28/4/08

La Diputación de Gipuzkoa pedirá "medidas correctoras" para los menores extranjeros reincidentes

Sólo 14 de los 180 menores tutelados son “conflictivos”, según la Diputación, pero estigmatizan al colectivo
Comienza a establecerse en buena parte de la sociedad guipuzcoana una asociación de ideas que vincula menores inmigrantes con delincuencia, un binomio que no responde a la fotografía real del fenómeno migratorio y que la Diputación entiende que hay que atajar cuanto antes.
El caudal informativo de los últimos tiempos es bien conocido, el mismo que recoge un sinfín de episodios “antisociales”, situaciones que a fuerza de repetirse despiertan recelos y contribuyen a conformar una imagen quizá un tanto distorsionada.
Basta echar mano de un dato para demostrarlo: tan sólo 14 de los 180 menores extranjeros no acompañados tutelados actualmente son reincidentes en ese tipo de comportamientos. Están repartidos en cinco de los 30 centros con los que cuenta actualmente el territorio. “No son más”, asegura tajante Jose Ignacio Insausti, director foral de Infancia y Juventud. Menos de un 10% que, sin embargo, estigmatiza a todo el colectivo. ¿Qué hacer con ellos?
La solución no es fácil. Estos menores presentan serios problemas de adaptación y continúan una errática singladura, lejos de los objetivos de reinserción previstos y en centros de acogida abiertos que se sitúan en las antípodas de la contención que precisan. “No entienden el proyecto educativo que se plantea”, detalla el director foral.
Las medidas judiciales aprobadas hasta ahora con este 10% de chavales se ha convertido en pan para hoy y hambre para mañana, y es ahí donde la Diputación quiere hincar el diente, para lo cual tiene previsto solicitar en los próximos días una reunión con la Fiscalía y el juez de menores con el fin de trasladarles la letra pequeña de su inquietud.
centro de reforma En concreto, el ente foral quiere hacerles partícipes de la necesidad de adoptar “algún tipo de medida correctora, como puede ser el ingreso en algún centro de reforma, y evitar así el sentimiento de impunidad” que existe. Tal y como precisa Insausti, “acabar con esa sensación de que hagan lo que hagan, da exactamente igual porque no va a tener consecuencias”. El encaje de esta pretensión, en cualquier caso, encuentra un escollo importante en el hecho de que buena parte de estos chavales tiene menos de 16 años, un edad con la que la Ley del Menor se muestra especialmente condescendiente.
Se da la circunstancia de que desde comienzos de año y hasta el 17 de abril, 28 de los menores atendidos tenían menos de 16 años. La media del promedio del conjunto se sitúa en torno a los 15,4 años.
Pero la Diputación tiene una segunda cuestión que trasladar a la instancia judicial: algunos de los menores “más problemáticos” rozan actualmente la mayoría de edad, una situación que “se escapa” de la competencia foral y será trasladada también a la Fiscalía en la reunión prevista.
capítulo prioritario Aunque parezca mentira, hace cinco años Gipuzkoa contaba con dos centros de acogida, uno de urgencia, en Urnieta, y otro residencial, en Martutene, en el que se repartían los 40 menores extranjeros no acompañados que recalaban por aquel entonces en el territorio. Un lustro después, la cifra se ha disparado de tal manera que para finales de año se espera que haya 250 residentes que, si todo funciona sobre lo previsto, se repartirán en unos cuarenta centros.
A día de hoy son 30 los servicios de acogida de menores, compartidos entre extranjeros y autóctonos, y para finales de año se abrirán diez más. “El departamento ha asumido la protección a menores como un capítulo prioritario al que se destinarán todos los recursos necesarios”, asegura el director foral, quien incide en las 380 medidas legales que se prevé que se tomen para fin de año, “todo un récord histórico”.
Los recursos específicos que precisa este número creciente de inmigrantes no acompañados supone un reto de futuro, y el departamento foral se mantiene a la espera de los resultados de un estudio que está realizando una comisión de expertos de la Universidad de Oviedo. Esta evaluación, junto al decreto de centros de acogida que aprobará en breve el Gobierno Vasco, marcará las líneas maestras de los servicios que se prestarán en un futuro.
centro terapéutico
Gipuzkoa, en cualquier caso, cuenta con un centro terapéutico para menores que presentan mayores conductas antisociales, un servicio “esperanzador” que está en marcha desde hace dos meses y que actualmente cuenta con ocho residentes que se elevarán a diez en breve.
Los menores de este centro especial están dando una respuesta satisfactoria. La fase de adaptación está siendo buena y, según describe Insausti, han empezado a interiorizar que se les está ofreciendo una serie de posibilidades a las que ellos mismos renunciaban. “Hasta ahora no han valorado el esfuerzo que realizan por ellos los educadores y la Administración, una reflexión que han empezado a hacer”, insiste el director foral.
En cualquier caso, los servicios sociales de base representan siempre la puerta de entrada para este tipo de situaciones de desprotección. Es por ello que la Diputación se ha propuesto habilitar “una red de interrelación permanente con los ayuntamientos”.
Publicado en Diario de noticias de Gipuzkoa, jorge napal,

El Principado plantea que familias inmigrantes acojan a menores extranjeros tutelados

Desde 2003 llegaron a Asturias 251 niños no acompañados, la mayoría, rumanos y marroquíes Bienestar Social abre en Laviana el primer centro para aliviar la saturación del Materno-Infantil
Bienestar Social no lo oculta: con los recursos de los que dispone la consejería es imposible atender a todos los menores extranjeros que llegan a Asturias. Eva Sánchez, directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, fue ayer explícita en una comparecencia en la Junta General del Principado: «Llegan en un número superior al que podemos atender desde comunidades como Cataluña y el País Vasco», reconoció. En concreto, 251 desde 2003: 19 ese año, 14 en 2004, 31 en 2005, 102 en 2006, 85 en 2007 y 44 en lo que va de 2008. De ellos, el Principado tutela hoy a un centenar.
«El problema se hizo especialmente patente en 2006», relató la directora de infancia, quien precisó que, «aunque la mayoría tiene entre 14 y 17 años, cada vez llegan más jóvenes» y que «ha habido dos oleadas, la primera, hasta hace dos años, de chavales rumanos, y, a partir de entonces, de marroquíes y senegaleses procedentes de los centros canarios».
Para aliviar esta situación, Bienestar ya ha iniciado contactos con las asociaciones de inmigrantes en el Principado. Quieren que sean «familias extranjeras ya instaladas en la región» quienes acojan a menores de su propia nacionalidad «a cambio únicamente de su satisfacción personal por ayudar a la integración de estos pequeños». El anuncio se produjo mientras, a las puertas del Parlamento regional, se concentraba un grupo de trabajadores del Materno-Infantil de Oviedo, que volvían a protestar por «la sobreocupación y el deterioro de la unidad de primera acogida del centro», con 26 menores -varones de entre 11 y 18 años-, a pesar de que tiene capacidad para 16, del aumento de los conflictos con el equipo educativo y entre los propios chavales, agravado por el consumo de estupefacientes.
Centro de día
En la otra unidad de emergencia destinada a los menores extranjeros no acompañados, ubicada en las instalaciones del Fundoma, también en Oviedo, hay otros doce chavales. Y en total suponen el 20% de los pequeños ingresados en la red de primera acogida asturiana, en pleno «proceso de reestructuración». Sánchez también anunció la intención de la consejería es «diversificar los alojamientos de menores» para aliviar situaciones como la del Materno. La primera prueba fue el anuncio, casi simultáneo, de la consejera, Pilar Rodríguez, de que Bienestar pondrá en marcha «de inmediato» en Laviana un centro de día y una residencia para niños en riesgo de exclusión, inmigrantes o no.
Ambas iniciativas se ubicarán en La Cagüernia, Barredos, donde se creará un centro de día para 20 menores y dos pisos ya equipados con capacidad para acoger entre ocho y diez chicos tutelados en primera acogida y próximos a llegar a la mayoría de edad.El objetivo en este segundo caso es preparar a estos menores para su ya próxima vida independiente, mientras que en el centro de día se tratará de conciliar la vida familiar y laboral.
El Principado quiere que los menores se alojen en centros pequeños, «donde se puede trabajar con grupos más homogéneos, que sean más parecidos a un hogar», dijo Rodríguez. Con ese mismo objetivo, el Principado acometerá un plan que consiste en redistribuir a los chavales: «En la Unidad de Primera Acogida del Materno estarán los niños entre los cero y los trece años, mientras que al Fundoma irán los de 14 a 17».
«Hechos gravísimos»
No ofreció respuestas concretas Eva Sánchez a las denuncias de Inmaculada González, diputada del PP, que habló de que «los menores del Materno llegan a pasar allí 300 días, cuando el máximo establecido son 45, antes de integrarse en la red de centros de menores del Principado. González también relató «cómo viven sin escolarizar y con demasiado tiempo libre mientras que los vecinos de la zona denuncian hechos gravísimos». Eva Sánchez sí admitió que «el personal de atención directa a estos menores carece de formación específica», que «se produce un efecto llamada por parte del grupo de menores que está en Asturias» y que tampoco pueden controlar las fugas.
PUBLICADO EN El Comercio Digital

