30/7/08

En 23 provincias no hay centros para la salud sexual juvenil

La OMS exige a España que doble sus puntos de ayuda
La sala de urgencias de un hospital no es el lugar más propicio para que una pareja de adolescentes solucione un condón roto. Así lo consideran los especialistas de la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE) que exigen al Gobierno la creación de una red de centros de apoyo a los jóvenes como el primero de los problemas a resolver en materia de educación sexual.
Los jóvenes de 23 provincias españolas, entre ellas todas las de Castilla y León, carecen de un centro de apoyo exclusivo para jóvenes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda abrir uno de estos centros por cada 10.000 jóvenes. En España habría que duplicar los recursos para llegar a ese nivel.
"En la región no los llamamos centros de planificación familiar, sino Unidades Ginecológicas de Apoyo", explica un portavoz del Gobierno de Murcia. Esta comunidad autónoma es una de las cuatro que según la FEPE carecen de centros adecuados para la atención a jóvenes junto con Castilla y León, Extremadura y La Rioja.
Los adolescentes de estas comunidades no pueden acudir a la unidad ginecológica sin un paso previo por un médico de familia convencional. Ese es uno de los errores básicos de la prevención sexual para jóvenes en España, según los expertos. Muchos de los adolescentes siente pudor a la hora de consultar sus dudas mezclado con pacientes de todo tipo. Esos reparos provocan muchos embarazos no deseados entre menores que en un amplio porcentaje derivan en una interrupción voluntaria del embarazo.
La FPFE calcula que sólo existen en España 169 centros que cubran las funciones necesarias. "Son centros, servicios o consultas de carácter público, u organismos subvencionados por entidades públicas, que prestan una atención específica a jóvenes, con un horario y espacio para ellos y que cuentan con presencia médica de forma permanente", definen.
Las subvenciones del PP
El 83% de estos centros está concentrado en cuatro comunidades: Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía. Ese dato no significa que garanticen una educación sexual y prevención adecuadas. La federación atribuye a la descentralización de las competencias de la Sanidad un descontrol por parte del Estado sobre las políticas de prevención sexual.
En el punto de mira de la crítica aparece la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre (PP). Según los expertos, los madrileños lo tienen más difícil para acceder a la píldora del día después. Denuncian que los servicios de Urgencias de los hospitales públicos tienen orden de no dispensarla.
Es ahí donde aparecen las asociaciones ultra conservadoras que se autodenominan pro-vida. Un 70% de las subvenciones a centros para jóvenes en Madrid ha ido a para a estas asociaciones.
PUBLICADO EN Publico.es

"Aquí todo va bien"

