No es país para niñas
«En vez de reclamar cadenas perpetuas, pidamos de una vez tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso virtual y la explotación sexual dos de sus caras más flagrantes».A finales del año pasado el llamado violador del Vall d'Hebrón salía de la cárcel tras haber cumplido 16 de los 311 años de su condena, de acuerdo con el Código Penal de 1973, que contemplaba el beneficio penitenciario de la redención de penas por trabajo. No obstante, más que esta notable rebaja penal, la confesión de que este violador reincidente salía de la cárcel sin estar rehabilitado suscitó un debate no sólo social, sino jurídico y médico. La calle era un clamor que pedía para él la cadena perpetua, con la misma fuerza que hoy denuncia la estrepitosa secuencia de despropósitos judiciales en torno al trágico asesinato de la niña de cinco años, Mari Luz Cortés.
En este caso ha fallado todo el sistema judicial español. Una caótica desconexión entre juzgados y Autonomías ha permitido que un psicópata que ya tenía dos condenas por abusos sexuales pendientes de cumplir, siguiera en libertad cinco años después de que cayera sobre él su primera sentencia. Como en el caso del Violador del Vall d'Hebrón, el linchamiento moral se ha bifurcado en dos vectores. Por una parte hacia el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle. Por otra, hacia la propia Administración de Justicia, cuya incompetencia también carga con su cuota de responsabilidad ante la muerte de esta pequeña que, de haberse cumplido la ley, se hubiera podido evitar sin necesidad de recurrir a ninguna cadena perpetua.
En este caso ha fallado todo el sistema judicial español. Una caótica desconexión entre juzgados y Autonomías ha permitido que un psicópata que ya tenía dos condenas por abusos sexuales pendientes de cumplir, siguiera en libertad cinco años después de que cayera sobre él su primera sentencia. Como en el caso del Violador del Vall d'Hebrón, el linchamiento moral se ha bifurcado en dos vectores. Por una parte hacia el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle. Por otra, hacia la propia Administración de Justicia, cuya incompetencia también carga con su cuota de responsabilidad ante la muerte de esta pequeña que, de haberse cumplido la ley, se hubiera podido evitar sin necesidad de recurrir a ninguna cadena perpetua.
Llegados a este punto podemos hacer literatura o podemos seguir haciendo periodismo. Ciertamente, la memoria de este país es pródiga en personajes truculentos con los que poblar de pesadillas el imaginario de los niños. No es preciso remitirse a los tiempos del Sacamantecas. El espantoso crimen de las niñas de Alcasser sucedió en 1992, y también entonces nos encontramos con un presunto asesino -Antonio Anglés-, que paseaba generosamente su permiso penitenciario por el pueblo mientras todos los medios de comunicación buscaban al monstruo.
Existe un riesgo evidente en las medidas de resocialización de los presos, que se ensancha con las políticas paralelas de normalización de los psicópatas con tendencias agresivas. Ese riesgo que asumen nuestros sistemas judicial y sanitario, ¿ha de ser soportado en la misma medida por el conjunto de los ciudadanos? La pregunta viene bien para cerrar con ella un reportaje de impacto acerca de Santiago del Valle. Incluso podríamos presentarlo como un remake del personaje que interpreta Javier Bardem en No es país para viejos. Un siniestro pederasta compulsivo que llegó a abusar de su hermana y luego de su propia hija, pero también un sociópata que empapelaba sus ventanas con plásticos para hurtarse a la mirada de sus vecinos, que sentía como una proyección de su conciencia.
No obstante, en lugar de hacer literatura, me van a permitir que les recuerde unos cuantos datos. ¿Sabían que la explotación sexual de niños es el tercer negocio mundial después del tráfico de drogas y de armas? Según la ONG Save the Children, este tráfico genera anualmente unos siete mil millones de dólares de beneficios, muchos de los cuales salen de aquí. Y es que, cada año, cerca de 30.000 españoles practican turismo sexual con niños. Siendo esto así, sorprende menos constatar que nuestro país encabeza la vergonzante nómina europea de consumidores de pornografía infantil, y es el segundo del mundo, sólo superado por EE UU, en redes de pederastas vía internet.
