15/9/08

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1/9/08

El negocio de la concertada

Los centros subvencionados salen más baratos a los gobiernos que invertir en escuelas públicas - Los expertos educativos avisan de que la cohesión social se resiente allí donde avanza la red privada
Empieza septiembre y, con él, el curso escolar. Los niños volverán a clase y las cifras de alumnado dirán de nuevo que la escuela pública asume la inmigración (el año pasado tenía el 67% de los alumnos y el 82% de los extranjeros), mientras la privada concertada, que también se paga con dinero público, acepta menos chavales extranjeros de los que le correspondería. Se reiniciará una pelea que parece no tener fin en un sistema educativo, el español, atípico dentro de los países desarrollados. Sólo Holanda y Bélgica, en los que la red concertada religiosa es mayoritaria en la educación, y Reino Unido, que lleva años experimentando toda clase de posibilidades, tienen menos porcentaje de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato escolarizados en la escuela pública
¿No tiene solución esa batalla? ¿Es posible la convivencia pacífica entre las dos redes? ¿A quién beneficia este modelo? Los colegios concertados religiosos (la gran mayoría) tienen un beneficio medio de 76.000 euros al año y los laicos, de 68.000. La situación económica, según estas cifras de 2005 del Instituto Nacional de Estadística (INE), no se percibe tan desesperada como la pinta la patronal de los colegios católicos, la FERE. Su presidente, Manuel de Castro, asegura que no tienen "ningún colegio que no sea deficitario" y recuerda que tanto el Gobierno como las comunidades han admitido su escasez financiera y están revisando el monto de las subvenciones. Explica, además, que la diferencia con la estadística del INE quizá se deba a que ciertos gastos de mantenimiento de los edificios se computan de una manera distinta.
En cualquier caso, aún con las cifras del INE, no parece el negocio más rentable del mundo. No tanto como lo es, al menos en el corto plazo y en términos puramente presupuestarios, para las comunidades autónomas, a quienes estos colegios les cuestan bastante menos que los públicos, porque no tienen que construir ni mantener esos edificios y porque los profesores suelen cobrar menos y trabajar más. Se trata de un 25% a un 50% menos, según haga el cálculo CC OO o la FERE, es decir, entre 1.400 y 3.000 millones de euros al año de ahorro.
No para las familias, ya que en la mayoría de estos centros dan algún tipo de aportación por distintos conceptos (sumadas a las actividades extraescolares, comedor o refuerzo les reportan casi el 27% de sus ingresos a la concertada religiosa y el 32%, a la laica).
Pero contra la lectura obvia de la rentabilidad para las administraciones está la mirada a largo plazo, esa que puso de manifiesto un informe del Colectivo Lorenzo Luzuriaga y que habla de la cohesión social, cultural y territorial que sólo puede garantizar una escuela pública, plural y laica que no separe, como en el caso de la concertada católica, por convicciones religiosas o por cualesquiera otras.
Por el otro lado, en la parte del negocio para sus propietarios, hay que tener en cuenta ese 76% de la concertada. Esto es, la concertada católica, cuyas motivaciones van más allá del dinero. Sus objetivos se elevan hasta el proselitismo religioso. "No tenemos ninguna pretensión de ganar dinero, sino de aportar nuestra labor a la sociedad y a la Iglesia. Claro que tenemos entre nuestros objetivos la labor evangelizadora, pero eso está en nuestro ideario y los padres lo saben cuando nos eligen. Sé que hay gente que cree que para eso ya están las parroquias, pero eso claramente choca con lo que reclama la sociedad", asegura Manuel de Castro.
Se mire por donde se mire, siempre sale a relucir la confesionalidad. Los conciertos educativos se crearon a mediados de los ochenta, con la Ley Orgánica de Derecho a la Educación que redactó el Gobierno socialista, para ordenar de alguna manera las subvenciones que desde los años sesenta habían recibido numerosos colegios católicos (siempre han sido y siguen siendo la inmensa mayoría de los centros privados). La España conservadora siempre ha esgrimido el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, que recoge la Constitución, a favor de la escuela católica (en nombre de la cual Bélgica y Holanda tienen los mayores porcentajes de la OCDE de escuela subvencionada). Ese argumento se puede ver en las pancartas que han agitado los conservadores en las calles desde la segunda República (que intentó promover la escuela pública y laica) hasta las últimas concentraciones contra la actual ley educativa, pasando por las protestas de los ochenta contra la LODE.
Entonces, se entendió que los conciertos atacaban a los colegios católicos porque a cambio del dinero, se debía acatar una serie de reglas, por ejemplo, la libertad de cátedra de los profesores o la admisión de alumnos según los criterios que marcan las administraciones. "Suscribir los conciertos permitiría abrir los centros a todas las clases sociales, pero arriesgando precisamente lo que buscan en vosotros los padres de familia, la garantía de una educación cristiana", decía el nuncio del Papa a los padres católicos de alumnos (Concapa) en 1984.
Llegaron los conciertos, se consolidaron y el nuncio pareció salirse con la suya: los colegios no renunciaron a ese ideario cristiano, que para algunos expertos es aún la base del conflicto. "Si le quitamos el componente anticlerical, la polémica se reduce a nada", asegura el catedrático de Sociología de la Educación en la Universidad Complutense Julio Carabaña. También para el catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita: "Mirada con distancia, es una polémica decimonónica. El problema de la privada no es su propiedad, sino su confesionalidad".
En los últimos 20 años, con el argumento de la libertad de elección (sobre todo de elegir enseñanza católica) o de primar una escuela pública vertebradora, ha proliferado la concertada con gobiernos conservadores (PNV, CiU o PP), mientras se ha mantenido la pública bajo el mando de los progresistas. Castilla-La Mancha es la comunidad que tiene más alumnos de educación obligatoria en la pública (81%). "Nuestra prioridad es la pública, aunque sin limitar la iniciativa privada", dice el viceconsejero de Educación castellanomanchego, Pedro Pablo Novillo.
Estos han sido los posicionamientos políticos clásicos, que han venido a romper, causando un gran revuelo, los socialistas madrileños (PSM). Este verano, su dirección quiso hacer autocrítica y suavizar el discurso contra la concertada. Esto ha causado el inmediato rechazo de buena parte de sus correligionarios y de sindicatos como CC OO y UGT, que llevan dos legislaturas luchando enconadamente contra las políticas "privatizadoras de Esperanza Aguirre". Se quejan del "abandono de la escuela pública, de un gasto educativo que ha pasado del 27,5% del PIB en 2003 al 25,4% en 2007. La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, niega que apoyen más a la concertada que a la pública, y que haya algún nuevo barrio al que haya llegado antes un centro concertado que uno público, como aseguran los sindicatos CC OO y UGT. Y a las cifras de escolarización en la enseñanza obligatoria (53,2% en la pública, 33,9% en la concertada y 12,9% en la privada) responde: "A mí lo que me preocupa es la libertad de elección de los padres. Lo que me preocupa es el porcentaje de familias que no están yendo a la escuela que han elegido".
Sin hablar ya, como en la anterior legislatura, de una eficacia o del ahorro económico que supone la concertada, Figar sí apoya la opción de los ayuntamientos de ceder suelo privado para centros concertados. Esto ha llegado a situaciones extremas, como la de ceder a la gestión privada un colegio público ya construido.
Fue precisamente la situación de Madrid lo que llevó al Colectivo Lorenzo Luzuriaga a redactar y publicar el documento para el debate Por la escuela Pública. El texto argumenta que la regla básica de los conciertos -podrían aumentar sus plazas, pero las nuevas necesidades debían cubrirse con escuelas estatales-, se ha roto en Madrid y podrían seguir su ejemplo otras comunidades. Su temor, y el de otros muchos expertos, es que sea la enseñanza pública la que se convierta en subsidiaria, atendiendo a las clases desfavorecidas, de una concertada que atendería a las clases medias y altas. Su argumento es que la concertada no sólo separa a los alumnos por esa confesionalidad, sino por clases sociales.
A pesar de ser un servicio público y por lo tanto gratuito, la concertada cobra dinero por distintos conceptos, aportaciones voluntarias, a través de la asociación de padres, fundaciones... Unas aportaciones que no siempre son tan voluntarias y que, sumadas al carácter confesional de la mayoría de estos centros, se convierten en un muro infranqueable para las familias más desfavorecidas, cuyos hijos resultan ser los alumnos más difíciles de atender y sus notas, las que bajan la media en los centros públicos. Y hoy, los más pobres son los inmigrantes. Siempre hay ejemplos de concertados que acogen sin problemas a los alumnos más difíciles en zonas muy complicadas, pero en general, estos chicos estudian mayoritariamente en la escuela pública.
Aunque en realidad, la descompensación de alumnos inmigrantes entre pública y concertada es un problema concentrado en ciertas zonas, ya que fuera de las ciudades hay poca subvencionada y en los barrios ricos de las urbes la pública no tiene grandes dificultades. Tanto en comunidades como Andalucía, con mucha enseñanza pública, como Madrid, con bastante menos, donde hay concertada existe descompensación. En la ciudad de Madrid, más de la mitad de los estudiantes van a la concertada, pero sólo lo hace un tercio de los extranjeros; y la pública, que tiene un 34,5% del alumnado, atiende al 62% de los inmigrantes. Y en Almería, los centros concertados, un tercio del total, sólo atienden al 6% de los extranjeros, informa María José López Díaz.
De este modo, los pocos centros que se acercan peligrosamente o sobrepasan la línea del gueto transmiten esa imagen a toda la enseñanza pública, mejorando de paso la de la concertada que ve aumentar su demanda entre las clases medias. Manuel de Castro se defiende. "Hay mucha demagogia", dice, y recuerda que la mayoría de los chavales que han fracasado en el intento de conseguir el título básico de educación y quieren aprender un oficio en una escuela taller, lo hacen en centros católicos. Admite que quizá haya que distribuir mejor al alumnado más difícil, "pero también entre los centros públicos", y confía en los mecanismos de la nueva ley educativa (LOE) para hacerlo poco a poco: "Nosotros estamos dispuestos", asegura.
Tampoco conviene perder de vista otras ventajas objetivas que señala el estudio del colectivo Lorenzo Luzuriaga. Los centros subvencionados suelen ofrecer en el mismo edificio todos los niveles educativos, con unos horarios similares y con ampliación de horario por las tardes, por la mañana o cuando haga falta. La mayoría tiene servicio de comedor, actividades extraescolares, cosas que escasean en la pública.
Y ahora, quizá sea el momento de volver a plantear dos de las preguntas iniciales: ¿No tiene solución la batalla? ¿Es posible la convivencia pacífica entre las dos redes? El debate ideológico no ha avanzado mucho en los últimos 20 años, pero sí se vislumbran nuevas ideas. El problema de "la pública no es que le vayan los peores alumnos, sino la falta de motivación, de incentivos y de control de los profesores. El objetivo de las administraciones debería ser, ofrecer un buen servicio público, eficaz e igualitario, con base en ambas redes", asegura Fernández Enguita. "No se trata de que haya mucha escuela pública y de que los alumnos no tengan más remedio que acudir a ella, sino que sea una escuela de calidad, capaz de competir con los centros concertados de prestigio", dice el texto del Colectivo Lorenzo Luzuriaga.
Publicado en www.elpais.com J. A. AUNIÓN 01/09/2008