Los inmigrantes mienten a sus familias por miedo a decepcionarlas

"Sueño con marcharme de aquí. Es demasiado difícil vivir sin comida, trabajo ni techo. No hay perspectivas. Tengo hermanos que se han ido a Barcelona y para ellos todo anda bien. Tienen trabajo y un coche. Se les han acabado los problemas. Yo también quiero ir allí y tener mi oportunidad", confesaba Abdula, un joven senegalés de 29 años, hace unos meses, sentado en una playa de Dakar, la capital del país. Miraba el mar como soñando con un horizonte lejano y mejor. Hoy Abdula vive en la capital catalana. No quiere decir cómo ha llegado, puede que sea demasiado doloroso. La esperanza se ha desvanecido en su mirada y de aquellos sueños ya le queda poca cosa. "Llegué y fue un choque. Mis familiares viven todos en pisos minúsculos y sobreocupados. No tienen trabajo y lo poco que ganan, vendiendo todo tipo de objetos, lo mandan a casa. Casi no pueden ni comer", se lamenta.
Como Abdula, miles de inmigrantes llegan cada año a Cataluña en busca de una vida mejor, de un empleo que les permita sostener a su familia o para conseguir el reagrupamiento familiar.
Cataluña está a la cabeza de Europa en porcentaje de ciudadanos extranjeros, con el 15% de inmigrantes, de los cuales entre el 25% y el 30% están en situación irregular, según un informe del Centro de Estudios de Temas Contemporáneos. Muchos de estos inmigrantes desconocen cómo es el país que los acoge y llegan con una idea muy distinta de lo que les espera. Lo que se encuentran está muy lejos de sus expectativas. Sus conocidos no les cuentan su verdadera situación y eso crea una visión distorsionada de la realidad. Aquí es donde radica el problema principal. La mayoría de ellos mienten por miedo al fracaso y a la presión familiar que deben soportar. Temen la posibilidad de volver a su país de origen sin haber conseguido ingresos suficientes para mantener a sus familiares -muchos de los cuales viven en condiciones de extrema pobreza- y el hecho de haber invertido los ahorros de toda una vida en el viaje para nada.
Said, marroquí de 22 años, explica su caso: "¿Qué le digo a mi familia?, ¿que vivo con 30 personas en 70 metros cuadrados? No les puedo hacer esto. A veces me gustaría contárselo. Hay días en que no como para ahorrar más dinero y mandárselo. Me siento solo y quiero volver, pero es imposible, éste es mi destino y lo tengo que aceptar". La presión familiar y la vergüenza del fracaso, pues, empujan a unos a mentir y embellecer su situación, y a otros a soñar con un país ficticio e idílico. Por eso, "hay diversas campañas en marcha para mostrar la realidad de España. Se les pasan telediarios, por ejemplo, donde se ven pateras llegando", explica Isabel Martínez, de SOS Racismo. Y añade que es "una situación más propia de los subsaharianos".
Las cosas aún son más complicadas para los inmigrantes que están en situación irregular, los llamados sin papeles. A todas las dificultades se añade la incertidumbre de la ilegalidad, que los hace más propensos a sufrir el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, conocido como síndrome de Ulises. Los países europeos, por ejemplo Italia, están endureciendo la legislación, y la propia Unión Europea hace lo mismo.
Muchos de ellos se arrepienten de haber dejado su país, como Diouf, un joven de 30 años que duerme en los bancos del Raval. "Llegué hace nueve meses de Senegal. Esto es mi casa [el banco], no tengo nada más. Me gustaría volver, pero no puedo. Mi familia cuenta conmigo y no sabe lo que está pasando aquí. Les digo que todo va bien, no puedo decirles la verdad y regresar sin nada. Sería un fracaso", explica Diouf.
La mentira es la norma. Guadalupe, de 36 años y originaria de México, llegó a España hace cuatro años con la esperanza de encontrar un trabajo y poder reunirse en este país con su hijo de seis años, al que criaba la abuela. Su marido los abandonó. "Allí era muy difícil. Para las mujeres sin estudios como yo no hay nada. Y como quería que mi hijo se criara bien, decidí dar el paso y me vine sola para hacerlo venir más tarde. Cuando llegué, las cosas no fueron fáciles. Conocí a una chica cubana que estaba en la misma situación que yo. Se prostituía y ganaba mucho dinero. Opté por la vía fácil, empecé como ella y vi que ingresaba mucho en poco tiempo. Ya llevo tres años. Ahora mi hijo va a una buena escuela, come cada día y vive bien en México. Esto es lo más importante para mí. De momento, el niño no vendrá, nadie de mi familia sabe lo que estoy haciendo. Mi madre cree que soy administrativa y así es feliz. Dentro de unos años volveré para vivir con ellos".
Barcelona, últimamente, se ha convertido, con Madrid, en el principal lugar de concentración de la inmigración. El drama tiene un tamaño considerable y el número de familias y personas afectadas por este fenómeno no deja de aumentar. Es un círculo vicioso. Para miles de inmigrantes en situación ilegal, la llegada a España significa el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Y todos repiten: "Aquí todo va bien".

29/7/08

Los gitanos españoles temen que el racismo de Berlusconi llegue a España

Las asociaciones romaníe, indignadas con las políticas italinanas y la indiferencia de la UE