Cincuenta trabajadores del Marcelo Nessi defienden su funcionamiento

BADAJOZ

Creen que las protestas deterioran el ambiente de trabajo y perjudican a los menores internos
Medio centenar de trabajadores del centro de reforma de menores Marcelo Nessi han firmado un comunicado en el que lamentan que un grupo de componentes de la plantilla de este mismo centro esté «poniendo en entredicho la profesionalidad de los trabajadores del Marcelo Nessi», una situación que, a juicio de los firmantes «ha podido crear un clima poco propicio para el desarrollo de la función sancionadora-educativa del centro».
En el escrito remitido a HOY se recuerda que el modelo de intervención que se aplica actualmente en el Marcelo Nessi «se ha elaborado con la experiencia acumulada de todos los profesionales que han intervenido desde el año 1994, fecha en la que comenzó a funcionar como centro de reforma».«Los trabajadores que suscriben este escrito, pertenecientes a los diferentes colectivos del centro de cumplimiento de medidas judiciales Vicente Marcelo Nessi, quieren hacer constar que respetan el derecho de cualquier colectivo a reivindicar supuestas mejoras en sus condiciones de trabajo, al igual que consideran que deben ser respetados aquellos que no las comparten», se afirma en uno de los párrafos del comunicado.
Por último, piden a los medios de comunicación, sindicatos y resto de trabajadores del centro, que no contribuyan a deteriorar el ambiente de trabajo, «dado que en este tipo de centros la realización de las tareas en equipo es fundamental para la consecución de los objetivos planteados por los menores, por lo que, en interés de éstos, solicitan que se les permita realizar sus funciones lo más dignamente posible y así poder ayudar a los menores en la difícil tarea de su resocialización».
Los firmantes de la carta han explicado que el comunicado cuenta con el apoyo de 48 profesionales, entre los que figuran educadores, ordenanzas, encargados, camareras y personal de servicios generales.Fuera quedan los cuidadores, que desde hace semanas llevan a cabo movilizaciones para exigir a la Junta de Extremadura que incremente las medidas de seguridad del centro para evitar que se repitan las cuatro agresiones ocurridas durante los últimos meses.
Quienes se han echado a la calle solicitan que haya un educador en el interior de cada módulo para que el trabajo de reeducación lo pueda desarrollar a lo largo de todo el día una persona especializada en este tipo de tareas. Los cuidadores lamentan que sólo sean ellos, cuya única titulación exigida es el Graduado Escolar, quienes tengan la responsabilidad de acompañar permanentemente a chicos que precisan de actuaciones educativas serias para cambiar su actitud. «Ahora mismo los educadores sólo suben a los módulos en momentos muy puntuales».
La última movilización de los cuidadores tuvo lugar el pasado lunes, cuando volvieron a concentrarse como medida de protesta. La presencia de cuidadores es masiva en esas manifestaciones, pero este colectivo sólo está formado por 32 personas sobre una plantilla total de 89 (quedan fuera los vigilantes de seguridad), por lo que la carta remitida ahora pone de manifiesto una división de pareceres entre los distintos colectivos de trabajadores.
Publicado en http://www.hoy.es/


15/4/08

Bienestar Social anuncia que «el Materno-Infantil será sólo para niños asturianos»

Reconoce que la saturación de las instalaciones «no es un problema puntual sino una constante» Busca otra ubicación para los menores extranjeros

La llegada de menores extranjeros al Principado ha desbordado la capacidad de los centros de acogida de la red regional, y en especial, de la Unidad de Primera Acogida del Materno-Infantil de Oviedo. Según reconoció ayer Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar Social, «estamos ante un fenómeno social que es nuevo: la llegada de inmigrantes menores de edad que vienen solos. No es una cuestión puntual, sino que es una constante y se empieza a convertir en un problema estructural».
La unidad del Materno-Infantil «tiene que ser para los niños asturianos que requieren protección», sentenció Rodríguez. Por este motivo, el Principado está busca otro lugar para los niños extranjeros y asegura que está analizando cómo abordar esta situación.
Según explicó Rodríguez, se trata de un «asunto complejo», por lo que se está estudiando junto al nuevo Ministerio de Inmigración y la Fiscalía de Menores, entre otros organismos. A su vez, subrayó que «lo importante es que no se menoscabe la atención que de manera tradicional se da a la acogida de los chavales».
Asimismo, la consejera incidió en que «la complejidad de este fenómeno requiere un abordaje multidisciplinar». Por último, también quiso explicar que «es importate saber diferenciar y tener un diagnóstico claro de este fenómeno. La llegada de inmigrantes no es masiva, pero sí recurrente».
Los datos, adelantados por EL COMERCIO, son contundentes. El Materno-Infantil tiene 17 plazas. Sin embargo, a principios de este mes estaban alojados en sus instalaciones 25 menores, todos varones, con edades comprendidas entre los 11 y los 18 años. El centro es la primera puerta de entrada al sistema de protección para los menores en riesgo, ya sea por abandono, malos tratos o, como ocurre en este momento, por llegar a un país extranjero sin la compañía de su familia.
Además, según los datos disponibles a principios de abril, el Principado tutela a un centenar de menores extranjeros, llegados durante pasado año y lo que va del presente. Respecto a la cifra total, los centros de acogida de la red autonómica dieron techo durante el 2007 a 577 menores en situación de desamparo.
Más de 45 días
La directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, Eva Sánchez, aseguró hace unos días a este periódico que el plazo para estar en el Materno-Infantil son 45 días, pero que el problema es que en ese periodo de tiempo «es imposible identificar a uno de estos chicos extranjeros, con lo que es normal que permanezcan durante más tiempo, porque nuestra misión es darles la mejor atención posible y eso es lo que hacemos con el trabajo de los educadores».

13/4/08

España suspende en la lucha contra el racismo

Un informe de Amnistía Internacional denuncia que se ocultan datos sobre xenofobia

España es un país que sufre un grave problema de racismo y que se comporta como si nada estuviera pasando. Esa es la primera conclusión que se puede extraer del demoledor informe publicado ayer por Amnistía Internacional sobre la labor de las au-toridades españolas en la lucha contra esta lacra. El título de dicho estudio, Entre la desgana y la invisibilidad, lo dice todo. Desgana, por la "pasividad" de la maquinaria estatal a la hora de combatir el fenómeno. Invisibilidad, por la puesta en práctica de un apagón informativo con el que se pretendería ocultar la verdadera magnitud del problema.
Esa triste realidad quedaría reflejada en un dato aportado por el informe que carece de confirmación oficial. Según la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia (RAXEN), en España se producen cada año 4.000 agresiones racistas, entendiendo por tales las que se producen contra inmigrantes, indigentes, homosexuales y prostitutas. "¿Cómo es posible que en el Reino Unido se documenten oficialmente 50.000 ataques racistas al año y en España la Guardia Civil registre entre 10 y 20 casos y la Policía Nacional entre 80 y 100?", se preguntó el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
La clave está, según apunta el informe, en que España es uno de los cinco países de la UE que "no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas", lo que hace que el problema sea "invisible". "Es alarmante la falta de registro de incidentes o crí-menes de ese tipo", añade.Con estas lagunas, no es extraño que el último barómetro del CIS revele que solo el 0,7% de los españoles percibe que hay un problema de racismo, como recuerda el estudio. Y ello pese a que la inmigración es "el tercer problema" (según el 34,5% de los consultados) y que el porcentaje de los que "muestran actitudes hostiles" hacia los inmigrantes ha pasado en siete años del 8% al 32%.
DESIDIA GENERAL
Amnistía Internacional critica la "desgana" de la Administración española a la hora de aplicar sanciones o compensaciones por casos de discriminación étnica (no figura ni una sola en el 2006), pero también propina un gran varapalo a los jueces y los fiscales por no ser receptivos ante este tipo de denuncias. Para demostrarlo, cita un estudio de la Universidad de Valencia en el que se concluye que, entre 1996 y el 2005, los tribunales solo aplicaron en seis casos la agravante de motivación racista incorporada al código penal. Por todo ello, Amnistía sitúa a España "a la cola de Europa" en esta cruzada.

