevé que el adjudicatario construya, además, los edificios y equipamientos necesarios para que el colegio ofrezca enseñanza mixta en tres etapas: Infantil (la única que cuenta con aulas construidas), Primaria y Secundaria con tres clases por curso.Además, el adjudicatario deberá pagar al Ayuntamiento un canon mínimo de 75.350 euros mensuales durante los primeros dos años (para sufragar el coste del edificio ya construido con fondos públicos), y de 50.000 euros al año durante el resto de la concesión.
Con el documento aprobado ayer, el Ayuntamiento culmina un proceso iniciado en noviembre del pasado año, cuando el alcalde de la localidad propuso a la consejera de Educación que el colegio público Miguel Ángel Blanco se convirtiera en concertado. Argumentó dos cuestiones: la crítica situación económica del municipio (con una deuda de 18 millones de euros), que según el regidor impide afrontar el mantenimiento del centro, y la demanda de plazas concertadas en el municipio.
La decisión de privatizar el colegio Miguel Ángel Blanco, contó ayer con el rechazo tanto de PSOE e IU, como del sindicato CC OO y la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos, que la calificaron de "atentado contra la educación pública" y "decisión sin precedentes" en la senda de la privatización de servicios públicos iniciada por el Gobierno regional.
"Ilegal y fraude"
El secretario general de los socialistas de Madrid, Tomás Gómez, anunció que su partido combatirá en los tribunales la conversión en concertado de un colegio público, medida que calificó de "ilegal" y de "fraude". Por su parte, el portavoz del PP regional, Juan José Güemes -consejero de Sanidad y presidente del PP de El Álamo- denunció "el intento de Gómez de boicotear el normal funcionamiento del pleno". Aseguró que la privatización del centro "responde a una exigencia largamente defendida por las familias y asociaciones de padres de contar con una opción de colegio concertado".
Para el presidente de la federación de padres Giner de los Ríos, José Luis Pazos, lo ocurrido en El Álamo es "un paso más dentro de la estrategia de Esperanza Aguirre de dinamitar y condenar a la escuela pública". Y anunció que tomará medidas legales contra la iniciativa. Por su parte, el concejal de Educación del municipio, Ángel Sánchez, se mostró satisfecho por el paso dado que, en su opinión, no hace sino "ahondar en la libertad de elección de los padres en relación a la educación de sus hijos". El edil reconoció que ha mantenido contactos con hasta seis empresas interesadas en hacerse cargo del centro y dejó claro que, si de él depende, "no será un colegio religioso".
El Ministerio de Educación señaló ayer que la decisión de la Comunidad es "peculiar", pero que no vulnera la ley.
Publicado en ELPAIS.com 20/03/08

Decálogo para tratar los trastornos del comportamiento en menores

La Fundación Internacional O´Belén mostró como afrontar estas patologías en el IV Congreso Internacional sobre Trastornos del Comportamiento en menores
El IV Congreso Internacional sobre Trastornos del Comportamiento en menores, organizado por la Fundación Internacional O´Belén, celebrado en Mallorca el pasado fin de semana, al que acudieron prestigiosos especialistas en la materia, aporta diez medidas necesarias para prevenir un problema que cada día afecta a más familias.
Durante el Congreso se quiso dar especial relevancia a las terapias de ayuda para los trastornos de conducta que pueden ser aplicadas en la escuela, el entorno familiar, la salud y los sistemas de protección y justicia. En este sentido, Emilio Pinto, Presidente de la Fundación Internacional O´Belén, señala que “en este encuentro ha quedado constatado que los Trastornos del Comportamiento en menores son uno de los mayores problemas que sufre nuestra sociedad, que requiere una intervención eficaz, urgente y coherente que involucre a todos los agentes sociales y que, de no actuar a tiempo, esto producirá un grave deterioro en nuestro tejido social”.
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud en España existen entre 620.000 y 780.000 menores afectados con Trastornos del Comportamiento y se calcula que hay 1.300.000 con riesgo de padecerlos.
Decena de medidas
Como medidas necesarias para frenar la tendencia al alza de este problema, la Fundación Internacional O´Belén expuso un decálogo que contempla la universalidad del acceso gratuito a los servicios públicos de atención especializada en Trastornos del Comportamiento, priorizar y potenciar el trabajo en red, involucrando a las Administraciones Sociales, Sanitarias, Educativas y Judiciales, disponer de recursos para el tratamiento de los casos graves, investigar cualitativa y cuantitativamente en el ámbito de los Trastornos del Comportamiento, realizar los cambios necesarios en todos los ámbitos, crear un observatorio de estos trastornos, así como una Plataforma de Coordinación, Conocimiento y Apoyo a las familias y profesionales del sector, reflexionar y valorar adecuadamente antes de ingresar a los menores en Centros de Reforma, no estigmatizar a los menores con diagnósticos alarmantes e inamovibles, analizar la intencionalidad de un comportamiento para discernir si pertenece o no a lo patológico y sensibilizar a la sociedad a través de los Medios de Comunicación y de las instituciones implicadas, para que se conozca la magnitud de este problema.