Es un "momento caliente". En eso coinciden la mayoría de las asociaciones de romaníes. Caliente, porque después de 30 años de progresiva normalización de esta comunidad en la sociedad española, "las medidas de Berlusconi están otra vez demonizando a los gitanos", en palabras de Antonio Vázquez Saavedra, vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
El Ejecutivo italiano ha puesto a los gitanos en el punto de mira al dar poderes a los delegados gubernamentales para que los censen, expulsen o realojen, y ordenar a la Policía que les tome a todos los romaníes las huellas dactilares.
Asociaciones de toda Europa han denunciado la "vuelta al nazismo", en una expresión muy repetida entre los colectivos. "Es la Administración la que toma medidas contra un grupo concreto y esto es discriminación", dice Isidro Rodríguez, presidente de la Fundación Secretariado Gitano. Plataformas de asociaciones gitanas, como la Coalición Europea de Política Gitana, han enviado cartas al Gobierno italiano y manifiestos a la UE pidiendo un cambio de actitud y una condena explícita. Ha habido manifestaciones como la del 8 de junio en Roma y se planean algunas más, entre ellas la que la asociación Unión Romaní convocará en Madrid el próximo agosto.
Desde España, los gitanos ven la situación preocupante. "Aquí llevamos 30 años de políticas de integración", afirma Rodríguez, "pero hay que tener cuidado con los brotes de racismo porque siempre hay riesgo de que la mecha prenda y haga hogueras". El peligro se agudiza en época de crisis económica. Elena Ferrando, de la misma asociación, destaca que el ambiente de rechazo sumado a la recesión provoca que "las empresas ya no contraten a todos con la misma alegría de antes. Ahora seleccionan más, se dejan llevar más por el prejuicio, y el que pierde es el gitano".
Indignación generalizada
En el barrio valenciano del Cabañal sólo hay que preguntar a los gitanos que toman el fresco en la calle para comprobar su indignación ante lo que han visto o leído en los medios de comunicación. Todos menean la cabeza y repiten la misma coletilla: "Es como en los tiempos de los nazis". Amelia hace el mejor resumen: "Nosotros siempre hemos estado muy discriminados y ya se sabe: el pez grande se come al chico".
No obstante, es difícil encontrar a los que, probablemente, están más molestos con Berlusconi: el 80% de los gitanos, calificados como "invisibles" por Ferrando porque no responden al estereotipo de chabolas, chatarra y mercado. Son miles de personas que trabajan en supermercados, hospitales o en la construcción. ¿Cuántos? Es imposible saberlo porque "sería ilegal clasificar a los miembros de una profesión en función de su etnia".
Ellos son la imagen del éxito y la integración de la minoría romaní, pero también de la permanencia del estigma sobre esta etnia y del sentido negativo que todavía conserva la palabra "gitano". Algo va mal cuando José, estudiante, todavía se ve obligado a explicar que "no tiene ninguna vergüenza en reconocer que es gitano". O cuando Paco, trabajador de un concesionario de coches y parapetado tras un nombre ficticio, declina la invitación a que su imagen forme parte de este reportaje.
Además de arrastrar el prejuicio, el colectivo también está a la cola en el estado del bienestar. En educación, según datos del Secretariado Gitano, 7 de cada 10 no ha terminado los estudios básicos. En el mercado laboral, el 71% tiene contratos temporales, frente al 31% de media en España. Para payos y gitanos queda un largo camino de integración por recorrer que medidas como las del Gobierno de Berlusconi no contribuyen a allanar.

