No todo vale con los niños
Frente a la propuesta del PP de rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años, los expertos piden más medidas educativas - ¿Qué se hace con un menor de 11 años detenido 69 veces por delitos leves?¿Delinquen cada vez más jóvenes en España? ¿Hay un gran número de menores de 12 años perpetrando asesinatos y violaciones? ¿Hace falta reformar la ley porque no funciona? ¿Se puede hacer algo fuera del sistema penal con los menores de 14 años que cometen delitos?
El tema ha saltado al debate electoral después de que Mariano Rajoy anunciara esta semana dos medidas que llevará a la práctica si el Partido Popular gana las próximas elecciones: la primera, que la edad penal se baje de los 14 a los 12 años para los casos de delitos graves; la segunda, que todos los menores que cumplan una medida en un centro de reforma pasen a una cárcel de adultos al cumplir los 18 años. El comité español de UNICEF ha manifestado "inquietud y preocupación" ante la propuesta.
Los datos desmienten la necesidad de rebajar la edad penal: los menores de 14 años que cometen delitos graves "se pueden contar con los dedos de una mano", dice el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda (nombrado por el PP, que gobierna en Madrid). Los datos del Ministerio del Interior lo corroboran: por lo general hay apenas un homicidio o asesinato cada año. Y un gran número de expertos internacionales reunidos esta semana en Madrid en el I Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de Menores, organizado por el Gobierno regional, han coincidido en dos puntos básicos. Primero, que la gran alarma social que causan los casos que saltan a los medios de comunicación no se corresponde con la realidad. Y segundo, que imponer a estos chicos un castigo penal no tiene efectos positivos ni es necesario. La propuesta de la mayoría de los académicos y juristas ha sido pedir la mejora de las medidas socio-educativas y su aplicación.
"Mariano Rajoy ha recogido con su iniciativa las lágrimas de la madre de Sandra Palo [la chica de 22 años, discapacitada, que fue brutalmente raptada, violada, atropellada repetidas veces y asesinada por tres menores de edad que tenían más de 14 años]", señaló el martes Alfredo Prada, vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia, tras la inauguración del Congreso. En la clausura, al día siguiente, las palabras del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez podrían servir para responder a Prada: "Desde la perspectiva de la víctima, la exigencia del ojo por ojo es perfectamente comprensible. Pero el ojo por ojo conduce socialmente al caos y degrada la calidad humana de los ciudadanos". Y añadió que ninguna pena que se imponga a los delincuentes "puede calmar la desazón de los agredidos", por lo que las soluciones a los problemas de los menores infractores deberían plantearse con "serenidad, honestidad y, sobre todo, con responsabilidad". Así que, ¿qué es lo que el Estado, de forma responsable, debe hacer con estos menores?
Una psicóloga de los servicios sociales de Madrid plantea un caso reciente. Tres niñas cometieron un robo planeado en casa de los padres de una amiga. Dos tenían 13 años. Otra, 14. Esta última era penalmente responsable y se arriesgaba a ser internada en un centro, aunque finalmente se le impuso una medida de libertad vigilada. A las otras dos no les ocurrió nada. No eran responsables. Entraron en el sistema de protección de menores y los servicios sociales intentaron trabajar con ellas y sus familias. Pero sin éxito. Las chicas tenían claro que la ley no las obligaba a nada, y que no tenían por qué asistir a las citas con la psicóloga. Fue imposible implicar a las familias y realizar una intervención social. Y cada vez son más habituales las bandas de niños de 10, 11 y 12 años -casi siempre dirigidos por adultos- que amparados por su falta de responsabilidad penal roban teléfonos móviles por la calle y asaltan los cajeros automáticos de los bancos. En ocasiones la policía ha llegado a detener hasta 69 veces a un mismo menor.
Es evidente que hay que dar una respuesta a estos casos, sobre todo para intentar evitar que a los 15 años estos chicos sean unos delincuentes profesionales. Pero, si se rebajara la edad penal a los 12 años, la misma polémica podría plantearse después con chicos de 9, 10 u 11 años. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a bajar el límite de la responsabilidad penal? ¿Es consciente un chaval de 12 años de lo que supone su delito? Y, sobre todo, ¿quién dice que la respuesta penal sea la única posible ni la mejor? ¿Por qué no se exige al Estado y a sus instituciones que pongan en marcha, seriamente, sistemas de protección social y educativos?
