Identidad para todos, la vida después de los centros de protección

Identidad para Ellos acompaña a menores y jóvenes a afrontar la vida independiente tras salir de centros de acogida. La formación incompleta y el acceso al mercado laboral son los principales problemas a los que se enfrentan.

Bastante hemos hecho por ti”, “desaprovechaste la oportunidad”, éstas son algunas de las frases que muchos jóvenes escuchan cuando al cumplir los 18 años deben abandonar los centros de protección públicos, según denuncian desde la ONG asturiana Identidad para Ellos (IPE). Existen asociaciones y entidades que intentan prolongar los apoyos y ponen en marcha estrategias económicas, formativas e informativas dirigidas a facilitar la salida de las chicas y los chicos de los centros, pero la situación y estatus de estos jóvenes cambia radicalmente cuando alcanzan la mayoría de edad debido a que ya no existe obligación de protección por parte de la Administración.

A partir de ese momento, la toma de decisiones recae exclusivamente sobre las chicas y los chicos que se encuentran sin ningún soporte legal. “Estos jóvenes deben alcanzar una madurez y unas habilidades suficientes para poder tener las riendas y control de sus vidas y para eso necesitan ayuda”, explican desde IPE.

En junio de 2002, un grupo de profesionales y voluntarios asturianos relacionados con la infancia decidió poner en marcha esta asociación, un proyecto solidario para acompañar a menores o jóvenes en su salida de los centros de protección. La idea era desarrollar proyectos de apoyo a la vida independiente de las chicas y los chicos. “La necesidad de la constitución de la asociación surge tras advertir que los menores y los jóvenes son los grandes olvidados en las políticas sociales a ellos destinadas”, afirman desde la asociación.

“Debido a la progresiva y sutil privatización de los recursos a ellos destinados, al descenso de la calidad de la atención, a la carencia de cauces participativos y a la inaplicación de gran parte de la legislación destinada a este frágil colectivo; que en muchos casos ni vota ni tiene capacidad de presión, es primordialmente por lo que surge IPE”, añaden.

Preparación para la vida independiente

“Actualmente la inmensa mayoría de casos se cierran con desvinculaciones traumáticas y nada planificadas en función de criterios no profesionales. Creemos que los cierres de casos por los Servicios de Protección Infantil y Juvenil tienen que venir precedidos por una situación puente en las que los jóvenes se prueben a si mismos como capaces de vivir con independencia y tener el acceso a las señas de identidad adulta”, explican desde IPE.

"Los menores y los jóvenes son los grandes olvidados en las políticas sociales a ellos destinadas”El programa de preparación para la vida independiente que pone en marcha IPE se desarrolla mediante un plan donde los jóvenes participan activamente junto a un educador o una educadora de apoyo y se acompaña con una ayuda económica para abordar las necesidades en el proceso de transición.

Principalmente se ofrece a los jóvenes un soporte emocional y social, además de un acompañamiento en la inserción laboral y en la búsqueda de vivienda. Aunque como explican desde IPE, las chicas y los chicos que han vivido en centros se encuentran a su salida con un buen número de obstáculos que se interponen en su camino hacia la independencia real. “Los obstáculos provienen de ellos mismos, de sus necesidades emocionales relacionadas con experiencias de separación o pérdida, otros son también sociales emocionales o cognitivos”, explican.

Según la organización, la situación de estos jóvenes se agrava por el bajo logro escolar y las formaciones incompletas. “La falta de formación es el primer hándicap para una emancipación satisfactoria”, afirman en IPE.

La ONG también ha detectado obstáculos en las actividades cotidianas. “En los centros públicos la mayoría de servicios de cocina, limpieza, lavandería, etcétera, son realizados por personal específico lo que marca el proceso de maduración. Pensamos que sólo podemos tener jóvenes responsables si se les da responsabilidades”, sentencian los responsables de los programas de IPE.

Publicado en Canal Solidario-OneWorld 2008

El bofetón ya no sirve para corregir

CANTABRIA

Los expertos creen que el cambio en el Código Civil podría usarse en casos de separación para obtener la tutela de los hijos o menores
Hasta ahora, dos artículos del Código Civil respaldaban a los padres que recurrían al manotazo para «corregir razonable y moderadamente a los niños». Pero desde hace unas semanas, el cachete, el azote, la bofetada, el zarandeo y la colleja carecen de cobertura legal: las familias deberán 'encauzar' a su progenie teniendo siempre en cuenta «la integridad física y psicológica del menor». En todos los casos, ya que ni tener la patria potestad ni la tutela justificarán que se les inflija ningún tipo de mal trato.

Los juzgados de Cantabria no ven al año un gran número de reclamaciones a las que se pueda aplicar esta normativa porque, como explica la fiscal de Menores, María Fe Andrés, los menores desconocen -en general, siempre hay excepciones- los mecanismos que tendrían a su alcance para denunciar este tipo de actuaciones por parte de cualquier familiar. «No son reclamaciones muy habituales. Del año pasado, sólo recuerdo dos casos. Y condena por esto, ninguna».

Desde las fuerzas de seguridad de Cantabria no se tiene la visión de que «todos» los menores estén desinformados sobre sus derechos. Los adolescentes, y sobre todo los problemáticos, están bastante puestos en cuestiones que les conciernen. En la región se ha tenido recientemente el caso de un chaval de 15 ó 16 años que denunció a su padre por malos tratos sin ser cierto. Sus padres se habían separado y el adolescente, que se quedó viviendo con su madre, aprovechó que ésta entró en un proceso depresivo para hacerse el 'dueño' en casa y para hacer todo lo que quería, sin que nadie le dijera nada. Cuando la pareja se reconcilió y el progenitor volvió al hogar familiar, el chico no aceptó tener que someterse a normas. «Soy menor y no me puedes tocar», decía. Luego llegó la denuncia.