Víctimas para siempre

Decenas de niños fueron violados por curas en colegios católicos de Australia Emma Louise Foster murió sola en su casa, a las afueras de Melbourne (Australia), el pasado 4 de enero. La encontraron abrazada a un oso de peluche que sus padres le habían regalado en su primer cumpleaños. Emma se suicidó cuando tenía 26 años por una sobredosis. Ella y su hermana menor, Katherine, que ahora tiene 22 años, fueron repetidamente violadas cuando iban al colegio del Sagrado Corazón de Oakleigh, al sur de Melbourne, entre 1988 y 1993, por el sacerdote Kevin O'Donnell, sentenciado, en 1995, a 19 meses de cárcel por numerosos abusos sexuales y fallecido en 1997.
Emma jamás superó el trauma: a los 17 años era adicta a las drogas y sufría bulimia. Katerine se hizo alcohólica en la adolescencia y, en 1999, fue atropellada por un conductor borracho. Sufre graves secuelas físicas y mentales. La trágica historia de las dos hermanas, cuyas vidas destrozadas por los abusos de un sacerdote han conmocionado a toda Australia en la reciente vista del Papa a Sidney, es el más conocido de los varios miles de casos declarados de abusos sexuales cometidos por clérigos católicos en el país.
La incansable campaña de denuncia emprendida por los padres de Emma, que durante años batallaron ante los tribunales rechazando toda compensación económica de la Iglesia, responde a su objetivo de lograr que otros padres estén más atentos ante el peligro de la pederastia. "Éste es el legado que nos ha dejado Emma, ayudar a prevenir casos como el suyo", afirman Anthony y Christine Foster, que el pasado lunes abandonaron Sidney decepcionados por no haber sido recibidos por el Papa. Habían solicitado una audiencia para obtener no sólo disculpas del Papa en nombre de toda la Iglesia, sino también el compromiso de Benedicto XVI de que tomaría medidas para evitar futuros abusos sexuales del clero.
Según los datos de Broken Rites, asociación australiana que asiste a víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, más de la mitad (55%) de los denunciantes de casos de abusos sexuales en la infancia son hombres. Las mujeres, que representan el 45%, también padecieron, en su mayoría, abusos durante la niñez, aunque un significativo número los sufrió de adultas, en momentos de vulnerabilidad, como los de soledad, una separación o un matrimonio infeliz. La mayoría de las denuncias se hacen muchos años después de haberse producido los abusos.
Geoff Fitzpatrick, de Tasmania, reconoce haber sido un niño rebelde. Hijo de familia numerosa, sus padres, alcohólicos, no podían con él y, en 1969, cuando tenía 12 años, le ingresaron en el orfanato católico de San Agustín, al oeste de Melbourne. Afirma que allí fue violado, al menos en 14 ocasiones, por el sacerdote William Stuart Houston y que fue objeto de numerosos abusos físicos durante los dos años que permaneció en el orfanato. Casado desde hace 18 años y con hijos, Fitzpatrick denunció su caso a la policía en 1996. Houston fue encausado por sodomía y abusos indecentes -la fiscalía decidió no presentar acusación- y ahora vive retirado en una residencia de Hermanos Cristianos de Melbourne.
"Me he pasado media vida del psicólogo al psiquiatra y no consigo quitármelo de la cabeza", afirma Fitzpatrick, quien sufre de angustia y pesadillas. Los informes médicos coinciden en que los abusos sexuales de que fue objeto en la infancia han afectado seriamente su capacidad para hacer frente a la vida, en especial a la familiar. "¡Quiero que admita su culpa! ¡Quiero arrancar toda la maldad que me hicieron! ¡Quiero que nadie vuelva a pasar por lo que yo pasé!", clama.
Stephen Woods, de 46 años, es profesor en un instituto de Melbourne. De niño fue a la escuela Saint Alipius, en Ballarat, donde fue objeto de abusos sexuales por parte de dos sacerdotes, cuando tenía entre 11 y 14 años. "Cuando llamé a las puertas de la catedral para pedir ayuda sólo conseguí que otro clérigo me violara. He padecido fuertes depresiones durante años y sigo teniendo un sentimiento de incapacidad e impotencia que impide que mi vida sea normal", explica Woods. Él, como muchas otras víctimas, esperaba que la visita del Papa a Australia ayudara a curar sus heridas: "No ha habido reparación. Las víctimas no hemos encontrado consuelo. No pidió perdón como lo hizo el primer ministro Kevin Rudd cuando se disculpó ante los aborígenes por el mal hecho en el pasado".
"He perdido la fe y no consigo mantener durante mucho tiempo ni un trabajo ni una relación sentimental", confiesa Eric Fleissig, de 41, de Queensland. Acudió al refugio juvenil de la parroquia de San José, en Tweed Heads, cuando tenía 13 años y carecía de hogar. El párroco, Paul Rex Brown -declarado en 1996 culpable de delitos de pornografía infantil-, le ofreció vivir en la rectoría, donde abusó de él durante dos años. "El Papa era el único que podía ayudarme. Ha sido devastador. Sólo él podrá ayudar a cerrar esta herida", dice.
Rose, nombre bajo el que esconde su identidad, tiene 68 años. Hace cuatro declaró que había sido objetos de abusos sexuales a los 10 años por parte del religioso de la orden de La Salle, Brendan George Carroll, en Cootamundra (Canberra). Brendan, que murió en 1983, se masturbaba delante de ella y otros niños a los que, al igual que a Rose, practicaba penetraciones digitales. "¿Por qué tardé casi 60 años en contarlo? Pues porque nadie me habría creído, y menos acusando a un sacerdote respetado como Brendan", cuenta. Decidió romper el silencio cuando comprendió que su confesión podía ayudar a otros. "La Iglesia católica me robó mi inocencia cuando tenía 10 años y eso ha arruinado mi vida. Siempre he odiado el sexo y eso destrozó mi matrimonio. Entiendo que mi silencio ha sido injusto y desleal con otras víctimas", dice.
Según Broken Rites, 107 clérigos han sido condenados en Australia por abusos sexuales.
Publicado en http://www.elpais.com/ 28/07/08

