España suspende en la lucha contra el racismo

Un informe de Amnistía Internacional denuncia que se ocultan datos sobre xenofobia

España es un país que sufre un grave problema de racismo y que se comporta como si nada estuviera pasando. Esa es la primera conclusión que se puede extraer del demoledor informe publicado ayer por Amnistía Internacional sobre la labor de las au-toridades españolas en la lucha contra esta lacra. El título de dicho estudio, Entre la desgana y la invisibilidad, lo dice todo. Desgana, por la "pasividad" de la maquinaria estatal a la hora de combatir el fenómeno. Invisibilidad, por la puesta en práctica de un apagón informativo con el que se pretendería ocultar la verdadera magnitud del problema.

Esa triste realidad quedaría reflejada en un dato aportado por el informe que carece de confirmación oficial. Según la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia (RAXEN), en España se producen cada año 4.000 agresiones racistas, entendiendo por tales las que se producen contra inmigrantes, indigentes, homosexuales y prostitutas. "¿Cómo es posible que en el Reino Unido se documenten oficialmente 50.000 ataques racistas al año y en España la Guardia Civil registre entre 10 y 20 casos y la Policía Nacional entre 80 y 100?", se preguntó el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

La clave está, según apunta el informe, en que España es uno de los cinco países de la UE que "no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas", lo que hace que el problema sea "invisible". "Es alarmante la falta de registro de incidentes o crí-menes de ese tipo", añade.Con estas lagunas, no es extraño que el último barómetro del CIS revele que solo el 0,7% de los españoles percibe que hay un problema de racismo, como recuerda el estudio. Y ello pese a que la inmigración es "el tercer problema" (según el 34,5% de los consultados) y que el porcentaje de los que "muestran actitudes hostiles" hacia los inmigrantes ha pasado en siete años del 8% al 32%.

DESIDIA GENERAL

Amnistía Internacional critica la "desgana" de la Administración española a la hora de aplicar sanciones o compensaciones por casos de discriminación étnica (no figura ni una sola en el 2006), pero también propina un gran varapalo a los jueces y los fiscales por no ser receptivos ante este tipo de denuncias. Para demostrarlo, cita un estudio de la Universidad de Valencia en el que se concluye que, entre 1996 y el 2005, los tribunales solo aplicaron en seis casos la agravante de motivación racista incorporada al código penal. Por todo ello, Amnistía sitúa a España "a la cola de Europa" en esta cruzada.