13/4/08

Las responsabilidades penal de los menores ya está contemplada con suficiente contundencia

El portavoz de JUECES POR LA DEMOCRACIA detalla que en caso de tener que reformar la Ley del Menor, tendría que hacerse en el "sentido contrario"
La actual Ley del Menor permite articular medidas sancionadores de suficiente contundencia para los menores que incurren en delitos penales de gravedad, si bien las sanciones deben estar acompañadas de un óptimo trabajo social y psicológico para favorecer la reinserción social de estas personas, tal y como reza el espíritu de la normativa.
Así se pronunciaron diversos expertos en materia judicial sobre las disposiciones de la Ley del Menor para castigar casos como la violación de una joven de trece años por parte de tres menores en Palma de Mallorca, que ha motivado que la Jueza de Menores del Juzgado Número 2 de Palma haya decretado el internamiento en un centro de régimen cerrado como medida cautelar.
Incluso el portavoz del colectivo Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, expresó su opinión de que la actual Ley contempla en ocasiones "demasiado contundentemente" la Responsabilidad Penal juvenil, y por tanto, si fuera necesario algún cambio, se debería orientar "en un sentido contrario" donde primara más los aspectos educativos.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Felix Pantoja, detalló que la legislación actual permite que los menores puedan estar internados por un periodo prolongado de tiempo en centros cerrados. En este sentido, aseguró que la privación de libertad debe combinarse con un trabajo social y psicológico, algo que "difícilmente se hace" en los centros penitenciarios para adultos.
Para este experto, la actual Ley del Menor ofrece la posibilidad de que haya una "respuesta de castigo contundente" por parte de la Justicia contra los jóvenes que comentan delitos de gravedad. "Con endurecer la Ley, seguramente estas cosas no se acaben", explicó para ilustrar que la normativa recoge medidas sancionadores suficientes para estos casos."Otra cosa es que ese castigo, a diferencia de lo que pasa en las cárceles, haya que aprovecharlo para hacer una labor de efectiva reinserción de estos chicos", apostilló Pantoja para recordar que el artículo 19 del Código Penal establece que las medidas sancionadoras no pueden ser iguales a las que tienen las personas con mayoría de edad.
LEY YA ENDURECIDA
Mientras, Tapia afirmó que la evolución del Derecho Penal juvenil se ha "endurecido tremendamente" en los últimos años, y que a partir de la reforma que entró en vigor el año pasado, en los delitos de agresión sexual se permite imponer medidas de hasta 10 años de duración."El tratamiento es lo suficientemente intenso para que no necesite ningún cambio de legislación. Yo creo que en estos casos, la legislación Penal juvenil contempla la posibilidad de que se puedan imponer medidas para hacer ver al menor la propia gravedad y transcendencia del hecho, le haga responsable del mismo e imponga las medidas proporcionadas a la gravedad y a sus circunstancias familiares, personales y educativas dirigidas a su integración en la sociedad y en no volver a incurrir en estos delitos", precisó.
Además, Tapia señaló que el tratamiento que reciben los menores es correcto desde el punto de vista jurídico, y que el proceso contempla todas las garantías para determinar hasta "qué punto son o no" responsables. "Es decir, que estamos hablando de medidas equiparables a la Justicia Penal de los adultos, con la gran diferencia que en el Derecho Penal de Adultos, se supone que es una persona con plena capacidad de comprensión y de voluntad", detalló el portavoz de la JpD.
No obstante, Tapia precisó que la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores que entró en vigor en 2001 con el paso de los años ha incrementado las medidas sancionadoras y la posibilidad de que se pueda imponer el internamiento de régimen cerrado en más casos a los inicialmente contemplados.
"Por tanto si tuviera que hacer un juicio crítico de la legislación española en materia juvenil diría que lo que hace falta es reformarla en el sentido contrario, en el querer volver al primitivo espíritu y los principios inspiradores de la Ley de 2001 que tenía como principio fundamental lo educativo", reflexionó.
Finalmente, el portavoz de JpD que el caso de la violación de una menor abarca comportamientos que van "más allá" del tratamiento puramente penal y que "interpelan a la sociedad". Por ello, ahondó en realizar una reflexión sobre los modelos sociales que se ofrecen por parte de los adultos a los menores, que pasan por generar un espacio educativo para debatir los valores ciudadanos y evitar la difusión de comportamientos violentos o "la cosificación de la libertad sexual".
"Desgraciadamente ellos son también víctimas del sistema" afirmó por lo que desde la sociedad no puede caer en "cierto cinismo" en repudiar estos comportamientos cuando estas personas han podido sufrir la desestructuración familiar así como el desamparo institucional o educativo, aspectos que toca resolver a la sociedad en su conjunto.

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