En 2004 una reforma de nuestro Código Penal pasó a considerar delito no sólo la producción y distribución de pornografía infantil, sino también la posesión. Sin embargo, el acceso a contenidos pornográficos de menores no está tipificado como delito en nuestro país. Tampoco lo está la apología de la pederastia, ni asistir a espectáculos border-line con material sexual de menores.
No es preciso llamarse Santiago del Valle o Antonio Anglés para dejarse caer por esta zona oscura. Los consumidores tipo de este sórdido negocio son en su mayoría varones de entre 30 y 45 años, de nivel económico medio-alto y buena posición social. Probablemente, piensan que no hacen nada malo por asomarse a unas imágenes que ya están colgadas en internet. Se equivocan, o quieren equivocarse. Ellos son también moralmente responsables del abuso que se ha cometido contra esos menores -en algunos casos se incluyen imágenes de violaciones de bebés-, y aun desde su casa contribuyen activamente al sostenimiento de estas redes abominables.
Apenas una delgada membrana separa el consumo de pornografía infantil del abuso de menores. Según estimaciones oficiales, el 30% de los pederastas virtuales terminan poniendo en práctica lo que han visto en sus pantallas, cometiendo una agresión real. Probablemente, Santiago del Valle fue uno de ellos. Pero en un país que figura a la cabeza de Europa en esta aberración, ¿cuántos más se excitan con la posibilidad de asaltar a cualquier Mari Luz cuando se cruzan con ella, en su misma calle, cerca de su propia casa?
La conducta de estos depredadores sexuales disfrazados de ciudadanos normales pone casi siempre a prueba nuestra capacidad de entendimiento. En muchos casos se trata de seres torturados desde su infancia. Pero lo escalofriante es que, en su mayoría, no afectan ningún trastorno evidente. Sin embargo, son capaces de cometer agresiones espeluznantes a sangre fría, que los sitúan en el límite de la experiencia humana.
Aunque tal vez no.
De hecho, el ser humano es el único animal que, impulsado por el deseo de vivenciar su dominio, llega a torturar y matar a sus semejantes sin motivo ni razón. El único que siente satisfacción al hacerlo.
¿Se puede corregir a un degenerado incorregible? Entre aplicarle la cadena perpetua que, además de ser anticonstitucional, supondría una especie de muerte en vida y la inquietante relajación judicial que caracteriza a este país, existen muchas posibilidades de actuación tanto en el terreno policial como en el clínico, sin olvidar la responsabilidad de los tribunales. Pero, en cualquier caso, todas ellas remiten a una siembra de base que comienza por depurar la conciencia social de esta España envenenada de reality shows, que considera la pornografía explícita un signo de modernidad, y la ausencia de controles sobre las actividades que implican a menores un indicador de libertad y tolerancia.
En vez de reclamar cadenas perpetuas, pidamos de una vez tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso virtual y la explotación sexual dos de sus caras más flagrantes. Una sociedad moderna, mas que con el fomento de botellones y barra libre en todos los órdenes, debe medirse, también, por el grado de tutela y protección que ejerce sobre sus menores.
El primer derecho de los niños no es otro que el derecho mismo a ser niños.
Ningún «respetable ciudadano» tiene derecho alguno a arrebatarles su infancia. Ni hay delito mayor que arrebatar la vida, o tan sólo la inocencia, a un inocente.
Existe un riesgo evidente en las medidas de resocialización de los presos, que se ensancha con las políticas paralelas de normalización de los psicópatas con tendencias agresivas. Ese riesgo que asumen nuestros sistemas judicial y sanitario, ¿ha de ser soportado en la misma medida por el conjunto de los ciudadanos? La pregunta viene bien para cerrar con ella un reportaje de impacto acerca de Santiago del Valle. Incluso podríamos presentarlo como un remake del personaje que interpreta Javier Bardem en No es país para viejos. Un siniestro pederasta compulsivo que llegó a abusar de su hermana y luego de su propia hija, pero también un sociópata que empapelaba sus ventanas con plásticos para hurtarse a la mirada de sus vecinos, que sentía como una proyección de su conciencia.
