La policía confirma la situación de conflicto en el Materno Infantil
Más de 30 intervenciones en los últimos tres meses. Es el balance ofrecido ayer por el cuerpo de Policía Nacional sobre la conflictividad de la Unidad de Primera Acogida del Centro Materno Infantil. Este recurso, dependiente del Instituto de Infancia, atiende a menores fundamentalmente inmigrantes procedentes del extranjero. La policía confirmó a este periódico que ha realizado, siempre a petición del personal del centro, multitud de actuaciones en los últimos meses.Las intervenciones responden siempre al mismo patrón. Los agentes reciben una llamada de los trabajadores del centro ante las dificultades para controlar a los menores, fundamentalmente de origen marroquí. Los policías se presentan en la unidad y comprueban los insultos y amenazas de un pequeño grupo de estos chicos, no más de cuatro, hacia otros compañeros y hacia los educadores. Este cuerpo de seguridad reconoció ayer que, en ocasiones, ante la actitud de los menores los agentes tuvieron que emplear la fuerza para reconducir la situación.
1 comentario:
(Sobre Comparecencia de la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en la Junta General):
La Corriente Sindical de Izquierda manifiesta su satisfacción parcial por el reconocimiento por parte de la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González, de la falta de recursos para la atención de los menores del Centro Materno-Infantil, que este sindicato viene denunciando desde octubre del pasado año, y que responde a la presión por las movilizaciones de protesta realizadas tanto por los trabajadores del Centro como por la Corriente. No obstante, deseamos matizar algunas cuestiones:
La problemática que afecta a los menores de 0 a 3 años del Área del Menor sobre la falta de agilidad en la toma de decisiones con respecto a las alternativas al alojamiento residencial (reunificación familiar, adopción y acogimiento) no se trató en ningún momento. La Consejera hizo referencia únicamente a la capacidad máxima de esta Área, indicando que a fecha de hoy hay 53 niños cuando la capacidad máxima es de 49. Este número no se ajusta a lo establecido en el Proyecto Marco de Centros de Menores, dado que, teniendo en cuenta los espacios convivenciales existentes actualmente, no puede superar los 45.
No es casualidad que en el día de hoy se haya contratado una persona como refuerzo educativo en la Unidad de Primera Acogida (UPA), tras el cese el 28 de febrero de cuatro educadoras de refuerzo, que podían haber continuado. Sabemos que desde primeros de febrero el Responsable de la UPA instó reiteradamente para que este personal se mantuviera, teniendo en cuenta las necesidades de la Unidad.
La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, a pesar de su discurso final de luchar por unos “servicios públicos de calidad”, mantiene la precariedad laboral y en consecuencia la precariedad en la atención de menores con conciertos con empresas privadas. El caso del mediador/traductor, que prestaba servicios en la UPA, contratado a través de ACCEM, y despedido por defender sus derechos, es un ejemplo más de su política de privatización de servicios tan elementales como la protección de menores.
La Consejera se acoge a la legislación, la cual reconoce la colaboración con las entidades sin ánimo de lucro, con una de las cuales tiene previsión de ampliar 15 plazas para la atención de menores. Sin embargo elude esa normativa en cuanto al tiempo máximo de estancia de los menores en la UPA (45 días, superados en 60,70 y 90 días sistemáticamente), su derecho a la educación y formación, a la atención sanitaria, a la medida de alojamiento residencial como último recurso a utilizar, a la capacidad máxima de los espacios convivenciales, y sus condiciones físico-arquitectónicas, a los ratios de personal, al plazo máximo para tramitar las adopciones, a las planificaciones de los centros, a los planes de prevención de riesgos laborales,........
No se puede admitir que Laura González exprese que la implantación de nuevos recursos para menores inmigrantes puede producir un efecto llamada, todo lo cual indica una grave contradicción con respecto al respeto de los derechos y protección de los menores.
Oviedo, 14 de marzo de 2007
Mª Jesús Valle Madruga
Delegada Sección Sindical de Bienestar Social
-CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA-
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