Cerca de 1.500 jóvenes infractores se benefician del Plan de Reinserción Laboral de la Consejería

Un total de 1.415 menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales se ha incorporado ya al Plan de Reinserción Laboral de Andalucía, puesto en marcha bajo los principios de reeducación y recuperación, que ayuda a los jóvenes que han pasado por los Juzgados de Menores andaluces a reintegrarse en la sociedad una vez cumplan lo acordado por los jueces.
De los jóvenes que participan en este programa, 808 tienen ya un contrato laboral, 336 tienen becas prelaborales y 264 participan en cursos de formación reglada. El Plan establece numerosas acciones para combatir las dificultades que pueden encontrar los jóvenes de los centros de reforma juvenil cuando se incorporan al mercado de trabajo. En cuanto a la situación judicial de los jóvenes, 811 tienen medidas judiciales de medio abierto y 472 están sujetos a medidas de internamiento, mientras que otros 132 han acabado de cumplir su medida y permanecen dentro del Plan de Reinserción, donde se les sigue ayudando a encontrar trabajo. En cuanto a su edad, 840 son mayores de 18 años (iniciaron las medidas judiciales impuestas por el juzgado siendo menores y la siguen cumpliendo una vez han alcanzado la mayoría de edad) y 575 tienen entre 16 y 17 años. De los 1.415 integrados en el programa de reinserción, 118 son de nacionalidad extranjera.
La actuación del Gobierno andaluz en materia de menores que cumplen algún tipo de medida judicial en Andalucía se fundamenta en los principios de reeducación y reintegración, impulsando políticas dirigidas a la creación y consolidación de una red de recursos suficientes y especializados para, por un lado, atender las demandas de los distintos Juzgados de Menores y, por otro, proyectar líneas de futuro que garanticen estabilidad en la recuperación y normalización social de estos jóvenes y menores.
En este sentido, además de contar con 782 plazas de internamiento, la Junta dispone de diferentes recursos destinados al cumplimiento de las medidas de medio abierto, que no incluyen la privación de libertad del menor. Estos medios, atendidos por 455 profesionales, consisten en 11 equipos de medio abierto, 9 centros de día, 9 centros de residencia de grupo educativo de convivencia, una comunidad terapéutica de drogodependencia, 8 programas de lucha contra la discriminación, 8 programas de tratamiento ambulatorio de drogodependencia, 5 programas de tratamiento ambulatorio de salud mental, 5 equipos de mediación, 3 talleres socioeducativos y 2 programas de orientación laboral.
El Plan de Reinserción Laboral de Andalucía, cofinanciado por la Junta y el Fondo Social Europeo, pretende insertar a estos jóvenes en el mercado laboral y en procesos de socialización a través de itinerarios personalizados y tutorizados de búsqueda de empleo y formación que les posibilite encontrar un trabajo estable que normalice su situación personal. Con este objetivo, la Consejería de Justicia y Administración Pública ha firmado convenios de colaboración en estos últimos cuatro años con más de 300 entidades y empresas andaluzas que ofrecen diferentes posibilidades de trabajo a estos jóvenes.

29/8/08

Inmigrantes perdidos al cumplir los 18

Los foráneos ex tutelados por la Generalitat afrontan una integración sin medios Manolo habla con desgana tras haber dormido sobre cartones empapados de las últimas lluvias. "Cuando me acogió la Generalitat tampoco era mucho mejor", recuerda al tiempo que ventila su ropa, harapos recogidos en los "varios meses" que lleva a la deriva. Manolo, nacido hace 19 años en Marruecos, omite su nombre para que nadie pueda encontrarle. Ya estaba solo, explica, cuando ingresó en un centro de menores de la Generalitat en 2006. "Allí me dieron los papeles y me soltaron. Nada más". Después, vuelta a la calle con los mismos apoyos que antaño, las mismas expectativas. "¿Expectativas de qué?", responde fastidiado ante tanta pregunta y consultas acerca de su nombre. "Pon que me llamo Manolo", vocea a media retirada.
Cada año, cerca de 550 menores de los 1.700 acogidos en centros residenciales de la Generalitat cumplen la mayoría de edad con la maleta a cuestas. Se sabe en todos los centros, cada vez más llenos de extranjeros: eran más de 700 en diciembre de 2007, 500 de ellos de origen magrebí. La cifra esconde la dureza de los medios que emplean para llegar a España. "Hacen lo imposible para venir y conseguir los papeles. Una vez aquí, los hay muy maduros; otros son balas perdidas que se dan a las drogas. La mayoría no saben qué hacer y pueden caer de cualquier lado", explica un educador.
La división es tajante: quienes muestran mejor conducta reciben apoyo -mediante pisos tutelados y ofertas de empleo- para adaptarse a una sociedad sin algodones. Imposible ampararlos a todos. Algunos son demasiado conflictivos; tampoco hay suficientes recursos. Los pisos asistidos, por ejemplo, pueden acoger a 250 chavales, desde jóvenes de 16 años hasta más allá de la veintena. El resto afronta como puede un panorama complejo sin apoyo familiar ni administrativo. Sin trabajo y sin permiso laboral, documento que sólo pueden solicitar si presentan una oferta de empleo. ¿Cómo lograrla sin disponer del permiso, que tarda meses en tramitarse?
El embrollo se enmaraña ante el escaso seguimiento de la Generalitat. "A la mayoría les perdemos el rastro", señala Xavier Soley, director de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), entidad responsable de la tutela de menores. "Si no quieren seguir nuestros programas, ¿quién les obliga?". Nadie. El pasado noviembre, la Generalitat organizó un encuentro de expertos bajo el título Infancia y juventud de origen inmigrado. Concluyeron que el problema no tiene respuesta y alarmaron sobre el "vacío de datos" de los jóvenes que acaban desaparecidos de los registros oficiales. La DGAIA admite que el asunto les sobrepasa. "A los 18 años ya has ofrecido todas las oportunidades", explica Soley.
Tampoco pueden hacer mucho la mayoría de asociaciones que velan por los ex tutelados, que sólo tratan con la cara agraciada de la moneda. "Nos llegan muy trillados y sólo viene lo mejor de cada centro", reconoce Mercè Garet, psicóloga de una asociación que cogestiona pisos asistidos con la DGAIA. Los extranjeros llegan con 16 o 17 años para conseguir los papeles. Raramente tienen a conocidos en el país. "Cuando cumplen los 18 todo se les complica al 500%. Resulta demasiado fácil perderse", destaca. "Y a su edad pocos saben lo que les espera".
Sí lo sabía Abderrahim, joven nacido hace 20 años en Fez. "Si eres bueno, la Generalitat te ayuda", dice. "Si eres malo...". Él fue de los buenos. Ingresó en un centro de la Generalitat con 17 años; meses después ya tenía empleo y un piso supervisado por la propia Garet. Abderrahim llegó a Barcelona concienciado tras años de áspero trabajo en Marruecos. Ahora gana 760 euros al mes como camarero. Le sirven para abonar los 300 de alquiler de su piso compartido y remitir el resto de sueldo a sus padres y sus siete hermanos.
¿Y los compañeros de tutela? Eran una cuarentena larga, recuerda Abderrahim. Ninguna noticia de aquéllos con los que convivió. "No me gusta la gente que roba y se droga. Así eran", recuerda. Tampoco la Generalitat podría detallar nada sobre ellos. No dejaron rastro, nadie intenta buscarlo. Miembros de la asociación en la que trabaja Garet aseguran que alguno se deja ver por el barrio. Durmiendo, acurrucado entre los coches y con los papeles en regla.
Publicado en http://www.elpais.com/ FERRAN BALSELLS - Barcelona - 25/08/2008

Haciendo la ola

Cuando hablamos de menores tutelados y, además, magrebíes, parece que la complejidad de las causas desaparecen: se trata de ejercer un mayor control sobre el conjunto de menores que responde a esas características Jalear posiciones populistas puede dar votos, como vemos en algunos países europeos, pero seguro que enquista y agrava problemas
Con desazón veo que vuelve la dinámica de otros veranos. Ante varios delitos cometidos, al parecer, por menores extranjeros tutelados, nos olvidamos del principio básico de que cada persona responde de sus actos, pasando a responsabilizar en la práctica a dicho colectivo y se inicia una carrera de declaraciones que muestran un cúmulo de despropósitos cuyo resultado está cantado: aumentar el rechazo existente en la población.
Es evidente que ambas agresiones, que tienen un componente sexual, son de una gravedad máxima para las víctimas que las han padecido que no cabe minimizar. Y que han de recibir el apoyo necesario para superarlo. Y que sus agresores han de recibir el tratamiento contemplado para estos casos, tanto de tipo punitivo como educativo.
Por desgracia, acciones como las referidas no son tan excepcionales en el contexto de la fiesta, la noche, el alcohol, la juventud... Este último mes hemos conocido situaciones incluso mucho más dramáticas en las fiestas de Baiona, en sanfermines... poniendo de manifiesto que son muchas las intervenciones necesarias para avanzar en la erradicación de ese tipo de agresiones.
Pero cuando hablamos de menores tutelados y, además, magrebíes, parece que la complejidad de las causas desaparecen y tenemos las soluciones claras: se trata de ejercer un mayor control sobre el conjunto de menores que responde a esas características y de expulsar a quienes sean responsables de la comisión de delitos.
Algunos medios se encargan de alentar la alarma social. Despreciando todas las recomendaciones que se hacen desde el ámbito profesional, institucional, asociativo... se sigue remarcando el origen de las personas implicadas, que es, sin duda alguna, lo que acaba creando la alarma social que luego, decimos, hay que combatir.
El reflejo de lo sucedido la semana pasada con las detenciones en la Parte Vieja donostiarra ilustra lo que decimos. Todos los medios reprodujeron, casi textualmente, la nota de prensa de la Ertzaintza que daba cuenta del suceso y de las detenciones, y que, en un ejercicio de buena práctica informativa, obviaba la procedencia geográfica o el color de la piel de las personas detenidas. Pero hubo un diario que buscó y consiguió dicho dato, y fue casi el único añadido que puso a la nota policial. ¿Por qué? Porque el diario sabe que eso vende.
Me parece evidente que, sin ese dato, la lectura de dicha noticia produce más o menos preocupación, pero no alarma social. Y otro tanto vale para lo sucedido en Villabona.
A la responsabilidad por el tratamiento mediático se suma la irresponsabilidad de no pocas declaraciones partidistas que tratan de «conectar» con el sentir de la opinión pública y, en vez de contextualizar, como es su obligación, se refieren al déficit de los valores propios de otras «culturas», o a la necesidad de modificar la ley y proceder a la expulsión de los menores implicados.
La interpretación «cultural» resulta particularmente llamativa en unas semanas en las que, desgraciadamente, las noticias de mujeres asesinadas por sus parejas nos golpean con una frecuencia que pone en cuestión esa imagen de superioridad cultural.
La demanda de expulsión, que no contempla la legislación vigente, sigue también la senda de ese tratamiento de excepción que se quiere aplicar a estos menores. A los menores con conductas antisociales hay que aplicarles, tal y como contempla nuestro ordenamiento jurídico, medidas correctivas y punitivas, y medidas educativas con la finalidad de modificar sus pautas de comportamiento de cara a conseguir su posterior incorporación a la sociedad.
Pues bien, al parecer, esos principios, esos valores y esas normas legales no sirven para los menores si es que vienen de fuera. Esas declaraciones se publican el mismo día en que titulamos, con orgullo, que el PIB del País Vasco está muy por encima de la media de la UE. ¿Y aun así vamos a confesarnos incapaces de abordar dicha tarea?
Por favor, no hagamos la ola a sentimientos de rechazo bien conocidos y aportemos cada cual a la sociedad aquello en lo que podemos ser útiles. Jalear posiciones populistas puede dar votos, como vemos en algunos países europeos, pero seguro que enquista y agrava problemas a los que esta sociedad, como todas, ha de hacer frente a partir de valores y principios claros.
Peio M. Aierbe SOS Arrazakeria