No obstante, en lugar de hacer literatura, me van a permitir que les recuerde unos cuantos datos. ¿Sabían que la explotación sexual de niños es el tercer negocio mundial después del tráfico de drogas y de armas? Según la ONG Save the Children, este tráfico genera anualmente unos siete mil millones de dólares de beneficios, muchos de los cuales salen de aquí. Y es que, cada año, cerca de 30.000 españoles practican turismo sexual con niños. Siendo esto así, sorprende menos constatar que nuestro país encabeza la vergonzante nómina europea de consumidores de pornografía infantil, y es el segundo del mundo, sólo superado por EE UU, en redes de pederastas vía internet.
En 2004 una reforma de nuestro Código Penal pasó a considerar delito no sólo la producción y distribución de pornografía infantil, sino también la posesión. Sin embargo, el acceso a contenidos pornográficos de menores no está tipificado como delito en nuestro país. Tampoco lo está la apología de la pederastia, ni asistir a espectáculos border-line con material sexual de menores.
No es preciso llamarse Santiago del Valle o Antonio Anglés para dejarse caer por esta zona oscura. Los consumidores tipo de este sórdido negocio son en su mayoría varones de entre 30 y 45 años, de nivel económico medio-alto y buena posición social. Probablemente, piensan que no hacen nada malo por asomarse a unas imágenes que ya están colgadas en internet. Se equivocan, o quieren equivocarse. Ellos son también moralmente responsables del abuso que se ha cometido contra esos menores -en algunos casos se incluyen imágenes de violaciones de bebés-, y aun desde su casa contribuyen activamente al sostenimiento de estas redes abominables.
Apenas una delgada membrana separa el consumo de pornografía infantil del abuso de menores. Según estimaciones oficiales, el 30% de los pederastas virtuales terminan poniendo en práctica lo que han visto en sus pantallas, cometiendo una agresión real. Probablemente, Santiago del Valle fue uno de ellos. Pero en un país que figura a la cabeza de Europa en esta aberración, ¿cuántos más se excitan con la posibilidad de asaltar a cualquier Mari Luz cuando se cruzan con ella, en su misma calle, cerca de su propia casa?
La conducta de estos depredadores sexuales disfrazados de ciudadanos normales pone casi siempre a prueba nuestra capacidad de entendimiento. En muchos casos se trata de seres torturados desde su infancia. Pero lo escalofriante es que, en su mayoría, no afectan ningún trastorno evidente. Sin embargo, son capaces de cometer agresiones espeluznantes a sangre fría, que los sitúan en el límite de la experiencia humana.
Aunque tal vez no.
De hecho, el ser humano es el único animal que, impulsado por el deseo de vivenciar su dominio, llega a torturar y matar a sus semejantes sin motivo ni razón. El único que siente satisfacción al hacerlo.
¿Se puede corregir a un degenerado incorregible? Entre aplicarle la cadena perpetua que, además de ser anticonstitucional, supondría una especie de muerte en vida y la inquietante relajación judicial que caracteriza a este país, existen muchas posibilidades de actuación tanto en el terreno policial como en el clínico, sin olvidar la responsabilidad de los tribunales. Pero, en cualquier caso, todas ellas remiten a una siembra de base que comienza por depurar la conciencia social de esta España envenenada de reality shows, que considera la pornografía explícita un signo de modernidad, y la ausencia de controles sobre las actividades que implican a menores un indicador de libertad y tolerancia.
En vez de reclamar cadenas perpetuas, pidamos de una vez tolerancia cero frente a todo tipo de maltrato infantil, que tiene en el abuso virtual y la explotación sexual dos de sus caras más flagrantes. Una sociedad moderna, mas que con el fomento de botellones y barra libre en todos los órdenes, debe medirse, también, por el grado de tutela y protección que ejerce sobre sus menores.
El primer derecho de los niños no es otro que el derecho mismo a ser niños.
Ningún «respetable ciudadano» tiene derecho alguno a arrebatarles su infancia. Ni hay delito mayor que arrebatar la vida, o tan sólo la inocencia, a un inocente.
Artículo de opinión publicado en http://www.diariovasco.com/ por ÁLVARO BERMEJO
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