10 autonomías toleran guarderías ilegales

Admiten que existen centros irregulares para menores de tres años en empresas, ludotecas o pisos - Al menos 400 locales funcionan sin cumplir los mínimos
En la atención a los niños menores de tres años, más quizá que en cualquier otra cuestión que se imagine, la calidad no se debe sacrificar en aras de la cantidad. Pero no es así. Los responsables de 10 comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y País Vasco- saben que existen centros privados irregulares en su territorio, bien en empresas que no han recibido la autorización para ello, en ludotecas (locales de juego) que hacen la función de guardería o incluso en pisos particulares en los que se atiende a grupos de niños durante la jornada laboral de sus padres. Y los consienten. Además, al menos cinco autonomías y Ceuta reconocen que tienen en total cerca de 400 centros privados que no han sido autorizados por la Administración porque no cumplen los requisitos mínimos para dar la debida asistencia a estos menores.
El panorama que describe el último informe sobre la situación de los centros que atienden a los niños de 0 a 3 años, basado en datos oficiales, solicitados por la Comisión Europea, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha hecho saltar todas las alarmas. Revela una clara falta de plazas (351.593, menos), que ni siquiera cubre las necesidades de las familias que hay en España en las que trabajan los dos miembros de la pareja (657.259) y de las monoparentales (124.237) con hijos de estas edades, y alerta de que no se pueden seguir abriendo plazas a costa de la "calidad", es decir, sobre todo privadas que no están controladas por las administraciones o que no tienen personal cualificado ni el número suficiente de aulas.
El estudio Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de la demanda ha sido realizado por la Universidad de Vic y han participado en él siete especialistas, coordinados por Irene Balaguer. El trabajo se ha hecho basándose en los datos oficiales solicitados a las propias comunidades (excepto los de la Comunidad Valenciana y Murcia, cuyos Gobiernos decidieron no aportar información). Fue encargado por el Ministerio de Asuntos Sociales tras solicitar la Comisión Europea esta información a España por carecer de ellos para las estadísticas europeas (Eurostat). Éste es el segundo estudio que hace este equipo. El primero es de 2004 y estaba más incompleto. La oferta aumenta año tras año, pero sin el suficiente control. Los expertos advierten en las conclusiones de que, según la situación detectada, "las políticas de ampliar la oferta, una vez más, están sujetas a priorizar la cantidad a costa de la calidad". Su conclusión es que "los datos aportados por las comunidades" provocan "alarma". Una de las razones es que "el incremento real de la oferta registrada es básicamente debida al aumento de la oferta pública municipal, en la que resulta evidente la disminución de la calidad en todos los requisitos", aseguran. Balaguer lo explica: "Muchas veces la propiedad del local es municipal, pero la dan a gestionar a una empresa, como la basura, sin controlarlo".
El descontrol está centrado en la privada no autorizada, y aun así tolerada, por las autonomías. Algo especialmente grave si se tiene en cuenta que el 52,7% de la oferta en toda España es privada.
La educación de 0 a 3 años tiene carácter educativo desde 1990, por lo que las mal llamadas "guarderías" deben hacer mucho más que guardar. El texto destaca otra razón de alarma (aparte de las evidentes consecuencias negativas de esta situación para muchos niños): la ausencia de unos requisitos mínimos nacionales, que "respetando la competencia de las comunidades", garanticen tanto la calidad como la igualdad de oportunidades. Esos "requisitos mínimos" del centro, espacio, ratios y personal los establecía un real decreto de 2001 ya derogado (conocido en el sector como el 1.004), que sigue siendo la referencia para comunidades y expertos. En la actualidad, el decreto deja libertad a las autonomías para establecerlos.
La dispersión de datos entre autoridades autonómicas de educación y bienestar social y la falta de control de buena parte de la oferta privada queda patente en esta radiografía. Aunque la base del estudio esté hecha sobre datos de hace dos cursos y del censo de 2001 del Instituto Nacional de Estadística (los últimos datos completos disponibles en ambos casos), el informe se acabó en noviembre de 2007. Éstos son los aspectos más relevantes:
- Privados ilegales. La falta de control de esta etapa es "alarmante". Diez comunidades "perciben la existencia de centros no autorizados", es decir, locales privados ilegales abiertos en su territorio. Cuatro de ellas (Baleares, Canarias, Castilla y León y Madrid) reconocen que existen centros irregulares en empresas, ocho (Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y País Vasco) que los hay funcionando con licencia municipal pero para otras actividades y ocho (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid y País Vasco) admiten que tienen ludotecas haciendo de guarderías.
Además, otras tres autonomías declaran otro tipo de irregularidades. Baleares reconoce que hay guarderías funcionando que ni siquiera tienen licencia municipal de actividad económica, Canarias sabe que hay "particulares" que atienden niños en su casa a modo de guardería y Cantabria también cree que las hay pero no especifica de qué tipo de centros se trata. Se desconoce la situación en la Comunidad Valenciana y Murcia porque no participaron.
- Privados abiertos bajo mínimos. Hay centros que atienden a menores de tres años sin autorización en al menos cinco comunidades. Lo reconocen ellas mismas. Son: Aragón (15), Baleares (205), Canarias (78), Cantabria (12) y Extremadura (18). Esto significa que no cumplen los requisitos mínimos que la autonomía exige, pero aun así operan. "Sospechamos que hay muchos más, otras comunidades no lo han querido reconocer", puntualiza la coordinadora del informe.
- Inspección. En Canarias, Navarra y Ceuta "no existe un servicio de inspección para determinar si los centros cumplen con los requisitos mínimos de calidad exigible", aparte de la sanitaria. La inspección depende de Educación, excepto en Extremadura, que es de Bienestar Social. En Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha la comparten.
Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y Extremadura admiten que inspeccionan sólo los centros autorizados.- Plazas y centros. Hay 339.564 plazas para 1,14 millones de niños menores de tres años, según el estudio realizado con datos de población del decreto 1004 y de plazas del curso 2005-2006. A día de hoy esta población es de 1,4 millones de niños, lo que no quita validez a la radiografía, según los autores.
La privada es mayor que la pública. El 52,7% de estas plazas son privadas. También hay más centros privados (3.687 en toda España) que públicos (2.947). Aunque el estudio advierte insistentemente de que la privada no está toda registrada, y de que hay mucha fuera de control que no aparece en los datos de las comunidades.
Esto significa que hay una media de 27 plazas para 100 niños. De ellas, 12,8 son públicas y 14,8, privadas. Pero la variedad entre comunidades se repite. Por ejemplo, en el País Vasco hay 52,3 plazas por cada 100 niños de media, mientras en Asturias hay 16,7.
- Apuesta pública o privada. Más del 70% de los centros de 0 a 3 años son privados en cuatro comunidades (Baleares, Asturias, Canarias y Madrid). Ésta es la otra cara: en cinco representan menos del 40% (Extremadura, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Castilla-La Mancha).
- Demanda. En España es necesario atender a al menos 691.496 menores de tres años. Esto representa el 61% de los niños. Para ello, habría que aumentar en un 103% la oferta, creando 351.593 plazas. Esto sin contar las familias que tienen derecho a una plaza, aunque no trabajen los dos.
- Niños por aula. La ratio del 1.004 se cumple en general en toda España (ocho niños, de 0 a 1 año; 13, de 1 a 2, y 20, de 2 a 3). Sin embargo, llama la atención que, por ejemplo, en Baleares los centros privados autorizados llegan a tener 57 niños de entre dos y tres años por aula con cuatro adultos y 39 con tres adultos en las clases de entre dos y tres años. En Cantabria también hay de este tipo con 32 niños de dos a tres años por clase con dos o tres adultos y en Asturias, 25 pequeños en un aula con dos adultos. La falta de calidad es, una vez más, el problema.
- Personal. Es uno de los principales déficit, según el estudio, Por un lado, debido a la escasez de maestros, que suponen sólo el 34% en los centros públicos y el 35,7% en los privados de los que se tienen datos. El 60% son técnicos en educación (titulados en FP) y muchos están sólo habitados por un curso. En el otro lado están las "dificultades para conocer" la realidad de la privada, advierte el informe. "Trabajan en ella muchas personas sin formación alguna", explica su coordinadora.
Publicado en www.elpais.com por SUSANA PÉREZ DE PABLOS

Las responsabilidades penal de los menores ya está contemplada con suficiente contundencia