"Hay padres que duermen con pestillo por miedo a sus hijos"

ENTREVISTA: GEMA GARCÍA Coordinadora de la sección de menores de la Fiscalía de Valencia
Gema García es desde hace cinco meses la coordinadora de la sección de menores de la Fiscalía de Valencia. Ha sido el relevo natural de Teresa Gisbert, actual fiscal jefe provincial de Valencia y anterior coordinadora de Menores. Defiende una ejecución progresista de las medidas de reforma y protección de menores, apuesta por la transparencia, se propone la estrategia de la prevención como herramienta contra algunas de las situaciones más dramáticas a las que tiene que dar respuesta. El absentismo escolar se le antoja un síntoma sólido de problemas que pueden llegar a ser graves. Está empeñada en convertir su sección en un espacio de referencia para padres que sufren la violencia de sus hijos.
Pregunta. ¿Qué ha priorizado al frente de Menores?
Respuesta. Los juicios en ausencia y la lucha contra el absentismo escolar, que se han convertido en una prioridad. Un proceso que antes duraba seis meses o un año ahora dura en fiscalía una semana.
P. ¿Es tan común el absentismo escolar? ¿Qué revela?
R. Hay dos cuestiones. Una es la falta de escolarización, que el niño nunca haya estado matriculado. Ese es un tema evidente de dejación de las obligaciones de los padres. Y la otra es que el niño esté escolarizado pero comience a no asistir al centro. En este caso, de lo que se trata es de valorar si es continuado o intermitente. Para mí, quienes deben recibir el toque de atención son los padres. El supuesto teórico de que el causante del absentismo sea el menor, y que los padres demuestren buena voluntad y soliciten ayuda a nosotros, no nos llega. Desde marzo, se han abierto en esta fiscalía alrededor de 80 diligencias de investigación y eso se ha traducido, aunque no lo puedo precisar, en un número importante de denuncias en los juzgados de instrucción. La educación es fundamental. Hay un dato indiscutible: un 90% de los chicos que llevamos a juicio presentan problemas de absentismo y fracaso escolar. Si lo atacamos, si impulsamos el ingreso del menor en un entorno normativizado, probablemente se mitigue la delincuencia juvenil.
P. Señala como muy grave la incidencia de los casos de violencia de hijos a padres, ¿cuál es? ¿De qué violencia hablamos?
R. Es más grave incluso que la violencia de género. Uno quiere mucho a su pareja, pero quiere muchísimo más a sus hijos. Si cuesta que una mujer denuncie a su pareja, cuesta muchísimo más que los padres denuncien a los hijos. Tenemos casos de padres que duermen con pestillo porque tienen miedo de lo que sus hijos les puedan hacer.
P. ¿Cómo actúan los padres?
R. Mientras piensan que pueden controlar la situación, no vienen. Primero acuden a profesionales porque piensan que hay un problema psicológico, luego a familiares y amistades. Y a partir de que se inician las agresiones, aguantan. Aguantan empujones, patadas, puñetazos, pueden llegar a darse auténticas palizas y la utilización de armas blancas.
P. ¿Hay algún patrón?
R. No. Lo único cierto es que no hemos tenido ninguno de familias de etnia gitana. Creo que es cultural, por el respeto que desarrollan a los mayores. Pero en los demás, nada tiene que ver ni el barrio, ni la condición, ni la situación económica. Hemos tenido gente con nivel cultural alto, con posibilidades económicas muy buenas, gente sencilla.
P. ¿A qué obedece?
R. Es un cambio de mentalidad en la gente joven, facilidad para obtener todo lo que quieren, lo que lleva a una baja tolerancia a la frustración. Hay una carencia de empatía hacia los padres, no tienen en cuenta el sufrimiento que puedan causarles. Nos hemos encontrado casos de niños que tienen castigados a sus padres, les tienen puesto horario, les pegan si la comida no está a tiempo. La gente tiene que saber que hay conductas que no se deben tolerar. Quiero que los padres sepan que la Fiscalía está para ayudarles, antes de que se den esas situaciones.
P. ¿Qué desencadena una situación tan límite?
R. Un amor mal entendido. Uno piensa que será mejor padre y más querido si les da todo lo que ellos piden. Negarse no significa que no se les quiera. Es necesario que haya pautas, límites. Los niños lo agradecen porque necesitan saber en qué carril tienen que ir y a qué destino tienen que llegar, qué se espera de ellos, cuáles son las expectativas de los padres, que exigencias van a tener, qué premio van a recibir. En el momento en el que se difuminan los márgenes de autoridad dentro de la casa, el niño se hace con todo el poder. Ha habido padres que le han puesto un piso al hijo, menor, o que se han ido y le han dejado la casa.
P. ¿Cómo se explican eso a sí mismos?
R. Se produce un proceso parecido al del divorcio, sentimentalmente me desvinculo de mi hijo y le doy el máximo patrimonio que tengo, mi casa.
P. ¿Cuántos casos ha tenido la fiscalía?
R. El año pasado 512. De esos, 98 son de menores que tienen entre 12 y 14 años. Es raro el día que no entra un caso de violencia intrafamiliar.
P. ¿Hay padres que hayan venido a pedir que alguien se haga cargo de ellos?
R. Sí. En esos casos se valora el porqué. Si el origen es que el menor ha estado cometiendo actos delictivos, se le puede abrir un proceso penal, imponerle una medida. Y si resulta que es una situación de adolescencia rebelde, el niño ingresa en un centro de protección, en el que está poco tiempo porque los padres tienen recursos con familiares o con amigos, y porque cuando están tres o cuatro días internados, los padres van a buscarlo, no lo pueden evitar, es su hijo, y lo quieren. Éstas son situaciones que cada vez se dan más, cada semana tenemos uno o dos casos. Por eso es importante trabajar la prevención, por eso la lucha contra el absentismo escolar, un niño que va al colegio, que está acostumbrado a que le mande el profesor, que comparte, que tiene obligaciones, difícilmente es un maltratador. El absentismo escolar revela muchas cosas.
P. ¿Por eso defiende la rebaja de la edad penal a los 12 años?
R. No solo. Estos casos son los más graves. Es un tema muy polémico, hay gente que entiende que no es progresista. No estoy de acuerdo, soy de la Unión Progresista de Fiscales, y considero que sí se debe rebajar porque hay, por ejemplo, casos de agresiones sexuales de menores de 14 años, porque hay un volumen muy alto de delitos contra la propiedad de menores de esa edad. El procedimiento penal de menores es muy elástico, evoluciona con el menor. Es una posibilidad de trabajar con menores que cometen hechos leves o graves, que pueden llegar aquí con 14 años y ya diez detenciones, que no aprovechamos. Rebajar la edad penal de los menores también es preventivo.
Publicado en http://www.elpais.com/ LYDIA GARRIDO - Valencia - 17/08/2008