Canarias no encuentra hogar para los menores llegados en pateras

Todas las autonomías aseguran estar desbordadas y dejan el problema a las ONG

Aún falta mes y medio para que empiece el curso escolar, pero varios colegios de Canarias están repletos de niños. No se trata de cursos de verano: quienes ocupan las aulas son menores inmigrantes que llegaron al archipiélago a bordo de cayucos. En total, hay 1.192, entre centros de estancia temporal, albergues de ONG e instalaciones provisionales. De acuerdo con el Ejecutivo autonómico, las Islas sólo tienen capacidad para acoger a 350.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para ser «solidarias» con Canarias y acoger a menores extranjeros. La medida es «urgente» ya que, tal y como explicó a este periódico la consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojas, «agosto y septiembre son los meses de mayor bonanza en el mar, por lo que se espera una avalancha». Sin embargo, aunque «la mayoría de las comunidades autónomas han mostrado buena predisposición», de acuerdo con Rojas, «todas aseguran que están desbordadas y no tienen plazas».
Es el caso de Andalucía. Fuentes de su Consejería de Igualdad y Movimientos Migratorios recuerdan que «llevamos con los centros saturados mucho tiempo y estamos recibiendo menores por mar constantemente». La responsable de Inmigración canaria también afirma que, tras la ronda de llamadas que ella misma ha emprendido, «Cataluña nos ha dicho que no tiene plazas. Hoy he hablado con Aragón, Extremadura y Galicia y también se muestran dispuestos a ayudar, pero sin plazas».
Por su parte, el consejero de Familia de Castilla y León, César Antón, reivindica haber sido «la comunidad más solidaria» pues, desde diciembre de 2007, «hemos acogido a 83 menores inmigrantes procedentes de Canarias, antes de que el ministro enviara ninguna carta». Aunque, una vez más, su disposición es buena, reclama que «se repartan los recursos». En la misma situación están otras autonomías, como Madrid, que acogió a 91 menores, de acuerdo con la consejera canaria, o Valencia, que ha visto duplicados en julio los traslados de inmigrantes a su territorio.
Con todas pasa lo mismo
Rojas, que se lamenta de que «Canarias no tiene la culpa de ser la puerta sur de Europa», no se queja de la solidaridad de sus homólogos. De hecho, reconoce que «Castilla y León, Murcia y Valencia nos ayudaron en un momento crítico, a finales de 2007, cuando el Gobierno nos dio la espalda». Soluciones duraderas También recuerda cómo en 2006, ante una situación similar a la actual, el Ejecutivo central distribuyó 500 de los 800 menores inmigrantes que en ese momento estaban en las Islas por la Península y Baleares. Pero señala que «no se trata de un problema coyuntural, sino estructural», y reclaman soluciones duraderas.
De momento, las autonomías lo dejan en manos de las ONG. «A través de ellas los trasladamos a la Península, pero siguen estando bajo la tutela del Gobierno canario. Las demás comunidades se limitan a admitir que permanezcan en su territorio», explica Rojas. La consejera cree que una solución pasaría por «crear pisos tutelados con 12 o 14 menores». «Con que hubiera uno en cada provincia -señala- el problema estaría casi resuelto».
PUBLICADO EN www.larazon.es CANARIAS 29/07/08

17/7/08

El sector de los servicios sociales en Cataluña ya tiene su primer convenio colectivo

El acuerdo llega tras dos años de intensas negociaciones y tiene vigencia hasta 2009
Sindicatos y patronal han firmado el primer convenio colectivo del sector de la acción social, que dará cobertura a los cerca de 40.000 profesionales que trabajan en el ámbito de la atención a la infancia, a las familias y a demás colectivos en riesgo de exclusión social en Cataluña. Este convenio, que llega dos años después de intensas negociaciones y tendrá vigencia hasta finales de 2009, permitirá "dignificar" los servicios sociales y mejorar notablemente las condiciones sociolaborales de los trabajadores, según han coincidido hoy en destacar los representantes de CCOO, UGT y la Asociación Empresarial de la Iniciativa Social de Cataluña (AEISC).
El acuerdo contempla, entre otras cuestiones, un salario mínimo de unos 1.000 euros para todos los profesionales del sector, una jornada laboral de 38,5 horas semanales, la disposición de seis días extras para asuntos personales y el pago de varios complementos específicos por cuestiones como la disponibilidad o la nocturnidad. Los artífices de este acuerdo han destacado que tan importante como disponer de un buen convenio es su cumplimiento y para ello, han subrayado, es imprescindible la implicación de las administraciones públicas, en tanto que titulares de los servicios y contratistas de los mismos.
Que las administraciones públicas "dediquen el presupuesto necesario"
"Ahora falta que la administración le dé la consideración de lo que es, una norma de obligado cumplimiento", ha señalado Salvador Lara, de CCOO, que ha pedido a la Generalitat y demás instituciones públicas que dediquen a este sector el presupuesto necesario y no adjudiquen la prestación de servicios a empresas que no puedan cumplir con los requisitos económicos mínimos del convenio. "No puede ser que la Generalitat esté anunciando a las empresas que el próximo año incrementará un 2% los costes, cuando estamos con una inflación del 5%", ha indicado Lara, que ha recordado que "sin dinero no puede haber servicios públicos de calidad".
Los profesionales del sector de la acción social centran su actividad en la atención a la infancia, la adolescencia, la vejez y los colectivos en riesgo de exclusión social. Se calcula que unas 40.000 personas trabajan en este sector, que "está en pleno crecimiento", coincidiendo con el despliegue de la ley de dependencia, según ha remarcado Ricard Calvo, de AEISC.
Tipologías profesionales
El documento establece dos tipos de trabajadores, los que desarrollan su actividad entre semana y los que lo hacen en ciclo continuado, es decir, que trabajan para servicios que funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año. La jornada laboral para los primeros debe ser de 38,5 horas semanales y de 38 en el caso del ciclo continuado.
Establece también 4 tipologías profesionales, desde la dirección -1.983 euros mensuales en la tipología base y 2.482 en ciclo continuado- hasta el grupo D de administración y servicio -932 euros base y 1.030 en ciclo continuado-. El convenio también ha introducido el derecho a 30 horas de formación en la empresa.
PUBLICADO EN ELPAIS.com 15/07/08