Los trabajadores del Marcelo Nessi se manifiestan para pedir más seguridad

Concentración en la puerta del centro de menores
Medio centenar de trabajadores del centro de menores Marcelo Nessi se han manifestado a las puertas del centro acompañados por representantes sindicales para demandar mejores medidas de seguridad y niveles de formación.
La concentración está motivada por las últimas agresiones sufridas por los trabajadores del Marcelo Nessi, en el que realizan su labor cerca de 70 personas, de los que 32 son Auxiliares Técnicos Educativos-Cuidadores.
Francisco Márquez, presidente provincial del CSI-CSIF, explica que esta concentración es la culminación de una serie de protestas escritas remitidas a la Junta. Y acusa a ésta de verter amenazas a los trabajadores para que no realizaran esta manifestación.
Según recoge la agencia Europa Press, el objetivo de la reivindicación es solucionar los problemas que se tienen en el centro, por parte de los trabajadores, ya sean dependientes de la Junta o de los servicios externos de vigilancia, en cuanto a la seguridad del centro y "la escasa cualificación del personal, que debe contar con una formación adecuada por parte de la Administración".
Márquez anuncia que para el próximo lunes 24 de marzo está convocada una nueva concentración a las puertas del centro de menores y asegura que están estudiando medidas de presión más continuadas con concentraciones ante los edificios de la Junta, además de realizar una nueva propuesta para la creación de una "figura intermedia" entre los cuidadores y los Auxiliares Técnicos Educativos, "con especialización y un reglamento acorde con la Ley de Menores".
Publicado el 17/03/2008 en La Crónica de Badajoz
Más noticias reacionadas:

Médicos ingleses buscan "niños delincuentes"