Agresión o acto correctivo

Andrés señala, por otro lado, que el cambio normativo llama a la reflexión sobre lo que es una agresión «que se denuncia por la vía penal» y lo que es simple acto correctivo. Ejemplo de agresión sería la sentencia que se dio a conocer esta semana contra una mujer a la que se retiró la custodia de sus hijastros e hija. A los primeros les agarraba del pelo y les lanzaba contra los muebles, además de azotarles con la hebilla de un cinturón de cuero. A su hija, menor de dos años, la azotaba y golpeaba.

Pero no son estos casos -que se dilucidan por la vía penal- el objetivo de la citada modificación legislativa, sino esos golpes que se dan a veces a los niños para acabar con una pelea entre hermanos o cuando el padre o la madre ven colmada su paciencia en un momento puntual y se les va la mano. Los artículos 154 y 268 del Código Civil avalaban el derecho de padres y tutores a corregir a hijos y menores bajo su tutela. Tras el cambio, las familias podrán reprender sin recurrir a la bofetada, que ya no tiene paraguas legal tras enmendarse la normativa utilizándose para ello la Ley de Adopción Internacional.

Dónde está el límite

«El problema es establecer dónde está el límite entre 'corrección' y maltrato. Es evidente que la raya se traspasa siempre que haya una humillación al menor, que nunca se debe permitir», señala la fiscal. A sus ojos, la reforma está bien planteada porque el artículo amparaba la posibilidad de pegar para educar. «Tengamos en cuenta -añade- que, hasta hace bien pocos años, era frecuente que se usara este recurso en los colegios. Esto se ha eliminado de los centros educativos y está bien que se suprima también del Código Civil».Esta profesional considera que la nueva redacción del Código se utilizará como arma en los casos de separación complicados. «Ya hemos sabido de alguno en el cual el niño arguye que no quiere ir con el padre, o la madre, «porque le pega». Ante semejantes declaraciones, el sistema judicial «ha de ser muy cauto. Lo importante es individualizar, no valen las generalizaciones».

Desde el Derecho Civil

También el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria Eduardo Vázquez, estima que la reforma legislativa era necesaria. Pese a ello, opina que su trascendencia jurídica es «escasa, mínima», debido a que sigue dejando en manos de la autoridad judicial la decisión de qué es una acción puramente correctiva y qué es una agresión. «A efectos prácticos la reforma de la ley es insignificante porque será el juez el que tome las decisiones, como hasta ahora».El experto coincide con en que el matiz introducido «se utilizará cuando haya conflicto entre los padres y uno de ellos emplea esta clase de castigo con los niños. El otro argumentará que va contra la ley y podrá denunciar la situación». O sea, que, a sus ojos, el cambio legislativo sólo tendrá trascendencia real cuando se dé en «crisis de parejas. Entonces la restricción puede servir a uno de los progenitores para reclamar la patria potestad si el otro ha tenido algún desmán».

El profesor destaca, por otro lado, que la nueva redacción de la legislación tiene una marcada vertiente de «concienciación social». «De hecho, han utilizado una ley que regula otra cosa, la de Adopción Internacional, para introducir el cambio, que no es más que una llamada de atención. El legislador lo que está haciendo de esta manera es recordar a los padres la obligación que tienen de tratar bien a sus hijos».

Y a Eduardo Vázquez no me parece mal, en este sentido, que se repita que hay que respetar a los menores, «aunque este derecho ya está implícito en la Constitución».A pesar de la ley, el debate seguirá. Cualquiera conoce familias donde todavía rige la idea de los beneficios del 'azote a tiempo', sobre todo cuando se trata de los más pequeños de la casa. Los expertos insisten en que la torta -a tiempo o a destiempo-, es el recurso de los padres que no saben educar.

Publicado en El Diario Montañés

Los menores juzgados tardan hasta seis meses en cumplir su condena por la falta de centros

COMUNIDAD VALENCIANA

El internamiento de menores en centros de reeducación se retrasa al menos entre tres y seis meses desde que el juez dicta sentencia. Esta 'lista de espera' se debe a la falta de plazas o de nuevas instalaciones.

Los retrasos para el cumplimiento de las condenas también se reproducen en los casos en que los menores no deben ser internados. También faltan educadores, trabajadores sociales y otros técnicos para que se ejecuten las llamadas 'medidas judiciales en medio abierto' como pueden ser la libertad vigilada o la obligación de acudir a un Centro de Día o a una unidad de desintoxicación.

Así lo expone la fiscal de Menores de Valencia Gema García, durante su intervención en las jornadas Ley y Menores organizadas por la fundación Arzobispo Miguel Roca Proyecto Hombre-Valencia.

La fiscal matiza, no obstante, que la escasez de plazas sólo afecta a las sentencias sin que anteriormente se hubiera producido internamiento cautelar. Es decir, en los casos urgentes (por determinados delitos más graves, por reincidencia o por riesgo de fuga) siempre se interna al adolescente que ha delinquido.

La versión de la Conselleria de Justicia es radicalmente opuesta. 'Actualmente no existe ningún problema de plazas y no hay pendiente ninguna sentencia para el internamiento de un menor en ninguna de las tres provincias', aseguran fuentes de este departamento.Desde la Generalitat, sin embargo, sí admitieron que existen 40 menores en Valencia y 60 en Alicante que tienen pendiente cumplir una condena, pero en medio abierto: es decir, sin que se ordenara ningún tipo de internamiento.Fuentes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas reiteran que en los últimos meses no se les ha notificado ninguna incidencia por la falta de plazas en centros de acogida.

En cualquier caso, el conseller Fernando de Rosa tiene previsto reunirse próximamente con jueces y fiscales de menores para analizar los problemas que puedan existir y buscar soluciones.