"El derecho penal no puede solucionarlo todo", señaló la francesa Jocelyne Castaignéde, profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Pau. En Francia no hay edad penal mínima sino que es el juez, en cada caso concreto, el que debe analizar la capacidad de discernimiento del menor. Es una fórmula poco habitual en Europa, porque en casi todos los países se ha optado por el criterio de la edad, aunque ésta varíe: 10 años en Inglaterra y Gales, 12 en Holanda, 14 en España, Alemania, Austria e Italia, 15 en Suiza y 16 en Bélgica y Luxemburgo. Cada alusión de los ponentes en el Congreso a la necesidad de establecer políticas educativas y preventivas, y no penales, iba seguida por aplausos y ovaciones de los asistentes, que llenaban el Palacio de Congresos.
Pero, ¿en qué se concretan estas posibles medidas "educativas y sociales"? ¿Qué se puede hacer fuera del ámbito del derecho penal cuando un menor de 14 años comete un delito? "Pues muchas cosas", responde el vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex fiscal de menores Félix Pantoja. "A través del fiscal y con la autorización del juzgado de familia se pueden imponer medidas de carácter obligatorio e incluso restringir derechos del menor como su libertad". Recuerda el caso de un chico con un grave problema de drogas que cometía de forma habitual pequeños delitos y que estaba bajo la tutela de una comunidad autónoma. Desde la fiscalía se pidió al juez que autorizara que no le dejaran salir del centro en el que vivía durante un tiempo, para poder trabajar con él. Y así se hizo.
"El sistema de protección tiene instrumentos suficientes para que se puedan adoptar este tipo de medidas", continúa Pantoja. "Pero en la práctica todo falla: los fiscales no suelen actuar, los sistemas de tutela dejan mucho que desear con los adolescentes y preadolescentes, los educadores tienen pocos recursos, hay pocos medios... y tampoco tiene sentido sustituirlo por la intervención penal porque muchas veces tiene las mismas carencias. Eso sí, permite de forma más rápida encerrar a los chavales, y parece que así nos quedamos más tranquilos". Dos psicólogas de los servicios sociales madrileños también piden un mayor apoyo y ayuda por parte de los fiscales de menores. "Sin ellos estamos perdidas", señala una de ellas. "Porque los menores, y sus familias, saben que nosotros no tenemos forma de obligarles a colaborar en nada".
Cuando la tutela la tiene la comunidad autónoma, es más fácil intervenir con los chicos y pedir medidas judiciales que cuando están con sus padres. Por no hablar de cuando es la propia familia la que les incita a cometer delitos. Si la situación es grave, se puede declarar judicialmente la situación de riesgo o desamparo del menor y quitar la tutela a los padres. Pero no siempre es fácil, y jueces y fiscales suelen ser reticentes a separar a un niño de la familia. Así que, en estos casos, la sensación de impunidad crece. El Defensor del Menor, Arturo Canalda está de acuerdo con que se baje la edad penal, pero sólo "para casos excepcionales". E insiste en que lo esencial es establecer medidas socioeducativas que se puedan imponer de forma "obligatoria y coactiva". "Incluso con sanciones económicas para los padres que no quieran colaborar", dice. Aunque para eso harían falta reformas legales.
Finlandia ha optado implantar un verdadero sistema de protección de menores. Una vez cometido un delito, y entendiendo que el menor está poniendo en peligro su futuro, se puede intervenir de muchas formas: con asistencia financiera, orientación psicológica o terapéutica, o imponiéndole determinadas tareas. Es posible, incluso ingresarlo en una casa de acogida o residencial. Este sistema se aplica a los menores de 15 años -límite de la edad penal en ese país-, pero cada vez más también a los chicos de 15 a 17. El número de menores en las cárceles de Finlandia ha pasado de 761 en 1975 a 65 en 2006, según datos ofrecidos por el director del Instituto Nacional de Investigaciones para las Políticas Legales de ese país, Tapio Lappi-Sepälä. Allí se ha optado por evitar los internamientos y desarrollar la actuación socioeducativa.
Aparte de la propuesta de la edad penal, Mariano Rajoy también ha dicho esta semana que llevará a las cárceles de adultos todos los menores internos en centros de reforma cuando cumplan los 18 años. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, de 2000, fue reformada el año pasado para permitir esta posibilidad. Según la nueva redacción de la norma, ahora el juez "podrá ordenar" que el interno pase a prisión al alcanzar la mayoría de edad. Por lo tanto, se estudia cada caso concreto. El PP propone que se haga de forma automática. Dado que el objetivo de la Ley del Menor es la reeducación, no parece muy lógico que después de unos años de tratamiento específico se les traslade a una cárcel con adultos. "Es necesario examinar cada caso para ver si es necesario o contraproducente llevarlo a la cárcel", opina Canalda.
