Solidaridad con los/las trabajadores despedidos del Centro Trama

La trama de la justicia

La Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Justicia y del Servicio de Responsabilidad Penal de Menores, tiene establecido un convenio de atención para el cumplimiento de medidas alternativas al internamiento que prevé la ley 5/00 de Responsabilidad Penal de Menores, recientemente modificada, según el cual la atención a estas alternativas sentenciales le corresponde a la entidad Centro Trama.

Una entidad social que, en su día, aun careciendo de las condiciones adecuadas para la atención de menores infractores, alcanzó un convenio, ciertamente precipitado con los titulares de la anterior Consejería de Asuntos Sociales, cuando en esta comunidad autónoma se hizo urgente y evidente que el Principado tenía que cumplir la ley penal y dar respuesta social a dichas alternativas de cumplimiento de determinadas medidas.

En aquel momento, se optó por esta entidad porque en alguna otra comunidad autónoma venían funcionando con ella otros convenios (Madrid, por ejemplo) con idénticas finalidades y porque la precipitación de la decisión técnico-política no alcanzó a entender la incapacidad de los gestores de la misma para llevar a cabo tal función en lo que es exigible por ley.Las entidades comprometidas en la atención de menores deben contar, según la ley, con una serie de condiciones entre las que figuran, además de carecer de ánimo de lucro (cosa realmente discutible en este caso), la disposición de medios materiales y personales necesarios y que su organización, funcionamiento y régimen interno sean democráticos (según lo que se entienda por funcionamiento democrático, claro está).

El tiempo ha demostrado, como algunos nos temíamos, que al menos en alguno de esos aspectos Trama resulta insolvente (no por sus trabajadores, la mayoría de los cuales tienen cualificación y dedicación más allá de lo exigible), sino por la incapacidad de sus gestores para llevar a cabo, en condiciones de dignidad laboral y profesional, la tarea solicitada.Con un convenio que ya quisieran para sí otras entidades, los trabajadores se ven obligados en muchas ocasiones a pagar de su bolsillo los desplazamientos y las dietas cuando deben hacer labores de acompañamiento y atención a los jóvenes infractores por todo el territorio de Asturias, que, para salarios menguados es mucho territorio, donde la sindicación está como mínimo perseguida (ver sino los conflictos que esta entidad tiene en alguno de sus programas en Madrid y en otros lugares), y donde el respeto a quienes trabajan se ha saldado recientemente con el despido (improcedente, por supuesto) de cuatro trabajadores por el sólo hecho de plantear sus justas reivindicaciones laborales y profesionales ante gestores incapaces.

La Consejería de Justicia, conocedora de esta situación, ha exigido a la entidad la readmisión de los mismos, aunque se ha negado a ello y ha acudido a la vía de la conciliación que se está efectuando en estos días con fuertes indemnizaciones a costa del dinero público del convenio-programa. Es decir, las incapacidades de gestión las pagamos usted y yo.Es exigible a la consejería -recordemos que está en manos de Izquierda Unida- que resuelva de modo eficaz este conflicto y vuelva a plantearse si merece la pena establecer convenios con quienes están demostrando incapacidad para la gestión y prepotencia a la hora de cuestionar las decisiones de la Administración.

La legislación también prevé que pueda cesar la habilitación para desarrollar actividades con menores si no se cumplen algunas condiciones por parte de las entidades. Y en Trama los incumplimientos son flagrantes. No estaría de más una inspección e, incluso, una auditoria, apunto.

Artículo de opinión publicado en el diario El Comercio el día 2 de Febrero de 2007 por
JUAN IGNACIO GONZÁLEZ ARTURO ARIAS Y ÑATA