A las jornadas han asistido decenas de técnicos y profesionales del sector de la drogadicción y de la reforma de menores. 'Faltan centros', confirman los asistentes. De hecho, la Generalitat tiene previsto que a finales de este año ya esté en funcionamiento un nuevo centro de reeducación, el Rei Jaume I, que se ubicará junto a la cárcel de Picassent. La construcción de estas instalaciones estaba pendiente desde hace siete años, desde la entrada en vigor de la Ley del Menor en el año 2001.

La Comunitat Valenciana cuenta con 329 plazas de reeducación de menores repartidas en los centros de Burjassot-Godella (Colonia San Vicente, Mariano Ribera y Pi i Margall), de Alicante (Els Reiets y la Vila) y Castellón (Pi Gros).

Expertos advierten de la necesidad de educar a los menores en internet para evitar adicciones

¿EDUCACIÓN DIGITAL?

Expertos en infancia y adicciones digitales señalaron también, con ocasión del 'Encuentro en Valverde' organizado por la ONG Mensajeros de la Paz-Madrid, que los jóvenes han pasado de ser "víctimas a autores" de delitos en internet

Expertos en infancia y adicciones digitales señalaron ayer con ocasión del 'Encuentro en Valverde', organizado por la ONG Mensajeros de la Paz-Madrid, la importancia de educar a los menores en el uso de las nuevas tecnologías, además de que los jóvenes han pasado de ser "víctimas a autores" de delitos en Internet, así como la necesidad de advertirles del peligro de contactar con pedófilos en la 'Red'.
El inspector de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía, Enrique Rodríguez Martín, advirtió de que existen contenidos "nocivos para los menores, pero no delictivos", como puede ser una "paliza" que se puede ver en Internet, "en la que no se distinga la cara". Para Rodríguez Martín, en ocasiones las webs que contienen esta información "eliminan estos contenidos no porque constituya un delito, sino por las recomendaciones que recibe".
Rodríguez Martín señaló que "en ocasiones, cuando la Policía acude a una casa en la que se está cometiendo un delito por parte de un menor, los padres no se lo creen". Para este experto, "la educación de los niños es fundamental", ya que "el interés por la tecnología y por Internet no es malo". Según señaló, "la sociedad nos vuelca a utilizar Internet, para comprar, para operaciones con el banco, e incluso para el teletrabajo".
Por su parte, Silvia Villadangos, psicóloga de la asociación Protégeles, asociación que organiza actividades de formación y prevención de las tecnoadicciones, señaló el peligro de algunas páginas web en las que "chicas con problemas de bulimia o anorexia se comunican entre ellas y se cuentan trucos para adelgazar". Para esta experta, "no se puede privar a un adolescente de que acceda a Internet, ni del uso del móvil, ya que los necesita para estar en contacto con sus amigos".
Esta experta señaló que "no hay consenso" acerca de si "existe adicción a las tecnologías", pero señaló que existen personas que "sienten necesidad de estar conectadas a la Red", por lo que "se podría considerar adicción". "En mi opinión, sí se trata de adicciones", afirmó.
Estudios de Protégeles han llegado a la conclusión de que el 11 por ciento de los menores que se conectan "están desarrollando características propias del Desorden de Adicción a Internet", así como que "el 27 por ciento discute con sus padres por el tiempo que pasan jugando a videojuegos" y el 57 por ciento reconoce "jugar a juegos en los que se daña, tortura o mata a personas".
Peligrosa adicción

Por su parte, el vicepresidente de Adicciones Digitales, organización que ofrece asesoría en el uso responsable de las nuevas tecnologías, Juan Manuel Romero, señaló que la adicción a estas tecnologías "es más peligrosa que otras, porque cuesta menos trabajo acceder a ellas", al contrario que la ludopatía, por ejemplo, que puede "obligar a salir de casa un día de lluvia".
Para este experto, los nuevos aparatos disponibles "se han convertido en un elemento esencial en la vida de niños, adolescentes y jóvenes", y recomienda, así como Enrique Rodríguez Martín, "no dejar solos a los niños con el ordenador en su cuarto".
"La tecnología te puede abocar a la soledad", señaló Romero, que afirmó asimismo que "la adicción a las nuevas tecnologías puede ser muy negativa para la vida familiar y para la vida profesional", además de que "el adicto no se da cuenta de que lo es, porque nadie admite su adicción".
El inspector de la BIT afirmó que los menores que participan en Internet se exponen a contactar con pedófilos que "ocultan su verdadera identidad detrás de un 'nick', y piden información que luego intentan utilizar" para abusar de los menores.
Según señaló, "buscan el anonimato en Internet, pero todo lo que se realiza en la Red queda reflejado". En su opinión, "los pedófilos tienen un problema y no se detienen ante la indefensión de un menor". Este experto señaló que "no existe un comportamiento definido del pedófilo; no hay un perfil que se pueda establecer". "Hay que procurar hablar con los menores de que este riesgo existe", aseguró.
Juan Manuel Romero señaló, por su parte, que los padres deben procurar "generar confianza en los hijos para que estos les cuenten enseguida cualquier contacto extraño que hayan hecho a través de un foro o un chat".
Mensajeros de la Paz Madrid es una obra social que tiene como objeto acoger en unidades de convivencia a menores en situación de abandono, desamparo, guarda o tutela de la Comunidad de Madrid. En la actualidad la Asociación cuenta con diversos centros especializados en donde se acoge, se da cariño y se forma a niños y jóvenes

Publicado en El Comercio Digital

Nueve educadores de menores inmigrantes llevan a juicio a la Diputación por su despido

VIZCAYA

Se incorporaron en la etapa más difícil del centro de Orduña, con errores en los contratos, y se quedaron sin trabajo al suspender una oposición . Seis sentencias dan la razón a los jóvenes y tres, a la institución foral
Nueve educadores sociales han demandado a la Diputación por despido improcedente después de trabajar durante seis años con menores inmigrantes. El Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) les contrató en 2001, en la etapa más conflictiva del centro de Orduña, y en 2007 les dejó fuera del organigrama al no haber aprobado una oposición. En primera instancia, los jueces han dado la razón a seis de ellos tras detectar defectos de forma en los contratos y han dictado tres sentencias favorables a la institución foral. El pleito ha pasado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y las primeras resoluciones se esperan para febrero.