El portavoz de JUECES POR LA DEMOCRACIA detalla que en caso de tener que reformar la Ley del Menor, tendría que hacerse en el "sentido contrario"
La actual Ley del Menor permite articular medidas sancionadores de suficiente contundencia para los menores que incurren en delitos penales de gravedad, si bien las sanciones deben estar acompañadas de un óptimo trabajo social y psicológico para favorecer la reinserción social de estas personas, tal y como reza el espíritu de la normativa.
Así se pronunciaron diversos expertos en materia judicial sobre las disposiciones de la Ley del Menor para castigar casos como la violación de una joven de trece años por parte de tres menores en Palma de Mallorca, que ha motivado que la Jueza de Menores del Juzgado Número 2 de Palma haya decretado el internamiento en un centro de régimen cerrado como medida cautelar.
Incluso el portavoz del colectivo Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, expresó su opinión de que la actual Ley contempla en ocasiones "demasiado contundentemente" la Responsabilidad Penal juvenil, y por tanto, si fuera necesario algún cambio, se debería orientar "en un sentido contrario" donde primara más los aspectos educativos.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Felix Pantoja, detalló que la legislación actual permite que los menores puedan estar internados por un periodo prolongado de tiempo en centros cerrados. En este sentido, aseguró que la privación de libertad debe combinarse con un trabajo social y psicológico, algo que "difícilmente se hace" en los centros penitenciarios para adultos.
Para este experto, la actual Ley del Menor ofrece la posibilidad de que haya una "respuesta de castigo contundente" por parte de la Justicia contra los jóvenes que comentan delitos de gravedad. "Con endurecer la Ley, seguramente estas cosas no se acaben", explicó para ilustrar que la normativa recoge medidas sancionadores suficientes para estos casos."Otra cosa es que ese castigo, a diferencia de lo que pasa en las cárceles, haya que aprovecharlo para hacer una labor de efectiva reinserción de estos chicos", apostilló Pantoja para recordar que el artículo 19 del Código Penal establece que las medidas sancionadoras no pueden ser iguales a las que tienen las personas con mayoría de edad.
LEY YA ENDURECIDA
Mientras, Tapia afirmó que la evolución del Derecho Penal juvenil se ha "endurecido tremendamente" en los últimos años, y que a partir de la reforma que entró en vigor el año pasado, en los delitos de agresión sexual se permite imponer medidas de hasta 10 años de duración."El tratamiento es lo suficientemente intenso para que no necesite ningún cambio de legislación. Yo creo que en estos casos, la legislación Penal juvenil contempla la posibilidad de que se puedan imponer medidas para hacer ver al menor la propia gravedad y transcendencia del hecho, le haga responsable del mismo e imponga las medidas proporcionadas a la gravedad y a sus circunstancias familiares, personales y educativas dirigidas a su integración en la sociedad y en no volver a incurrir en estos delitos", precisó.
Además, Tapia señaló que el tratamiento que reciben los menores es correcto desde el punto de vista jurídico, y que el proceso contempla todas las garantías para determinar hasta "qué punto son o no" responsables. "Es decir, que estamos hablando de medidas equiparables a la Justicia Penal de los adultos, con la gran diferencia que en el Derecho Penal de Adultos, se supone que es una persona con plena capacidad de comprensión y de voluntad", detalló el portavoz de la JpD.
No obstante, Tapia precisó que la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores que entró en vigor en 2001 con el paso de los años ha incrementado las medidas sancionadoras y la posibilidad de que se pueda imponer el internamiento de régimen cerrado en más casos a los inicialmente contemplados.
"Por tanto si tuviera que hacer un juicio crítico de la legislación española en materia juvenil diría que lo que hace falta es reformarla en el sentido contrario, en el querer volver al primitivo espíritu y los principios inspiradores de la Ley de 2001 que tenía como principio fundamental lo educativo", reflexionó.
Finalmente, el portavoz de JpD que el caso de la violación de una menor abarca comportamientos que van "más allá" del tratamiento puramente penal y que "interpelan a la sociedad". Por ello, ahondó en realizar una reflexión sobre los modelos sociales que se ofrecen por parte de los adultos a los menores, que pasan por generar un espacio educativo para debatir los valores ciudadanos y evitar la difusión de comportamientos violentos o "la cosificación de la libertad sexual".
"Desgraciadamente ellos son también víctimas del sistema" afirmó por lo que desde la sociedad no puede caer en "cierto cinismo" en repudiar estos comportamientos cuando estas personas han podido sufrir la desestructuración familiar así como el desamparo institucional o educativo, aspectos que toca resolver a la sociedad en su conjunto.

10/4/08

Un juzgado contradice a la Comunidad de Madrid y permite abortar a una menor

Un juzgado ha permitido abortar a una menor a la que la Comunidad había impedido ejercer ese derecho. La joven, de 16 años, tenía un informe psiquiátrico que acreditaba el grave peligro para su salud psíquica, uno de los tres supuestos incluidos en la ley.
La titular del Juzgado número 80 de Primera Instancia, en un auto al que tuvo acceso la cadena SER, revoca la decisión de la comisión de tutela que denegó a esta joven el permiso para abortar. La negativa de la Comunidad se produjo el 27 de febrero. La menor ha tenido que esperar hasta ahora, cuando va por la 18ª semana de embarazo, con los mayores riesgos que esto conlleva para interrumpir una gestación más avanzada.
En este mes y medio, la joven ha tenido que acudir a los tribunales para que se le autorizara el aborto al amparo del artículo 158 del Código Civil, que permite al juez tomar las disposiciones oportunas para apartar al menor de un peligro.
La joven tenía un informe del Servicio de Salud Mental de Moncloa que certificaba que estaba incluida en el supuesto de grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada. El informe psiquiátrico hablaba además de angustia y de altísimo riesgo de suicidio. A pesar de ello, el Instituto del Menor decidió someterla a un segundo estudio de un médico del hospital Gregorio Marañón, que no apreció esos condicionamientos. Y con ese segundo informe rechazó el aborto.
La juez, sin embargo, aplica el principio de igualdad: a una mayor de edad, dice la magistrada en su auto, no se le exigiría ir a más de un especialista como se le ha exigido a ella.

A la cama con la ´poli´

Educadores del Centro Materno Infantil tuvieron que recurrir a la policía para obligar a varios adolescentes a irse a dormir.
La escena pasa en todas las familias, incluso en las mejores. Padres e hijos comparten sofá y película en la tele hasta que el reloj marca la hora de que los niños se vayan a la cama. La disparidad de criterios entre padres e hijos suele arreglarse, en el mejor de los casos, negociando, y en el peor, con un grito amenazante. Nadie recuerda, sin embargo, una situación en la que los padres tuvieran que llamar a la policía para obligar a los niños a meterse en la cama. Pues, bien, esto es precisamente lo que pasó en la Unidad de Primera Acogida del Centro Materno Infantil.
Varios educadores denunciaron ayer que tuvieron que llamar a la policía para obligar a los menores a apagar la tele para irse a dormir. No ha trascendido la película que estaban viendo. La situación, que parece casi de broma, revela, sin embargo, las dificultades de los educadores para el control de la conducta de los niños en un centro que lleva días saturado. No es la primera vez que los educadores se ven obligados a llamar a la policía para tratar de reconducir a alguno de los menores.
Algunos de los sindicatos representados en el comité de empresa han denunciado la saturación de la unidad de primera acogida. Diseñada inicialmente para 16 plazas, llegó a acoger ayer por la mañana a 28 adolescentes. El número se redujo hasta 26 por la tarde. En estas condiciones, los educadores afirman que las posibilidades para ejercer su trabajo se ven muy limitadas. La sobreocupación del centro obligó de hecho a comprar camas plegables con carácter de urgencia para poder alojar a los menores.
El comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social tiene previsto celebrar hoy una asamblea para decidir cómo actuará ante los problemas suscitados por la unidad de primera acogida del Materno Infantil. Eva Sánchez, directora del Instituto de Infancia, señaló el martes que su departamento no tiene previsto incrementar el número de plazas de primera acogida para menores extranjeros no acompañados. Sánchez indicó además que la tendencia en la llegada de estos adolescentes tiende a estabilizarse en los últimos dos años.

En defensa de la Educación Infantil 0-6 años. NO a la privatización

La apisonadora de la descarada privatización dirigida por Esperanza Aguirre y su Consejera Lucía Figar aplasta la más imprescindible oferta y calidad de la Educación Infantil, mientras que desde el Gobierno del PSOE, la formulación de la LOE, da un cheque en blanco a todas las Comunidades que quieran hacer lo que la de Madrid, enfoque opuesto a lo que el mismo PSOE concretó en la LOGSE de 1990.