14/7/08

Un espacio para todos

Los jóvenes que han ocupado la antigua fábrica de Flex reivindican el edificio para hacer un uso común a favor de todos los habitantes de la zona oeste de la ciudad.
Los escombros y bolsas de basura se amontonan para dejar libre un espacio que en los próximos días podría quedar inaugurado de forma más o menos oficial. En la fábrica abandonada de Flex, en la avenida Príncipe de Asturias, desde el viernes hay de nuevo actividad. Pero en esta ocasión no se piensa en el descanso que dan los colchones que hasta hace poco más de una década se fabricaban en ella, sino en el duro trabajo para acondicionar un local que pretende ser un centro social y un "espacio que le dé vida a la ciudad".
"Hemos tenido apoyo desde el viernes", comenta uno de los jóvenes que se encontraba ayer en La ReFLEXón , denominación que han puesto a este espacio. Un apoyo que se hizo más patente desde que ayer saliera su iniciativa en los medios de comunicación, lo que les ha hecho pensar que "va a seguir viniendo más gente" porque el principal objetivo es que sea un edificio "para todos". Para ello, prevén "conocer las necesidades de la gente y adaptarnos a ellas" en todas las actividades que se pongan en marcha, que previsiblemente comenzarán a finales de esta semana con una fiesta de inauguración en la que habrá un recital de poemas.
Una de las principales preocupaciones de estos jóvenes es dar a conocer su labor, ya que "estamos aquí trabajando para poder tener un espacio autogestionado", pues "no tenemos ningún ánimo de lucro y mucho menos de molestar a los vecinos", explican.
Por eso, entre sus primeras tareas está la de darse a conocer entre el vecindario con carteles y buzoneando un manifiesto entre los inmuebles más cercanos explicando quiénes son y cuáles son sus intenciones. Igualmente, tienen previsto reunirse con la asociación de vecinos para conseguir su apoyo y, al mismo tiempo, brindarles el espacio que están rehabilitando para algunas de sus actividades.
Esta ocupación no es espontánea. "Llevamos mucho tiempo pensándolo", aseguran, pues no siempre es fácil encontrar un sitio como este, una fábrica de sueños , como reza el lema de sus antiguos inquilinos y que no les hubiera importado coger como nombre, aunque lo declinaron porque ya hay un centro en Madrid con ese mismo nombre.
La fábrica lleva abandonada aproximadamente una década y desde entonces lo único que ha hecho es degradarse. Para acceder a ella lo hicieron por una ventana abierta y posteriormente se encontraron con que la puerta también estaba abierta, por lo que "no hemos roto nada", afirman.
En el edificio, de más de 11.000 metros cuadrados, hay sitio para casi cualquier cosa, aunque en un principio habilitarán la entrada, tres habitaciones para talleres y una biblioteca. Utilizarlo como vivienda habitual no está entre sus intenciones, aunque estos días sí se quedan a dormir algunos de ellos como vigilancia. Aún así, algún cuarto puede convertirse en dormitorio para algún caso de necesidad urgente. En cualquier caso, estos jóvenes quieren dejar muy claro que lo único que hacen en el centro es trabajar en beneficio de todos, ya que en su vida "tenemos nuestro trabajo, nuestro piso y pagamos nuestros impuestos".
PUBLICADO EN http://www.lavozdeasturias.es/ 14/07/2008 NURIA MORAN

Cinco coches de policía intervienen en el Materno

Cinco coches patrulla, tres de la Policía Municipal y dos de la Nacional, realizaron ayer una intervención en la unidad de primera acogida del Centro Materno Infantil. La actuación de los agentes se saldó con un menor detenido que salió esposado del centro.
Fuentes del 112 indicaron ayer que recibieron la llamada del Materno Infantil a donde desplazaron una ambulancia medicalizada tras recibir una llamada telefónica a las 18.30 horas. Las mismas fuentes indicaron que educadores del centro afirmaron que un menor presentaba un estado de agitación. Finalmente, la intervención de la ambulancia no fue necesaria porque el menor salió esposado por la policía. Poco se sabe de lo ocurrido dentro del centro. Algunas fuentes consultadas por este periódico apuntaban la posibilidad de que se produjera una pelea entre dos de los menores alojados en este recurso de protección de la infancia.
Hasta el Materno Infantil se desplazaron cinco coches patrulla. Algunos testigos presenciales indicaron que tres de los automóviles eran de la Policía Municipal y los otros dos de la Nacional. Fuentes de los agentes de Oviedo manifestaron ayer que acudieron únicamente a dar apoyo a los nacionales que fueron los que finalmente llevaron a cabo la intervención. La Policía Nacional declinó realizar comentarios sobre la operación. Los testigos señalaron que los agentes se llevaron finalmente del centro a un menor que presentaba claros signos de nerviosismo.
El Centro Materno Infantil es objeto de polémica desde hace tiempo ya por la saturación de su unidad de primera acogida. La llegada de inmigrantes extranjeros no acompañados cogió por sorpresa a la Administración autonómica y la unidad se ha visto saturada de menores.
PUBLICADO en http://www.lavozdeasturias.es/ 14/07/2008 PABLO ZARIQUIEGUI