Divorciada a los 12 años

La cultura de Yemen y sus padres la empujaron al matrimonio. Fue violada y maltratada. Pero ella se rebeló contra su destino y lo denunció. Ésta es la historia de una niña valiente. Y divorciada a los 12 años.
Era de noche. Las mujeres cantaban una canción de boda de la tradición yemení. No se trataba de una melodía alegre, sino más bien de un lamento por tener que dejar el hogar familiar. El sonido de la música se mezclaba con el zaghareed, el típico grito árabe con el que las mujeres yemeníes expresan su alegría.
Nejoud al Ahdal tenía una mezcla de sentimientos. Recién casada, esperaba a su marido para viajar desde Saná, donde se había celebrado la ceremonia, hasta el pueblo donde vivirían. Llevaba un vestido largo de color marrón y sandalias negras. Una gruesa capa de maquillaje cubría su cara. Vestía también la abaya negra, la túnica que las mujeres yemeníes se ponen para cubrir su cuerpo. La de Nejoud escondía una figura infantil que aún no se había desarrollado. ¿Qué edad tendrá? No se puede saber con exactitud: no tiene certificado de nacimiento. Ella y su familia dicen que probablemente nació hace 12 años. La niña de cara ovalada y piel oscura tuvo que abandonar de repente su infancia para ir con su marido. Le acababa de conocer.
En la casa de su padre, Nejoud recuerda cómo empezó toda la historia que le hizo madurar de pronto; cómo su padre y su madre le dijeron que iba a contraer matrimonio con Fayiz Ali Nasser, de 28 años. Le avisaron de que no tenía que casarse hasta que no estuviera completamente preparada. A ella le pareció bien. No sabía lo que significaba el matrimonio ni qué conllevaba. Recordaba el miedo constante que tuvieron ella y toda su familia años antes cuando unos parientes secuestraron a sus hermanas. Pensó que casándose podía evitar pasar por la misma situación. Pero una semana después, su familia le habló de su futuro marido y le dijo que la boda era inminente. Su primera reacción fue negarse. Enseguida recapacitó. Se dijo a sí misma que podría disfrutar de la celebración y de los regalos. Es costumbre en Yemen que una boda se prolongue durante varios días con una gran fiesta en la que la novia se engalana con vestidos típicos muy elaborados.
No fue el caso. La ceremonia de boda de Nejoud fue muy breve: asistieron solamente sus familiares más cercanos y tuvo lugar en una diminuta habitación decorada con unos pocos muebles mugrientos.
Cuando llegó el momento de la despedida subió con su marido y otros pasajeros a un coche alquilado que les llevaría a Haja, donde vivirían y donde supuestamente pasarían la luna de miel. ?Todo el tiempo me miraba de forma lasciva?, comenta indignada ahora.
Como la mayoría de las casas del pueblo, la de su marido no tenía ni agua corriente, ni electricidad. Sólo la luz tenue de una linterna. La niña no tenía hambre y no comió nada de lo que cocinó la familia de su marido. Le asustaba estar tan lejos de sus padres. Durante siete horas permaneció en silencio. No había nada que decir. Todo era nuevo para ella.
Poco sospechaba lo que sucedería más tarde, cuando se encontrara a solas con su marido. Él la llevó a una habitación pequeña y sucia en la que unas cuantas alfombras roídas ocupaban el lugar de los colchones. Nasser cerró la puerta. Nejoud sintió pánico. "Creía que el matrimonio era una ceremonia divertida, pero no imaginaba que fuera así". Hoy, el tono de su voz refleja la conmoción que sintió por lo que ocurrió luego. Nasser la forzó a tener relaciones sexuales, algo que ella desconocía por completo. Ni su madre, ni ninguna otra persona le habían preparado para esa experiencia. ?Era odioso, me pegaba y le suplicaba que no lo hiciera, pero él me contestaba con arrogancia: "Eres mi mujer". Aquella noche grité y supliqué que alguien de su familia me ayudara. Nadie lo hizo", recuerda.
Durante casi dos meses, Nejoud fue violada cada día. "Me daba miedo que llegara la noche; sentía pavor?, recuerda. ?Pensé que si tenía que vivir con él acabaría suicidándome". Como otras muchas niñas, no tenía fuerza para defenderse de la brutalidad de su marido. Cuando rechazaba mantener relaciones sexuales, él la maltrataba mientras ella le suplicaba que no lo hiciera. "En una ocasión me mostré rebelde y le dije que no me tocara. Me dio una bofetada en la cara y comenzó a golpearme por todo el cuerpo".
Esta niña es sólo una de las muchas de Yemen que se ven obligadas a casarse a edad temprana. Según un estudio del Centro Internacional de Investigación de la Mujer (CIIM), casi la mitad de las niñas yemeníes menores de 18 años contraen matrimonio. El país ocupa el decimotercer lugar en una lista de 20 países con mayor número de matrimonios infantiles, denuncia el CIIM. La media de edad es de 16 años.
El principal obstáculo para acabar con esta clase de matrimonios es la ley. Antes de 1994, la legislación exigía que las niñas tuvieran 15 años para casarse. Pero ese año, la ley cambió para abolir la edad mínima. Una enmienda de 1999 trató de establecer que una niña, independientemente de su edad, no podía casarse antes de su primera menstruación. La enmienda fracasó al no fijar una edad mínima para contraer matrimonio. En la actualidad se ha presentado una nueva propuesta de ley para establecer la edad de 18 años como mínima para casarse. El Parlamento no la ha aprobado.
Quizá Nejoud no era consciente de que en algunas zonas conservadoras del país se considera humillante ayudar a una recién casada, ya que el marido tiene derecho a mantener relaciones sexuales la primera noche. Incluso si alguien se entrometiera, podría sufrir el ostracismo social. En algunos pueblos, incluso, las mujeres tienen que mostrar una sábana manchada de sangre como prueba de honor. Nejoud no sabía que pertenecía a una cultura en la que la mujer tiene que obedecer a su marido. Aquella noche ?o mejor dicho, la sábana blanca debidamente manchada? demostró que Nejoud era virgen y que su marido había conseguido dominarla. Después de que Nasser cometiera la violación se dispararon fuegos artificiales para celebrar la virginidad de la joven novia.
La niña se sentía intimidada no sólo por su ofensivo marido. También por su suegra. En ocasiones animaba a su hijo a pegarle y violarla. Algunas veces, cuando se resistía corriendo por toda la casa de una habitación a otra, su marido iba detrás de ella mientras su madre les observaba maldiciendo y gritando que tenía que obedecer. A diferencia de todos, el marido de Nejoud era un hombre autoritario que quería controlar su vida y la de sus hermanas. Maltrataba a su hermana, a quien ella describe como una persona agradable.
Este tipo de prácticas tan arraigadas en el país árabe acarrean numerosos problemas: lesiones, delgadez, traumas psicológicos y mortalidad de la madre. También aumenta la vulnerabilidad de una niña frente al abuso doméstico. Según el mismo estudio, ellas se ven obligadas a abandonar el colegio, con las consecuencias dramáticas que eso supone para el desarrollo de un país.
Volvamos a la historia de Nejoud. Tiempo después, el matrimonio se trasladó a vivir a la casa de los padres de ella. Nejoud le pidió permiso a su marido para dormir con su madre. Él no lo consintió y le pegó una paliza como respuesta. Sus padres, mientras, escuchaban impasibles. "Mi padre me decía que no estaba bien que no quisiera estar con mi marido".
La familia de Nejoud es muy pobre. En las tres pequeñas habitaciones de su casa, cubiertas con alfombras cochambrosas, más que viejas, conviven más de quince personas. Nejoud duerme en una habitación sin ventanas con sus ocho hermanos en la que la luz entra a través de dos agujeros. No tienen agua corriente. Han de ir a buscarla en bolsas a un lugar cercano a la mezquita. El problema es que uno de sus hermanos es inválido y los demás son aún muy pequeños.
Esta chica de ojos profundos lamenta la suerte de su familia y de su mala experiencia. ?Me quejaba a mi familia paterna, a mis tías maternas, a mis tíos, a mi padre y a mi madre. Hablaba con todos, pero ninguno me escuchaba. Todos me decían que era mi marido aunque fuera grosero?. Intentó refugiarse en la casa de su tío, pero éste llamó a sus padres para que fueran a buscarla. ?No podía ayudarla. Estaba casada?, se justifica Shiw?i al Tabi?i.
Nadie. No encontraba ninguna persona que quisiera escuchar su profundo pesar, así que la niña recurrió a su hermana pequeña de nueve años, Haifa, que estaba preocupada porque había oído que el cuñado de Nejoud quería casarse con ella. Se consolaban mutuamente. ?Haifa, este hombre es odioso. Quiero divorciarme?, le decía. Y Haifa temía seguir el mismo camino.
Como musulmana, Nejoud rezaba a Dios noche y día para conseguir su liberación. Al final habló con su primo y con la segunda mujer de su padre, que le sugerieron que acudiera al juzgado a solicitar el divorcio. A pesar de que no confiaba en ellos, Nejoud tomó en cuenta su consejo.
Le dio vueltas a la cabeza. No conseguía desprenderse de esa idea. Durante una semana estuvo planeando cómo ir al tribunal, pero necesitaba reunir 200 reales yemeníes (aproximadamente un euro). "Pensé que el mejor momento sería cuando mi madre y mi padre vinieran a visitarme. Ese día tomé el autobús que va a la zona de Tahir. Era el único trayecto que conocía. Recuerdo que estaba muy nerviosa. Llegué al juzgado a las once de la mañana. Había mucha gente entrando y saliendo. Pero me sentía con fuerzas, así que entré y pregunté dónde podía encontrar al presidente del tribunal. Una mujer me vio y debió de pensar que necesitaba ayuda. Me acerqué a ella y le pregunté si estaba sola". Esa señora, Fathia al Aghbari, lo recuerda así: "Me quedé impresionada cuando me dijo que había venido a pedir el divorcio?.
La niña no olvida ese día. "El presidente del tribunal le pidió a uno de los jueces que me acompañara cuando comenté que tenía miedo de volver con mi marido". Cuando la juez la llevó a su casa para darle protección, Nejoud se quedó impresionada. ?Era completamente blanca. Era la primera vez que veía una casa así". Los tres días que permaneció allí le parecieron los más bonitos de su vida. "Me hicieron muchos regalos", evoca.
El juez Mohamed al Qadhi ordenó el arresto del padre y del marido, aunque este tipo de actuación no es legal en Yemen. Ambos fueron encarcelados el sábado 12 de abril. A pesar de todo, Nejoud sentía lástima por su padre, que no se encontraba bien de salud. "Es un pobre hombre y ya le he perdonado", afirma con una madurez inusual para su edad.
La sentencia dictada por el tribunal puso fin al matrimonio por medio de una disposición o tipo de divorcio islámico, que se utiliza generalmente en Yemen para los casos en los que la familia ha de pagar cierta cantidad de dinero como compensación. A diferencia de otros casos, el marido dispone de un periodo de cuatro meses para solicitar regresar con la mujer. En el transcurso de una sesión privada celebrada después del juicio, el marido manifestó su voluntad de volver y esperar a la niña durante cuatro años. Por este motivo, el juez dictaminó la mencionada disposición. Como el marido de Nejoud no pagó el dinero, una de las personas que asistieron al juicio se ofreció de forma voluntaria a pagar la cantidad de 158 euros impuesta por el juez.
Después del proceso llegó la satisfacción. "Me sentí enormemente feliz cuando me concedieron el divorcio. Nos miramos a los ojos y aprecié el odio en su mirada. Estaba ofendido por sentirse el centro de atención de los medios de comunicación", explica Nejoud riendo e imitando el gesto enfadado de su ex marido."La experiencia no me afectará. Todo lo que deseo es que mi familia me permita estudiar".
Ése es su sueño. La expresión de su cara cambia cuando habla del divorcio. Sus ojos transmiten sufrimiento. Nejoud ya no quiere hablar más ante la prensa, porque le recuerda todo lo que padeció. Aunque también cree que necesita su ayuda. ?Si tengo que soportar el acoso de los medios para solucionar mi problema, lo haré?, se muestra tajante.
A pesar de su experiencia terrible y traumática, las fotos que aparecen publicadas siempre muestran a una chica sonriente. No ha querido ir al psicólogo. "No estoy enferma", argumenta. Ahora que lo ha vivido desde dentro, se pregunta por qué hay tantas mujeres que permanecen al lado de sus maridos. "Nunca me volveré a casar", jura.
En Yemen, una mujer soltera es un paria social. Son numerosos los factores que contribuyen a que las niñas se casen pronto: pobreza, analfabetismo y una cultura que da prioridad al matrimonio sobre la educación y su desarrollo como miembros productivos de la sociedad. El padre de Nejoud reconoce que actuó mal al casar a su hija, pero confiesa que se sintió obligado por la amenaza constante del secuestro, como había sucedido con sus dos primeras hijas. Durante el juicio, el padre tuvo un comportamiento un tanto extraño que dio lugar a creer que se trataba de un enfermo mental. El doctor Husnia al Qadhi no pensó que él o que el marido fueran culpables. "Son víctimas de una cultura que permite este tipo de matrimonios, y que además los apoya". El padre es consciente de la mala elección que había hecho en su vida: "Dejé mi trabajo en los servicios sanitarios porque padecía un trastorno psicológico?. Tiene casi cuarenta años y dos mujeres. "Hace siete años era rico, por eso me casé con otra mujer". Tiene tantos hijos que no recuerda cuántos. Ahmed al Ahdal declaró que obligó a Nejoud a casarse para no hacerse cargo de sus gastos.
Pero eso fue antes de que varios miembros de su familia se quedaran con sus propiedades y le obligaran a marcharse del pueblo. La madre de Nejoud, Shui'iah al Tabi'i, con las manos estropeadas de tanto trabajo en el campo, animó a su hija a casarse porque pensó que era la mejor opción.
El diputado Shawqi al Qadhi maldice la naturaleza retorcida de los hombres. "Existe un gran número de varones con un deseo inusual por las niñas", reconoce. Pero, por encima de todos estos factores, quizá esté el miedo de la sociedad a la independencia de la mujer. No pueden aceptar la idea de que una muchacha sea autosuficiente porque entonces querrá tomar sus propias decisiones y no podrá ser dominada. "Es destacable el hecho de que la mayoría de las mujeres yemeníes con cargos de responsabilidad son solteras o divorciadas". Así pues, los hombres se casan con niñas para moldearlas.
La sociedad otorga una importancia extraordinaria a la sexualidad de las mujeres. En la cultura de Yemen hay un gran temor a que éstas mantengan relaciones sexuales antes del matrimonio y echen así a perder su reputación y la de su familia. Muchos padres afirman que es mejor casar a sus hijas muy jóvenes antes que ver dañado su honor. Incluso las niñas dan al matrimonio una enorme importancia.
La misma semana que se celebró el juicio de Nejoud, la Comisión de Sanidad presentó al Parlamento la Ley de Seguridad Maternal, que incluía una propuesta (que finalmente no fue aprobada) para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Para Najeeb Ghanem, miembro de la Comisión de Sanidad, "el tema del matrimonio de menores es un asunto muy complejo; incluso si hubiese una ley, no se solucionaría".
Este tipo de cosas ocurren porque las bodas infantiles forman parte del engranaje cultural yemení. La comisión a la que pertenece Ghanem presentó un informe al respecto. El Parlamento les pidió que rebajaran la edad de matrimonio porque temían que la sociedad no aceptara los 18 años como edad mínima. Ghanem manifiesta que conoce numerosas historias tristes como resultado de los matrimonios de menores. Un ejemplo: el nacimiento de niños prematuros con alto riesgo de padecer un retraso mental. Es una de las mayores consecuencias. "Lo peor es dañar la vida de un ser humano", tercia Ghanem.
Él y otros diputados intentan no enfrentarse al comité de la sharia, encargado de velar por el cuerpo de derecho islámico. Se rumorea que la sharia se escuda en la creencia de que Mahoma se casó con Aisha, una niña que tenía tan sólo seis años. Según Shawqi al Qadhi, diputado, erudito y miembro de la Comisión de Libertad y Derechos Humanos, el matrimonio del profeta nunca se confirmó: "Hay una disputa histórica sobre este detalle. Tenemos el derecho a discrepar".
Los defensores del matrimonio de menores se justifican con frecuencia: las niñas consienten. Pero, en realidad, lo que pasa es que ellas no conocen sus derechos y a menudo son obligadas.
La pequeña Nejoud, hoy es otra. Después de conseguir el divorcio vivió durante una temporada con su tío Al Tabi'i. Poco después volvió con su padre y comenzó a estudiar. ?Sentía vergüenza ante mis compañeros, y sobre todo ante mis amigos. Todo el tiempo me preguntaban si de verdad me había casado?. Intentaba que los cotilleos no le afectaran.
Su felicidad y determinación no duraron mucho. El dueño de la casa les desahució y les amenazó con tirar todos sus muebles. Nejoud y su familia pasaron una noche en la calle hasta que un vecino les alojó temporalmente en una casa vacía en Dares, un barrio a las afueras de Saná. Nejoud no pudo volver al colegio el 26 de septiembre. "Me puse a llorar. Me gustan mucho las clases, y creo que la educación es buena para aprender y construir un futuro". Ahora pasa seis horas diarias estudiando. Su hermano Mohamed al Ahdal le enseña y le ayuda a aprobar los exámenes. Ella espera poder pasar su expediente al colegio que está cerca de su nueva casa.
Después de haber centrado la atención de la prensa, Nejoud se encuentra sola. Pero es fuerte. Tiene la firme decisión de estudiar una carrera y ejercer una profesión: "Me gustaría ser periodista para ayudar a la gente".
Traducción de Virginia Solans.
Publicado en www.elpais.com