Recientemente en la Comunidad de Madrid se ha extendido un movimiento en defensa de la Educación Infantil 0-6 años. Tanto las familias, como los profesionales implicados han tenido que tomar la voz de unos niños y niñas que son demasiado pequeños para hacerlo por ellos mismos. La apisonadora de la descarada privatización dirigida por Esperanza Aguirre y su Consejera Lucía Figar aplasta la más imprescindible oferta y calidad de la Educación Infantil, mientras que desde el Gobierno del PSOE, la formulación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y su omisión intencional de regulación estatal, da un cheque en blanco a todas las Comunidades que quieran hacer lo que la de Madrid, enfoque opuesto a lo que el mismo PSOE concretó en la LOGSE de 1990.
El nacimiento de los Sistemas Educativos Nacionales ha estado vinculado al del estado liberal: generalizar la instrucción del pueblo pero decidiendo el nuevo Estado qué, cómo, cuándo aprender, sustituyendo o complementando, según las latitudes, a la Iglesia como institución docente hegemónica, desde la E. Media.
La diferencia entre la posición anarcosindicalista y la de las llamadas ideologías “progresistas” estriba precisamente en confiar en un Sistema Educativo Nacional como su vehículo para la transformación social o no hacerlo.
Para los anarcosindicalistas la idea de que una regulación nacional pueda transformar la realidad de la desigualdad social no pasa de ser una falacia, un espejismo. No obstante la educación sí puede actuar sinérgicamente con la transformación social, incluso revolucionaria, pero para ello ha de que sustraerse todo lo posible de la influencia del tándem Iglesia-Estado.
Las admiradas experiencias pedagógicas y educativas libertarias, al margen del Sistema Educativo no están al alcance de la mayoría de los anarcosindicalistas o de la clase trabajadora, en general, es por eso que la mayoría de los que tienen criaturas tienen que utilizar un servicio público inscrito en un Sistema Educativo Nacional. Igual ocurre con los enseñantes.
Pero esto no es lo peor, ni muchísimo menos de lo que puede suceder: la privatización del servicio educativo es la peor opción: tener que llevar a nuestras criaturas a un centro privado, casi siempre religioso, o tener que trabajar en él, porque no tengamos otra opción. De ahí que defendamos lo público como mejor opción, no entendiendo lo público como estatal.
En contraste con imponentes manifiestos pedagógicos libertarios, las familias trabajadoras y educadores y educadoras nos levantamos cada mañana con problemas de índole práctico sobre las que tomar posición y luchar, porque por ahí es por donde se filtra y se pierde todo aquello a lo que aspiramos.
Así, pues, con este panorama llegamos a la conclusión de que es preciso analizar y debatir la situación actual de las enseñanzas y del sistema educativo bajo una perspectiva diferente, anarcosindicalista, en este caso tenemos en primer plano la educación infantil de 0 a 6 años en Madrid y en muchos más territorios del Estado.
La Educación Infantil es la etapa educativa con mayor porcentaje de privatización. La creciente privatización en el conjunto de las enseñanzas es como una fábrica que va a producir tres productos diferentes: Un primer grupo privado destinado a formar a las elites con el apoyo económico empresarial y lazos con Europa, una segunda trama de centros concertados destinados a adiestrar los mandos intermedios que son creados con el objeto de obtener un beneficio económico o confesional y, por último, una limitada red de centros públicos encaminada a cobijar a los hijos de las capas más desfavorecidas de la sociedad (económica o intelectualmente hablando) convertidos en guetos para abastecer de mano de obra barata y poco especializada.
Además de tener una utilidad en el control social, la privatización es muy lucrativa. En el caso de la Educación Infantil, además hay que tener en cuenta que las familias que consiguen obtener una plaza en 3-6 años en un centro de educación infantil y primaria público (CEIP), tienden a seguir escolarizando en el siguiente tramo, primaria, a sus hijos e hijas en un CEIP. Dicho de otro modo, si se consigue que las criaturas de esta edad vayan a un centro privado, el centro privado que tiene primaria, ya tiene asegurados los clientes.En los años setenta el problema era la escasez de plazas escolares y la gratuidad de la enseñanza obligatoria, en los ochenta el aspecto más relevante fue la existencia de corrientes de renovación pedagógica que situaron el periodo 0-6 años como una etapa educativa, que la pedagogía libertaria había anticipado 120 años antes.En los años noventa esas corrientes pedagógicas influyeron en que la LOGSE (Ley Educativa promovida por el Gobierno del PSOE), que sustituía a la Ley General de Educación de 1970, fuera la primera ley española que considerara educativa la acción dirigida a los niños y niñas desde los 0 años, aunque no fuera obligatoria.Esto es muy importante, pues anteriormente, en el periodo 0-3, se hacía un trabajo meramente asistencial (“guardería”): comer, lavar, cambiar,….., dichas guarderías dependían de autoridades laborales, asistenciales o sanitarias.Este reconocimiento tiene unas consecuencias, en cuanto a la práctica: hay que programar, tiene que haber centros denominados escuelas infantiles, tienen que regularse sus requisitos mínimos para impartirla, igual que en otras enseñanzas. Estos requisitos mínimos para poder impartirla hacen referencia a los espacios, equipamientos, ratio y titulación del personal.Todo ello se reguló mediante Reales Decretos, en cuanto a Requisitos Mínimos se estuvo aplicando el RD 1004/1991 y la ORDEN de 16 de noviembre de 1994 en el territorio MEC que, en líneas generales, establecía:
Para Escuelas Infantiles:
Para 0-3 años (primer ciclo de educación infantil)
a. Ubicación en locales de uso exclusivamente y con acceso independiente desde el exterior.
b. Una sala por cada unidad con una superficie de dos metros cuadrados por puesto escolar y que tendrá, como mínimo, 30 metros cuadrados.
Las salas destinadas a niños menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño.
c. Un espacio adecuado para la preparación de alimentos, cuando haya niños menores de un año con capacidad para los equipamientos que determine la normativa vigente.
d. Una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados que, en su caso, podrá ser usada de comedor.
e. Un patio de juegos por cada nueve unidades o fracción, de uso exclusivo del centro, con una superficie que, en ningún caso, podrá ser inferior a 75 metros cuadrados.
f. Un aseo por sala, destinada a niños de dos a tres años, que deberá ser visible y accesible desde la misma y que contará con dos lavabos y dos inodoros.
g. Un aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios de los niños, que contará con un lavabo, un inodoro y una ducha.
Para 3-6 años (segundo ciclo de educación infantil)
a. Un aula por cada unidad con una superficie de dos metros cuadrados por puesto escolar, y que tendrá, como mínimo, 30 metros cuadrados.
b. Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una superficie que, en ningún caso, podrá ser inferior a 150 metros cuadrados.
En el caso de que el centro cuente con un número de unidades superior a seis, la superficie del patio de juegos se incrementará en 50 metros cuadrados por unidad.
c. Un aseo por aula, que contará con un lavabo y un inodoro.
Los centros dispondrán de:
· Un despacho de dirección.
· Una secretaría.
· Una sala de profesores de tamaño adecuado al número de puestos escolares autorizados.
Tendrán, como máximo, el siguiente número de alumnos por unidad escolar:
a. Unidades para niños menores de un año: 1/8.
b. Unidades para niños de uno a dos años: 1/13.
c. Unidades para niños de dos a tres años: 1/20.
d. Unidades para niños de tres a seis años: 1/25.
Las administraciones educativas competentes determinarán el número máximo de alumnos para las unidades que integren a niños con necesidades educativas especiales.
La educación infantil será impartida por maestros con la especialidad correspondiente. En el primer ciclo, los centros dispondrán, asimismo, de otros profesionales con la debida cualificación para la atención educativa apropiada a los niños de esta edad (Técnicos Superiores en Educación Infantil, Formación de 2000 horas que incluye un semestre de prácticas en Escuela Infantil y que requiere haber superado el Bachillerato para acceder a esta formación).
1. Los centros de educación infantil en los que se imparta, exclusivamente, el primer ciclo deberán contar con personal cualificado en número igual al de unidades en funcionamiento, mas uno.
Por cada seis unidades o fracción deberá haber, al menos, un maestro especialista en educación infantil o profesor de educación general básica especialista en preescolar.
2. El personal cualificado a que se refiere el apartado anterior estará formado por maestros especialistas en educación infantil o profesores de educación general básica especialistas en preescolar, y por técnicos superiores en educación infantil o técnicos especialistas en jardín de infancia.
3. Los niños serán atendidos en todo momento por el personal cualificado a que se refiere este artículo.