La medida pretende detectar comportamientos "sospechosos" de convertirse en delictivos
Niños con alto riesgo de convertirse en delincuentes. Nada menos que eso es lo que intentarán identificar a partir de ahora los médicos, profesores y trabajadores sociales en Reino Unido, según planes revelados esta semana por el Gobierno del país.
Las escuelas, clínicas y los centros de educación social deberán estar alerta para detectar en los alumnos comportamientos sospechosos de convertirse en delictivos en el futuro. A estos niños 'problemáticos' se les asignará un mentor -descrito por las autoridades británicas como un profesional que ofrezca apoyo continuo y asertivo- que se encargará de modificar las actitudes erróneas de sus pupilos, según publica 'The Guardian'.
Esta iniciativa es parte de una estrategia que tiene como objetivo frenar a tiempo conductas delictivas en los más pequeños. Las autoridades han expresado que las medidas "no serán negociables" para las familias y los niños sobre cuya actitud se tenga dudas. Si no cumplen el programa se enfrentarán a posibles sanciones legales, según ha aclarado el Departamento británico para la Infancia, los Colegios y las Familias.
"La comunidad quiere iniciativas que duren y eso significa no sólo frenar un mal comportamiento cuando ocurre, sino también intervenir antes para cambiarlo y que no se convierta en un problema mayor", señala Ed Balls, secretario para la infancia.
Estos proyectos de intervención se probarán en 20 áreas del país. Por un lado, se pedirá a las autoridades locales una lista de los adolescentes más problemáticos. Además, se solicitará a todas las instituciones en contacto con niños en estas áreas piloto (incluidas escuelas, clínicas sanitarias y centros de educación social) que informen de la sospecha de comportamientos irregulares en cualquier chico, incluyendo absentismo escolar continuado y falta de apoyo paterno.
Premio para los rehabilitados
Un total de 23 millones de libras se destinarán a facilitar el acceso a actividades deportivas y creativas en las zonas menos favorecidas. Esta iniciativa incluirá un premio nacional que reconocerá a los jóvenes que se rehabiliten y contribuyan a mejorar su comunidad.
El Defensor del menor, Beverley Hughes, ha dicho: "Sabemos que la mejor manera de curar es prevenir. Podemos notar los primeros signos de alarma en jóvenes y familias que tengan problemas".
"Intervenir de forma temprana y requerir a los niños y a sus padres que se enfrenten tanto a las causas del problema como a su comportamiento, prevendrá las actitudes antisociales y permitirá actuar de forma más efectiva si se producen", asegura Hughes.
Martin Narey, jefe de una organización sin ánimo de lucro ha declarado que "nadie discute que las sanciones para un mal comportamiento son necesarias y apropiadas", pero ha añadido que "de cualquier forma, sólo son una parte del problema".
"Necesitamos llegar a las raíces del comportamiento, que a menudo se encuentran en familias desestructuradas, abuso de drogas, problemas de alcohol, o bajo rendimiento escolar. Esto no son excusas, pero hay problemas a los que hay que enfrentarse. Y los adolescentes no están obteniendo la ayuda que necesitan. Asegurarse de que lo consiguen es lo más importante", ha añadido.
Desde la oposición han criticado que "el gobierno ha decidido una vez más perder el tiempo. Cada vez hay más evidencias de sus carencias para afrontar la realidad de familias y comunidades rotas en un país fracturado. Si creen que este 'parche' para niños problemáticos es la solución a las dificultades que se viven en las calles británicas, se están haciendo ilusiones".
Varios profesores advirtieron en días pasados que la desaparición de la familia tradicional amenaza la educación de toda una generación. Un gran número de alumnos procedentes de familias desestructuradas abandonan los estudios porque son incapaces de concentrarse a causa de su "confusión emocional", según han denunciado los docentes.
Publicado en ELMUNDO.ES

