Setenta y tres marroquíes y 18 senegaleses

Los menores extranjeros no acompañados son el nuevo grupo juvenil desprotegido que se está incorporando a los Servicios Sociales del Principado.

En este momento, Asturias acoge a 91, ochenta de ellos tutelados y once en guarda. La mayoría, 81, es originaria de Marruecos y los otros 18, de Senegal. «Lo primero es saber qué expectativas y necesidades tienen, abordar su capacitación lingüística, conocer su situación legal y su proyecto vital.

Algunos vienen con un proyecto emigratorio claro y se integran bien, incluso trabajan ya, pese a que pasan momentos duros», explica Gloria Fernández. Hay otro grupo más problemático. Son menores marroquíes que vivían y sobrevivían en la calle, con experiencias duras de vida y con adicciones muy destructivas, la mayor parte de ellos de pegamento. «Por eso hicimos el convenio con Proyecto Hombre, desde la comunidad autónoma estamos haciendo todo lo que podemos y ponemos todos los recursos que tenemos para ayudarles, aunque algunos acaban fugándose».

Desde el pasado 1 de enero hasta este mes de junio, el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia recibió 305 demandas por situaciones de desprotección, algunas vienen de la fiscalía de menores, otras de los Servicios Sociales municipales y algunas llegan directamente a la Consejería.

Si se estiman, el Instituto puede aplicar tres tipos de medidas protectoras: apoyo a la familia, intervención técnica o asunción de tutela. Durante todo el año pasado, se recibieron 653, de las que 645 dieron lugar a expediente. La cifra ha ido creciendo: 465 en 2004 y 590 en 2005. «Aumentan los problemas, pero yo creo que también influye el desarrollo de los Servicios Sociales. En Asturias hay una muy buena detección y se incrementaron mucho los programas de prevención. Detectamos bien, pero hay que prevenir mejor», asegura Gloria Fernández.

El Principado es una de las tres autonomías -las otras dos son Extremadura y Andalucía- que conservan una red pública de atención social; la mayoría de las comunidades autónomas tiene los servicios privatizados. «La educación de los hijos preocupa y las situaciones de riesgo son diferentes a las que nosotros vivimos. Hay que estar atentos».