Niños trabajadores

La inspección de trabajo ha detectado en los últimos años en España más de dos centenares de infracciones en empresas con menores trabajando. Un informe de UNICEF contabilizó 172.000 pequeños que "ayudaban" a sus familias en el campo, la ganadería o tareas domésticas.
El trabajo infantil no es un problema en España, que afortunadamente carece de las estadísticas de otros países que estremecen por sí solas. Pero eso no quiere decir que no exista, aunque no haya cifras oficiales y no se encuentren en situación de explotación laboral. Un informe de UNICEF calculó en 2002 que había 172.000 escolares que se dedicaban a trabajar con sus familias en actividades agrícolas, ganaderas o tareas domésticas fundamentalmente. La única ocupación de menores reconocida y autorizada en el país es la relativa a los artistas.
El trabajo de los menores de 16 años está prohibido en España, edad que coincide con el final de la Educación Secundaria Obligatoria. La única excepción es la de los niños actores o participantes en espectáculos públicos, que la ley reconoce de forma "excepcional" en un Real Decreto de 1985 y que en cada caso requiere de una autorización previa de la administración.
Contratar niños para rodajes, publicidad, el circo etc. exige que su participación en esas actividades no suponga peligro para su salud física ni para su formación profesional y humana. Los representantes legales del menor deben pedir la autorización a la Comunidad Autónoma correspondiente, acompañada de un consentimiento del niño si tiene suficiente juicio para ello.
La proliferación de series de televisión en las que participan niños en los últimos años (desde "Aída" a "Los Serrano" o "El Internado") ha hecho que las productoras de cine y televisión se tomen las cosas bastante en serio y cumplan los requisitos que se exigen, por estrictos que sean.
"Ahora hay una gran conciencia relacionada con la participación de menores en este sector y desde hace años las productoras son muy cautelosas", asegura la abogada Amaya Mallea, de Pons Patentes y Marcas, especializada en asesoramiento en materia de propiedad industrial e intelectual. El Ministerio Fiscal y las autoridades autonómicas de empleo pueden actuar si é se sospecha que se están vulnerando las condiciones (por ejemplo, si se é incumplen horarios o el rodaje supone participar en alguna actividad é peligrosa a nivel físico o intelectual). Las sanciones son ejemplares y, é aunque empiezan por los 3.000 euros, pueden llegar hasta los 90.000.
"Yo ayudo"
Pero no todo es el trabajo artístico. El otro, el que no permite la Ley pero existe, aunque no en cifras preocupantes, es investigado todo lo de cerca que se puede, aunque no es fácil. Entre los años 2005 y 2006, UGT desarrolló un programa financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales bautizado "Sin tiempo para crecer", para denunciar situaciones de explotación infantil en España, fundamentalmente en el campo y en familias de trabajadores temporeros. "Sobre este asunto no hay datos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla del resto del mundo, pero no en España. Aquí no se ven y, cuando se ven, es difícil de demostrar, porque los niños dicen 'yo no trabajo, yo ayudo a mis padres'", señala Gema de Ramón, secretaria de Servicios Sociales de UGT. Aquella investigación reveló la existencia de situaciones en las que era posible que se generara trabajo infantil, y se realizaron in situ labores de sensibilización. Detectó menores trabajando en actividad agropecuaria, servicio doméstico, comercial, hostelería o incluso la construcción, así como trabajo doméstico.
Hoy las cosas han mejorado mucho, insiste De Ramón, y no se conocen cifras actuales. En cualquier caso todo apunta a que el trabajo infantil "no es un problema grave en España", manifiesta Gabriel González- Bueno, responsable de Derechos de Infancia de UNICEF-Comité Español. Así parecen confirmarlo también los datos de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de menores, con unas mínimas infracciones detectadas a través de las visitas de inspección realizadas en los últimos años: 61 en 2002, 53 en 2003, 52 en 2004 y 42 en 2005.
Los tribunales también han emitido sentencias que sancionan la contratación de trabajadores menores de edad. Como ejemplo, en 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sancionó a una empresa en la que un trabajador menor de dieciocho años "en el desempeño de las tareas encomendadas tenía que utilizar un ciclomotor que la empresa le había facilitado, habiendo sufrido dicho menor el día 2 de noviembre de 1999 un accidente de tráfico cuando desempeñaba su trabajo con una moto tipo Vespino 1201.