18/3/08

Bienestar comunica que no tiene más sitio para los menores inmigrantes

El Principado quiere abrir el tercer centro de acogida fuera de Oviedo.
Solo dos meses después de inaugurar la segunda unidad de primera acogida para menores de Asturias, ambos alojamientos están ya saturados. De hecho, algunos de los jóvenes que residen en el Materno-Infantil tienen que dormir en un colchón en el suelo por falta de somieres y en el Fundoma no queda espacio disponible. La Administración regional asegura que la llegada de adolescentes extranjeros no acompañados es constante y que los centros no tienen capacidad suficiente para dar respuesta a las necesidades actuales. Así, la Consejería de Bienestar Social ha notificado esta situación a la fiscalía y además busca un edificio en el que habilitar un tercer recurso.
A este problema se suman las reiteradas quejas del personal que desde hace más de un año y medio denuncia las deficiencias existentes en las instalaciones del Materno-Infantil. Entre otros defectos, apuntan a que los armarios siguen sin barras para las perchas y sin puertas, que las duchas no disponen de barras para las cortinas y que en muchas ocasiones ni siquiera funcionan, que las ventanas están estropeadas, el mobiliario viejo...
EL COLAPSO Solo en el Materno-Infantil llegaron a tener alojados el pasado fin de semana hasta a 19 chavales --ayer había 18-- cuando su capacidad máxima es de 16. También el Fundoma está lleno. Ante esta situación, la Consejería de Bienestar Social se puso en contacto con la fiscalía y le comunicó que los equipamientos públicos estaban colapsados y que no están en condiciones de seguir recibiendo a más jóvenes. El Gobierno regional piensa que la apertura del segundo equipamiento, el del Fundoma, a mediados del mes de enero, ha animado a más menores extranjeros no acompañados a trasladarse a Asturias y que ese es el motivo de que los dos centros estén saturados.
Sin embargo, existen otras explicaciones para esta situación. Por ejemplo, el hecho de que estos adolescentes lleguen a pasar meses en las unidades de primera acogida, cuando el tiempo máximo legal es de 45 días. Después de mes y medio, el sistema debería ofrecerles otro alojamiento. La causa está en las demoras en la tramitación de la documentación, retrasos que generan situaciones de indefensión sobre todo a los menores que están a punto de cumplir los 18 años.
Al margen de estos problemas con la documentación, la Consejería de Bienestar asume que tiene ofrecer soluciones. Fuentes de la administración señalaron ayer que ya están buscando un edificio en el que habilitar una tercera unidad de primera acogida. En principio, todavía no han determinado si este alojamiento tendrá carácter definitivo o si solo permanecerá abierto mientras dure la actual saturación.
El único dato que ha trascendido sobre este nuevo centro es que el Instituto de la Infancia está buscando algún inmueble situado fuera de Oviedo. La idea es que esté en buenas condiciones para inaugurarlo en cuestión de días.
18/03/2008 SUSANA D. MACHARGO en http://www.lavozdeasturias.es/

13/3/08

«Es muy injusto tachar de delincuente a todo el colectivo de menores inmigrantes»

