13 ENTIDADES DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA SE OPONEN AL PROYECTO DE LEY DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Este proyecto restringe el derecho de los menores tutelados a que su situación sea supervisada por los juzgados de familia transcurridos dos años desde su tutela.
Tras el paso por el Congreso, la modificación legislativa se encuentra en la actualidad en el Senado. Ésta pretende establecer unos plazos para situaciones ajenas a la adopción, en concreto para las situaciones de desamparo, a fin de que los padres biológicos sólo puedan ejercitar sus derechos durante los mismos, modificando para ello el artículo 172 del Código Civil que no establece plazo. En concreto, dos meses para mostrarse contrarios a la modalidad del acogimiento adoptada por la Administración tras declarar el desamparo del menor y dos años para recuperar a los hijos, por cambio de las circunstancias que motivaron la declaración del desamparo.
Las entidades firmantes nos oponemos a dicha modificación pues los menores:
- Se verían privados de que los padres pudieran proponer soluciones menos traumáticas para los hijos, como instar el cambio de modalidad del menor desamparado de internamiento residencial a familiar, porque apareciera algún familiar dispuesto a asumirlo, una vez pasados los dos meses. - A los dos años del desamparo los padres no podrían acudir a un juzgado para recuperar a sus hijos, no los menores solicitar el regreso con sus progenitores, aun cuando estos hubieran superado las causas que determinaron la separación, si la Administración no lo considerase así. El Juez no podrá resolver, sino que dependerá en exclusiva del criterio de la Administración.
A su vez los progenitores que pueden estar incursos en enfermedades como la drogodependencia, trastorno transitorios, o en situación de privación de libertad (a partir de los 3 años los menores no pueden estar en prisión), pierden su derecho a solicitar judicialmente el ejercer como padres. En este sentido, es importante visibilizar que el 70% de las personas presas cumplen condenas de más de dos años de prisión, lo que determinaría que más de 50.000 padres y madres se vean privados no sólo de recuperar a sus hijos, sino del mero derecho de plantear a un Juzgado sus peticiones. El 8% de la población penitenciaria es mujer, y un 85% son madres. Así pues esta reforma de continuar podría provocar que mayor número de menores de tres años ingresaran en prisión a fin de impedir que pasen los dos años de separación.
Con estas modificaciones, se pretende evitar el control judicial y la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración ante defectuosos funcionamientos. Sin embargo ¿renunciamos a la posibilidad de cambio y mejora de las situaciones de las familias biológicas?¿los pobres son irrecuperables? La condena a la Junta de Andalucía a indemnizar a una madre a un millón cuatrocientos mil euros por el largo y tortuoso calvario que pasó durante 10 años, durante los cuales fueron ignorados y pisoteados sus derechos, a raíz de la retirada de sus hijos de entonces 4 y 5 años, debido al alcoholismo que padecía, parece ser el origen de esta modificación.
El Gobierno en lugar de hacer asumir sus responsabilidades a la Administración, buscando las causas de su desgraciada intervención -comunes en demasiados casos a otros- ha preferido ir por la vía cómoda de machacar los derechos de los padres y de los hijos, otorgando a la propia Administración, como si de una diosa omnipotente fuera, la decisión final a partir de los dos meses y dos años anteriormente citados para valorar las peticiones de los padres. Decisión que no podría ser recurrida ante los órganos juridisccionales, rompiéndose la separación de poderes que rige en nuestro estado de derecho entre poder ejecutivo y judicial, a favor de áquel, cuando justamente lo más adecuado sería lo opuesto, que cada retirada decretada por la Administración viniera respaldada y garantizada por el control judicial. Por todo ello, hemos presentado una solicitud a los partidos políticos para que enmienden dicha modificación.
FIRMAN:
ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCIA

COORDINADORA DE BARRIOS

ASOCIACION APOYO MADRES CONTRA LA DROGA

ASOCIACION COLECTIVO ALUCINOS-LA SALLE

ASOCIACION FANTID

FUNDACION RAICES

FEDERACION ENLACE

ASOCIACION LA TAVAYA

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

ASOCIACION TRAPEROS DE EMAUSA

COPE (Asociación de Colaboradoras con las Mujeres Presas).

UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente) que aglutina a más de 250 entidades
Publicado por Corriente Sindical d'Izquierda