Los centros de educación infantil autorizados para integrar a niños con necesidades educativas especiales contarán, en su caso, con los recursos humanos y materiales de apoyo que determine la administración educativa competente.Para Colegios de Infantil y primaria que tienen 3-6 años:Los centros de educación infantil y primaria deberán contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones y condiciones materiales:a) Ubicación en locales de uso exclusivo y con acceso independiente desde el exterior.b) Un aula por cada unidad con una superficie de, al menos, metro y medio cuadrado por alumno.c) Una sala o espacio de usos múltiples de 30 metros cuadrados por cada tres unidades o fracción superior.d) Un espacio abierto de recreo de tamaño adecuado al número de puestos autorizados.e) En los centros de educación primaria, un espacio cubierto y cerrado para Educación Física y Psicomotricidad, que tendrá una superficie de 2 metros cuadrados por puesto escolar e incluirá espacios para vestuarios, duchas y almacén.Este espacio tendrá en todo caso una superficie mínima de 60 metros cuadrados, sin que, en ningún caso, deba ser superior a 150 metros cuadrados.f) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro.g) Un despacho de Dirección y Secretaria, que podrá ser utilizado como sala de profesores, de tamaño adecuado a la capacidad autorizada del centro.Así estaban más o menos las cosas cuando subió al Gobierno Aznar y puso a Esperanza Aguirre al frente del Ministerio de Educación. En menos de un mes se crearon las ayudas para escolarizar en educación infantil privada, por primera vez en toda la historia de este país, para frenar la sangría de alumnos que la privada estaba sufriendo al haber una creciente oferta pública en ese tramo.Como las únicas formas que tenían de competir con la calidad de los centros públicos eran cuatro, las adoptaron todas, tanto en lo estatal, como en lo madrileño:-Desaparición de unidades públicas. (Para que no hubiera oferta pública)-Anulación de los requisitos mínimos para impartir educación infantil (Para que la patronal “cutre” pudiera abrir centros en locales de “todo a 100”, con personal sin cualificar y con unas ratios elevadísimas), a los que llamaron “Centros Infantiles”, en lugar de “Escuelas Infantiles”, para eludir cualquier requisito o control. Igual ocurrió a veces con el nombre “ludoteca infantil” (Fijaos en los rótulos de los centros privados y públicos de vuestro barrio: No dicen lo mismo)-La concertación de este nivel mediante diversos procedimientos (nunca antes había existido). Sólo era gratuita en centros públicos, al no ser un tramo obligatorio.-Impulsar unas cualificaciones profesionales (no títulos) también de “Todo a 100” para trabajar con las criaturas, lavando la cara de la falta de profesionalidad y para pagar así menos a las trabajadoras/es, precarizando totalmente el sector.Ese fue el caldo de cultivo de una plataforma de defensa de la E. Infantil 0-6 años, por parte de entidades “progresistas” que hacía oposición al PP del gobierno estatal y del autonómico.La educación infantil madrileña y, en general en todo el país, estaba herida de muerte. La práctica que se estaba teniendo se alejaba cada vez más de nuestro ideal, a la vez que la presión demográfica de la inmigración llevaba a las familias a aceptar cualquier cosa por necesidad, para poder ir a trabajar, algo elemental.En 2004, como sabemos cambia el gobierno de la nación, anula la LOCE del PP (que había eliminado 0-3 como etapa educativa, situación franquista) y redacta su LOE, pero desoye en toda la elaboración las propuestas de esa Plataforma que le era tan afín cuando estaba en la oposición y termina formulando una E. Infantil que es devuelta en su tramo 0-3 como etapa educativa, pero omite todo aquello que la pudiera sustraer de la degradación o la privatización de las comunidades depredadoras y objetoras como es la de la Comunidad de Madrid.Así las cosas desde el Estado se envía a las Comunidades Autónomas dinero para extenderla gratuidad de la E. Infantil, sin ningún requisito, como por ejemplo que la inversión tenga que ir a C. Públicos, ni cosa parecida, o que la titulación tenga que ser esta o la otra. ¡Menudo regalo!Y pasó lo que tenía que pasar…..El RD 1630/2006 del PSOE cede la regulación de ratios, profesionales, y demás requisitos mínimos a las otras Administraciones Educativas, a la vez que les envía financiación: El tramo 0-3, se queda “en pañales” (nunca mejor dicho).Y la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre y Lucía Figar a la cabeza, desarrolla, amparándose en la legislación estatal del PSOE que le favorece, dos decretos de requisitos mínimos, mejor dicho, de no-requisitos mínimos, con las consecuencias que ya sabemos sobre la calidad, la situación de las criaturas, sus familias y sus educadores/as.
El texto de lo que se pide es muy sencillo:
· En un plazo muy corto de tiempo, se va a destruir el tejido educativo y social de las actuales escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid. Ello supone la privatización de todas las que ya están en funcionamiento, comenzando por las de titularidad pública y gestión indirecta y acabando por las escuelas infantiles propias de la Comunidad (gestión directa).
· La privatización de las escuelas infantiles no acaba aquí, ya que las de nueva creación (algunas construidas desde hace meses y a la espera de ponerse en funcionamiento, sólo con una orden de la Consejería), funcionarán según este modelo privado de educación.
· La absoluta indignidad que suponen los borradores de los dos decretos que la Comunidad de Madrid, por obligación de la LOE, tiene que desarrollar con respecto a los requisitos mínimos de los centros (ratios, titulación y espacios) y el currículo de la etapa 0-6 años.
· La indefensión a la que sitúan a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, ya que los recursos a los Equipos de Atención Temprana y a los Equipos Psicopedagógicos, se reducen, hasta hacer inviable una atención individualizada, adecuada y de calidad. Son los que más fuertemente sufrirán los recortes presupuestarios y pedagógicos de la Consejería de Educación.
· El desprecio a la Primera Infancia y a sus familias, considerando un tema menor y de responsabilidad parental, la educación infantil. La Comunidad de Madrid ignora las ciencias psicopedagógicas, ignora el derecho de los niños, como ciudadanos, a una educación que desarrolle su personalidad. De esta forma, la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación se convierten en los vigías de una política ultraliberal que defiende principios de dudosa validez ética, moral y política.
· La ambigüedad de la Ley Orgánica de Educación, que ha permitido que el desarrollo legislativo del primer ciclo de la Educación Infantil, esté en manos de las Administraciones educativas autonómicas. El artículo 14.7. , el 15.4. y el 92.1. abren paso a una cascada de acciones políticas, que permiten que en la práctica y en algunos territorios, la educación infantil de 0 a 3 años, tenga la consideración de “guarda y custodia”
POR TODOS ESTOS MOTIVOS, RECLAMAMOS que:
· El gobierno de la nación, en pleno uso de sus competencias, publique los reales decretos que amparen el derecho a la educación de los menores de tres años, tal y como sucede con los niños y niñas de 3 a 6 años.
· A la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Educación, que retiren inmediatamente, los Decretos.
· Se paralice la privatización de los servicios educativos de los menores de tres años.
· Se hable de educación infantil, no de “guarderías”, y se deje de aludir a la conciliación familiar y laboral, como excusa para una política segregadora, exclusiva y falsa en sus planteamientos y principios.
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, LOS PADRES Y MADRES, LOS CIUDADANOS PREOCUPADOS POR LOS MÁS PEQUEÑOS, LLAMAN A UNA MOVILIZACIÓN GENERAL, CIUDADANA Y PARTICIPATIVA, PARA IMPEDIR ESTE DESASTRE, QUE TRAERA GRAVES CONSECUENCIAS PERSONALES Y SOCIALES PARA LAS EDADES MÁS VULNERABLES E IMPORTANTES, DEL DESARROLLO HUMANO. En definitiva lo vimos ya: Una vez más el principal articulado de la LOE contradice y vacía de contenido importantes conceptos pedagógicos, haciendo imposible que éstos puedan ser aplicados, como se vio en la LOGSE. Una vez más lo más peligroso no es lo que dice, sino lo que no dice, por ejemplo todo lo que queda a expensas de desarrollo posterior, generalmente en las CCAA. Es el caso de la financiación de los centros privados, si en el articulado de la ley estatal se concreta lo suficiente como para que las CCAA reciban su presupuesto del Estado, por ejemplo para financiar la gratuidad del segundo ciclo de E.Infantil, no concreta lo necesario para impedir que ese presupuesto sea dirigido en muchas comunidades autónomas directamente a la enseñanza privada, generalmente religiosa. Nada hay de inocente y casual en esta ley.Ya en su día en estas páginas analizamos la LOE negativa, básicamente, en cuanto a tres aspectos: privatización, religión y retroceso de la democratización en los centros.
NUESTRAS PROPUESTAS GENERALES
  1. Mayor porcentaje de gasto público destinado a la educación pública
  2. Gratuidad de la enseñanza en centros públicos en todas las etapas y con ayudas compensatorias para rentas más bajas para potenciar la igualdad de oportunidades.
  3. Reducción de la ratio
  4. Mayor autonomía y autogestión para los centros, siempre dentro de un marco general decidido por toda la sociedad de manera verdaderamente democrática
  5. Democratización y gestión colectiva de los centros: participación directa y efectiva de los diferentes sectores.
  6. Eliminación de la religión (todas las religiones) del horario lectivo. El proceso de aprendizaje debe fundamentarse en el conocimiento racional y científico, alejado de todo dogma.
  7. Derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, de una manera directa, mediante representantes elegidos en asambleas en los centros, comarcas, provincia, etc
  8. Cuerpo único de enseñantes aunque con diferentes especializaciones.
  9. Implicación de todos los intervinientes en la elevación del nivel y calidad de la educación integral de la que tiene que ser beneficiaria la clase trabajadora.
  10. Exigir unos centros públicos no estatales como un derecho.
  11. Hacer una labor de concienciación de los profesores y educadores jóvenes que a veces están tan dormidos ante lo que se nos viene encima.
  12. Apoyar movilizaciones en defensa de estas reivindicaciones pero poniendo cuidado de no ser instrumentalizados por intereses partidistas o politiqueros.
Salud
http://cntensenanzamadrid.blogspot.com/2008/04/en-defensa-de-la-educacin-infantil-0-6.html