La atención a estos jóvenes, cuya presencia se ha duplicado en cinco años en Gipuzkoa, cobra protagonismo tras el fuego provocado en una villa de acogida
Los expertos reconocen que algunos son muy conflictivos «pero son minoría»
La de Tarik es una de esas historias estremecedoras que llegan a las entrañas. La de un adolescente marroquí que desde los 14 años hasta los 16 acudía a diario al puerto de Tánger en busca de una oportunidad en los bajos de un camión. En uno de ellos tuvo suerte y acabó en Gipuzkoa. Vivió en pisos de acogida y pensiones, estudió albañilería, encontró trabajo y se echó «novia de aquí». Tarik contó su historia a finales del año pasado en este periódico, pero es muy probable que la mayoría de los lectores tengan más presentes los conflictos en el centro de Tolosa, las quejas de los interventores de los trenes de Cercanías, el incendio provocado en el albergue de Segura por cuatro de sus huéspedes o el fuego intencionado que el domingo pasado devoró una villa de la Diputación que estaba siendo reformada para acoger a jóvenes como Tarik en Igeldo.
Los menores inmigrantes y su acogida vuelven a ser noticia, un fenómeno que parece haber entrado en la dinámica de asociarlos sistemáticamente con la delincuencia. «Aplicar esa lógica criminalizadora por la que hacemos responsable a todo el colectivo de menores de los problemas en los que sólo algunos de ellos están involucrados es muy injusto, como lo es hacerlo en el caso de los vecinos de Igeldo, entre los que hay gente activa, sensible, que tiene unos criterios francamente buenos y pueden ser una buena base para este trabajo comunitario que se estaba encauzando con la Diputación». Peio Aierbe, miembro de SOS Racismo, no duda en censurar «el doble rasero» que se emplea al hablar de «la mano pirómana», y la «demagogia» que desprenden muchos comentarios de la calle cuando, al referirse a recursos que puedan ser conflictivos, la gente dice «que lo pongan en el jardín del diputado. Si a esto se suma un discurso político, -que afortunadamente no es de la Diputación, que es bastante integrador-, que se dedica a sembrar sospechas, como hemos visto en la campaña, pues hay cantidad de gente que se siente legitimada para decir las mayores barbaridades».
Iñigo Ochoa de Alda, presidente de la Asociación Vasca de Psicoterapia Dinámica y Sistémica, es supervisor de la asociación Hogares Nuevo Futuro en Gipuzkoa, que se encarga del acogimiento residencial y de urgencia en los centros de menores de Tolosa y de Urnieta. Conoce de cerca la realidad de estos chavales, y reconoce que «nadie quiere tener un centro de estos al lado de casa, no sea que pase algo...». Esta actitud le parece comprensible, pero recuerda que «no estamos en los años 40 cuando a los locos y a los enfermos se les mandaba al monte. Si queremos ser coherentes con nuestra política de integración social, tenemos que asumir que todos tenemos que perder un poco. No podemos ir de liberales y no perder nada».
El psicólogo, profesor de la UPV, habla con conocimiento de causa. Vive cerca de uno de estos pisos en Donostia que pueden resultar molestos a los vecinos. Ruidos, discusiones, música alta, portazos... forman, en muchas ocasiones, parte de la rutina. Aunque como en todo, siempre hay excepciones.
El martes, por ejemplo, visitó el centro de urgencia de Tolosa, que ha sido rehabilitado y al que son trasladados los menores que acaban de llegar a Gipuzkoa. Y se llevó una grata sorpresa. Se encontró con un educador vacilando con dos menores marroquíes. Se notaba buen rollo. «La última vez que fui a esa casa era un desastre. Los educadores estaban totalmente saturados y el ambiente era malo. Todo lo contrario al actual. Siguen saturados, pero sobre todo por las condiciones laborales, no por los menores». La pena es que no sabe cuánto durarán estas «buenas condiciones».
Los revoltosos
El hecho de que lleguen varios menores con un perfil problemático puede producir un efecto en cadena. «Hay chavales muy rescatables con los que puedes trabajar a solas, ayudarles. Pero en el momento en el que en el mismo lugar se juntan 25 y entre ellos haya dos liantes, el resto están con ellos o están contra ellos. Y les interesa estar con los liantes, no con los educadores, porque en la calle no van a estar con los educadores», cuenta Ochoa de Alda, quien está realizando un estudio sobre la situación emocional y psicológica de estos adolescentes que llegan a Gipuzkoa y la relación con sus familias de origen. Este trabajo, que quiere presentar en el congreso sobre psicoterapia y multiculturalidad que se celebrará en noviembre en Donostia, permitirá dibujar los perfiles de estos menores.