Aunque se trata de un conflicto laboral, está ligado a la atención a los menores extranjeros, un fenómeno que sorprendió a la sociedad vizcaína en 2001 y aún hoy pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones. Aquel año, el número de jóvenes extranjeros que llegaban al territorio histórico pasó de 59 a 371. Ante la saturación del centro de Loiu, 30 chavales fueron trasladados al colegio Gabriel María de Ybarra en Orduña. Hacían falta educadores, pero los trabajadores que estaban en las listas se negaron a cubrir esos puestos.

La tensión que se vivía en Loiu se reprodujo, con más intensidad, en Orduña. La Diputación logró reunir a quince educadores, once de ellos con contratos de sustitución para el verano. Tras cubrir vacaciones, permisos y bajas, se les hicieron contratos de fin de obra o servicio. Acabaron «vacunados» contra los insultos y amenazas y los destrozos que encontraban en sus coches. Algunos presentaron una denuncia por agresión y, tras el juicio, volvieron a encontrarse con el mismo chaval en el centro. «No había un filtro y venían chicos muy conflictivos, con problemas asociados de delincuencia, consumo de drogas y disolventes», recuerdan. «Había otros con los que se podía trabajar, pero, al estar todos en el mismo terreno, se generaban muchos conflictos». No les sorprendió demasiado llegar un día a trabajar en marzo de 2004 y encontrar el colegio destrozado tras una batalla campal. El centro cerró meses después y pronto se convertirá en una residencia para discapacitados.

Unificar criterios

Los menores fueron trasladados a pisos de acogida y, con ellos, los trabajadores. El ambiente mejoró notablemente y pudieron desarrollar sin problemas su proyecto educativo. Lo que no cambió fue su contrato. En 2006 el IFAS convocó una Oferta Pública de Empleo (OPE) con 36 plazas de educadores de menores. De los once procedentes de Orduña, sólo uno aprobó la oposición. Al resto se le comunicó por carta el fin de su contrato en junio de 2007 «de acuerdo a lo pactado».

Nueve de los afectados presentaron demandas por despido improcedente. Tres de ellos son educadores de origen árabe, un colectivo en el que ningún profesional pasó el examen aunque algunos siguen trabajando en centros de gestión privada. Todos ellos aseguran que no sabían que en la oposición se jugaban su puesto de trabajo, porque sus contratos «no tenían número de plaza» y tampoco lo especificaban las bases de la OPE. «Los contratos estaban viciados desde el primer momento», afirma su abogado. Incluso los jueces que han fallado a favor de la Diputación reconocen los errores. En seis casos, concluyen que un contrato celebrado «en fraude de ley» se convierte en indefinido y condenan a la Diputación a readmitir a los empleados o a pagar alrededor de 50.000 euros a cada uno. Otros tres entienden que la situación se ha regularizado con la oposición, y esto es lo que prevalece. Ambas partes esperan que el Tribunal Superior unifique el criterio.

El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, cree que la situación de los educadores «desde el punto de vista personal es muy dura, pero es algo que pasa en todas las ofertas públicas de empleo». Una oposición en la que, según la documentación que maneja su departamento, «se especificaron los códigos de las plazas» que salían a concurso. El responsable foral reconoce «la labor» de estos profesionales. Él mismo garantizó su continuidad cuando cerró el centro de Orduña, pero con la perspectiva «de una oposición. Nos hubiera gustado que se quedaran todos, pero el argumento es perverso. La Administración prima la legitimidad de la convocatoria pública, y no tenemos otro instrumento para hacerlo bien», recalca. Los educadores continúan en la bolsa de trabajo haciendo sustituciones a la espera de que se resuelva el litigio. «No buscamos una indemnización», afirman. «Hicimos el trabajo que nadie quería y sólo queremos eso, trabajar».

SENTENCIAS:

A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN /A FAVOR DE LOS EDUCADORES
Sentencia: del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (hay otras dos de contenido similar).

Fraude de ley: El trabajador fue contratado para un servicio determinado en el centro de Orduña, pero tras su cierre «continuó realizando tareas de educador y cubriendo idéntico puesto» en otros equipamientos, «lo que basta para entender celebrado en fraude de ley el contrato y considerar indefinida la relación laboral».

Oposición: Sin embargo, como se trata de una Administración pública, eso «impide que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas legales de selección». Además, «no cabe oponer que la convocatoria de la OPE no identifica los puestos de trabajo ofertados», ya que «son posibles otros medios de identificación».

Fallo: Absolución. «No cabe hablar de despido, sino de cese regularmente efectuado».

Sentencia: Del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (hay otras cinco de contenido similar).

Cambio de centro: El joven empezó a trabajar en Orduña pero luego le trasladaron a otros centros, «por lo que hay que entender que fue contratado para prestar servicios en la actividad normal del IFAS».

Fraude de ley: La institución foral alega que se trataba de un contrato de interinidad, «pero ni en el contrato del trabajador se expresa dicha interinidad ni estaba adscrito a un puesto determinado. Tampoco en la convocatoria de las pruebas de la Oferta Pública de Empleo «se especificaba el número de puestos vacantes, el destino y el número de cuesto a cubrir». Por tanto, el contrato «se ha celebrado en fraude de ley y ha devenido indefinido».

Fallo: Condena a la Diputación a la readmisión del trabajador o al pago de una indemnización de 35.359 euros más los salarios dejados de percibir desde su despido (130,60 euros al día).