7/4/08

Un menor es asesinado en Brasil cada diez horas, según datos oficiales

El caso de la pequeña Isabel, de cinco años, supuestamente asesinada y después arrojada desde un sexto piso de la casa del padre, Alexandre Alves Nardoni, y de su madrastra, Anna Carolina, ambos presos bajo sospecha de asesinato, no sólo está conmoviendo a todo Brasil, sino que ha puesto sobre la mesa un drama muchas veces escondido: el del número ingente de asesinatos de menores, perpetrados en gran parte dentro del ámbito familiar. A la muerte de Isabel se unió en un breve espacio de tiempo la de una niña de 10 años que, acosada por la violencia del padre, que quería pegarla, se arrojó por la ventana y no murió de milagro.
Según datos del Ministerio de Sanidad brasileño, entre 2000 y 2005 tuvieron lugar 5.049 muertes de niños y niñas de uno a 14 años. En 2005, 662 niños murieron por agresiones dentro del hogar, es decir, uno cada diez horas.
Y lo que más asusta es que, mientras en el pasado buena parte de los asesinatos de niños eran cometidos con armas de fuego fuera de casa, ahora se perpetran —sobre todo, hasta los 12 años— mediante estrangulamientos, cuchillos, etc., lo que indica que esos crímenes tienen lugar cada vez más en el ámbito familiar, según señala María Fernanda Tourinho, investigadora del Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo (USP).
En los últimos años, el índice de homicidios con víctimas entre 0 y 18 años se sitúa en una media de 12,56 por 100.000 habitantes. Con todo, el psiconalista Mário Eduardo Pereira recomienda desde el diario O Globo que no se busquen culpables a cualquier precio ni se piense que todos esos padres que en el silencio del hogar asesinan a sus pequeños son enfermos psíquicos. Muchas veces, las drogas y el alcohol, unidos a ciertas situaciones de estrés familiar, hacen posibles esas monstruosidades. Según el psiquiatra Icami Tiba, hay más personas con miedo a cometer actos de violencia contra sus hijos de lo que se piensa. “Hay que atacar esos fantasmas antes de que se conviertan en personas”, advierte Tiba.
JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 07/04/2008

6/4/08

Huye del Marcelo Nessi amenazando con un cristal a una educadora

BADAJOZ. El fugado había salido a fumar un pitillo junto a otro interno que también intentó la huida
Un joven de 18 años que estaba internado en el centro de reforma de menores Marcelo Nessi escapó ayer tras amenazar con un cristal punzante a una educadora. La fuga tuvo lugar pasadas las 2 de la tarde y participó un segundo interno que pudo ser reducido gracias a la rápida actuación de los servicios de seguridad del centro.
Según las primeras informaciones llegadas a HOY, tanto el joven fugado como el otro chico que lo intentó (de 19 años) estaban en el módulo terapéutico y habían salido a fumar a un patinillo interior en compañía de una de las educadoras que trabajan en el Marcelo Nessi. Una vez allí, uno de los internos sacó un trozo de vidrio afilado (posiblemente pertenecía a una bombilla o un tubo fluorescente roto) y se lo colocó a la altura del cuello.
Con esa grave amenaza física, los internos pidieron a los vigilantes que abrieran la puerta que comunica ese patinillo con el jardín que rodea al centro, a lo que accedió el personal de seguridad por temor a que los jóvenes pudieran causar daños serios a la educadora.De ese modo lograron salir a la zona exterior, que está separada de la calle por una valla que puede ser saltada con relativa facilidad por chicos ágiles.
Uno de los internos que intentaron la fuga fue interceptado por los vigilantes antes de que lograra su objetivo, pero el otro consiguió la evasión y a última hora de la tarde continuaba en paradero desconocido, según confirmó una fuente policial.
Por la terraza
Aunque no han trascendido datos oficiales, sí ha podido saberse que el joven de 19 años que intentó la huida también había intentado con anterioridad fugarse por la terraza del centro. En aquella ocasión se lo impidió la Policía.
Con la agresión de ayer son cuatro los ataques sufridos durante los últimos meses por el personal del centro de reforma de menores, cuyos cuidadores están llevando a cabo medidas de protesta para exigir a la Junta de Extremadura que refuerce las medidas de seguridad del centro y amplíe la dotación de personal. En la primera agresión uno de los internos arrojó una bandeja a la cara de un cuidador; en la segunda le dieron varias patadas a otro trabajador del centro; y la tercera fue sufrida por una educadora a la que arrastraron de los pelos.
Puntos
La cuidadora agredida ayer incluso tuvo que recibir algunos puntos de sutura en la mano al sufrir un corte cuando intentaba separar el cristal de su cuello.Estos hechos fueron puestos ayer por la tarde en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes han iniciado la búsqueda del fugado para devolverlo al centro.
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No es país para niñas