28/8/08

Las casas de acogida rechazan a las mujeres maltratadas con adicciones

Cientos de víctimas no reciben el tratamiento adecuado para escapar de la violencia
Seguramente nunca pensó que alejarse de su maltratador sería tan complicado. Raquel (nombre ficticio) denunció a su pareja que, pese a todo, seguía persiguiéndola. Cuando intentó pedir ayuda en un centro de acogida se encontró con las puertas cerradas. Raquel no era una víctima de violencia de genéro como las demás, ella sufría también adicción a las drogas. "Tuvimos que acogerla en nuestros pisos", cuenta una trabajadora social de un centro para drogodependencias de Vigo. "Pero no están adaptados para ellas, en las salidas tenía miedo de que él la siguiera". Las viviendas para mujeres maltratadas excluyen a las personas con adicciones en la mayoría de las comunidades autónomas, por carecer de medios para evitar posibles problemas de convivencia.
La falta de recursos especializados las deriva a los centros de tratamiento de drogodependencias habituales, donde pueden llegar a compartir terapia con hombres que precisamente tienen problemas para controlar la violencia. En este entorno, no encuentran solución a sus problemas de dependencia emocional, abusos o autoestima. Con el riesgo añadido de acabar cayendo en nuevas relaciones tormentosas.
¿Cómo conciliar la atención a este colectivo con los intereses de otras personas necesitadas de ayuda? El problema es complejo y pese a su invisibilidad, no tiene una dimensión menor. Un estudio realizado por la Asociación de Entidades de Centros de Día de Dependencias (ASECEDI) concluyó que un 53% de las mujeres que acudían a terapia de rehabilitación eran maltratadas por sus parejas. Esto se traduce en cientos de mujeres al año. El perfil es el de una chica joven, con nivel de estudios medio-bajo y una situación económica algo precaria; en muchos casos, con episodios de abusos en la infancia. La acumulación de todos estos problemas puede desembocar en una personalidad dependiente, tanto a las sustancias como a eventuales parejas, que a menudo también son consumidores. Según una investigación que Proyecto Hombre presentó en el último Congreso Nacional de Psiquiatría, un 73% de las mujeres drogodependientes ha continuado relaciones afectivas aunque éstas hayan sido violentas.
Atrapadas en un problema doble, se encuentran además con grandes dificultades para acceder a una casa de acogida, en medio de la complejidad normativa de los distintos centros. "Tienen que estar deshabituadas o sometidas a tratamiento con compromiso explícito de abandono", dicen en Asturias. "Si es un consumo grave no puede entrar inmediatamente", en Cataluña. "No pueden ingresar ni con adicciones ni con trastornos psicológicos", señalan en Valencia. Andalucía se desmarcó de la regla general regulando a finales de 2007 la entrada preferente para este colectivo.
"Los recursos así establecidos son una barrera para estas mujeres", opina Claudia Paolini, psicóloga de un equipo de acogida para mujeres maltratadas de Zaragoza. Son competencia de las comunidades autónomas o de los propios municipios, y los requisitos de entrada se concretan en cada centro.
La mayoría no tiene personal sanitario ni especializado en adicciones, por lo que no las admiten para evitar conflictos en la convivencia. "A veces no podemos ayudarlas. Les atendemos parcialmente, mediante apoyo psicológico", cuenta Paolini, "pero normalmente se autoexcluyen de la terapia porque el otro problema les absorbe".
Ese "otro problema" las conduce a centros de tratamiento de drogodependencias. Allí, en los grupos mixtos, "el porcentaje de participación de mujeres es mínimo" según las conclusiones de un grupo de trabajo del Plan Nacional sobre Drogas que analizó esta situación en 2006. Las mujeres, que acarrean su propio problema de maltrato familiar, en ocasiones llegan a unirse sentimentalmente a hombres que han sido violentos con sus parejas, como recuerda la psicóloga Paolini de alguna de sus experiencias.
Las políticas para drogodependencias se han definido tradicionalmente tomando a los hombres como patrón universal, tal y como reconocía el Ministerio de Sanidad ya a finales de 2006, y no suelen prestar atención a las particularidades del género femenino (maltrato, maternidad, alimentación). Por eso se estableció la necesidad de aumentar los recursos sociales para las mujeres drogodependientes, que permitan un "abordaje integral" de su problema.
En la práctica, esto ha quedado en manos de la voluntad de quienes trabajan con ellas. La falta de especialización provoca que en determinados centros de acogida, pese a todo, se siga atendiendo a mujeres maltratadas con problemas añadidos de alcoholismo, toxicomanías o deficiencias psíquicas. "Llegaba muchas veces borracha..." Así empieza la historia en muchos de estos centros, aunque se comenta con recelo y precauciones; es un tema tabú. Pese a los repetidos compromisos de abandonar la bebida, los trámites burocráticos para tramitar una expulsión pueden alargar estas situaciones demasiado, y quedan en manos de trabajadores sociales que las atienden como pueden, sin ayuda de médicos que controlen los tratamientos.
"No estamos preparadas para trabajar con estas personas", cuenta una trabajadora que se enfrenta con estos problemas a diario. "A veces incluso beben en el centro". La situación se vuelve complicada entonces, empezando por no realizar las tareas y descuidar la higiene y llegando a buscar la confrontación directa con otras internas. Expulsarlas supone un riesgo importante, ya que pueden quedar indefensas frente a su agresor. "Lo único que podemos hacer es derivarlas a recursos especializados o a centros de salud, pero también depende de su voluntad", concluye con impotencia la trabajadora, que prefiere no dar su nombre.
"Hay que tener en cuenta esta realidad", opina Juan Carlos Oria, director del Centro de Día Zuría para drogodependientes de Navarra, que participó en el estudio de ASECEDI. "No se puede cerrar los ojos sólo porque se sabe que estas personas no van a protestar". La solución pasa, según este profesional, por adaptar los recursos ya existentes para afrontar esta situación particularmente compleja.
El Ministerio de Sanidad, que subvencionó esta investigación a través del Plan Nacional sobre Drogas, abordó la situación a la vista de los resultados (la elevada tasa de violencia sufrida por las mujeres que participan en terapias de deshabituación). Tras una serie de conclusiones como la de "aumentar los recursos sociales específicos para mujeres con drogodependencias", en la práctica se ha limitado a situar al colectivo femenino como prioridad para las ayudas a la drogodependencia, según explica el Subdirector General José Oñorbe. Tampoco aquí hay una tendencia a crear unidades específicas de tratamiento de adicciones para víctimas de violencia de género.
PUBLICADO EN http://www.elpais.com/ ANAÍS BERDIÉ - Madrid - 13/08/2008

7/8/08

El juez Calatayud anima a los padres a denunciar si sus hijos les maltratan

El magistrado granadino apela a la responsabilidad de Youtube para que evite que se 'suban' vídeos que atentan contra la dignidad y la integridad de los menores
El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, ha animado hoy a los padres a denunciar ante la Justicia los malos tratos físicos o psicológicos por parte de sus hijos, y "cuanto antes mejor", precisó el magistrado, que es titular del Juzgado de Menores número uno de la ciudad de la Alhambra.
"Hay que darle un tiempo para ver si el chaval madura, con terapia social y familiar, pero es preferible denunciarlo a los 15 que a los 17 años", ha expuesto Calatayud en una conferencia celebrada en El Escorial (Madrid), como parte de los cursos de verano que ofrece la Universidad Complutense de Madrid.
El juez ha denunciado el aumento de casos de este tipo (en 2005, se produjeron 165 denuncias de padres contra hijos en Granada), y ha expresado la necesidad de que los padres impongan su autoridad y establezcan límites a los menores.Los españoles, ha subrayado, "hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a esclavos de nuestros hijos".
Sobre las recientes agresiones producidas entre menores, y que posteriormente han sido grabadas con teléfono móviles, Calatayud ha apelado a la responsabilidad de los padres, por proporcionarles los aparatos, y a la de Youtube, por carecer de filtros efectivos que eviten la difusión de este tipo de vídeos. El juez ha comentado que la Fiscalía de Granada ha pedido al citado portal que indemnice a las víctimas de este tipo de agresiones, que pueden ser vistas por miles de internautas.
Ante los delitos perpetrados por jóvenes, Calatayud prefiere buscar medidas alternativas a los centros de menores, como el trabajo en beneficio de la comunidad, que actualmente se aplica en "800 ó 900 casos" en Granada, y sobre todo apostar por la educación.
El juez ha propuesto la incorporación de "psicólogos, educadores y trabajadores sociales" a los centros escolares, para ayudar a ciertos menores, porque, según Calatayud , "el futuro está en formación, educación e inserción laboral".
También ha criticado con dureza otros temas relacionados con los menores, como la indefensión de los maestros que sufren abusos por parte de sus alumnos, el fácil acceso al alcohol y a otras drogas, o el hecho de poder considerar las relaciones sexuales mantenidas con 13 años como "consentidas".
Además, el juez ha ofrecido consejos a los padres: "aprender a decir que no", "controlar a los amigos" o no permitir que los menores tengan ordenador con internet en su habitación.
Publicado en www.ideal.es/granada 7/08/2008

Un Diputado PSOE propone expulsar a los extranjeros que cometan abusos sexuales

El diputado socialista y concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco, ha opinado hoy que se debería estudiar una reforma del marco legal para que los extranjeros que cometan abusos sexuales puedan ser expulsados de España de forma automática.
Gasco se ha referido hoy en una rueda de prensa a los dos casos de agresiones y abusos sexuales ocurridos en los últimos días en Villabona (Guipúzcoa) y San Sebastián.
El primero de estos episodios tuvo lugar la madrugada del pasado 27 de julio, cuando un grupo de cuatro menores magrebíes, tutelados en un piso de Tolosa, abordaron en un solar de Villabona a una pareja de jóvenes que mantenía relaciones sexuales y, mientras uno de ellos abusó presuntamente de la chica, los otros tres agredieron supuestamente a su compañero.
El segundo caso ocurrió una semana más tarde, también de madrugada, cuando otros tres menores inmigrantes presuntamente robaron y agredieron sexualmente a una mujer en la zona de Portaletas de la Parte Vieja de San Sebastián.'Lo que no pueden permitir las leyes es que personas que cometen delitos de estas características, aunque sean menores de edad, tengan una serie de privilegios por no tener los 18 años y nos veamos obligados a que permanezcan en el país', ha destacado.
También ha reclamado un 'mayor control' a estos menores por parte de los responsables de los centros de acogida de Guipúzcoa ya que, aunque ha reconocido la dificultad de su labor, ha opinado que estos inmigrantes 'no pueden campar a sus anchas en horarios nocturnos, cuando la sociedad guipuzcoana está siendo solidaria' y está sufragando los sueldos de los educadores, los edificios donde se alojan, su educación y manutención.'
A esas personas hay que exigirles "un comportamiento y también unos horarios', ha añadido Gasco, quien ha denunciado que además algunos de los menores eran delincuentes habituales.
Publicado en Terra Actualidad 07-08-2008

5/8/08

¡¡ Una Desagradable Sorpresa !!

Hoy día 31 de julio es noticia en la prensa la concesión al Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Asturias del Premio Sensibilización y Movilización Social(2008) concedido por la UNICEF-España. Se le premia por sus avances como institución vigilante (¿?) del seguimiento y la promoción de la Convención sobre Derechos del Niño.
Es decir se premia al IAASIFA por su sensibilidad sobre los Derechos de los menores.Las organizaciones Colectivo SocialyJusticia, SOS Racismu no podemos estar MÁS en desacuerdo, creemos esta decisión no es más que un lamentable error.Actualmente casi un tercio de los menores alojados en algún centro de protección de los que hay en Asturias proceden de otros países y están sin compañía adulta en nuestra comunidad (MINAs). Durante mucho tiempo hemos denunciado que no se respeta plenamente sus derechos (recogidos en la citada Convención, además de en otras normas), como ha sido avalado por Organizaciones Especializadas, jueces, Defensores del Pueblo, incluso por Coordinador de la Fiscalía del Menor de Asturias ( aunque él habla de necesidad de más medios) y asociaciones de infancia.
Cuando algunos jóvenes llevan años viajando desorientados por un país hostil y extraño, huyendo de las expulsiones, de la represión y de la miseria; demasiadas veces viviendo en las calles, viendo como en ocasiones las autoridades les niegan la tutela, a veces criminalizados , siempre vigilados, siendo enviados a cárceles para inmigrantes (CIEs), segregados de otros menores, incluso quedando indocumentados, etc...... Sin que desgraciadamente este Observatorio presidido por Dña. Eva Sánchez (directora del IAASIFA) NUNCA se ha pronunciado al respecto. Cuando esto ocurre este premio es un acicate para la improvisación, la ineficiencia, el miedo , la falta de autocrítica, la dependencia, la segregación y el maltrato a la infancia.
Hoy es un mal día para la Justicia y la Solidaridad, hoy demasiados menores siguen sin tutela, retrasándose la tramitación de sus papeles, viven en unidades inadecuadas , sin programas efectivos contra la adición las drogas, desoyendo casi todas las recomendaciones y sugerencias de instituciones independientes .
Esto no ocurre en África o Latinoamérica, si no aquí en Asturias, aunque desgraciadamente no somos una excepción .