12/7/08

La ley del silencio

La Consejería de Bienestar Social abre expedientes disciplinarios contra el coordinador de primera acogida del Materno y contra dos educadores.
Los trapos sucios se airean en casa. Es lo que debe pensar, al menos, la Consejería de Bienestar Social. El departamento que dirige Pilar Rodríguez ha abierto tres expedientes disciplinarios contra trabajadores de la Administración autonómica. Los profesionales expedientados son Aurelio Sánchez, coordinador de la Unidad de Primera Acogida del Centro Materno Infantil de Oviedo, y Luis M. Rodríguez García, también educador del Materno Infantil y miembro del comité de empresa.
Asimismo, fuentes del comité de empresa aseguraron ayer que también se ha incoado expediente contra una educadora del Centro de Apoyo a la Integración de Cabueñes.
Aurelio Sánchez y Luis M. Rodríguez se han caracterizado por verter durísimas críticas contra la gestión de la consejería, tanto con Laura González (IU) al frente como con Pilar Rodríguez (PSOE). A ambos profesionales, según señaló ayer el colectivo Social y Justicia, se les expedienta por "no seguir conductos internos para expresar su disconformidad" con la situación que viven los menores y el personal del Materno. Bienestar Social, que no ha negado la apertura de los expedientes, ha eludido comentar las razones por respeto al propio curso de este tipo de trámites.
Los trabajadores han sido amonestados, según Social y Justicia, por publicar cartas en los medios de comunicación de Asturias denunciando la falta de medios, de voluntad política, así como el incumplimiento de las promesas realizadas a los menores y a los trabajadores por parte de Eva Sánchez, directora del Instituto de Infancia, y de Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar. Ya han sido nombrados los instructores y secretarios y se está a la espera de que se califiquen los hechos y se propongan las sanciones.
PUBLICADO EN http://www.lavozdeasturias.es/ 12/07/2008 J.P.Z.

9/7/08

Gitanos y con discapacidad: la doble discriminación

Las personas con discapacidad no suelen tenerlo fácil para encontrar trabajo. Si además son de etnia gitana, la situación se vuelve aún más complicada. Un estudio presentado este miércoles en Madrid, analiza la situación de estas víctimas de la doble discriminación.
El estudio ha sido encargado por la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación ONCE, y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y lleva por título “La situación de multidiscriminación ante el empleo de las personas de etnia gitana con discapacidad”.
“El objetivo es dar a conocer la realidad social que viven aquellas personas con discapacidad que por el hecho de pertenecer a la comunidad gitana se enfrentan al mundo laboral desde una posición desigualitaria”, apuntan desde la Fundación Secretariado Gitano.
Al acto acudieron la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, el director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo y la directora del CERMI, Pilar Villarino.
Al término de la presentación actúo el grupo de hip hop “La Excepción”, entre cuyos componentes hay personas de etnia gitana y con discapacidad física.
PUBLICADO EN http://www.deminorias.com/ 9/07/08

nueva ley de centros de acogida en Euskadi

Centros más pequeños y con más educadores para los menores más desprotegidos

Los menores en situación de desprotección cuya tutela esta asignada a las Diputaciones forales deberán ser atendidos en centros de acogida de menor tamaño y con más educadores que en la actualidad, según se recoge en el nuevo decreto del Gobierno vasco para regular este tipo de centros de residencia en Euskadi.
El viceconsejero de Bienestar Social, Fernando Consuegra, ha presentado esta mañana, las líneas maestras del decreto que unifica y homogeneiza la atención en los tres territorios vascos. El texto da un plazo de 4 años a los centros forales o convenidos para adaptarse a la regulación; si no lo hacen, serán cerrados.
El decreto determina la existencia de 4 tipos de centros de acogida: las residencias, que deberán tener un máximo de 24 plazas (10 en el caso de adolescentes con problemas de conducta); los pisos de acogida, con un máximo de 10 plazas; centros de preparación para la emancipación (hasta 30 plazas) y pisos de emancipación con un máximo de 8.
En algunos casos, como el de los menores con graves problemas de conducta, el ratio de educadores por menor se reduce hasta un profesional por cada dos internos. En la actualidad existen en Euskadi más de 1.200 plazas en centros de acogida para menores: 684 en Vizcaya, 345 en Guipúzcoa y 200 Álava.
Publicado en El Correo Digital 9/07/08
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2/7/08