Los políticos sacan a la calle el debate sobre la delincuencia juvenil con mucha apelación al miedo pero pocos datos. Populismo para ganar votos. "Después del 11-S y del 11-M, los ciudadanos quieren seguridad total. Hemos cambiado a Rousseau por el Leviatán de Hobbes", señala Bernat Castany, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. "Pero lo que hay que hacer es educar a estos jóvenes en responsabilidad".
Los datos desmienten la necesidad de rebajar la edad penal: los menores de 14 años que cometen delitos graves "se pueden contar con los dedos de una mano", dice el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda (nombrado por el PP, que gobierna en Madrid). Los datos del Ministerio del Interior lo corroboran: por lo general hay apenas un homicidio o asesinato cada año. Y un gran número de expertos internacionales reunidos esta semana en Madrid en el I Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de Menores, organizado por el Gobierno regional, han coincidido en dos puntos básicos. Primero, que la gran alarma social que causan los casos que saltan a los medios de comunicación no se corresponde con la realidad. Y segundo, que imponer a estos chicos un castigo penal no tiene efectos positivos ni es necesario. La propuesta de la mayoría de los académicos y juristas ha sido pedir la mejora de las medidas socio-educativas y su aplicación.
"Mariano Rajoy ha recogido con su iniciativa las lágrimas de la madre de Sandra Palo [la chica de 22 años, discapacitada, que fue brutalmente raptada, violada, atropellada repetidas veces y asesinada por tres menores de edad que tenían más de 14 años]", señaló el martes Alfredo Prada, vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia, tras la inauguración del Congreso. En la clausura, al día siguiente, las palabras del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez podrían servir para responder a Prada: "Desde la perspectiva de la víctima, la exigencia del ojo por ojo es perfectamente comprensible. Pero el ojo por ojo conduce socialmente al caos y degrada la calidad humana de los ciudadanos". Y añadió que ninguna pena que se imponga a los delincuentes "puede calmar la desazón de los agredidos", por lo que las soluciones a los problemas de los menores infractores deberían plantearse con "serenidad, honestidad y, sobre todo, con responsabilidad". Así que, ¿qué es lo que el Estado, de forma responsable, debe hacer con estos menores?
Una psicóloga de los servicios sociales de Madrid plantea un caso reciente. Tres niñas cometieron un robo planeado en casa de los padres de una amiga. Dos tenían 13 años. Otra, 14. Esta última era penalmente responsable y se arriesgaba a ser internada en un centro, aunque finalmente se le impuso una medida de libertad vigilada. A las otras dos no les ocurrió nada. No eran responsables. Entraron en el sistema de protección de menores y los servicios sociales intentaron trabajar con ellas y sus familias. Pero sin éxito. Las chicas tenían claro que la ley no las obligaba a nada, y que no tenían por qué asistir a las citas con la psicóloga. Fue imposible implicar a las familias y realizar una intervención social. Y cada vez son más habituales las bandas de niños de 10, 11 y 12 años -casi siempre dirigidos por adultos- que amparados por su falta de responsabilidad penal roban teléfonos móviles por la calle y asaltan los cajeros automáticos de los bancos. En ocasiones la policía ha llegado a detener hasta 69 veces a un mismo menor.
Es evidente que hay que dar una respuesta a estos casos, sobre todo para intentar evitar que a los 15 años estos chicos sean unos delincuentes profesionales. Pero, si se rebajara la edad penal a los 12 años, la misma polémica podría plantearse después con chicos de 9, 10 u 11 años. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a bajar el límite de la responsabilidad penal? ¿Es consciente un chaval de 12 años de lo que supone su delito? Y, sobre todo, ¿quién dice que la respuesta penal sea la única posible ni la mejor? ¿Por qué no se exige al Estado y a sus instituciones que pongan en marcha, seriamente, sistemas de protección social y educativos?
"El derecho penal no puede solucionarlo todo", señaló la francesa Jocelyne Castaignéde, profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Pau. En Francia no hay edad penal mínima sino que es el juez, en cada caso concreto, el que debe analizar la capacidad de discernimiento del menor. Es una fórmula poco habitual en Europa, porque en casi todos los países se ha optado por el criterio de la edad, aunque ésta varíe: 10 años en Inglaterra y Gales, 12 en Holanda, 14 en España, Alemania, Austria e Italia, 15 en Suiza y 16 en Bélgica y Luxemburgo. Cada alusión de los ponentes en el Congreso a la necesidad de establecer políticas educativas y preventivas, y no penales, iba seguida por aplausos y ovaciones de los asistentes, que llenaban el Palacio de Congresos.