Un juzgado suspende la repatriación de un menor marroquí al no haberse escuchado al afectado

La Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia catalana no acreditó los motivos por los que se inició el expediente de expulsión Tampoco existe un informe de quién puede hacerse cargo del joven de 17 años en su país
El Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona ha acordado la suspensión cautelar de la resolución de la Subdelegación del Gobierno del 13 de mayo que ordenaba la repatriación de un menor marroquí de 17 años, al considerar que no queda constancia de haberse escuchado al afectado -tal como dispone la ley sobre medidas de protección de menores desamparados y de la adopción- ni existe un informe sobre quién podría hacerse cargo del mismo en su país de origen.
El afectado es Yassin B., nacido el 5 de marzo de 1991, de nacionalidad marroquí y que está tutelado provisionalmente por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) ingresado en el centro El Bosc.
Los hechos se remontan al 13 de mayo cuando la Subdelegación del Gobierno acordó la repatriación del menor a su país de origen y posteriormente él mismo solicitó la suspensión urgente de la ejecución mediante recurso de súplica.
Sin motivos
El juzgado, a través de una interlocutoria de medidas cautelares, tras desetimar el recurso de súplica al considerar que no está acreditado que el menor estuviese en situación de expulsión inminente y que "no se daban las circunstancias de suficiente urgencia", ha acordado denegar la repatriación.
Considera que la administración demandada "no ha acreditado cuales pueden haber sido los motivos por los que la DGAIA ha iniciado el expediente de repatriación", ni cuales fueron los motivos por los cuales no se pudo localizar al menor para dar lugar al trámite de audiencia si está bajo el control de un centro de acogida de la Generalitat.
Además, no están acreditadas "cuales han sido las gestiones correspondientes para localizar a los familiares del menor y sobre la verificación de que no existe ningún riesgo para su integridad".
Fuente Europa Press , Barcelona 31/07/2008

30/7/08

En 23 provincias no hay centros para la salud sexual juvenil

La OMS exige a España que doble sus puntos de ayuda
La sala de urgencias de un hospital no es el lugar más propicio para que una pareja de adolescentes solucione un condón roto. Así lo consideran los especialistas de la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE) que exigen al Gobierno la creación de una red de centros de apoyo a los jóvenes como el primero de los problemas a resolver en materia de educación sexual.
Los jóvenes de 23 provincias españolas, entre ellas todas las de Castilla y León, carecen de un centro de apoyo exclusivo para jóvenes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda abrir uno de estos centros por cada 10.000 jóvenes. En España habría que duplicar los recursos para llegar a ese nivel.
"En la región no los llamamos centros de planificación familiar, sino Unidades Ginecológicas de Apoyo", explica un portavoz del Gobierno de Murcia. Esta comunidad autónoma es una de las cuatro que según la FEPE carecen de centros adecuados para la atención a jóvenes junto con Castilla y León, Extremadura y La Rioja.
Los adolescentes de estas comunidades no pueden acudir a la unidad ginecológica sin un paso previo por un médico de familia convencional. Ese es uno de los errores básicos de la prevención sexual para jóvenes en España, según los expertos. Muchos de los adolescentes siente pudor a la hora de consultar sus dudas mezclado con pacientes de todo tipo. Esos reparos provocan muchos embarazos no deseados entre menores que en un amplio porcentaje derivan en una interrupción voluntaria del embarazo.
La FPFE calcula que sólo existen en España 169 centros que cubran las funciones necesarias. "Son centros, servicios o consultas de carácter público, u organismos subvencionados por entidades públicas, que prestan una atención específica a jóvenes, con un horario y espacio para ellos y que cuentan con presencia médica de forma permanente", definen.
Las subvenciones del PP
El 83% de estos centros está concentrado en cuatro comunidades: Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía. Ese dato no significa que garanticen una educación sexual y prevención adecuadas. La federación atribuye a la descentralización de las competencias de la Sanidad un descontrol por parte del Estado sobre las políticas de prevención sexual.
En el punto de mira de la crítica aparece la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre (PP). Según los expertos, los madrileños lo tienen más difícil para acceder a la píldora del día después. Denuncian que los servicios de Urgencias de los hospitales públicos tienen orden de no dispensarla.
Es ahí donde aparecen las asociaciones ultra conservadoras que se autodenominan pro-vida. Un 70% de las subvenciones a centros para jóvenes en Madrid ha ido a para a estas asociaciones.
PUBLICADO EN Publico.es

"Aquí todo va bien"

Los inmigrantes mienten a sus familias por miedo a decepcionarlas

"Sueño con marcharme de aquí. Es demasiado difícil vivir sin comida, trabajo ni techo. No hay perspectivas. Tengo hermanos que se han ido a Barcelona y para ellos todo anda bien. Tienen trabajo y un coche. Se les han acabado los problemas. Yo también quiero ir allí y tener mi oportunidad", confesaba Abdula, un joven senegalés de 29 años, hace unos meses, sentado en una playa de Dakar, la capital del país. Miraba el mar como soñando con un horizonte lejano y mejor. Hoy Abdula vive en la capital catalana. No quiere decir cómo ha llegado, puede que sea demasiado doloroso. La esperanza se ha desvanecido en su mirada y de aquellos sueños ya le queda poca cosa. "Llegué y fue un choque. Mis familiares viven todos en pisos minúsculos y sobreocupados. No tienen trabajo y lo poco que ganan, vendiendo todo tipo de objetos, lo mandan a casa. Casi no pueden ni comer", se lamenta.
Como Abdula, miles de inmigrantes llegan cada año a Cataluña en busca de una vida mejor, de un empleo que les permita sostener a su familia o para conseguir el reagrupamiento familiar.
Cataluña está a la cabeza de Europa en porcentaje de ciudadanos extranjeros, con el 15% de inmigrantes, de los cuales entre el 25% y el 30% están en situación irregular, según un informe del Centro de Estudios de Temas Contemporáneos. Muchos de estos inmigrantes desconocen cómo es el país que los acoge y llegan con una idea muy distinta de lo que les espera. Lo que se encuentran está muy lejos de sus expectativas. Sus conocidos no les cuentan su verdadera situación y eso crea una visión distorsionada de la realidad. Aquí es donde radica el problema principal. La mayoría de ellos mienten por miedo al fracaso y a la presión familiar que deben soportar. Temen la posibilidad de volver a su país de origen sin haber conseguido ingresos suficientes para mantener a sus familiares -muchos de los cuales viven en condiciones de extrema pobreza- y el hecho de haber invertido los ahorros de toda una vida en el viaje para nada.
Said, marroquí de 22 años, explica su caso: "¿Qué le digo a mi familia?, ¿que vivo con 30 personas en 70 metros cuadrados? No les puedo hacer esto. A veces me gustaría contárselo. Hay días en que no como para ahorrar más dinero y mandárselo. Me siento solo y quiero volver, pero es imposible, éste es mi destino y lo tengo que aceptar". La presión familiar y la vergüenza del fracaso, pues, empujan a unos a mentir y embellecer su situación, y a otros a soñar con un país ficticio e idílico. Por eso, "hay diversas campañas en marcha para mostrar la realidad de España. Se les pasan telediarios, por ejemplo, donde se ven pateras llegando", explica Isabel Martínez, de SOS Racismo. Y añade que es "una situación más propia de los subsaharianos".
Las cosas aún son más complicadas para los inmigrantes que están en situación irregular, los llamados sin papeles. A todas las dificultades se añade la incertidumbre de la ilegalidad, que los hace más propensos a sufrir el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, conocido como síndrome de Ulises. Los países europeos, por ejemplo Italia, están endureciendo la legislación, y la propia Unión Europea hace lo mismo.
Muchos de ellos se arrepienten de haber dejado su país, como Diouf, un joven de 30 años que duerme en los bancos del Raval. "Llegué hace nueve meses de Senegal. Esto es mi casa [el banco], no tengo nada más. Me gustaría volver, pero no puedo. Mi familia cuenta conmigo y no sabe lo que está pasando aquí. Les digo que todo va bien, no puedo decirles la verdad y regresar sin nada. Sería un fracaso", explica Diouf.
La mentira es la norma. Guadalupe, de 36 años y originaria de México, llegó a España hace cuatro años con la esperanza de encontrar un trabajo y poder reunirse en este país con su hijo de seis años, al que criaba la abuela. Su marido los abandonó. "Allí era muy difícil. Para las mujeres sin estudios como yo no hay nada. Y como quería que mi hijo se criara bien, decidí dar el paso y me vine sola para hacerlo venir más tarde. Cuando llegué, las cosas no fueron fáciles. Conocí a una chica cubana que estaba en la misma situación que yo. Se prostituía y ganaba mucho dinero. Opté por la vía fácil, empecé como ella y vi que ingresaba mucho en poco tiempo. Ya llevo tres años. Ahora mi hijo va a una buena escuela, come cada día y vive bien en México. Esto es lo más importante para mí. De momento, el niño no vendrá, nadie de mi familia sabe lo que estoy haciendo. Mi madre cree que soy administrativa y así es feliz. Dentro de unos años volveré para vivir con ellos".
Barcelona, últimamente, se ha convertido, con Madrid, en el principal lugar de concentración de la inmigración. El drama tiene un tamaño considerable y el número de familias y personas afectadas por este fenómeno no deja de aumentar. Es un círculo vicioso. Para miles de inmigrantes en situación ilegal, la llegada a España significa el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Y todos repiten: "Aquí todo va bien".

29/7/08

Los gitanos españoles temen que el racismo de Berlusconi llegue a España

Las asociaciones romaníe, indignadas con las políticas italinanas y la indiferencia de la UE