De entrada, se pueden distinguir dos grupos. Uno corresponde a los que tienen unos 12 ó 13 años, de los que irán a vivir a Igeldo cuando la villa sea reformada. «Todos ellos están escolarizados y están funcionando bien». Ochoa de Alda cita el ejemplo de un menor que acude a un reconocido centro escolar donostiarra, «donde están muy implicados». Sin embargo, recuerda que estos preadolescentes no están en su país y viven lejos de su familia. «Como los autóctonos en riesgo social, han pasado por una situación de abandono». Y eso marca.
El psicólogo habla de perfiles «muy dañados, como los que te puedes encontrar aquí» y que, en el caso de los menores extranjeros, pertenecen a familias muy numerosas «y la familia envía a uno o a varios a España por si pueden trabajar y conseguir dinero». Lejos de los designios familiares se encuentran con una realidad en la que, como menores, no les está permitido trabajar, «y no pueden llamar a sus familias, porque creen que les han fallado». Viven en una constante contradicción que les lleva a colocarse durante el día la coraza de duros para sobrevivir en un entorno que no es el suyo, «pero por la noche, con 12 años, se siguen orinando en la cama. En el fondo son unos niños desamparados».
Con estos chavales, asegura Ochoa de Alda, se puede trabajar si las condiciones lo permiten: por ejemplo, en grupos de ocho con un equipo estable, como el de Urnieta. «Lo que además no podemos pedir a estos chavales en riesgo social es que sean hermanitas de la caridad», apostilla.
Peio Aierbe destaca que «la mayoría» de los menores extranjeros que llegan a Gipuzkoa responden positivamente «y eso no trasciende. Se implican mucho en los talleres y en los centros de iniciativas profesionales porque saben que tienen que adquirir conocimientos para trabajar». Pero hay otros que «no funcionan tan bien, y en esos casos hay que ver qué pasa y qué ha fallado».
Generalmente, estos segundos arrastran un bagaje vital en las antípodas de la infancia que debería tener cualquier niño. Llegan a Gipuzkoa en el límite de la mayoría de edad y «encima muchos de ellos son chavales que ya han delinquido o directamente han vivido en la calle, consumen disolvente y van de aquí para allá». Un peregrinaje basado en la supervivencia a cualquier precio, explica Ochoa de Alda, quien reconoce que «es muy difícil trabajar con ellos».
Sensación de impunidad
Más cuando viven con una sensación de gran impunidad. Así lo asegura Ochoa de Alda, quien recuerda lo que una vez le contó uno de estos menores. «Quizás no sea políticamente correcto decirlo, pero él planteaba: 'en Marruecos, si te pillan, depende del policía que te coja, tan pronto te da una paliza, como si le pagas y no te hace nada o te mete en un autobús y vas al desierto. Si te pillan en Francia, te pegan y luego te preguntan. Y si te pillan en España, te dan de comer, te preguntan y, luego, ya se verá'. Me lo decía hace tres años. Eso no significa que sea así, pero es como algunos de ellos lo ven. Ahora vamos avanzando, pero la sensación que tienen es que estamos en una sociedad más democrática y eso significa más impunidad, porque la justicia va más lenta. Están acostumbrados a que haya una intervención inmediata y coherente, porque si a un menor, sea de Marruecos o de Oiartzun, le dices 'veremos qué pasa' y se tarda ocho meses en decidir, pues en ese tiempo no tienen nada que perder. Y la Justicia está saturada, no puede hacer más de lo que hace, porque no puede meter a todos estos menores en un centro cerrado, ya que tampoco es la solución».
¿Y qué salida cabe para estos casos? «La misma que tenemos para un chaval autóctono, desligado a su familia, con problemas de consumo de drogas, que en vez de disolvente puede ser ketamina o cocaína, que no ha acabado DBH o ESO y que se le deja que ande callejeando y tirando con trapicheos o pequeños hurtos. Entonces, o hay un mínimo de conciencia de que algo está ocurriendo y se hace algo que pueda reorientarlos, o dejamos que se junten en la plaza de la Brecha o en la plaza de Igeldo sin casa, sin comida y delinquiendo para sobrevivir».
Publicado en diariovasco.com por ANE URDANGARIN

