Educación para combatir los delitos
Experiencias andaluzas tiran por tierra la propuesta del PP para endurecer la ley penal contra el menor
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva experiencia profesional en Granada, en la que se apuesta por la reeducación de los infractores infantiles en lugar de la represión de los mismos. El programa ha sido subvencionado por el Servicio de Apoyo a la Familia de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Esta actividad es pionera en Andalucía y tiene un propósito claro: reeducar a los menores de forma que no tengan que vérselas con un juez.
La propuesta de la Junta de Andalucía pone en entredicho las medidas anunciadas por Rajoy recientemente de rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años para menores reincidentes. Según los populares, la solución para este problema está en el aumento de las penas. Sin embargo, desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social se apuesta por la reeducación, una solución más lógica que se ha pedido desde las distintas asociaciones relacionadas con los menores.
La propuesta de la Junta de Andalucía pone en entredicho las medidas anunciadas por Rajoy recientemente de rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años para menores reincidentes. Según los populares, la solución para este problema está en el aumento de las penas. Sin embargo, desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social se apuesta por la reeducación, una solución más lógica que se ha pedido desde las distintas asociaciones relacionadas con los menores.
Supervisión de los menores
En Granada, la encargada de llevar a cabo el programa de la Junta es la Asociación Imeris, una entidad con gran experiencia en la rehabilitación de delincuentes juveniles. Actualmente se encarga de la supervisión en el cumplimiento de las medidas que los juzgados de Menores de Granada imponen a los adolescentes de más de 14 años.
Pocos casos
Pese al alarmismo desatado por el PP cuando anunció esta medida, en España los casos de delitos muy graves cometidos por niños que aún no cuentan con edad penal para ser juzgado son muy escasos. Así lo confirma Arturo Canalda, Defensor del Menor de Madrid, que manifiesta que esos casos "se pueden contar con los dedos de una mano".
Los casos de Granada
Los expertos de Imeris han empezado a trabajar con apenas veinte chicos, la mayoría de los cuales son sospechosos de participar en robos con violencia: la infracción más grave de la que se ha tenido conocimiento. Por el momento no hay resultados cuantificables para este programa, ya que lleva poco tiempo en marcha, pero sí hay un dato esclarecedor. La edad más baja que se han encontrado es la de 12 ó 13 años. Se espera que los expertos de la Asociación sean capaces de atender a más de medio centenar de niños a lo largo del año. La participación en el programa es voluntaria, previo consentimiento del menor o de la familia.
En cifras
De los expedientes abiertos por la Fiscalía de Menores, unos 300 en 2006 y 2007 según recoge el periódico granadino Ideal, el 90% de los casos fueron gamberradas propias de niños que han sido denunciadas a las autoridades: timbrazos a un vecino, una pelea en un colegio, un graffiti en la pared… por lo que las cifras son mucho menores de lo que en un principio podría pensarse. Reflexión sobre sus actos
Las pautas y el tratamiento que se oferta a estos menores no es muy distinto del que reciben los delincuentes de más de 14 años. Se pretende que los niños reflexionen sobre la conducta y sean conscientes del daño causado por sí mismo. Los castigos impuestos a los menores que cometen delitos están orientados a la educación, y estas medidas suelen ser suficientes para evitar la reincidencia, por lo que nada hace cuestionar que con los más pequeños pueda suceder algo contrario. Los encierros en correccionales tan sólo son aplicados a los casos más graves.
Medidas socioeducativas
Los expertos reunidos en el I Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de Menores, celebrado en Madrid, lanzan propuestas que parecen ir acorde a la medida de la Junta. Casi todos coinciden en que los medios de comunicación crean una alarma social que poco tiene que ver con la realidad. Y afirman que los castigos penales a los menores no tienen efectos positivos ni son necesarios, sino que es más importante la mejora de las medidas socio-educativas y su aplicación en la sociedad.
Publicado en El Plural / Notic. Andalucía
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