El defensor del pueblo andaluz revela "déficits" en la red de centros de reforma

Más de 600 menores cumplen medidas de internamiento en centros de reforma andaluces y, al igual que en el caso de los adultos, la reinserción a la sociedad se postula como objetivo fundamental en la acción de las administraciones públicas y del Poder Judicial. La ley reguladora de la responsabilidad Penal del Menor les otorga el derecho -y a la vez obliga a la Administración- a cumplir la medida dictada por los jueces en el centro más cercano a su domicilio, con el fin de que no pierdan los vínculos con sus familiares, amistades y vecinos que le permitirán una mejor integración una vez cumplida la pena. Así al menos entiende el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la voluntad del legislador al otorgar el derecho de estar cerca de casa a los menores infractores, una tesitura que no se cumple como sería deseable en el caso de los menores infractores de Sevilla, Málaga o Huelva por el "déficit" de plazas.
En una resolución hecha pública ayer por la institución, Chamizo llama la atención sobre el "desajuste" de medios en relación a la demanda, "que impide a muchos menores hacer efectivo su derecho ya que, ante la saturación de peticiones referidas a determinadas provincias, la Junta se ve obligada a designar el internamiento en centros alejados del domicilio familiar", una decisión que para el Defensor no es "ni coyuntural ni excepcional, sino con una incidencia porcentualmente significativa". El también Defensor del Menor andaluz aboga en su escrito por "armonizar" los recursos y plantea aumentar las plazas en las provincias deficitarias para hacer efectivo este derecho, actuación aún más necesaria teniendo en cuenta la "previsible evolución de medidas dictadas por los juzgados de menores". El Defensor avisa que, de no llevarse a cabo este "redimensionamiento" del sistema, la Junta incurriría en una "actitud pasiva contraria a los postulados de la ley".
La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta mantiene que en todo momento cuenta con la capacidad de plazas necesaria para responder a las demandas de los juzgados de menores, como muestra que en la actualidad hay 782 plazas para 650 menores, pero no especifica la procedencia y destino de los internados.
El Defensor aprovecha también en su resolución, que formará parte de la Memoria Anual de 2007, para pedir un centro para Huelva -ya comprometido por la Junta- y una línea de ayudas económicas para facilitar las visitas a los centros a las familias con menos recursos, a la manera de los gastos de traslado para el acceso a la prestación sanitaria o para los centros educativos.