PUBLICADO 20.01.08 por TERESA ABAJO en El Correo Digital

Una nueva oleada de adolescentes inmigrantes recala en el Principado

Más de una decena de menores extranjeros llegaron a Oviedo en las dos últimas semanas.La Consejería de Bienestar ya ha inaugurado la segunda unidad de primera acogida de la ciudad.Asturias ha vuelto a convertirse en destino preferente para los menores extranjeros no acompañados que tratan de encontrar el amparo de la administración. Procedentes de otras comunidades, llegan a las unidades de primera acogida del Principado prácticamente todos los días. En las dos últimas semanas, al menos, una decena de jóvenes ha recalado en Oviedo. Aunque el centro Materno-Infantil está completo, la puesta en marcha del nuevo servicio habilitado en el Fundoma ha permitido atender a todos los menores, la mayoría de procedencia marroquí. En la actualidad estos dos servicios dependientes del Instituto de la Infancia atienden a un total de 20 inmigrantes menores de 18 años.
A qué se debe esta nueva oleada de jóvenes extranjeros? Las causas son muy variadas, pero fundamentalmente responde a que otras regiones han vuelto a agitar el fantasma de la repatriación. Además hay que sumar los larguísimos retrasos en la tramitación de las documentaciones, tal y como han comentado fuentes de los educadores sociales adscritos a los centros con unidades de primera acogida. Los jóvenes se cansan de esperar y prueban suerte en otras regiones españolas. Este fenómeno no solo afecta al Principado. Los expertos indican que esto ya está sucediendo también en Galicia, una comunidad autónoma que hasta ahora estaba al margen de este circuito de peregrinaje.
LOS DATOS De los 20 menores que se encuentran en primera acogida, 14 están alojados en el Materno y los otros 6 en el Fundoma, en una unidad preparada para atender a jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años. De los 14 que están en el Materno, siete llevan más de 45 días, el plazo legal de estancia máxima, y de esos siete, cuatro más de ocho meses. Estos retrasos incrementan la saturación del servicio, una saturación que en los últimos días ha descendido gracias a la apertura de las instalaciones del Fundoma, que ya están atendiendo a 6 adolescentes.
El colectivo de educadores resalta que la administración está tramitando de forma correcta la entrada de estos menores extranjeros al sistema, sin embargo, ahora el problema radica en las demoras en la tramitación de la documentación. En algunos casos la situación es acuciante, porque algunos jóvenes tienen 17 años y están a punto de cumplir la mayoría de edad, lo que cambiaría su estatus.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social admiten que han constatado este incremento en la llegada de adolescentes de otros países, pero aseguran que en la actualidad cuentan con dispositivos suficientes para atenderlos. Señalan que la inauguración de esta segunda unidad de primera acogida de Oviedo no responde a la nueva oleada, sino a que el servicio ya estaba listo para entrar en funcionamiento después de concluir las obras de adecuación. También son conscientes de que es algo que se seguirá produciendo periódicamente.

21/01/2008 SUSANA D. MACHARGO http://www.lavozdeasturias.es/

LA PLATAFORMA ECO INFORMA

 La huelga acontecida el 11 de diciembre en toda la Comunidad de Madrid en el Sector de la Intervención Social ha sido secundada por el SESENTA por ciento de los trabajadores y las trabajadoras.
 A la concentración celebrada en la Puerta del Sol desde las doce y media de la mañana hasta las dos de la tarde han acudido TRES MIL PERSONAS.
 La Plataforma ECO considera un éxito sin precedentes en nuestro Sector tanto el número de asistentes a la concentración como el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que secundaron la huelga. Ha sido la primera vez que se ha hecho una convocatoria de esta naturaleza en el Sector de la Intervención Social, y el mismo “ha pasado de la invisibilidad de lo obvio a la luz de lo evidente”. Es público y notorio por primera vez que el Sector de la Intervención Social está localizado, cohesionado, con unos intereses y objetivos comunes, y dispuesto a defenderlos.
 Secundaron, promovieron y apoyaron la huelga y la concentración diversos colectivos: FSP UGT, FSAP CCOO, GTIS CGT, CNT Villaverde, CNT Madrid, AMES, ANIMA, ATISMAD, Sindicato de Estudiantes, Interactúa Almería, estudiantes y profesores de diversosInstitutos, Escuelas Universitarias y Facultades, funcionarios públicos, V de Vivienda, Plataforma Nacional de TASOC y TISOC, UGT Diagrama Alicante, ATISAL Almería, Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía.
 Desde numerosas Administraciones Públicas se han impuesto unos Servicios Mínimos evidentemente ilegales, por excesivos, por considerar determinados servicios como “esenciales”, cuando evidentemente no lo son, y por ser impuestos de forma unilateral sin contar previamente con el Comité de Huelga. Desde la Administración se han ejercido presiones y coacciones sobre Entidades Gestoras para que éstas las ejercieran sobre los trabajadores. Desde algunas Entidades Gestoras ha habido amenazas de despido, coacción, suplencia de trabajadores ejerciendo la huelga,…y diversas acciones que se traducen en el NO reconocimiento
implícito del derecho a la huelga.
 A las numerosas impugnaciones que recaen sobre el Convenio Estatal, se ha sumado el mismo día 11 una nueva impugnación; la vista en la Sala de Lo Social de la Audiencia Nacional ha sido suspendida hasta febrero de 2008 SIN TOMAR MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN, por lo que el Convenio IS Estatal sigue siendo de OBLIGADO CUMPLIMIENTO en todas las Entidades del Sector y en todo el Estado Español. De las decisiones tomadas, y del calendario previsto, se desprende que hasta finales de febrero no se celebrará finalmente la vista, por lo que sin prever más incidencias, que puede haberlas, la sentencia inicial no va a dictarse hasta entrado abril y la sentencia firme o “final” no se produciría, en ningún caso, hasta el 2009, es decir, con el Convenio fuera ya de su vigencia temporal: 31 de diciembre de 2008.
 Se ha presentado LA PRIMERA IMPUGNACIÓN SOBRE EL CONVENIO IS MADRILEÑO, por la patronal AESES, recientemente constituida por MAPFRE QUAVITAE y GRUPO 5. En enero de 2008 se celebrará la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al respecto de esta impugnación. Es previsible una cascada de impugnaciones secuenciadas siguiendo la misma estrategia llevada a cabo con el Convenio Estatal con objeto de sembrar el caos y la confusión. A pesar de ello, EL CONVENIO IS MADRILEÑO ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN TODA LA COMUNIDAD DE MADRID puesto que no hay suspensión cautelar decretada por el Tribunal.