«En vez de reclamar cadenas perpetuas, pidamos de una vez tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso virtual y la explotación sexual dos de sus caras más flagrantes».
A finales del año pasado el llamado violador del Vall d'Hebrón salía de la cárcel tras haber cumplido 16 de los 311 años de su condena, de acuerdo con el Código Penal de 1973, que contemplaba el beneficio penitenciario de la redención de penas por trabajo. No obstante, más que esta notable rebaja penal, la confesión de que este violador reincidente salía de la cárcel sin estar rehabilitado suscitó un debate no sólo social, sino jurídico y médico. La calle era un clamor que pedía para él la cadena perpetua, con la misma fuerza que hoy denuncia la estrepitosa secuencia de despropósitos judiciales en torno al trágico asesinato de la niña de cinco años, Mari Luz Cortés.
En este caso ha fallado todo el sistema judicial español. Una caótica desconexión entre juzgados y Autonomías ha permitido que un psicópata que ya tenía dos condenas por abusos sexuales pendientes de cumplir, siguiera en libertad cinco años después de que cayera sobre él su primera sentencia. Como en el caso del Violador del Vall d'Hebrón, el linchamiento moral se ha bifurcado en dos vectores. Por una parte hacia el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle. Por otra, hacia la propia Administración de Justicia, cuya incompetencia también carga con su cuota de responsabilidad ante la muerte de esta pequeña que, de haberse cumplido la ley, se hubiera podido evitar sin necesidad de recurrir a ninguna cadena perpetua.
Llegados a este punto podemos hacer literatura o podemos seguir haciendo periodismo. Ciertamente, la memoria de este país es pródiga en personajes truculentos con los que poblar de pesadillas el imaginario de los niños. No es preciso remitirse a los tiempos del Sacamantecas. El espantoso crimen de las niñas de Alcasser sucedió en 1992, y también entonces nos encontramos con un presunto asesino -Antonio Anglés-, que paseaba generosamente su permiso penitenciario por el pueblo mientras todos los medios de comunicación buscaban al monstruo.
Existe un riesgo evidente en las medidas de resocialización de los presos, que se ensancha con las políticas paralelas de normalización de los psicópatas con tendencias agresivas. Ese riesgo que asumen nuestros sistemas judicial y sanitario, ¿ha de ser soportado en la misma medida por el conjunto de los ciudadanos? La pregunta viene bien para cerrar con ella un reportaje de impacto acerca de Santiago del Valle. Incluso podríamos presentarlo como un remake del personaje que interpreta Javier Bardem en No es país para viejos. Un siniestro pederasta compulsivo que llegó a abusar de su hermana y luego de su propia hija, pero también un sociópata que empapelaba sus ventanas con plásticos para hurtarse a la mirada de sus vecinos, que sentía como una proyección de su conciencia.
No obstante, en lugar de hacer literatura, me van a permitir que les recuerde unos cuantos datos. ¿Sabían que la explotación sexual de niños es el tercer negocio mundial después del tráfico de drogas y de armas? Según la ONG Save the Children, este tráfico genera anualmente unos siete mil millones de dólares de beneficios, muchos de los cuales salen de aquí. Y es que, cada año, cerca de 30.000 españoles practican turismo sexual con niños. Siendo esto así, sorprende menos constatar que nuestro país encabeza la vergonzante nómina europea de consumidores de pornografía infantil, y es el segundo del mundo, sólo superado por EE UU, en redes de pederastas vía internet.
En 2004 una reforma de nuestro Código Penal pasó a considerar delito no sólo la producción y distribución de pornografía infantil, sino también la posesión. Sin embargo, el acceso a contenidos pornográficos de menores no está tipificado como delito en nuestro país. Tampoco lo está la apología de la pederastia, ni asistir a espectáculos border-line con material sexual de menores.
No es preciso llamarse Santiago del Valle o Antonio Anglés para dejarse caer por esta zona oscura. Los consumidores tipo de este sórdido negocio son en su mayoría varones de entre 30 y 45 años, de nivel económico medio-alto y buena posición social. Probablemente, piensan que no hacen nada malo por asomarse a unas imágenes que ya están colgadas en internet. Se equivocan, o quieren equivocarse. Ellos son también moralmente responsables del abuso que se ha cometido contra esos menores -en algunos casos se incluyen imágenes de violaciones de bebés-, y aun desde su casa contribuyen activamente al sostenimiento de estas redes abominables.
Apenas una delgada membrana separa el consumo de pornografía infantil del abuso de menores. Según estimaciones oficiales, el 30% de los pederastas virtuales terminan poniendo en práctica lo que han visto en sus pantallas, cometiendo una agresión real. Probablemente, Santiago del Valle fue uno de ellos. Pero en un país que figura a la cabeza de Europa en esta aberración, ¿cuántos más se excitan con la posibilidad de asaltar a cualquier Mari Luz cuando se cruzan con ella, en su misma calle, cerca de su propia casa?
La conducta de estos depredadores sexuales disfrazados de ciudadanos normales pone casi siempre a prueba nuestra capacidad de entendimiento. En muchos casos se trata de seres torturados desde su infancia. Pero lo escalofriante es que, en su mayoría, no afectan ningún trastorno evidente. Sin embargo, son capaces de cometer agresiones espeluznantes a sangre fría, que los sitúan en el límite de la experiencia humana.
Aunque tal vez no.
De hecho, el ser humano es el único animal que, impulsado por el deseo de vivenciar su dominio, llega a torturar y matar a sus semejantes sin motivo ni razón. El único que siente satisfacción al hacerlo.
¿Se puede corregir a un degenerado incorregible? Entre aplicarle la cadena perpetua que, además de ser anticonstitucional, supondría una especie de muerte en vida y la inquietante relajación judicial que caracteriza a este país, existen muchas posibilidades de actuación tanto en el terreno policial como en el clínico, sin olvidar la responsabilidad de los tribunales. Pero, en cualquier caso, todas ellas remiten a una siembra de base que comienza por depurar la conciencia social de esta España envenenada de reality shows, que considera la pornografía explícita un signo de modernidad, y la ausencia de controles sobre las actividades que implican a menores un indicador de libertad y tolerancia.
En vez de reclamar cadenas perpetuas, pidamos de una vez tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso virtual y la explotación sexual dos de sus caras más flagrantes. Una sociedad moderna, mas que con el fomento de botellones y barra libre en todos los órdenes, debe medirse, también, por el grado de tutela y protección que ejerce sobre sus menores.
El primer derecho de los niños no es otro que el derecho mismo a ser niños.
Ningún «respetable ciudadano» tiene derecho alguno a arrebatarles su infancia. Ni hay delito mayor que arrebatar la vida, o tan sólo la inocencia, a un inocente.
Artículo de opinión publicado en http://www.diariovasco.com/ por ÁLVARO BERMEJO

UGT ACUSA A LOS MEDIOS DE CREAR UNA ALARMA SOCIAL SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR QUE NO SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD

Carlos López Cortiñas, secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT), acusó hoy a los medios de comunicación, durante un seminario sobre violencia escolar, de crear "una alarma social que no se corresponde con la realidad". López Cortiñas se expresó así durante la clausura de las charlas "Prevenir y combatir la violencia escolar", celebradas ayer y hoy en Madrid y organizadas por el Comité Sindical Europea de la Educación.

El secretario general de FETE-UGT recordó que las estadísticas del Defensor del Pueblo indican que "los problemas de convivencia (en el ámbito escolar) se estabilizan". Pese a todo, el sindicato asegura que "sigue siendo necesario aplicar todas las medidas posibles para erradicar de las aulas el fenómeno de la violencia entre iguales".
Además, es preciso trabajar para acabar con la violencia entre jóvenes porque, según estudios realizados por FETE-UGT, los problemas de convivencia son también un riesgo para la salud de los docentes, que desembocan en un 24% de las bajas laborales por motivos psicológicos de forma directa o indirecta. Por esa misma razón, el sindicato defendió la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ya que, a su juicio, la educación en valores requiere una materia específica y no sólo su desarrollo transversal.

La llegada de extranjeros a Asturias se disparó desde 2006

LOS MAGREBIS PERMANECEN MAS TIEMPO EN LA UPA Y SON DERIVADOS MAYORITARIAMENTE A CENTROS CONCERTADOS.
El Principado registró dos ingresos en el año 2000 y cerca de 70 en el 2007.
Cada vez son más. Niños, menores de 18 años, que se encuentran fuera de su nación de origen y alejados de sus padres. Tienen una edad media de 16 años y sus principales países de destino son Holanda, Bélgica, Italia, Francia y España. Llegan a nuestras fronteras aprovechando los bajos de los camiones y autobuses y a Asturias, procedentes de centros de acogida de otras comunidades. Buscan papeles , documentación española, permiso de residencia y formación y empleo para poder enviar dinero a sus familias. Son lo que la jerga administrativa ha dado en llamar Menores Extranjeros no Acompañados, más conocidos como Menas. Asturias no ha escapado a este fenómeno que ha pillado a contrapié a la Administración autonómica.
Un informe, elaborado por la coordinación de la Unidad de Primera Acogida, puerta de entrada de los Menas a Asturias, recoge la actividad de este recurso de protección de la infancia, ubicado en el Centro Materno Infantil de Oviedo, entre enero de 2000 y 31 de octubre de 2007. Tres factores sorprenden del análisis realizado por el coordinador de la unidad, más si cabe porque el Instituto de Infancia, de quien depende este recursos asistencial, no ha sido capaz de darles solución. El primero es el imparable incremento del número de menores extranjeros acogidos en Asturias. La cifra, pese a ser todavía discreta, revela que la llegada de estos adolescentes se ha disparado a partir de 2006. Una visión retrospectiva indica que el número de ingresos en la unidad de primera acogida de estos chicos ha pasado de apenas dos en 2000 a 64 hasta octubre de 2007. El total en este periodo, establecidas las oportunas correcciones, ha sido de 144.
La amplísima mayoría de estos menores --y esto conecta con el segundo y tercer punto del informe-- es de origen marroquí. El trabajo, al que ha tenido acceso este periódico, denuncia con dureza el trato que reciben estos menores con respecto a los de otras nacionalidades. El informe demuestra que pasan más tiempo que otros en la unidad, diseñada para que estén sólo 45 días, y revela, además, que son trasladados mayoritariamente a centros de acogida concertados y no a los públicos. La investigación sostiene que sería deseable pensar que estas diferencias obedecen a una coyuntura particular; no obstante, el intervalo del estudio, de seis años y diez meses, refuta esta hipótesis. "Se están produciendo tratos discriminatorios", subraya el informe.
El coordinador de la unidad concluye que la concentración de muchos menores disminuye notablemente el proceso de integración, potencia la incomunicación entre colectivos, aumenta las fricciones, favorece la aparición ancestral del miedo al otro y hace surgir en la comunidad social y a su alrededor sentimientos como el racismo o la xenofobia. El trabajo apunta que estas situaciones han sido favorecidas "con absoluto descaro y encono por la Administración" y toleradas por instituciones como el letrado defensor del menor, la fiscalía o la procuradora general.
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Un perfil complejo
Publicado 6/04/08 en http://www.lavozdeasturias.es/ por PABLO ZARIQUIEGUI