Pero, ¿en qué se concretan estas posibles medidas "educativas y sociales"? ¿Qué se puede hacer fuera del ámbito del derecho penal cuando un menor de 14 años comete un delito? "Pues muchas cosas", responde el vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex fiscal de menores Félix Pantoja. "A través del fiscal y con la autorización del juzgado de familia se pueden imponer medidas de carácter obligatorio e incluso restringir derechos del menor como su libertad". Recuerda el caso de un chico con un grave problema de drogas que cometía de forma habitual pequeños delitos y que estaba bajo la tutela de una comunidad autónoma. Desde la fiscalía se pidió al juez que autorizara que no le dejaran salir del centro en el que vivía durante un tiempo, para poder trabajar con él. Y así se hizo.
"El sistema de protección tiene instrumentos suficientes para que se puedan adoptar este tipo de medidas", continúa Pantoja. "Pero en la práctica todo falla: los fiscales no suelen actuar, los sistemas de tutela dejan mucho que desear con los adolescentes y preadolescentes, los educadores tienen pocos recursos, hay pocos medios... y tampoco tiene sentido sustituirlo por la intervención penal porque muchas veces tiene las mismas carencias. Eso sí, permite de forma más rápida encerrar a los chavales, y parece que así nos quedamos más tranquilos". Dos psicólogas de los servicios sociales madrileños también piden un mayor apoyo y ayuda por parte de los fiscales de menores. "Sin ellos estamos perdidas", señala una de ellas. "Porque los menores, y sus familias, saben que nosotros no tenemos forma de obligarles a colaborar en nada".
Cuando la tutela la tiene la comunidad autónoma, es más fácil intervenir con los chicos y pedir medidas judiciales que cuando están con sus padres. Por no hablar de cuando es la propia familia la que les incita a cometer delitos. Si la situación es grave, se puede declarar judicialmente la situación de riesgo o desamparo del menor y quitar la tutela a los padres. Pero no siempre es fácil, y jueces y fiscales suelen ser reticentes a separar a un niño de la familia. Así que, en estos casos, la sensación de impunidad crece. El Defensor del Menor, Arturo Canalda está de acuerdo con que se baje la edad penal, pero sólo "para casos excepcionales". E insiste en que lo esencial es establecer medidas socioeducativas que se puedan imponer de forma "obligatoria y coactiva". "Incluso con sanciones económicas para los padres que no quieran colaborar", dice. Aunque para eso harían falta reformas legales.
Finlandia ha optado implantar un verdadero sistema de protección de menores. Una vez cometido un delito, y entendiendo que el menor está poniendo en peligro su futuro, se puede intervenir de muchas formas: con asistencia financiera, orientación psicológica o terapéutica, o imponiéndole determinadas tareas. Es posible, incluso ingresarlo en una casa de acogida o residencial. Este sistema se aplica a los menores de 15 años -límite de la edad penal en ese país-, pero cada vez más también a los chicos de 15 a 17. El número de menores en las cárceles de Finlandia ha pasado de 761 en 1975 a 65 en 2006, según datos ofrecidos por el director del Instituto Nacional de Investigaciones para las Políticas Legales de ese país, Tapio Lappi-Sepälä. Allí se ha optado por evitar los internamientos y desarrollar la actuación socioeducativa.
Aparte de la propuesta de la edad penal, Mariano Rajoy también ha dicho esta semana que llevará a las cárceles de adultos todos los menores internos en centros de reforma cuando cumplan los 18 años. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, de 2000, fue reformada el año pasado para permitir esta posibilidad. Según la nueva redacción de la norma, ahora el juez "podrá ordenar" que el interno pase a prisión al alcanzar la mayoría de edad. Por lo tanto, se estudia cada caso concreto. El PP propone que se haga de forma automática. Dado que el objetivo de la Ley del Menor es la reeducación, no parece muy lógico que después de unos años de tratamiento específico se les traslade a una cárcel con adultos. "Es necesario examinar cada caso para ver si es necesario o contraproducente llevarlo a la cárcel", opina Canalda.
Los políticos sacan a la calle el debate sobre la delincuencia juvenil con mucha apelación al miedo pero pocos datos. Populismo para ganar votos. "Después del 11-S y del 11-M, los ciudadanos quieren seguridad total. Hemos cambiado a Rousseau por el Leviatán de Hobbes", señala Bernat Castany, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. "Pero lo que hay que hacer es educar a estos jóvenes en responsabilidad".
Publicado por MÓNICA C. BELAZA 17/02/2008 www.elpais.com
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