Nueve educadores de menores inmigrantes llevan a juicio a la Diputación por su despido

VIZCAYA

Se incorporaron en la etapa más difícil del centro de Orduña, con errores en los contratos, y se quedaron sin trabajo al suspender una oposición . Seis sentencias dan la razón a los jóvenes y tres, a la institución foral
Nueve educadores sociales han demandado a la Diputación por despido improcedente después de trabajar durante seis años con menores inmigrantes. El Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) les contrató en 2001, en la etapa más conflictiva del centro de Orduña, y en 2007 les dejó fuera del organigrama al no haber aprobado una oposición. En primera instancia, los jueces han dado la razón a seis de ellos tras detectar defectos de forma en los contratos y han dictado tres sentencias favorables a la institución foral. El pleito ha pasado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y las primeras resoluciones se esperan para febrero.

Aunque se trata de un conflicto laboral, está ligado a la atención a los menores extranjeros, un fenómeno que sorprendió a la sociedad vizcaína en 2001 y aún hoy pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones. Aquel año, el número de jóvenes extranjeros que llegaban al territorio histórico pasó de 59 a 371. Ante la saturación del centro de Loiu, 30 chavales fueron trasladados al colegio Gabriel María de Ybarra en Orduña. Hacían falta educadores, pero los trabajadores que estaban en las listas se negaron a cubrir esos puestos.

La tensión que se vivía en Loiu se reprodujo, con más intensidad, en Orduña. La Diputación logró reunir a quince educadores, once de ellos con contratos de sustitución para el verano. Tras cubrir vacaciones, permisos y bajas, se les hicieron contratos de fin de obra o servicio. Acabaron «vacunados» contra los insultos y amenazas y los destrozos que encontraban en sus coches. Algunos presentaron una denuncia por agresión y, tras el juicio, volvieron a encontrarse con el mismo chaval en el centro. «No había un filtro y venían chicos muy conflictivos, con problemas asociados de delincuencia, consumo de drogas y disolventes», recuerdan. «Había otros con los que se podía trabajar, pero, al estar todos en el mismo terreno, se generaban muchos conflictos». No les sorprendió demasiado llegar un día a trabajar en marzo de 2004 y encontrar el colegio destrozado tras una batalla campal. El centro cerró meses después y pronto se convertirá en una residencia para discapacitados.

Unificar criterios

Los menores fueron trasladados a pisos de acogida y, con ellos, los trabajadores. El ambiente mejoró notablemente y pudieron desarrollar sin problemas su proyecto educativo. Lo que no cambió fue su contrato. En 2006 el IFAS convocó una Oferta Pública de Empleo (OPE) con 36 plazas de educadores de menores. De los once procedentes de Orduña, sólo uno aprobó la oposición. Al resto se le comunicó por carta el fin de su contrato en junio de 2007 «de acuerdo a lo pactado».

Nueve de los afectados presentaron demandas por despido improcedente. Tres de ellos son educadores de origen árabe, un colectivo en el que ningún profesional pasó el examen aunque algunos siguen trabajando en centros de gestión privada. Todos ellos aseguran que no sabían que en la oposición se jugaban su puesto de trabajo, porque sus contratos «no tenían número de plaza» y tampoco lo especificaban las bases de la OPE. «Los contratos estaban viciados desde el primer momento», afirma su abogado. Incluso los jueces que han fallado a favor de la Diputación reconocen los errores. En seis casos, concluyen que un contrato celebrado «en fraude de ley» se convierte en indefinido y condenan a la Diputación a readmitir a los empleados o a pagar alrededor de 50.000 euros a cada uno. Otros tres entienden que la situación se ha regularizado con la oposición, y esto es lo que prevalece. Ambas partes esperan que el Tribunal Superior unifique el criterio.

El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, cree que la situación de los educadores «desde el punto de vista personal es muy dura, pero es algo que pasa en todas las ofertas públicas de empleo». Una oposición en la que, según la documentación que maneja su departamento, «se especificaron los códigos de las plazas» que salían a concurso. El responsable foral reconoce «la labor» de estos profesionales. Él mismo garantizó su continuidad cuando cerró el centro de Orduña, pero con la perspectiva «de una oposición. Nos hubiera gustado que se quedaran todos, pero el argumento es perverso. La Administración prima la legitimidad de la convocatoria pública, y no tenemos otro instrumento para hacerlo bien», recalca. Los educadores continúan en la bolsa de trabajo haciendo sustituciones a la espera de que se resuelva el litigio. «No buscamos una indemnización», afirman. «Hicimos el trabajo que nadie quería y sólo queremos eso, trabajar».

SENTENCIAS:

A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN /A FAVOR DE LOS EDUCADORES
Sentencia: del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (hay otras dos de contenido similar).

Fraude de ley: El trabajador fue contratado para un servicio determinado en el centro de Orduña, pero tras su cierre «continuó realizando tareas de educador y cubriendo idéntico puesto» en otros equipamientos, «lo que basta para entender celebrado en fraude de ley el contrato y considerar indefinida la relación laboral».

Oposición: Sin embargo, como se trata de una Administración pública, eso «impide que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas legales de selección». Además, «no cabe oponer que la convocatoria de la OPE no identifica los puestos de trabajo ofertados», ya que «son posibles otros medios de identificación».

Fallo: Absolución. «No cabe hablar de despido, sino de cese regularmente efectuado».

Sentencia: Del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (hay otras cinco de contenido similar).

Cambio de centro: El joven empezó a trabajar en Orduña pero luego le trasladaron a otros centros, «por lo que hay que entender que fue contratado para prestar servicios en la actividad normal del IFAS».

Fraude de ley: La institución foral alega que se trataba de un contrato de interinidad, «pero ni en el contrato del trabajador se expresa dicha interinidad ni estaba adscrito a un puesto determinado. Tampoco en la convocatoria de las pruebas de la Oferta Pública de Empleo «se especificaba el número de puestos vacantes, el destino y el número de cuesto a cubrir». Por tanto, el contrato «se ha celebrado en fraude de ley y ha devenido indefinido».

Fallo: Condena a la Diputación a la readmisión del trabajador o al pago de una indemnización de 35.359 euros más los salarios dejados de percibir desde su despido (130,60 euros al día).

PUBLICADO 20.01.08 por TERESA ABAJO en El Correo Digital