Derechos y responsabilidades de los profesionales de la infancia

Artículo publicado en www.lafabricadelaparticipacion.org respecto a la CAMPAÑA DE TRAMA CONTRA el I Convenio colectivo acción e intervención social

Enrique de la Fundación Trama nos envía un correo en el que nos informa de lo siguiente ( Aquí puedes ver el texto del correo que nos remite), las siguientes líneas son sólo una pequeña reflexión sin tener más información sobre el asunto.

Lo primero que hemos hecho, es reenviar el mensaje a la POI y la POiPA, (así como a otras entidades y personas que puedan estar interesados) como plataformas de entidades de infancia para que se informen y actúen en representación (participativa) de las ONGs de infancia del ámbito estatal y en su caso regional (Asturias).

A primera vista, sin saber casi nada de estas cosas, sólo decir que me da la “risa”(por no llorar) por los sueldos y por las condiciones laborales que plantea (en La Fábrica no llegamos ni a lo que cobraría el personal auxiliar y de servicios). Y más risa nos da cuando estamos en junio y aún no hemos ingresado ni un € de subvenciones públicas, lo cual significa que las personas que estamos trabajando en nuestra entidad aún no hemos cobrado ni una nómina de este año.

El tema influye claramente en una de las condiciones que los y las profesionales nos recalcan una y otra vez como determinante a la hora de facilitar o inhibir procesos Pía, las condiciones laborales de las personas que nos dedicamos a esto. Seguro que, como a mi, a todas estas personas que nos dedicamos a esto, desde posturas muy diferentes, les encantaría tomar parte a la hora de decidir una cosa tan importante como un convenio laboral específico que nos regule. A los que por algún interes han conseguido el poder para hacer esta propuesta poco participativa (sin ser gran conocedor del tema, repito) casi de estrangis, desde aquí un capón.

Sobre los intereses que pueden guiar este uso del poder, personalmente creo que si se hiciera lo que propone este experimento de “convenio” ninguna ONG normal (sí la empresas, universidades y alguna ONG o similar “grande”) podríamos seguir existiendo. Lo cual no quita que las entidades pequeñas no queramos que se mejoren estas condiciones en las que trabajamos y para ello la regularización de este sector puede abrir el problema para buscar soluciones al mismo.

Estas soluciones, a bote pronto creo que tienen que ver con al menos dos cuestiones más de fondo: el aumento de los presupuestos dedicados a la infancia y la calidad y eficacia pública a la hora de invertir estos presupuestos. En el primer caso, depende de las ONGs y sobre todo de sus plataformas el exigir o no más recursos a la administración, pero sobre todo depende de nosotros concienciar a la población para que exija políticas de infancia de calidad a sus representantes. En el segundo aspecto, estas soluciones financieras sin duda tienen que ir unidas a otros cambios a otros niveles de las ongs de infancia, como es el replanteamiento de nuestras actuaciones desde el principio de la CDN, el trabajo en red, la inversión de estos recursos en procesos y no en proyectos anuales y el mayor aprovechamiento de nuestros recursos. Y si no nos lo replanteamos, que no nos den subvenciones.

Algo que también me sorprende es conocer que existe una Federación Española de Asociaciones del Tercer Sector en el Ámbito de la Protección de la Infancia, Juventud y Familia y de la Justicia Juvenil. Ultimamente tengo la sensación de que se crea mucha supra estructura para aunar esfuerzos entre afines y asegurarse el poder, estructuras en las que las organizaciones pequeñas y medianas tenemos normalmente poco que ganar y mucho que perder, ya que nuestra capacidad limitada, en cuanto a personal (poco tiempo), nos impide participar en estos espacios sin duda de decisión sobre cosas tan determinantes para el futuro de la atención a la infancia como es sería un convenio.

Lo que más me entristece (relativamente, ya que “ye lo que hay”) es ver como la infancia cada vez más es un negocio, no sólo de las empresas de bienes de consumo (colacao, juguetes…), sino también de ONGs (con objetivos sociales, con reinversión de recursos públicos en procesos sociales, con calidad y eficacia pública y sobre todo conocedoras y respetuosas con la CDN) pero también de empresas y organizaciones con espíritu pseudo onegeista que funcionan como mertas prestadoras de servicios (totalmente legítimo) pero que desde mi modesto punto de vista poco tienen que ver con lo que la CDN plantea que debe ser el papel de las ong de infancia (en la POiPA tenemos un foro muy interesante sobre esto que esperamos tenga continuidad este año). Todo ello con las subvenciones públicas, que reciben de entre otros, mis impuestos.