6/3/08

Cuando un centro de menores se quema…

Diario de noticias de Gipuzkoa, Peio M. Aierbe, 2008-03-06
APLICAMOS un doble rasero según quién sea la mano pirómana. Si el incendio parece haber sido provocado por un menor, oímos afirmaciones gruesas y hacemos responsables, en la práctica, a todos los menores acogidos. Por el contrario, cuando parece que el pirómano puede ser algún vecino, lo que se destaca es el motivo (los vecinos no quieren ese centro) y no se generaliza diciendo que los responsables son todos los vecinos. ¿Vamos a hablar, también aquí, del “cabecilla”? ¿Vamos a hablar de intranquilidad porque el responsable esté en la calle y no en la cárcel? Pues bien, eso es lo que se hace con la mayoría de cosas que se atribuyen a los menores acogidos. ¡Todo un ejemplo de esa convivencia y respeto que se les pide a ellos!
Y, sin embargo, esa lógica criminalizadora por la que hacemos responsable a todo un colectivo de menores de los problemas en los que están involucrados sólo algunos de ellos, sería también injusta si se aplicara a los vecinos y vecinas de Igeldo. Porque no sería justo hacer que el conjunto cargara con la sospecha de que semejante barbaridad responde al sentir de esa mayoría.
Quien esto firma ha seguido de cerca la dinámica de debate suscitada en ese barrio. Ha participado en una de sus asambleas, en tanto que representante de SOS Racismo, a requerimiento de sus organizadores. Ha estado puntualmente al tanto de las gestiones realizadas ante las instituciones implicadas. Y puedo dar fe de que buena parte de los sectores más dinámicos de ese barrio, y muy en particular la juventud, manejan unos criterios encomiables que pueden permitir, si se cuenta con ellos, una buena base para el necesario trabajo comunitario en esta cuestión.
Claro está que hay también posturas llenas de prejuicios, de egoísmos y hasta de demagogia. Y que las encontramos, además, no en lo que uno puede imaginar como el típico “facha” sino en gente, por lo demás, muy “normal”, muy de “orden”. Pero todo esto es algo normal. Es la necesaria gestión de conflictos que requiere la vida en sociedad.
Y he de decir también que, en este caso, el departamento foral responsable de la gestión ha abierto cauces de participación para encauzar los problemas y prevenciones que ha suscitado la próxima apertura de dicho centro. Es pues obvio que quienes han quemado el centro se han visto retratados precisamente con la imagen que ellos pretenden colgar a los menores.
Bien, no hagamos nosotros lo mismo. En Igeldo hay gente suficiente dispuesta a encarar esta cuestión como un deber más de nuestra comunidad y como una oportunidad en muchos sentidos. Démosle la posibilidad de mostrar que eso es posible.
Y es a la institución foral a quien corresponde poner los medios para ello. No sólo abriendo el Centro, sino garantizando que éste funcione bien, que los recursos educativos sean suficientes, que la gestión sea eficiente, que los educadores y educadoras sean escuchados, que el movimiento asociativo local tenga un papel en el devenir del mismo.
Tengo que admitir que, en este sentido, la experiencia no permite ser, precisamente, optimistas. Que es habitual escuchar discursos bastante bien armados y positivos pero luego son rechazadas el grueso de críticas y propuestas. Que, incluso cuando se cuenta con medios, la gestión es, en extremo, chapucera. Pero, aun así, el camino es seguir apoyando a quienes lo que piden es que el servicio que presta la institución foral sea el que necesitan los menores tutelados, al que obliga la ley, y el que posibilite que la convivencia ciudadana en Igeldo no sólo no se vea alterada sino que salga enriquecida.
Hagamos votos por ello.
SOS Racismo-SOS Arrazakeria

Jornadas de reflexión del GHEE-CEESPV sobre la educación social y el ámbito escolar

Los próximos días 12 - 13 de Marzo, el Colegio de Educadoras/es Sociales del Pais Vasco (GHEE-CEESPV) ha organizado unas Jornadas con el fin de reflexionar sobre el papel de los/as Educadores/as Sociales en el mundo escolar. El objetivo de las mismas es el de avanzar en la fundamentación de la importancia de los y las profesionales de la intervención socioeducativa en los centros escolares.
La acción formativa va dirigida, preferentemente a los y las Colegiadas, y se celebrará en Bilbao.
Entre los contenidos de las mismas, habrá espacio para conocer algunas experiencias que ya están en marcha, grupos de trabajo que permitan avanzar en relación a diferentes temas de la intervención en el ámbito escolar, una ponencia que enmarque y contextualice las Jornadas y una mesa redonda con participación de los y las profesionales, la Universidad, la Escuela y algún representante de la Delegación de Educación. Más información en el díptico: http://www.ceespv.org/admin/downloads/cursos/diptico_jornadas.pdf

3/3/08

¡Stop al acoso escolar a niños con discapacidad!