Es un "momento caliente". En eso coinciden la mayoría de las asociaciones de romaníes. Caliente, porque después de 30 años de progresiva normalización de esta comunidad en la sociedad española, "las medidas de Berlusconi están otra vez demonizando a los gitanos", en palabras de Antonio Vázquez Saavedra, vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
El Ejecutivo italiano ha puesto a los gitanos en el punto de mira al dar poderes a los delegados gubernamentales para que los censen, expulsen o realojen, y ordenar a la Policía que les tome a todos los romaníes las huellas dactilares.
Asociaciones de toda Europa han denunciado la "vuelta al nazismo", en una expresión muy repetida entre los colectivos. "Es la Administración la que toma medidas contra un grupo concreto y esto es discriminación", dice Isidro Rodríguez, presidente de la Fundación Secretariado Gitano. Plataformas de asociaciones gitanas, como la Coalición Europea de Política Gitana, han enviado cartas al Gobierno italiano y manifiestos a la UE pidiendo un cambio de actitud y una condena explícita. Ha habido manifestaciones como la del 8 de junio en Roma y se planean algunas más, entre ellas la que la asociación Unión Romaní convocará en Madrid el próximo agosto.
Desde España, los gitanos ven la situación preocupante. "Aquí llevamos 30 años de políticas de integración", afirma Rodríguez, "pero hay que tener cuidado con los brotes de racismo porque siempre hay riesgo de que la mecha prenda y haga hogueras". El peligro se agudiza en época de crisis económica. Elena Ferrando, de la misma asociación, destaca que el ambiente de rechazo sumado a la recesión provoca que "las empresas ya no contraten a todos con la misma alegría de antes. Ahora seleccionan más, se dejan llevar más por el prejuicio, y el que pierde es el gitano".
Indignación generalizada
En el barrio valenciano del Cabañal sólo hay que preguntar a los gitanos que toman el fresco en la calle para comprobar su indignación ante lo que han visto o leído en los medios de comunicación. Todos menean la cabeza y repiten la misma coletilla: "Es como en los tiempos de los nazis". Amelia hace el mejor resumen: "Nosotros siempre hemos estado muy discriminados y ya se sabe: el pez grande se come al chico".
No obstante, es difícil encontrar a los que, probablemente, están más molestos con Berlusconi: el 80% de los gitanos, calificados como "invisibles" por Ferrando porque no responden al estereotipo de chabolas, chatarra y mercado. Son miles de personas que trabajan en supermercados, hospitales o en la construcción. ¿Cuántos? Es imposible saberlo porque "sería ilegal clasificar a los miembros de una profesión en función de su etnia".
Ellos son la imagen del éxito y la integración de la minoría romaní, pero también de la permanencia del estigma sobre esta etnia y del sentido negativo que todavía conserva la palabra "gitano". Algo va mal cuando José, estudiante, todavía se ve obligado a explicar que "no tiene ninguna vergüenza en reconocer que es gitano". O cuando Paco, trabajador de un concesionario de coches y parapetado tras un nombre ficticio, declina la invitación a que su imagen forme parte de este reportaje.
Además de arrastrar el prejuicio, el colectivo también está a la cola en el estado del bienestar. En educación, según datos del Secretariado Gitano, 7 de cada 10 no ha terminado los estudios básicos. En el mercado laboral, el 71% tiene contratos temporales, frente al 31% de media en España. Para payos y gitanos queda un largo camino de integración por recorrer que medidas como las del Gobierno de Berlusconi no contribuyen a allanar.

Víctimas para siempre

Decenas de niños fueron violados por curas en colegios católicos de Australia Emma Louise Foster murió sola en su casa, a las afueras de Melbourne (Australia), el pasado 4 de enero. La encontraron abrazada a un oso de peluche que sus padres le habían regalado en su primer cumpleaños. Emma se suicidó cuando tenía 26 años por una sobredosis. Ella y su hermana menor, Katherine, que ahora tiene 22 años, fueron repetidamente violadas cuando iban al colegio del Sagrado Corazón de Oakleigh, al sur de Melbourne, entre 1988 y 1993, por el sacerdote Kevin O'Donnell, sentenciado, en 1995, a 19 meses de cárcel por numerosos abusos sexuales y fallecido en 1997.
Emma jamás superó el trauma: a los 17 años era adicta a las drogas y sufría bulimia. Katerine se hizo alcohólica en la adolescencia y, en 1999, fue atropellada por un conductor borracho. Sufre graves secuelas físicas y mentales. La trágica historia de las dos hermanas, cuyas vidas destrozadas por los abusos de un sacerdote han conmocionado a toda Australia en la reciente vista del Papa a Sidney, es el más conocido de los varios miles de casos declarados de abusos sexuales cometidos por clérigos católicos en el país.
La incansable campaña de denuncia emprendida por los padres de Emma, que durante años batallaron ante los tribunales rechazando toda compensación económica de la Iglesia, responde a su objetivo de lograr que otros padres estén más atentos ante el peligro de la pederastia. "Éste es el legado que nos ha dejado Emma, ayudar a prevenir casos como el suyo", afirman Anthony y Christine Foster, que el pasado lunes abandonaron Sidney decepcionados por no haber sido recibidos por el Papa. Habían solicitado una audiencia para obtener no sólo disculpas del Papa en nombre de toda la Iglesia, sino también el compromiso de Benedicto XVI de que tomaría medidas para evitar futuros abusos sexuales del clero.
Según los datos de Broken Rites, asociación australiana que asiste a víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, más de la mitad (55%) de los denunciantes de casos de abusos sexuales en la infancia son hombres. Las mujeres, que representan el 45%, también padecieron, en su mayoría, abusos durante la niñez, aunque un significativo número los sufrió de adultas, en momentos de vulnerabilidad, como los de soledad, una separación o un matrimonio infeliz. La mayoría de las denuncias se hacen muchos años después de haberse producido los abusos.
Geoff Fitzpatrick, de Tasmania, reconoce haber sido un niño rebelde. Hijo de familia numerosa, sus padres, alcohólicos, no podían con él y, en 1969, cuando tenía 12 años, le ingresaron en el orfanato católico de San Agustín, al oeste de Melbourne. Afirma que allí fue violado, al menos en 14 ocasiones, por el sacerdote William Stuart Houston y que fue objeto de numerosos abusos físicos durante los dos años que permaneció en el orfanato. Casado desde hace 18 años y con hijos, Fitzpatrick denunció su caso a la policía en 1996. Houston fue encausado por sodomía y abusos indecentes -la fiscalía decidió no presentar acusación- y ahora vive retirado en una residencia de Hermanos Cristianos de Melbourne.
"Me he pasado media vida del psicólogo al psiquiatra y no consigo quitármelo de la cabeza", afirma Fitzpatrick, quien sufre de angustia y pesadillas. Los informes médicos coinciden en que los abusos sexuales de que fue objeto en la infancia han afectado seriamente su capacidad para hacer frente a la vida, en especial a la familiar. "¡Quiero que admita su culpa! ¡Quiero arrancar toda la maldad que me hicieron! ¡Quiero que nadie vuelva a pasar por lo que yo pasé!", clama.
Stephen Woods, de 46 años, es profesor en un instituto de Melbourne. De niño fue a la escuela Saint Alipius, en Ballarat, donde fue objeto de abusos sexuales por parte de dos sacerdotes, cuando tenía entre 11 y 14 años. "Cuando llamé a las puertas de la catedral para pedir ayuda sólo conseguí que otro clérigo me violara. He padecido fuertes depresiones durante años y sigo teniendo un sentimiento de incapacidad e impotencia que impide que mi vida sea normal", explica Woods. Él, como muchas otras víctimas, esperaba que la visita del Papa a Australia ayudara a curar sus heridas: "No ha habido reparación. Las víctimas no hemos encontrado consuelo. No pidió perdón como lo hizo el primer ministro Kevin Rudd cuando se disculpó ante los aborígenes por el mal hecho en el pasado".
"He perdido la fe y no consigo mantener durante mucho tiempo ni un trabajo ni una relación sentimental", confiesa Eric Fleissig, de 41, de Queensland. Acudió al refugio juvenil de la parroquia de San José, en Tweed Heads, cuando tenía 13 años y carecía de hogar. El párroco, Paul Rex Brown -declarado en 1996 culpable de delitos de pornografía infantil-, le ofreció vivir en la rectoría, donde abusó de él durante dos años. "El Papa era el único que podía ayudarme. Ha sido devastador. Sólo él podrá ayudar a cerrar esta herida", dice.
Rose, nombre bajo el que esconde su identidad, tiene 68 años. Hace cuatro declaró que había sido objetos de abusos sexuales a los 10 años por parte del religioso de la orden de La Salle, Brendan George Carroll, en Cootamundra (Canberra). Brendan, que murió en 1983, se masturbaba delante de ella y otros niños a los que, al igual que a Rose, practicaba penetraciones digitales. "¿Por qué tardé casi 60 años en contarlo? Pues porque nadie me habría creído, y menos acusando a un sacerdote respetado como Brendan", cuenta. Decidió romper el silencio cuando comprendió que su confesión podía ayudar a otros. "La Iglesia católica me robó mi inocencia cuando tenía 10 años y eso ha arruinado mi vida. Siempre he odiado el sexo y eso destrozó mi matrimonio. Entiendo que mi silencio ha sido injusto y desleal con otras víctimas", dice.
Según Broken Rites, 107 clérigos han sido condenados en Australia por abusos sexuales.
Publicado en http://www.elpais.com/ 28/07/08

Canarias no encuentra hogar para los menores llegados en pateras

Todas las autonomías aseguran estar desbordadas y dejan el problema a las ONG

Aún falta mes y medio para que empiece el curso escolar, pero varios colegios de Canarias están repletos de niños. No se trata de cursos de verano: quienes ocupan las aulas son menores inmigrantes que llegaron al archipiélago a bordo de cayucos. En total, hay 1.192, entre centros de estancia temporal, albergues de ONG e instalaciones provisionales. De acuerdo con el Ejecutivo autonómico, las Islas sólo tienen capacidad para acoger a 350.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para ser «solidarias» con Canarias y acoger a menores extranjeros. La medida es «urgente» ya que, tal y como explicó a este periódico la consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojas, «agosto y septiembre son los meses de mayor bonanza en el mar, por lo que se espera una avalancha». Sin embargo, aunque «la mayoría de las comunidades autónomas han mostrado buena predisposición», de acuerdo con Rojas, «todas aseguran que están desbordadas y no tienen plazas».
Es el caso de Andalucía. Fuentes de su Consejería de Igualdad y Movimientos Migratorios recuerdan que «llevamos con los centros saturados mucho tiempo y estamos recibiendo menores por mar constantemente». La responsable de Inmigración canaria también afirma que, tras la ronda de llamadas que ella misma ha emprendido, «Cataluña nos ha dicho que no tiene plazas. Hoy he hablado con Aragón, Extremadura y Galicia y también se muestran dispuestos a ayudar, pero sin plazas».
Por su parte, el consejero de Familia de Castilla y León, César Antón, reivindica haber sido «la comunidad más solidaria» pues, desde diciembre de 2007, «hemos acogido a 83 menores inmigrantes procedentes de Canarias, antes de que el ministro enviara ninguna carta». Aunque, una vez más, su disposición es buena, reclama que «se repartan los recursos». En la misma situación están otras autonomías, como Madrid, que acogió a 91 menores, de acuerdo con la consejera canaria, o Valencia, que ha visto duplicados en julio los traslados de inmigrantes a su territorio.
Con todas pasa lo mismo
Rojas, que se lamenta de que «Canarias no tiene la culpa de ser la puerta sur de Europa», no se queja de la solidaridad de sus homólogos. De hecho, reconoce que «Castilla y León, Murcia y Valencia nos ayudaron en un momento crítico, a finales de 2007, cuando el Gobierno nos dio la espalda». Soluciones duraderas También recuerda cómo en 2006, ante una situación similar a la actual, el Ejecutivo central distribuyó 500 de los 800 menores inmigrantes que en ese momento estaban en las Islas por la Península y Baleares. Pero señala que «no se trata de un problema coyuntural, sino estructural», y reclaman soluciones duraderas.
De momento, las autonomías lo dejan en manos de las ONG. «A través de ellas los trasladamos a la Península, pero siguen estando bajo la tutela del Gobierno canario. Las demás comunidades se limitan a admitir que permanezcan en su territorio», explica Rojas. La consejera cree que una solución pasaría por «crear pisos tutelados con 12 o 14 menores». «Con que hubiera uno en cada provincia -señala- el problema estaría casi resuelto».
PUBLICADO EN www.larazon.es CANARIAS 29/07/08