Luces y sombras del I Convenio Colectivo estatal de Intervención Social

Entrevista en el portal SolucionesONG con Raquel Vázquez, directora de Recursos Humanos de Red Araña, sobre este polémico convenio, suscrito por sindicatos e impugnado por varias patronales del sector.

Gema Jiménez / SolucionesONG.org

Debido al gran número de consultas que diferentes ONG nos han hecho llegar sobre el I Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social Estatal, hemos hablado con Raquel Vázquez, directora de RRHH de Red Araña, entidad que forma parte de una de las patronales que ha impugnado el convenio, para que nos cuente cuál es la situación actual del mismo y las razones de dicha impugnación.

El 19 de junio de 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el I Convenio Colectivo Marco Estatal de Acción e Intervención Social, suscrito por los sindicatos FSP-UGT y FSAP-CC.OO en representación de los trabajadores y la Asociación de empresas de Servicios de Atención a la Persona (AESAP) en representación de las entidades del sector.

¿Por qué se ha impugnado el convenio?

Todos y todas sabemos lo heterogéneo que es nuestro sector, y por tanto hay diversidad de opiniones y reacciones, unas a favor de su aplicación y otras en contra, y por supuesto con distintas razones de por qué se está a favor y de por qué se esta en contra.

Red Araña forma parte de la patronal (Patronal es el nombre genérico que se da al empleador individual o a las asociaciones de empleadores – Fuente: Wikipedia) denominada ‘Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social’, de la que también forman parte Cruz Roja, Cáritas, Aldeas Infantiles, Asociación Española contra el Cáncer, etc. Nos explican que el argumento principal por el que han impugnado el convenio es que no se sienten representadas por la patronal que ha negociado el convenio (AESAP), con la que han intentado hablar en diversas ocasiones sin haberlo conseguido aún.

El 11 de diciembre iba a tener lugar en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la vista donde se iba a resolver ésta y otras impugnaciones de otras patronales, pero se ha prorrogado sin fecha concreta de resolución. Ese mismo día, la Plataforma ECO (plataforma de trabajadores y trabajadoras del sector de la Intervención Social de la Comunidad de Madrid) convocó una huelga en el sector para defender el convenio.

¿Es obligatorio acogerse al Convenio?

Tanto Raquel Vázquez como en la web de la plataforma ECO, indican que sí es obligatorio acogerse al convenio, al margen de que esté en el juzgado. Hasta que no salga una resolución que indique lo contrario, hay que aplicarlo. No obstante, cada entidad puede negociar con sus empleados la forma de llevarlo a cabo, para que sea favorable para ambas partes.

El convenio tiene vigencia desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008, lo que quiere decir que a pesar de que se haya publicado en junio, se debe ajustar todo lo hecho desde el 1 de enero de 2007.

¿Qué entidades tienen que acogerse al Convenio?

Según se indica en la Resolución publicada en el B.O.E; “el presente convenio será de aplicación a todas las entidades y empresas que, independientemente de su personalidad jurídica, desarrollen programas y acciones de Acción e intervención Social en España, realizando y/o gestionando profesionalmente Centros, Recursos, y Servicios de atención a personas, grupos y comunidades, con el objeto, por un lado, de detectar, prevenir, paliar o corregir situaciones de riesgo social y/o procesos de exclusión social, y por otro, de promover procesos de inclusión, reinserción, dinamización y participación social”.

“Se verán afectados por este convenio los ámbitos de la acción social, así como el socio-laboral o el socio-sanitario, pasando por lo socio-cultural y lo socio-educativo, psicosocial, asistencial, intervención socio-comunitaria y sociocultural y las áreas de diseño y evaluación de programas sociales, tal como se definen en el presente artículo.

“Cada entidad debe identificar entre las actividades que se reflejan en la Resolución si está incluida o no. No obstante, también se indica en el mismo que el convenio “compensa y absorbe cualesquiera mejoras que vinieran disfrutando los trabajadores bien a través de otros Convenios o normas de obligado cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de las empresas. Si las condiciones económicas o, de cualquiera otra índole, que se vinieran disfrutando por los trabajadores en el momento de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo fueran superiores, en cómputo anual a las establecidas en el mismo, se continuarán aplicando y respetando las citadas condiciones más favorables en lo que exceda a las convencionales”.

También hay que tener en cuenta que hay provincias y regiones que tienen su propio convenio colectivo de intervención social, como Bizkaia, la Comunidad de Madrid (también está impugnado) y la Comunidad Valenciana, etc. y en otras provincias también se está negociando, según nos cuenta Raquel. No obstante, el convenio estatal marca los mínimos que los demás convenios, e incluso los convenios propios, solo pueden mejorar dichas condiciones.

¿Por qué hay descontento con el convenio?

Raquel Vázquez indica que no están descontentos con el texto del convenio en general, sino que lo que les ha molestado es que se haya negociado “a espaldas” de las ONG que conforman el tejido social español. Considera positivo que haya una normativa que regule el trabajo de las entidades, y cree que aunque al final no se aprueben las impugnaciones del convenio, el fin último es conseguir que se les tengan en cuenta para la revisión del convenio para el 2009.

