12/10/07

Emancipados a la fuerza

Cristina vive desde los nueve años en un centro de protección de menores de Sevilla. “Mis padres tenían problemas y mis hermanas y yo tuvimos que ir a una residencia”, cuenta con una sonrisa forzada. Prefiere no dar más detalles. Ahora, con 18 años, esta chica morena, menuda y muy tímida, tiene que aprender a buscarse la vida. Ya es mayor de edad y en noviembre tuvo que abandonar el centro que fue su hogar.
Como ella, miles de jóvenes dejan de estar bajo la tutela de sus comunidades autónomas al cumplir 18 años. Ya son adultos y deben enfrentarse al mundo real. Con una salvedad, no tienen el colchón familiar que cualquier chico posee. En 2006, más de 2.500 jóvenes de los 33.000 menores que estaban bajo la tutela de las comunidades abandonaron el sistema de protección para volar en solitario. Pero no todos lo hacen solos, la mayoría de las regiones tienen programas de ayuda a la emancipación para acompañarles en el camino. Proyectos de búsqueda de empleo, becas de estudios y residencias o pisos tutelados que serán el primer destino de muchos de ellos.
Cristina vive ahora en uno de estos pisos. Por las tardes asiste a un curso de panadería. Como la mayoría de los jóvenes ex tutelados, ha decidido no seguir estudios superiores. “Casi todos quieren conseguir un trabajo cuanto antes y hacerse su propia vida”, sostiene Carmen Belinchón,
directora general de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía. El año pasado, de los 553 jóvenes que salieron del sistema de protección a la infancia andaluz al cumplir 18 años, sólo cuatro decidieron seguir estudios superiores, según Belinchón.
Libertad y Amal son las compañeras de piso de Cristina. La primera es uno de esos cuatro casos. “Me gusta estudiar cosas de ciencias. El año que viene haré un módulo superior de radiología. Acabo de pasar las pruebas de acceso”, cuenta orgullosa mientras enseña, como una auténtica anfitriona, las habitaciones de su casa. Grande, luminoso y equipado con muebles de Ikea, más parece un apartamento de estudiantes que un piso tutelado. Pero lo es. Y es, para las tres, su primer destino tras el sistema de protección de infancia.
“Cuando llegué pensaba que iba a ser peor, que me iba a costar mucho acostumbrarme, pero estoy muy contenta”, dice Libertad, que lleva desde los cinco años en centros de menores. “Tengo a mis padres, nos llevamos bien, podía haber vuelto a mi casa pero para estar malamente, preferí venir aquí”, dice encogiéndose de hombros. Las tres chicas son ahora una pequeña familia. En el piso han aprendido a cocinar, a hacer la compra, a organizar la casa y las tareas…
“Son jóvenes que, hasta ahora, han vivido muy protegidos. Aquí les enseñamos las cosas más básicas, hacer la compra, limpiar la casa, y les tutelamos hasta que hacen su proyecto de vida”, dice Pilar Laguna, una de las educadoras de Forja XXI, la Fundación que gestiona el piso. Además de Pilar, que va todos los días a casa de Libertad, Amal y Cristina, estas jóvenes cuentan con la compañía de una monitora que duerme todas las noches con ellas.
Programas como el andaluz +18, en el que participan las tres chicas, existen en casi todas las comunidades. “Se trata de que el salto entre los centros y la vida real no sea tan duro. Que tengan un apoyo económico y emocional”, sostiene Belinchón. Pero no todos los jóvenes ex tutelados recurren a estos programas. En 2006, de los más de 2.500 jóvenes que cumplieron 18 años bajo la tutela de las comunidades, sólo la mitad se acogieron a estos proyectos. “Algunos vuelven a sus casas o ya tienen trabajo y prefieren buscarse la vida por su cuenta”, dice Belinchón. En comunidades como Madrid o Castilla – La Mancha ya están en marcha apartamentos tutelados para iniciar la emancipación a los 16 años.
También existen ONG con proyectos para asistir a estos jóvenes. La Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) agrupa a 34 de ellas que trabajan en Cataluña, Galicia, Aragón, Castilla – La Mancha y Baleares. “Se quiere dar una atención personalizada a los jóvenes para que lleguen a ser autónomos”, dice Sandra Monfort, de FEPA. Y reclaman más recursos. “Hay comunidades como Galicia que apenas tienen programas de emancipación y otras como Baleares en los que son inexistentes”, se queja.
Amal, Libertad y Cristina sí tuvieron acceso a estas ayudas y decidieron solicitarlas. La media de estancia en los pisos tutelados es de alrededor de un año, y las dos últimas llevan ya más de ocho meses. Sin embargo, no están preocupadas, ya tienen claro lo que van a hacer después. “Queremos vivir juntas”, dicen a la par. Se han hecho muy buenas amigas. Amal, la tercera ocupante del piso es marroquí pero, por el acento, parece sevillana de toda la vida. Llegó a España hace tres años. “Quería venir y mi madre me dejó con unos conocidos que también eran marroquíes. Luego se volvió”, dice. La familia con la que vivía no la trataba bien, y la niña fue cambiando de manos hasta que, finalmente, ingresó en un centro de protección de menores. “En esta casa estoy muy contenta”, dice. Además, ya tiene permiso de trabajo y de residencia. Será la veterana del piso cuando Cristina y Libertad empiecen otra vida en común. Sin tutelas.

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