El departamento de Atención a la Discapacidad de la Fundación Intras, en Valladolid, ha elaborado una herramienta para combatir los casos de violencia en el ámbito escolar.
Esta actuación está dentro de las acciones planteadas por el proyecto Artsafe & Conflict transformation -financiado por la Unión Europea a través del programa Daphne- cuyo objetivo principal es desarrollar, analizar y poner en marcha, con la participación activa de jóvenes, material educativo y nuevas técnicas de intervención para prevenir o intervenir en situaciones de violencia interpersonal y violencia por odio contra niños de diferentes etnias o que cuenten con una discapacidad intelectual, así como alcanzar un mínimo en los derechos de jóvenes que sufren violencia de odio.
En el caso de Intras, se ha elaborado, con una participación activa de los alumnos del Programa de Garantía Social, material didáctico gráfico que ilustra situaciones de violencia contra un joven en su entorno educativo. Esta herramienta permite que los jóvenes incorporen los diálogos y resuelvan las situaciones conflictivas planteadas, según ha informado esta Fundación.
Durante los últimos días de enero se ha celebrado una reunión técnica del proyecto en la que los socios han presentado la herramienta elaborada por cada uno de ellos (España y Grecia sobre «bullying»; Alemania e Italia sobre racismo y Portugal sobre violencia por razón de sexo).
Esta organización tiene previsto que antes de poner en práctica esta herramienta se celebre un seminario en el mes de abril (Roma), al que acudirán 4 jóvenes y 2 monitores por cada una de las entidades participantes en el proyecto, para poner en común las herramientas elaboradas. Las cinco herramientas formarán parte de un documento común sobre la lucha contra los diferentes tipos de violencia que se presentará en un seminario final durante el segundo semestre de 2008.

SAN SEBASTIÁN: La Diputación cree que el incendio en el albergue de Igeldo fue intencionado

El pasado mes de febrero se registraron otros dos incendios en centros de menores, el de Arcentales (Vizcaya) y el de Segura, al parecer provocados por los propios residentes.
Los cuantiosos daños materiales registrados en el centro de acogida de menores del barrio donostiarra de Igeldo debido a un incendio que podría ser provocado hará que su inminente inauguración previsiblemente se retrase, según ha precisado la Diputación de Gipuzkoa.
El fuego comenzó hacia las 23:15 horas en una villa de dos alturas ubicada en el número 39 de la calle Padre Orkolaga del barrio donostiarra de Igeldo que, según los Bomberos de San Sebastián, comenzó en una de las habitaciones de la planta baja.
Este centro tenía previsto abrir sus puertas el próximo día 15 para acoger a 10 menores extranjeros no acompañados que actualmente viven en otro centro de la institución foral y que son los más pequeños de los menores extranjeros que han llegado a Gipuzkoa.
Investigación en curso
La Guardia Municipal ha iniciado una investigación para tratar de determinar las causas del incendio aunque, según ha adelantado el departamento de Política Social de la Diputación en un comunicado, "existen muchos indicios" que apuntan a que el fuego fue intencionado.
Según estas mismas fuentes, las llamas han provocado "cuantiosos daños materiales en el interior de la vivienda que ha quedado prácticamente destrozada" y también ha quedado calcinado el mobiliario que se encontraba ya en la casa dispuesto para su montaje.
La estructura de la vivienda al parecer no ha resultado dañada según las primeras estimaciones, aunque la institución foral está a la espera del informe que hagan los técnicos.
El departamento de Política Social ha confirmado que en cuanto finalice la investigación se iniciarán los trabajos de desescombro y comenzarán las obras de reforma de la vivienda.
La Diputación guipuzcoana destaca en su nota que "la atención de menores y jóvenes en situación de desprotección, tanto autóctonos como extranjeros no acompañados, es exigida por la Ley", lo que obliga a disponer de "recursos materiales y programas educativos" ya que, aunque no se contara con ellos, "seguirían llegando a Gipuzkoa y, lo que es peor, vagarían por la calle sin atención alguna".
Publicado en diariovasco.com