Vázquez también alude que a pesar de que en el convenio tenga muchos puntos positivos, también tiene aspectos negativos que perjudican seriamente la continuidad de muchas ONG, como es el que se deba aplicar con carácter retroactivo, es decir desde el 1 de enero de 2007, ya que muchas entidades no están preparadas económicamente para hacer frente a estos ajustes salariales.

La patronal de la que forma parte Red Araña también ha intentado hablar con la Administración Pública, con la intención de solicitar por su parte una adaptación de las subvenciones concedidas y un aumento de presupuestos para que las ONG puedan hacer frente a estos pagos, pero aún no han obtenido una respuesta.

No obstante, según se indica en la Resolución, las entidades que hayan tenido pérdidas en dos últimos años contables podrán acogerse a la cláusula de descuelgue si se comunica a la Comisión Paritaria, de la misma forma que algunas entidades tienen la opción de acogerse a una “equiparación salarial gradual” según se indica en la Disposición transitoria I, si cumplen con una serie de requisitos y siempre que se comunique a la Comisión Paritaria.

Reflexión

Antes de finalizar este artículo, nos gustaría destacar desde SolucionesONG.org que a pesar de toda la incertidumbre que existe en torno al convenio, muchas entidades están agrupándose y buscando puntos comunes en una línea o en otra, algo muy positivo. También queremos destacar que es positiva la reflexión sobre la necesidad de tener una normativa que regule a numerosas entidades sociales y la aplicación de unas políticas comunes de gestión del personal laboral. Es una señal de la “mayoría de edad” del tercer sector.

Alternativas para salir de las calles

El País, JUNE FERNÁNDEZ, 2008-01-07

Unos 400 menores inmigrantes que han llegado solos a Euskadi son atendidos actualmente en los centros de acogida vascos, más de la mitad en Vizcaya. Estos centros cubren apenas sus necesidades básicas, lo que les obliga a matar las largas horas de su tiempo libre deambulando por las calles. Cuando cumplen 18 años, se han de enfrentar solos a la necesidad de conseguir trabajo y documentación para escapar de la exclusión social. La asociación de inmigrantes marroquíes Azraf inauguró en diciembre pasado un punto de encuentro en Bilbao en el que organiza actividades de ocio saludable para ellos como alternativa a las conductas de riesgo.
Cuarenta jóvenes de 16 a 25 años frecuentan el local Ksar Bilbo, en la calle Lamana, en San Francisco, el céntrico y más multicultural barrio de la capital vizcaína. “Aquí están mejor que en la calle”, subraya uno de los educadores, Halim Ziani. El local tiene televisión, ordenadores con acceso a Internet (lo más solicitado), biblioteca o hemeroteca. Los educadores informan a los muchachos sobre propuestas de ocio y cultura a su alcance y organizan exposiciones, espectáculos, excursiones y talleres de cocina, danza o artesanía.
Ksar es un local diáfano y funcional. Recién estrenado, aún resulta impersonal, a falta de que el ajetreo de las actividades le den calidez y color. Sin apenas adornos, en la entrada cuenta con una mesa y sillas a modo de sala de estar y un escritorio para el educador al que le sigue un espacio con cuatro ordenadores. Al fondo, se ensancha con estanterías con periódicos y libros, un gran televisor y una zona de cocina en que los jóvenes se preparan el té, pican dulces árabes y realizan talleres.
Los ménores y jóvenes no acompañados forman el colectivo más vulnerable de la comunidad inmigrante. El último informe del Ararteko destaca que las instituciones aún no les atienden correctamente: advierte falta de coordinación, recursos materiales y humanos deficientes, ausencia de respuestas educativas y prestaciones sanitarias.
Los hombres marroquíes suponen en Vizcaya el 90% de ese colectivo por la cercanía, pobreza y tradición migratoria que caracterizan al país norteafricano. En Álava y Guipúzcoa, los jóvenes de todo el Magreb son el 80% de los menores no acompañados. Cruzan la frontera en patera o en los bajos de camiones y luego se trasladan a las provincias en que esperan conseguir trabajo y papeles. Cuando los servicios sociales o la policía les identifican, les hacen una prueba de edad que determinará su futuro. Si el joven es mayor de edad, tendrá que buscarse la vida solo; si es menor, se le deriva a un centro de acogida.
Los centros de menores no abordan un proyecto educativo integral, critica el Ararteko. Peio Aierbe, miembro de Sos Racismo, apunta que la escasez de educadores y las condiciones precarias en que trabajan para recortar gastos impiden que los menores reciban una atención directa y personalizada. Por ello, tienen muchas horas de ocio que no saben cómo cubrir, lo que les expone a caer en conductas de riesgo, como consumir drogas. Ante esa realidad, Azraf les ofrece propuestas culturales y deportivas en un entorno amable.
Debido a las dificultades con el idioma y el temor a ser rechazados, los jóvenes se suelen relacionar sólo con sus compatriotas. Por ello, Ziani apunta que organizarán salidas y partidos de fútbol con los que promover que conozcan a chicos autóctonos. La convivencia contribuirá a disipar el prejuicio de que los inmigrantes resultan conflictivos y no quieren integrarse.
Debido a ese estereotipo, los centros de acogida suscitan un rechazo social cada vez mayor, señala con preocupación el Ararteko. Aierbe defiende que “si las instituciones atienden bien a los jóvenes, éstos no se meten en líos”. Propone también propiciar que utilicen los recursos de ocio municipales para no quedar apartados de la comunidad.

Detenido un menor por abusos sexuales a una educadora en un centro de acogida

MÁLAGA

Un juez ha ordenado el ingreso del joven en un un centro en régimen cerrado La víctima es una joven sordomuda que está haciendo prácticas en la institución

La policía ha detenido a un menor por presuntos abusos sexuales a una monitora en el centro de acogida Virgen de la Victoria, en Torre del Mar. La víctima es una joven sordomuda que estaba haciendo prácticas como educadora social.Los hechos sucedieron a las seis de la tarde del pasado viernes 28 de diciembre. Según explicaron a SUR las fuentes consultadas, el adolescente aprovechó la ocasión de quedarse a solas con la educadora en un aula de juegos del centro y, supuestamente, empezó a hacerle tocamientos.