Cinco niñas se fugan de un centro de menores de Córdoba tras denunciar maltrato

Se encuentran en paradero desconocido desde el domingo por la noche.
La Junta abre diligencias informativas para esclarecer lo ocurrido
Cinco chicas menores de edad tuteladas por la Junta de Andalucía llevan casi tres días en paradero desconocido. El domingo por la noche se denunció su fuga del centro de menores donde vivían de acogida en la localidad cordobesa de Hornachuelos. Horas después, ya el lunes por la mañana, las cinco menores denunciaron supuestos malos tratos por parte de los educadores en el mismo puesto de la Guardia Civil. La Junta de Andalucía ha abierto diligencias informativas para esclarecer los hechos.
Fuentes de la investigación han explicado que el director del centro, llamado Arco Iris, presentó ante el puesto de la Guardia Civil de la cercana Palma del Río una denuncia el domingo por la noche en la que ponía de manifiesto la ausencia de las menores. Las fuentes han señalado que el lunes por la mañana las propias menores se personaron en las mismas dependencias del instituto armado para denunciar los supuestos malos tratos.
No obstante, una vez interpuesta la denuncia las menores se marcharon y se encuentran en paradero desconocido. Por su parte, la Dirección General de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía, de la que depende el centro, ha abierto diligencias informativas. Un portavoz de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ha explicado que se pretende averiguar lo ocurrido en el centro para esclarecer los hechos.
Paradero desconocido
El Defensor del Pueblo Andaluz ha lamentado la fuga de las cinco menores. En rueda de prensa, celebrada con motivo de la presentación del Informe Anual del Menor de 2007, José Chamizo ha recordado que en estos centros se producen situaciones "muy complicadas que a veces se centran en una sola persona". Ha añadido que "estas unidades tienen un programa muy terapeútico, pero son duros, porque los chavales necesitan reestructura su vida". Y ha apuntado que, aunque en general el tratamiento en estos centros está dando "buenos resultados", si en este caso se ha producido una vulneración de los derechos del menor, la Oficina del Defensor del Pueblo tomará parte en el asunto.
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, ha indicado a los medios de comunicación que, de momento, se desconoce el contenido de la denuncia de las menores y ha precisado que el asunto está en manos de la autoridad judicial. El centro de menores de Hornachuelos (menos de 5.000 habitantes y situado a 51 kilómetros de Córdoba) es de régimen abierto, se dedica a tratar los trastornos de conducta y está concertado con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
Publicado en ELPAIS.com 2/07/2008

1/7/08

Las mafias enseñan a los inmigrantes a nadar para que logren el sueño europeo

Desde Marruecos hasta las costas de Ceuta

El ingenio de las redes que trafican con los seres humanos no suele tener límites y el nuevo método para la introducción de inmigrantes de forma irregular en España es enseñarles a nadar para que intenten llegar desde Marruecos hasta las costas de Ceuta, logrando así su sueño europeo.
Más de 30 inmigrantes subsaharianos han sido detenidos en los dos últimos meses cerca de las aguas de Ceuta cuando intentaban la travesía a nado desde las costas marroquíes, aprovechando principalmente las horas de la madrugada, según los datos aportados por la Guardia Civil. Muchos de estos inmigrantes suelen llegar a las inmediaciones de la frontera con Ceuta sin saber nadar, por lo que antes de realizar la travesía clandestina se entrenan en las playas de Marruecos junto a improvisados monitores de natación que les dan unas nociones básicas.
La Guardia Civil tiene constancia, por el testimonio de algunos de estos inmigrantes, que reciben las clases en los días previos al cruce clandestino, después de ser informados de la dificultad de acceder por tierra por la vigilancia en los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre.
Los inmigrantes han optado por sustituir las alambradas por el mar, al estimar las redes de tráfico de inmigrantes que se trata de un método más sencillo y menos arriesgado, según ha informado un portavoz policial.
Una distancia de menos de quinientos metros separa las costas marroquíes de las ceutíes para que los inmigrantes puedan continuar el sueño europeo, después de su largo periplo por los países africanos.
La mayoría de los pases clandestinos a nado suelen estar protagonizados por inmigrantes de países como Guinea, Sudán, Costa de Marfil o Liberia y no hay término medio de duración de la travesía ya que un inmigrante de Guinea aseguró a la Guardia Civil haber empleado más de una hora para llegar a las costas de la ciudad.
Además, los inmigrantes suelen estar acompañados por elementos habitualmente utilizados en las playas como aletas o flotadores, además de otros elementos flotantes que les son entregados por las redes ilegales.
Si el inmigrante quiere llevar un traje de neopreno el pase se encarece ya que esta pieza suele costar unos 300 euros y luego tiene que ser dejada en la misma playa, donde es recogida por otro miembro de la organización ilegal, nos cuenta un inmigrante subsahariano que permanece en el Centro de Estancia Temporal (CETI).
El sueño europeo de la inmigración irregular pasa ahora por saber nadar o al menos mantener a flote en el agua.
Fuente agencia EFE