La joven mostró su negativa y le indicó que la dejara. Sin embargo, el adolescente insistió, haciendo uso de su fuerza física para reducirla, aunque sin llegar a golpearla, según relataron las fuentes. La víctima empezó a pedir auxilio, lo que alertó a otros educadores, que acudieron en su ayuda y que, al parecer, lo sorprendieron in fraganti.

Denuncia

El centro denunció los hechos en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Vélez-Málaga, que investigó el caso. Agentes de este Cuerpo de Seguridad arrestaron al menor, de origen árabe, que llevaba poco más de un mes en la casa de acogida veleña. Respecto a su edad, algunas fuentes apuntaron que tiene 14 años, mientras que otras aseguraron que en realidad es de 16.

El adolescente pasó a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga y, finalmente, compareció ante el juez, que lo envió a un centro de reforma con carácter cerrado -el máximo nivel de internamiento por debajo de 18 años- situado fuera de la provincia.

Las fuentes explicaron que la víctima es una joven en torno a 20 años que está haciendo prácticas de último curso de educadora social en el centro de protección de Menores Virgen de la Victoria, que depende de la Junta de Andalucía. Al parecer, se ha vuelto a incorporar al centro tras el incidente.

PUBLICADO en SUR.es

«Le rompí el labio a mi madre porque no me planchó una camisa»

«Llegan madres completamente desesperadas, llorando y diciéndonos que ya no pueden con ellos. Y eso ocurre cuando ya no soportan más la situación, porque la primera reacción es ocultarlo, negar que están siendo víctimas de la violencia de sus propios hijos. Hay casos como el de un menor que le rompió el labio a su madre "porque la muy hija de puta", dijo, se negó a plancharle la camisa que quería ponerse esa noche para salir». Lo cuenta Ángel Rey, coordinador de Trama, una asociación sin ánimo de lucro por la que pasa la mayoría de los adolescentes denunciados por sus padres por malos tratos en el Principado.

Son los llamados «hijos tiranos», los protagonistas del síndrome del Emperador, un fenómeno social que se extiende, reconoce Rey, y, aunque nadie se atreve a ponerle número, el fiscal coordinador de menores de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla, aporta un dato: «El año pasado, en la región se abrieron 24 expedientes por violencia doméstica y de género protagonizados por menores». Fernández Caldevilla reconoce, a falta del balance de este 2007 que concluye, que pueden sobrepasar los treinta. Pero los casos que se denuncian representan únicamente, según los expertos consultados, el diez por ciento del total, así que, según uno de estos especialistas, «la cifra real podría aproximarse a los 300 casos de maltrato en el Principado al año».

No extraña si se tiene en cuenta que en 2006 se contabilizaron en España alrededor de 6.000 denuncias, lo que significa que más de 6.000 adolescentes roban, zarandean, empujan, vejan, humillan, roban, insultan, intimidan o amenazan a sus padres, algunos incluso de muerte. Los torturan. Sin son chicas, optan más por la tortura psicológica; si son chicos, por el castigo físico. Cuando la violencia llega a la Comisaría o los Juzgados, la mayoría de los agresores tiene entre 15 y 17 años, aunque por el centro de menores dirigido por Rey en Oviedo ya han pasado pequeños maltratadores de 12 convertidos en auténticos tiranos que tienen aterrorizada a toda la familia. La última alarma saltó en la región el pasado día 20, cuando una gijonesa requirió ayuda policial después de que sus hijos, un chico de 17 y su hermana de 14, se negasen a ir a clase.

Un golpe del joven a su madre provocó que la fiscalía de menores abriese diligencias contra el menor. Era la culminación de una dolorosa historia de encontronazos que se remontaba tiempo atrás. «Todos los día me escriben o me llaman padres atemorizados como lo estaría esa madre por la violencia que recibe de sus hijos», explica Vicente Garrido, profesor de la Universidad de Valencia, consultor de Naciones Unidas y uno de los investigadores que más ha rastreado en las raíces del maltrato familiar. Autor de dos libros de referencia para muchos padres que sufren este problema -«Los hijos tiranos. El síndrome del Emperador» y «Antes que sea tarde, cómo prevenir la tiranía de los niños»- es el representante de una de las dos teorías mayoritarias para explicar cómo un joven llega a convertirse en un dictador dentro de casa: la primera pone el acento en la mala educación recibida y unos padres que compensan la falta de tiempo con una permisividad excesiva, la segunda, en los rasgos psicológicos de los menores, en la predisposición genética.

En esta línea, Garrido sostiene que «estos niños no son el producto de la permisividad de los padres. Se trata de una cuestión del temperamento con el que nacen, una cualidad de su forma de ser innata. Un niño malcriado puede ser un golfo, pero no ejercerá la amenaza, extorsión y violencia crónicas que son características del síndrome del Emperador». Son, defiende, pequeños con tres características fundamentales: poca capacidad afectiva, bajo sentido de la contención y un deseo muy persistente por obtener sus propósitos, es decir, una hiperfocalización en sus propias metas egocéntricas, que hace que todo lo que las obstaculice sea motivo de ira para él.

La profesora de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo Amaia Bravo, especialista también en este tipo de maltrato, pone el acento, en cambio, sobre los patrones educativos y culturales que rodean a los agresores, «chavales que no tienen ninguna tolerancia a la frustración, que están acostumbrados a conseguir lo que quieren muy rápidamente y que tienen una gran falta de habilidades para resolver conflictos». Son, según Amaia Bravo, los hijos del «quiero esto y lo quiero ya».

«Niños agenda» o cuando «los padres sustituyen el abrazo por una Play Station»

Publicado en Lne.es por Azahara VILLACORTA